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El Observatorio Europeo de la Vivienda elige un proyecto asturiano como ejemplo de regeneración urbana

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El Observatorio Europeo de la Vivienda elige en su informe anual el proyecto de mejora del barrio de San José de Lada como ejemplo de regeneración urbana. Los expertos consideran que esta actuación será clave para revitalizar un barrio calificado como «desfavorecido» dentro de los parámetros que evalúa el organismo.

La obra en San José de Lada, que comenzará este mes, consistirá en la rehabilitación de ocho bloques de pisos construidos en 1955. En concreto, se colocarán nuevos elementos aislantes y de ventilación, se eliminarán barreras arquitectónicas y se instalarán recuperadores de calor. También se remozarán las fachadas, los tejados y la carpintería exterior.

Se trata de una apuesta innovadora que mejorará la eficiencia del sistema de calefacción de cada familia y que ha logrado convertirse en un ejemplo de política de vivienda en Europa.

La Consejería de Derechos Sociales y Bienestar, a través de la Dirección General de Vivienda, estableció en el pliego de condiciones de contratación de esta obra, que afectará a 258 viviendas, el cumplimiento de criterios sociales, el compromiso medioambiental, la prevención de riesgos laborales y la apuesta por la innovación y la calidad.

Además, el 5% de la plantilla contratada para la ejecución de los trabajos está formada por personas en riesgo de exclusión social.

El Principado ya ejecutó mejoras en el barrio de San José en la legislatura pasada por un importe próximo a los 700.000 euros.

Así, se renovó el saneamiento y se repararon doce pisos desocupados. Las nuevas actuaciones se han adjudicado por 6.479.520 euros y se prolongarán durante 18 meses.

El Observatorio Europeo de la Vivienda depende de Housing Europe, la Federación Europea de Vivienda Pública, Cooperativa y Social, que aglutina a 45 federaciones nacionales y regionales, incluida la Asociación Española de Gestores Públicos de Vivienda y Suelo (AVS), de la que forma parte la empresa pública asturiana Vipasa.

La red está compuesta por 43.000 empresas del sector de 24 países que administran más de 26 millones de viviendas, aproximadamente el 11% de las que existen en toda Europa.

Barcelona inicia la tramitación telemática de licencias de obras mayores

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El Ayuntamiento de Barcelona da un nuevo paso hacia la transformación digital de la administración, la transparencia y la eficiencia, para adaptarse a las exigencias de la ciudadanía digital.

Acaba de poner en marcha el nuevo proyecto eObres por Obras Mayores, que estará al alcance de todo el mundo, a través de un procedimiento electrónico que permitirá digitalizar e incorporar el procedimiento de licencias para obras mayores que actualmente se hace en papel en la tramitación telemática.

La entrada en marcha de este servicio nuevo supondrá una serie de ventajas:

– Se podrá consultar el estado del expediente a lo largo de su vida, que además será más detallado. Es decir, se mejora la transparencia con la ciudadanía.

– El Portal de Trámites ofrecerá muchos más procedimientos telemáticos vinculados a este tipo de expedientes de obras mayores, que se podrán hacer sin necesidad de desplazarse a oficinas municipales.

– Los ciudadanos y ciudadanas podrán avanzar plazos del trámite de audiencia cuando así lo soliciten.

– El sellado del proyecto será electrónico, con un código de validación que se entregará al ciudadano y le permitirá recuperar el proyecto de forma unívoca a través de la Sede Electrónica.

– El solicitante de la licencia solo tendrá un solo interlocutor, los Departamentos de Licencias correspondientes, que se encargarán de gestionar los informes con otros departamentos y transmitir cualquier requerimiento al ciudadano (vinculados a Patrimonio, Bomberos o Agencia de la Energía).

Así pues, la implementación del nuevo procedimiento eObres facilita la gestión diaria de las personas. Permite una mejor comprensión y agilidad en la consulta y solicitud del estado del expediente y mejora el acceso a los datos.

