Estaba claro que algo fallaba en el Fondo Social de Vivienda (FSV) cuando durante todo el primer año de puesta en marcha del FSV se recibieron 1.537 solicitudes, se adjudicaron 780 y se firmaron 481 contratos. Y ahora, con la modificación de las condiciones de acceso, las 1.067 solicitudes registradas en el segundo trimestre del año han acabado en 446 viviendas adjudicadas y 412 contratos firmados.
El importante avance responde a que se han flexibilizado los requisitos de acceso a este tipo de viviendas de alquiler a precio reducido.
Inicialmente, se establecía que las familias desalojadas a partir del 1 de enero de 2008 podrían tener acceso a las viviendas del FSV, siempre que sus ingresos fueran inferiores al triple del IPREM (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples, 532,5 euros al mes en la actualidad), cuya cuota hipotecaria superase el 50% de sus ingresos y que en los cuatro años anteriores hubieran visto alteradas significativamente sus circunstancias económicas, además de personas afectadas por la situación de desempleo y sin prestaciones, familias monoparentales, familias numerosas o violencia doméstica.
En mayo de este año, la Comisión de Seguimiento y Coordinación del FSV amplió los requisitos con el fin de dar cabida a más personas y familias en dificultades.
En concreto, se decidió dar entrada a unidades familiares con hijos menores de edad (hasta entonces se exigía que los menores no tuvieran más de tres años), a personas en situación de dependencia o con discapacidad para las que la vivienda supone, de acuerdo con el informe de los Servicios Sociales competentes, un activo indispensable para el mantenimiento de su inclusión social y autonomía (el requisito hasta entonces era una discapacidad del 33% o superior), a personas mayores en situación de prejubilación o jubilación que mediante aval hayan asumido las deudas de sus hijos o nietos, y a otras personas o unidades familiares con circunstancias de vulnerabilidad social distintas de las anteriores, previo informe de los Servicios Sociales, lo que amplió el acceso al FSV a muchas situaciones de riesgo social no tipificadas.
A estas mejoras se añadirá una posible prórroga en la moratoria para los desahucios que se produzcan a partir de mayo de 2015, que es cuando vence la paralización actual, según ha anunciado el ministro de Economía, Luis de Guindos, en el Senado.
Hasta la fecha, la moratoria en vigor ha permitido la suspensión de más de 10.000 lanzamientos. Además, unas 1.400 familias han accedido a un alquiler reducido del FSV y el Código de Buenas Prácticas ha permitido 6.500 reestructuraciones de deuda y más de 2.100 daciones en pago. En total, unas 20.000 familias se han beneficiado del conjunto de medidas puestas en marcha por el Gobierno durante la Legislatura para paliar el problema de los desahucios.
