El Gobierno andaluz reformulará la normativa que regula la declaración de los Proyectos de Interés Estratégico en Andalucía, es decir, de aquellas iniciativas empresariales que por el volumen de inversión y la creación de empleo se consideran de interés estratégico para la comunidad.
El consejero de Hacienda, Industria y Energía, Juan Bravo, ha anunciado que la Junta tramitará en el mes de septiembre una norma con rango de ley para la simplificación y el impulso de la industria andaluza que será formulada de manera conjunta por las Consejerías de Hacienda, Industria y Energía, de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible; de Salud y Familias, y de Fomento, Infraestructura y Ordenación del Territorio, ya que implica cambios en la regulación que afectan a estos cuatro departamentos.
Bravo ha expuesto los primeros resultados del grupo de trabajo de Simplificación y eliminación de trabas regulatorias y administrativas en el ámbito industrial, creado en el seno de la Comisión Interdepartamental para la Promoción de la Industria, y que durante estos cuatro meses de trabajo ha analizado 70 normas y procedimientos, que afectan a más de 640.000 expedientes y pueden suponer un ahorro anual para el sector de 17 millones de euros, pero esencialmente pueden recortar el tiempo de respuesta de la Administración.
Según ha explicado el consejero, los anteriores Gobiernos aprobaron la Ley 4/2011 de medidas para potenciar inversiones empresariales de interés estratégico, en la que se trataba de establecer un marco de tramitación preferente para iniciativas de especial relevancia. Sin embargo, «esta norma no ha cumplido satisfactoriamente el fin para el que estaba previsto. Nuestro objetivo es que haya casos de éxito gestionados de forma ágil por esta vía que se conviertan, a su vez, en el efecto llamada para nuevas inversiones. Andalucía debe ser percibida como una tierra de oportunidades para la inversión».
De esta manera, la futura norma recogerá una definición más clara y directa de los fines que se persiguen con los proyectos de interés estratégico y a qué requisitos debe responder en términos como la inversión, el empleo o el impacto social o de vertebración del territorio. También debe determinar qué procedimientos debe contemplar para la agilización y aceleración de su desarrollo, así como el cronograma preciso de la tramitación de los permisos.
Entre las ventajas que incluirá esta nueva regulación sobre proyectos estratégicos se encuentra la inclusión de un mecanismo de interlocución única entre la Administración andaluza y la empresa promotora, a través de un ‘project manager’.
Con ello, se busca la aplicación de técnicas de organización y dirección de proyectos en el seguimiento y coordinación de la intervención administrativa necesaria hasta la puesta en marcha de las iniciativas que son objeto de la declaración de interés autonómico.
Los project manager serán funcionarios y empleados públicos de la Administración andaluza que deberán tener un conocimiento minucioso y exhaustivo de la normativa industrial y ambiental y que tendrán que informar del estado de los proyectos ante el propio Consejo de Gobierno, dando cuenta del estado de tramitación de cada iniciativa y de la razón por la que se ralentiza una inversión, bien sea por causas imputables a la empresa, o bien sea por causas imputables a la Administración.
El Gobierno también simplificará normas en materia medioambiental y de salud. Estos cambios afectarán a la Ley de Gestión Integrada de Calidad Ambiental, a la Ley de Salud Pública de Andalucía y a la Ley de Aguas de Andalucía, que en determinadas disposiciones y artículos se van a equiparar a las normas estatales y sectoriales. En el ámbito de urbanístico, se van a revisar los procedimientos de implantación sobre suelo no urbanizable de infraestructuras de interés general, previstos en la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía.
«Quiero subrayar que no hay en ningún caso desregulación, sino armonización plena de una serie de requisitos con la normativa estatal y simplificación en el caso de que la regulación de la comunidad presente duplicidades que lleven a confusión tanto de los administrados como de la propia Administración». Se trata de seguir las directrices de la Unión Europea de evitar la sobreregulación o la regulación redundante y dispersa, ha explicado Bravo.
Además, se mejorará la regulación industrial en ámbitos en los que la normativa estatal está suficientemente desarrollada, con lo cual la coexistencia con la normativa autonómica genera controversia y confusión. Estas normas atañen a la inspección de industrias y a especificaciones técnicas de algunos tipos de instalaciones.
En el caso de las industrias agroalimentarias, por ejemplo, se unificará el registro de este tipo de compañías (actualmente hay un registro de industrias agroalimentarias y otro de operadores comerciales de frutas y hortalizas, y muchas empresas deben estar simultáneamente en ambos registros).
La agilización de trámites burocráticos pasa también por la telematización de los mismos, como viene exigiendo el sector industrial y empresarial. Este proceso es una oportunidad para armonizar la documentación y los datos solicitados para un mismo trámite en todas las delegaciones de la Junta así como para garantizar la integridad de las solicitudes por parte de los interesados. «Si toda la Administración puede localizar de manera electrónica un expediente concreto se va a ahorrar mucho papeleo a los inversores y se ganará agilidad en la gestión», ha indicado el consejero.
Por otro lado, se mejorará la relación y las condiciones del sector industrial con las empresas suministradoras. Así, la Secretaría General de Industria, Energía y Minas regulará, a través de una resolución, la información sobre las posibilidades de conexión por parte de las empresas distribuidoras de energía y agua. Y también se agilizarán los trámites que los promotores industriales deben realizar ante estas entidades, incluyendo un mejor tratamiento de las condiciones para el acceso a nuevos suministros.
Antes de finalizar el año este grupo de trabajo debe presentar nuevas medidas de simplificación que continúen por esta vía. Es un esfuerzo que se incardina dentro del Plan para la Mejora de la Regulación Económica, que está liderado por la Consejería de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad, con lo cual analizarán las conclusiones para su posible extensión a otros sectores económicos de Andalucía, ha concluido el consejero.