De esta manera, la relación de la ciudadanía con el Ayuntamiento se simplifica y se agiliza, así como el control del tiempo de la tramitación. Y se consigue una reducción del uso de papel importante, de forma que se avanza en la sostenibilidad de la propia administración.

Todo ello, además, permite desarrollar y aplicar la normativa vigente prevista a la Ley 39/2015 del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, y la propia ordenanza municipal ORPIMO, la Ordenanza Reguladora de los Procedimientos de Intervención Municipal en las Obras.

El procedimiento telemático de obras mayores operará desde el mismo portal de trámites municipales, y también desde la propia web de tramitación electrónica de licencias de obra.

Autosuficiencia, accesibilidad, eficiencia e innovación, principales características de la ciudad del futuro

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Mientras el mundo rural pierde población, las grandes ciudades no dejan crecer. Las estadísticas lo recuerdan continuamente: en el año 1900, solo el 13% de la población vivía en ciudades, para 2030, el número de habitantes de estos centros neurálgicos alcanzará el 60% (Banco Mundial) y, en 2050, este porcentaje será del 80% (ONU). Un auténtico reto económico, ambiental y social sin precedentes al que ya se está empezando a dar solución gracias a diversas soluciones basadas en la sostenibilidad, la tecnología, la inclusividad o la creatividad.

Aunque todavía es pronto para hablar de «ciudades del futuro» como un todo, sí es posible hacerse una idea de cuáles serán sus características. Con motivo del Día Mundial del Urbanismo (8 de noviembre), fecha destinada a reflexionar cómo es la ciudad actual y cómo debería de consolidarse en vista de su rápido desarrollo, los expertos de Sto exponen las principales:

– Sostenibilidad y autosuficiencia. El ciclo de vida de la energía y la materia prima que llega a las ciudades es lineal. Es decir, proviene del exterior como energía y productos, y se convierte en residuos y emisiones. La ciudad del futuro convertirá este ciclo en uno circular, creando una urbe capaz de abastecerse energéticamente a sí misma, y de generar la menor cantidad de contaminantes y de residuos.

– Eficiencia energética. La construcción y rehabilitación de edificios se basará en la arquitectura pasiva y bioclimática, en el uso de materiales naturales, con bajo contenido de carbono o reciclados, en la aplicación de equipos inteligentes que permitan ahorrar o abastecerse de energías renovables y en la utilización de soluciones de aislamiento térmico u optimización de la envolvente del edificio. Tal y como muestra un estudio realizado por la Alianza Europea de Compañías por la Eficiencia Energética, en la actualidad, el 84% de los edificios españoles son energéticamente ineficientes.

– Accesibilidad. Esto supondrá disponer de una configuración urbana más productiva y socialmente integradora, que permita la movilidad, el acceso y el aprovechamiento por parte de cualquier persona, independientemente de sus capacidades. Algunas de las iniciativas básicas son el uso de señalizaciones, de rampas y de personal público con conocimiento en lenguaje de signos.

– Espacios naturales. Los espacios verdes ayudan a combatir la contaminación, mejoran la interacción social y la salud, y ayudan a promover la conciencia ambiental de los ciudadanos. Según los expertos, estos lugares deberían comprender entre el 20% y el 40% de la zona urbana construida. Sin embargo, actualmente, según un estudio realizado por la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB), muy pocas ciudades españolas de más de 100.000 habitantes están conectadas al espacio natural.

– Creatividad. Las ciudades serán espacios donde los habitantes actúen como agentes involucrados. Esto permitirá que evolucionen, crezcan y triunfen en función de la capacidad para ofrecer soluciones creativas sobre actividades cotidianas y adaptarse a la evolución de la sociedad, el consumo y el conocimiento.

– Inteligencia e innovación. La ciudad del futuro será tecnológica. Destacará, sobre todo, por el uso responsable e inteligente de los datos generados por los ciudadanos mediante sus dispositivos personales y profesionales, así como a través de las redes de sensores desplegadas por la ciudad (calles, infraestructuras, equipamientos, mobiliario urbano) o en espacios particulares (hogares) o privados (centros de ocio, de trabajo, etc.). Toda esta información se aplicará para la gestión eficiente de los recursos y servicios: transporte inteligente, teleasistencia médica, gestión del tránsito, redes de suministro eléctrico, alumbrado urbano, gestión de residuos, mantenimiento, señalización?

