La búsqueda de un mayor apoyo por parte de los agentes de la propiedad inmobiliaria, de cara a evitar las malas prácticas que, en ocasiones, suelen producirse a la hora de realizar una compraventa o un alquiler de una vivienda, es lo que ha tratado de buscar la Junta de Andalucía con la reciente reunión mantenida entre el consejero Felipe López y representantes del Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria.
Trata el Ejecutivo autónomo de que la regulación del ejercicio de la intermediación inmobiliaria redunde en una mayor y mejor protección del consumidor. En ese sentido, el consejero puso sobre la mesa el anteproyecto de Ley de Protección de los Derechos de las Personas Consumidoras y Usuarias en la Contratación de Préstamos y Créditos Hipotecarios sobre la Vivienda.
Una norma que busca un doble objetivo. De una parte, completar el marco legislativo que sustente la lucha contra los desahucios, y de otro, reforzará el papel del consumidor ante el resto de agentes implicados en las transacciones inmobiliarias, justo el ámbito en el que la Junta de Andalucía busca la connivencia de los agentes de la propiedad inmobiliaria.
El anteproyecto busca, entre otras cosas, aumentar la transparencia e información desde la publicidad y comunicaciones comerciales, reconocer el derecho de informar al avalista, obligar a las entidades financieras a informar de la evaluación de la solvencia para garantizar los préstamos e implicar al notario en las funciones de información y advertencia a las autoridades de Consumo.
También se tratará de establecer el derecho de la persona consumidora a que se le entregue una oferta vinculante ampliando y unificando el plazo de validez en 1 mes como mínimo, o que la consejería competente en materia de consumo promoverá junto con las asociaciones y el sector empresarial la elaboración de un contrato hipotecario de confianza.
Durante el encuentro, el consejero ha pedido a estos profesionales que, a la vista de su experiencia directa con los consumidores, aporten sugerencias al borrador del Plan de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía.
La intermediación inmobiliaria se liberalizó en el año 2000 como mecanismo para introducir mayor competencia en el mercado. De esta forma, actualmente, la profesión no se encuentra sometida a ninguna exigencia normativa específica, salvo en Cataluña y País Vasco, donde sí se controla el desempeño de esta actividad.