Garantizar el suministro de al menos 100 litros de agua potable por persona y día, y de 6 kilovatios/hora día de consumo eléctrico por vivienda, de cara a cubrir las necesidades vitales mínimas de las familias en situación de extrema dificultad que no pueden hacer frente a las elevadas tarifas de estos suministros, es el objetivo que se ha marcado el Gobierno de Extremadura con el decreto de ayudas, por 5 millones de euros, para garantizar mínimos vitales en materia de agua y electricidad con una dotación de 5 millones de euros
El Consejo de Gobierno ha aprobado el decreto que regula la concesión de ayudas para garantizar unos recursos mínimos vitales a familias que estén en situación de «extrema dificultad», así como la convocatoria de estas subvenciones con una dotación de cinco millones de euros.
La medida, que se complementa con 800.000 euros más para otras contingencias, se incorporará al decreto ley de medidas de Lucha contra la Exclusión Social que se está elaborando el gobierno regional.
Aunque, por su urgencia, se articulará un protocolo para evitar que se pueda producir un corte de luz o de agua por impago, e impedir que el próximo invierno alguien pase frío porque no tenga dinero para poder pagar la calefacción.
Por lo que respecta al decreto de medidas de apoyo social para contingencias, estarán destinadas a sufragar gastos por deudas previas vencidas en concepto de alojamiento para mantener el derecho de uso de la vivienda habitual en régimen de alquiler, así como gastos de alojamiento temporal con el fin de acceder a una nueva vivienda o alojamiento.
Asimismo, se incluyen los gastos necesarios en instalaciones, equipamiento básico de la vivienda habitual originados por causa de fuerza mayor; gastos referidos a necesidades primarias, en concreto, los derivados de la alimentación básica o especializada, el aseo, el calzado y el vestido; y gastos de asistencia sanitaria o sociosanitaria no cubiertos por el Sistema Público.
Estas medidas sociales, puestas en marcha por la Junta de Extremadura, son similares a las ya abordadas en otras comunidades autónomas ante la evidencia del número creciente de familias que, a la vista de los casos atendidos por los servicios sociales, se encuentran sin recursos mínimos para hacer frente a estas necesidades vitales.