Un gobierno estable tras el 10-N será la base del crecimiento del sector inmobiliario

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A escasos cinco días de asistir a una nueva jornada electoral nacional, la tercera en poco más de tres años, el sector inmobiliario español asiste con interés al panorama político y los efectos que los resultados del próximo 10-N puedan tener sobre su mercado. De la cita de los españoles con las urnas dependerá en buena parte el futuro a corto y medio plazo de nuestro país no sólo en materia política sino también económica. Y si hay un mercado que hace de motor de la economía nacional, ese es el inmobiliario.

En este sentido, pisos.com considera importante analizar los factores que van a determinar el éxito o el fracaso de esta nueva «fiesta de la democracia». Y es que, con independencia del resultado electoral del próximo domingo, la configuración de un gobierno con la estabilidad suficiente para tomar decisiones transmitir confianza al mercado será determinante para el devenir inmobiliario de los próximos años.

Ferran Font, director de Estudios de pisos.com, subraya que «el resultado electoral tendrá efecto directo en todos los niveles, tanto para el consumidor inmobiliario que quiere comprar una primera residencia como, sobre todo, para el inversor nacional o extranjero que está continuamente analizando las oportunidades que le ofrece el mercado. El segmento residencial está siendo uno de los principales afectados por la inestabilidad política junto al de oficinas y el retail, por lo que sería óptimo que a partir del domingo pueda encontrarse una solución que acabe con el bloqueo institucional y, por ende, con sus consecuencias económicas e inmobiliarias».

5 claves para que el poder político ayude al inmobiliario

Se cumplen cinco años de crecimiento continuado desde que en el 2014 todos los macroindicadores inmobiliarios empezaran a registrar incrementos interanuales. Hoy el mercado se encuentra en un momento de estabilización que, en algunas regiones, ya está arrojando ligeras contracciones en los precios acompañadas de un menor número de compraventas completadas y de las hipotecas firmadas. En este sentido, el poder político tiene ahora la oportunidad de contribuir al crecimiento del sector inmobiliario atendiendo a las siguientes prioridades y medidas clave:

1. Mensaje de confianza a los mercados internacionales

La inestabilidad política genera desconfianza en los mercados, tanto a nivel nacional como internacional. El dinero es miedoso, por lo que a partir de los resultados electorales del próximo 10-N el poder político español tiene la oportunidad de lanzar un mensaje de confianza y de estabilidad económica y política. Que los partidos alcancen acuerdos firmes será fundamental para el fortalecimiento del sector inmobiliario.

Por otra parte, el mercado residencial español es siempre uno de los más observados en el real estate mundial. El gran atractivo turístico de nuestro país genera un interés muy alto para la actividad inmobiliaria, siendo dicha actividad una de las protagonistas de la economía española. La puesta en marcha de políticas y medidas que incentiven la inversión inmobiliaria extranjera en el territorio nacional ha de ser uno de los pilares de crecimiento del sector.

2. Seguridad normativa

El vaivén registrado los últimos tres años en el marco normativo y jurídico en el mercado inmobiliario español es uno de los elementos a tener en cuenta en estos momentos. Las sentencias emitidas desde 2016 en materia hipotecaria desde el Tribunal Superior de Justicia Europeo (TJUE) contradiciendo al Tribunal Supremo, la reforma de la Ley Hipotecaria o las medidas municipales aprobadas para la regulación del precio del alquiler son elementos que no han ayudado a la estabilidad del sector, cuyos distintos agentes han tratado de adaptarse rápidamente a los cambios.

