La próxima Comisión de Ecología y Urbanismo del Ayuntamiento de Barcelona debatirá para su aprobación una medida promovida por el equipo de gobierno que busca un protocolo para garantizar que ningún proyecto urbanístico salga adelante sin el visto bueno del consistorio, dejando sin margen de maniobra a la aprobación por silencio administrativo de cualquier iniciativa.
El silencio que se produce cuando la administración que tiene la competencia de resolver un determinado procedimiento administrativo no dicta resolución expresa ni la notifica a quien la ha motivado.
Esta medida servirá para que «se dejen de aprobar por la puerta trasera planeamientos que condicionan la aplicación del modelo de ciudad que colectivamente debería prevalecer», ha señalado la teniente de alcaldía de Ecología, Urbanismo y Movilidad, Janet Sanz, quien ha añadido al respecto que se «busca corregir un funcionamiento anómalo que hacía demasiado tiempo que duraba y que ha tenido impacto en determinadas zonas y sectores».
Con la aplicación del protocolo se busca asegurar el cumplimiento de los plazos de tramitación de los instrumentos de planeamiento derivado que tengan especialmente en consideración los planes de iniciativa privada. Para acordarlo, el gobierno municipal, presidido por Ada Colau, tiene la intención de crear un espacio de trabajo integrado por representantes de los grupos políticos del Ayuntamiento y de colegios profesionales con competencias en el planeamiento urbanístico.
Una vez aprobado el protocolo, todos los expedientes correspondientes a proyectos urbanísticos privados se someterán a los órganos competentes dentro de los plazos establecidos legalmente y se indicará, en el mismo orden del día, el plazo en que se produciría la aprobación por silencio administrativo.
También se busca fortalecer la importancia de los informes sectoriales que redacte el consistorio de la Ciudad Condal, aumentando su mayor vinculación en la toma de decisiones.
Asimismo, de cara a favorecer los procesos de participación, difusión y conocimiento general de los documentos urbanísticos, el Ayuntamiento también prevé instar a la Generalitat de Catalunya a que facilite los mecanismos para que la exposición pública de los documentos urbanísticos se amplíe a un plazo de tres meses.
