Sevilla. El consejero de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, Luis Planas, ha destacado la «intensa labor preventiva» en materia urbanística que está llevando a cabo la Junta de Andalucía como consecuencia de la aplicación del Plan General de Inspección 2009-2012, el cual ha permitido tramitar más de 2.500 denuncias de disciplina urbanística desde su entrada en vigor.
Planas ha explicado que en el marco de la actividad administrativa realizada al amparo del Plan General de Inspección 2009-2012 y que ha tenido incidencia en 663 municipios andaluces -el 86% del territorio de la comunidad- se han tramitado 2.517 denuncias. Asimismo, se han incoado 19 expedientes sancionadores, 26 expedientes de protección de la legalidad urbanística y se han ejecutado 44 demoliciones. El consejero ha añadido que se han formalizado 1.264 impugnaciones jurisdiccionales de licencias y proyectos de actuación en suelo no urbanizable, de las cuales el 77,46% se han resuelto a favor de la Junta.
Luis Planas ha resaltado también la «importante labor» de cooperación institucional que mantiene la Junta con otras administraciones y, en particular, con los ayuntamientos andaluces. Además, ha recordado el convenio de colaboración suscrito con la Fiscalía, los respectivos protocolos acordados con los ministerios de Interior y Justicia, así como con la Fiscalía del Estado y la colaboración con los órganos judiciales y los colegios de Registradores de Andalucía.
Decreto sobre edificaciones existentes en suelo no urbanizable
Durante su intervención en el Parlamento, el consejero ha resaltado la función reguladora con la que ha nacido el decreto sobre edificaciones existentes en suelo no urbanizable, «que ha venido a clarificar esta situación desde una visión general, identificando las distintas situaciones y aportando procedimientos para su regularización».
A través de este decreto, pretende clasificarse la situación de las edificaciones desde una doble perspectiva: por su forma de ubicación (aisladas o pertenecientes a asentamientos) y por su situación de legalidad (en función de su adecuación al planeamiento urbanístico y la existencia o no de licencia). La actividad en esta línea de actuación se centra en las tareas de reconocimiento de la realidad física y jurídica objeto de la inspección, a través de inventarios para el análisis previo de este tipo de edificaciones que permitan determinar los ámbitos territoriales más sensibles y necesitados de una actuación proactiva, objetiva y programada.
