Juan Miguel Villar-Mir y Juan Manuel Entrecanales, presidentes de las constructoras OHL y Acciona, tendrán que esperar a que sus filiales se adjudiquen la millonaria concesión para construir y gestionar la Ciudad de la Justicia de Madrid durante los próximos 30 años.
La demora en proceder a la adjudicación definitiva, después de haber contado con el visto bueno de todos los trámites administrativos, se relacionan con un litigio judicial ligado al anterior proyecto, motivado por la adjudicación a Corsan Corviam Construcción de la redacción del estudio de seguridad y salud y ejecución facultativa del edificio de los juzgados de lo social y mercantil del anterior Campus de la Justicia.
Ahora, el Gobierno presidido por Cristina Cifuentes no ha querido pillarse los dedos, y ha preferido a que este asunto se resuelva antes de proceder a adjudicar la concesión a la UTE formada por las filiales de OHL y Acciona.
Solventado este fleco, no habrá obstáculo alguno para llevar a cabo la adjudicación definitiva, cantada desde hace dos meses cuando la oferta presentada por las filiales de estos dos grupos se imponía claramente sobre la de Ferrovial y ACS. 358,31 puntos de una por los 270,89 de la otra. Con tal diferencia, la oferta económica -muy similar en ambos casos- sobraba. Al final, fueron meros hechos subjetivos y no la mera competición de los datos económicos los que decidieron el ganador.
De los 13 criterios evaluables, el proyecto de OHL y Acciona se impuso en 12 y solo en uno, el relativo a la accesibilidad a los edificios, ambas ofertas recibieron la misma puntuación. La mayor diferencia se produjo en la evaluación del planteamiento de la solución arquitectónica.
Las soluciones formal y funcional, la impronta del edificio y su eficiencia energética de la ganadora fueron puntuadas con 171,5 puntos, mientras que las empresas de Florentino Pérez y Rafael del Pino se quedaron con solo 113,8 puntos.
De no haberse producido tal diferencia en la propuesta técnica, habrían entrado en juego los números que cada uno había ofertado. En este caso, la pugna hubiera resultado mucho más intensa, ya que las diferencias entre una y otra eran mínimas. Y ambas por debajo de los números que había contemplado la Comunidad de Madrid en el pliego de licitación.
El Gobierno regional había estimado el valor del contrato en casi 772 millones de euros, de manera que el concesionario tendría que aportar algo más de 483 millones de euros, tras descontar los 300 millones que la Comunidad de Madrid contabiliza como aportación por el suelo, la urbanización y el Instituto de Medicina Legal, el único edificio que llegó a iniciarse y que está sin terminar. Otros 64 millones se fijaban como inversión de reposición durante los 30 años de la concesión.
A partir de estos números se fijaban unos costes de explotación de 389 millones de euros, que quedarían ampliamente cubiertos por los 1.600 millones contemplados como ingresos. La mayoría, algo más de 1.000 millones (a razón de 39,3 millones anuales), a pagar por la Comunidad de Madrid por servicios a la Administración.
Unos 360 millones por el alquiler de espacios a terceros, cerca de 200 por la explotación de 3.000 plazas de aparcamiento y un resto de 15 millones encuadrados como otros ingresos de explotación. Reduciendo los ingresos al total de costes saldría ese neto de unos 1.200 millones de euros.
