En las 66 páginas del documento de pacto entre PSOE y Ciudadanos, por el que la formación presidida por Albert Rivera votará a favor de la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno, figura un sinfín de temas. También los de Vivienda, Urbanismo, Medio Ambiente y Energía.
En el capítulo dedicado al apartado social de la vivienda, el pacto recoge el reconocimiento del derecho de las personas que hayan perdido su vivienda, como consecuencia de una situación de insolvencia sobrevenida en un procedimiento de desahucio, a que se les facilite una vivienda en régimen de alquiler social a un precio acorde a sus circunstancias económicas y familiares y, en su caso, a un plan de rescate personal sobre la deuda pendiente que mantengan, que no debe superar el 30% de sus ingresos.
También se apunta la reforma de la Ley Hipotecaria para la eliminación automática de las cláusulas declaradas abusivas por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y la jurisprudencia del Tribunal Supremo por parte de las entidades financieras y sin previa exigencia del titular de una hipoteca.
Así como la modificación de la Ley de Enjuiciamiento Civil para declarar inembargable la renta activa de inclusión, las prestaciones de Servicios Sociales, las prestaciones del Sistema para la Autonomía y Atención a las Personas en Situación de Dependencia, las del Plan Prepara, la renta agraria y el subsidio para trabajadores eventuales del Régimen Especial Agrario, los subsidios por desempleo, las ayudas y becas al estudio, y otras análogas a éstas.
También se propone poner en marcha urgente de un Programa de Alquiler Social mediante un acuerdo con la Sareb y otras entidades financieras propietarias de viviendas vacías.
En cuanto al medio ambiente urbano, y de cara a ir hacia ciudades resilientes y con cero emisiones, se señala poner en valor el Plan Estatal de Rehabilitación Sostenible de Viviendas y Edificios, y Regeneración Urbana, que tiene como objetivo pasar de las 23.000 viviendas/año rehabilitadas actualmente a 200.000 viviendas/año en 2025, generando unos 200.000 empleos nuevos en el sector.
Y, en el ámbito de los edificios públicos se fijará como objetivo la rehabilitación energética con carácter anual del 3% de la superficie de los edificios de la Administración General -edificios de servicios administrativos- y, a su vez, trasladarlo al resto de administraciones.
También se aboga por desarrollar plenamente el Plan Nacional de Ciudades Inteligentes (Smart cities), mediante la creación de un consejo asesor de ciudades inteligentes.
Dentro del capítulo sobre transición energética y lucha contra el Cambio Climático, el pacto se plantea como objetivo último alcanzar un sistema energético eficiente y sostenible que siente las bases para un sector eléctrico basado en las energías renovables en 2050 y una reducción de emisiones de CO? compatible con los compromisos de París.
Además, se propone un gran Pacto de Estado de la Energía para dotar a la política energética de estabilidad en el tiempo y facilitar la transición energética. Además, de aprobar una Ley de Cambio Climático y Transición Energética que establezca objetivos de reducción de emisiones y su actualización, impulse el mejor conocimiento y la disponibilidad de escenarios climáticos y de trayectorias para el desarrollo sostenible, así como la sistemática toma en consideración de los elementos de riesgo climático en cualquier actuación pública y de transparencia y rendición de cuentas en empresas cotizadas.
Un marco legal que incluya la creación de una Comisión para la Transición Energética, que desarrolle escenarios progresivos de reducción de emisiones de CO? a 2020/2030 y 2050 que permitan identificar los retos y oportunidades del cambio de modelo, y elabore una memoria anual sobre reducción de emisiones de CO? del país, que se remitiría anualmente al Parlamento.
