Mucho se ha hablado durante los últimos meses acerca de qué iba a pasar con la operación Chamartín. Que si el Ayuntamiento de Madrid, por un lado, poniendo todas las trabas habidas y por haber, que si el BBVA y la Comunidad de Madrid, haciendo todo lo posible para que el proyecto saliera adelante.
Pero, en realidad, hay otro partícipe en toda historia que realmente es el que más perjudicado sale de todo este lío. Y no es otro que el propio Estado, con esos 1.250 millones de euros que Adif y Renfe dejarán de cobrar. Los que la sociedad Desarrollo Castellana Norte (DCN), de la que forman parte el BBVA y la constructora San José, iba a pagar por la compra de casi 2 millones de metros cuadrados en este polémico ámbito de actuación.
Pues bien, el Estado ha visto las orejas al lobo en este asunto, y a su representante gubernamental -en este caso, la ministra de Fomento en funciones, Ana Pastor- no le ha quedado, a la vista de los últimos acontecimientos, que ponerse firme e intentar salvar lo que parece insalvable.
El Gobierno lleva contando con esos 1.250 millones desde hace muchos años para reducir los ahora ya cerca de 15.000 millones acumulados por Adif para acometer la costosa inversión de la red de alta velocidad.
Estamos ante días decisivos en toda esta historia. El pasado miércoles la comisión de Desarrollo Urbano Sostenible acordaba echar para atrás el plan parcial presentado por DCN y, si no cambia nada, el pleno de la próxima semana ratificará el acuerdo de la comisión y declarará la imposibilidad de tramitar el convenio para la gestión y ejecución del plan.
Ante esta situación límite, la ministra Pastor ha convocado una reunión urgente al más alto nivel, para -puede que sea por última vez- intentar convencer a la alcaldesa, Manuela Carmena de que el proyecto impulsado por el BBVA beneficiará a todos.
No será fácil. El Ayuntamiento, con su plan alternativo, ha dejado el del BBVA como inasumible. Básicamente, porque el papel de Desarrollo Castellana Norte quedaría relegado a un segundo plano en la alternativa planteada por el consistorio.De convertirse en propietario del 62%, tras pagar los 1.250 millones a Adif, y quedarse con la mayoría de los 3,5 millones de metros cuadrados edificables, se quedaría con suelo para unas 3.600 viviendas y la mitad de la actividad terciaria.
