La preocupación del Gobierno de Murcia le ha llevado a firmar un acuerdo con el Tribunal Superior de Justicia de la región para detectar en los juzgados los casos de especial vulnerabilidad de los deudores hipotecarios, tanto de quienes se enfrentan a un proceso de desahucio por impago de la hipoteca como de aquellos que lo hacen por impago del alquiler, para que sean atendidos por el Servicio de orientación y mediación hipotecaria y de la vivienda de la Comunidad Autónoma.
Esta vía de colaboración facilitará a los técnicos del servicio regional tener acceso inmediato a la documentación de los afectados. Así, tras analizar cada caso, se propondrán soluciones a los implicados, que implicarán medidas alternativas al desahucio.
Además, se formará a los funcionarios encargados de informar a las familias afectadas de las ejecuciones hipotecarias y se evaluará la labor prestada por ambas partes a los beneficiarios, a fin de optimizar los resultados.
Para ello, los afectados recibirán información sobre las posibilidades que ofrecen las distintas leyes sobre la materia y asesoramiento sobre la conveniencia de que soliciten la asistencia de un abogado durante el procedimiento, así como la posibilidad de dirigirse al citado servicio de la Consejería de Fomento.
Se trata de un resorte más de cara a atajar esta problemática, que ya mantiene una línea de trabajo con la Federación de Municipios y con los colegios profesionales de Abogados, Procuradores, Economistas y Agentes de la Propiedad Inmobiliaria regionales, entidades que colaboran con el servicio de orientación y mediación hipotecaria y de la vivienda.
Este servicio, dependiente de la Consejería de Fomento, ofrece gratuitamente orientación, asesoramiento y asistencia en la interlocución necesaria con las entidades financieras. También se informará a los interesados sobre la posibilidad de acceder a las bolsas de viviendas de alquiler social de las que dispongan las entidades financieras, así como a las de titularidad de los ayuntamientos y la Comunidad.
Para poder acceder al servicio de orientación, los interesados han de reunir una serie de condiciones, como que el conjunto de los ingresos de los miembros de la unidad familiar no supere tres veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples y que en los cuatro años anteriores a la solicitud la unidad familiar haya sufrido una alteración significativa de sus circunstancias económicas, en términos de esfuerzo de acceso a la vivienda.
Además, se requiere que la cuota hipotecaria resulte superior al 50 por cien de los ingresos netos que perciba el conjunto de los miembros de la unidad familiar, que se trate de un crédito o préstamo garantizado con hipoteca que recaiga sobre la única vivienda en propiedad del deudor y concedido para la adquisición de la misma y que el precio de adquisición de la vivienda habitual al que se encuentra referida la hipoteca sea inferior a 300.000 euros.
