El Consell de Govern de las Islas Baleares ha aprobado el anteproyecto de Ley de Urbanismo (LUIB), una norma que nace del consenso profesional porque en su redacción inicial han participado más de 60 profesionales de distintos ámbitos y que tiene también vocación de perdurabilidad. El anteproyecto se enviará ahora al Parlamento para iniciar su tramitación.
Los objetivos de la futura ley pasan por buscar la perdurabilidad, ya que da máxima seguridad jurídica, así como definir las líneas básicas de regulación de los tres tipos de suelo, que incluye el suelo rústico (no aparecía a la Ley del Suelo). También pretende acabar con todo aquello que se ha gestado ilegalmente e impedir la reclasificación como suelo urbano de los asentamientos en el medio rural o la amnistía de las edificaciones fuera de ordenación dentro del suelo rústico.
El anteproyecto fija también procesos controlados y tasados para problemas enquistados como los núcleos rurales o los falsos urbanos. En este sentido, se busca agilizar al máximo de los procesos de aprobación de los planes generales, con un nuevo sistema de tramitación que permitirá que los casi 8 años actuales pasen a 3 años.
También se hace hincapié en la sostenibilidad del territorio, priorizando al máximo la reutilización del suelo urbano, y las actuaciones sobre ciudad edificada, para evitar el empleo de nuevo suelo.
Respecto a la lucha contra la especulación, se articulan instrumentos que garantizan un control máximo de los procesos, desde el punto de vista administrativo y económico, y con medidas correctoras que impidan, por ejemplo, plusvalías exageradas, para dotar todo el proceso de transparencia. Y se fijan condiciones estrictas para los convenios urbanísticos
Se incide también en una disciplina urbanística efectiva, tanto para garantizar el cumplimiento de las sanciones y el restablecimiento de la legalidad cuando esta se ha vulnerado, como para actuar como elemento preventivo y disuasivo de comportamientos irregulares tanto entre los particulares como entre los responsables públicos, por acción u omisión de los mismos.
Además, se articulan más garantías para la protección de los suelos especialmente protegidos (ANEI, ARIP y áreas de protección territorial APT costeras), dando competencia a los consejos y sus agencias de disciplina urbanística para actuar sobre estos suelos. Y se dota a las administraciones de instrumentos eficaces y fija obligaciones en la planificación urbanística con el fin de facilitar el incremento del parque de viviendas públicas para destinarlas preferentemente a alquiler social.
