Tenía que saltar el tema de la vivienda en Andalucía por algún lado y ya lo ha hecho. Se habían venido aguantando mutuamente el PSOE e Izquierda Unida en la Junta de Andalucía por el pacto de Gobierno que los une, pero al final las diferencias salen a la palestra, las que existen entre las que, en esta materia, mantienen los socialistas y las que, con la consejera Elena Cortés a la cabeza, resultan fundamentales para la coalición Izquierda Unida.
Ya hubo sus más y sus menos con el empecinamiento de Cortés en seguir manteniendo con firmeza su ley antidesahucios a pesar del recurso del Gobierno central ante el Tribunal Constitucional, pero ha sido esta semana, con motivo del desalojo de las 22 familias de la corrala La Utopía de Sevilla, cuando las posturas divergentes se han puesto de manifiesto. Hasta el punto de que la propia presidenta regional, Susana Díaz, ha firmado un decreto por el que retira temporalmente las competencias de vivienda al departamento que dirige IU y abre una investigación interna.
Lo hacía tras conocer que la Consejería de Fomento y Vivienda, dirigida por Elena Cortés, había hecho entrega de llaves de viviendas sociales de la Junta de Andalucía a varias de las familias que habían sido desalojadas de la corrala sevillana. Mientras se sustancia la investigación, las competencias de vivienda pasan a la dirección general del Patrimonio de la Junta, dependiente de la Consejería de Hacienda.
En la investigación abierta, Díaz pretende saber si la decisión de sus socios de Gobierno vulnera la legalidad vigente y el principio de igualdad, ya que en Sevilla hay más de 12.000 personas que esperan en una lista la adjudicación de una vivienda de protección oficial.
La presidenta de la Junta ordenó parar el realojo ante las dudas legales y el precedente que se podía crear, ya que, de seguir la iniciativa, se abriría una vía que daría derecho a una vivienda a todo el que pegue una patada en la puerta.
La solución planteada por el departamento de Elena Cortés era ubicar a 10 familias en las 10 únicas viviendas de protección oficial, propiedad de la Junta, que hay libres en Sevilla y sufragar el alquiler de las 12 restantes en pisos que la consejería de Fomento ha buscado en los últimos días en el mercado privado.
Izquierda Unida mantiene que la orden de desalojo dictada en febrero por la juez permite dar una solución temporal y excepcional estas familias para que se trasladen a viviendas públicas. Los socialistas sostienen que esta decisión no respeta la legalidad ya que se salta el orden de preferencia de acceso a las casas.