Éste último punto, el de la regulación del segmento del alquiler, trae cola. La irrupción de plataformas de alquiler vacacional han cambiado la mentalidad de los propietarios, los cuales tienen más altas que nunca sus expectativas sobre lo que pueden llegar a rentabilizar su vivienda en alquiler. En este sentido, las consideradas viviendas de uso turístico (VUT) están siendo reguladas de maneras diversas por los gobiernos municipales de las grandes ciudades pero todavía no se ha consensuado una regulación estable y eficaz que ponga fin a la polémica y la escalada de precios que genera el crecimiento de la oferta de pisos disponibles para alquiler turístico en detrimento del alquiler tradicional. Así pues, resulta evidente la necesidad de alcanzar un gran pacto de Estado en materia de vivienda que incluya la aprobación de un plan en el que Gobierno central y las comunidades autónomas estén de acuerdo, con presupuestos adecuados y líneas de acción claras.

3. Ampliación de la oferta disponible e impulso de grandes proyectos metropolitanos

Si bien el precio para la compra y el alquiler de viviendas en las grandes ciudades españolas ha entrado en un periodo de estabilización, especialmente en Madrid y Barcelona, lo cierto es que los elevados precios que se registran en relación al salario de los ciudadanos españoles hace que les sea difícil encontrar viviendas a precios competitivos en dichas ciudades. En este sentido, desde hace años se están llevando a cabo políticas que dinamicen y amplíen la oferta inmobiliaria para fomentar un más fácil acceso a la vivienda.

Por otra parte, el impulso de proyectos urbanísticos y urbanizaciones en el área metropolitana de las grandes ciudades por parte de las administraciones está llamado a ser parte de la solución para la falta de oferta en las capitales de provincia. La extensión de la demanda a la primera y segunda coronas metropolitanas de las ciudades provoca que sean éstos los mercados más dinámicos y rentables en la actualidad. Además, este tipo de proyectos incide de manera positiva en prácticamente todos los agentes del sector, desde constructoras e inmobiliarias hasta el comprador o el inversor.

4. Incentivación del comprador nacional

Que las familias recuperen su protagonismo en el segmento residencial será crucial para que exista un equilibrio razonable entre la generación de riqueza inmobiliaria y la preservación del derecho a la vivienda de los ciudadanos. Además, desde la administración se tiene aún mucho en lo que respecta a la incentivación de los propietarios para que pongan sus viviendas en alquiler y, así, incrementar la reducida oferta que existe en estos momentos. Aplicar desgravaciones fiscales, facilitar un asesoramiento integral u ofrecer garantías de pago y seguros ante desperfectos e impagos de la renta son algunas de las posibles medidas que podrían ser tomadas para cumplir este objetivo.

5. Colaboración público-privada

Por último, la eterna asignatura pendiente: la desconexión entre las organizaciones privadas y las administraciones. El éxito y perfeccionamiento de los planes en materia de vivienda pasan por la estrecha colaboración entre los gobiernos y los players y profesionales que día a día están en contacto con las problemáticas del sector y las necesidades de los consumidores. En el futuro, las administraciones deberán tener en cuenta la voz de los profesionales del sector en aras de que se programen reuniones con patronales y organismos de representación inmobiliaria y se escuche a todos los actores implicados. Esta colaboración público-privada a la hora de diseñar políticas de acceso a la vivienda permitiría, entre muchas otras cosas, paliar el problema de acceso a la vivienda planteando modelos de cesión de suelo para promover vivienda en alquiler.

Agremia solicita al Ayuntamiento de Madrid la materialización de la promesa electoral de eliminar las calderas de carbón

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Tras la presentación de la filosofía de la Estrategia «Madrid 360», el Alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida y el Delegado de Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento, Borja Carabante, mantuvieron el pasado jueves una reunión con los empresarios madrileños, entre los que se encontraba Agremia (Asociación de Empresas del Sector de las Instalaciones y la Energía), para escuchar las propuestas concretas en torno al desarrollo e implantación de «Madrid 360» por parte todos los sectores económicos afectados.

El presidente de CEIM, Miguel Garrido, trasladó al Alcalde y al Delegado de Movilidad, en nombre de todos los sectores que forman parte de la patronal madrileña, la importancia del cambio en la visión global sobre la movilidad que se plantea con «Madrid 360». «Los empresarios madrileños celebramos que en la nueva estrategia se trate la movilidad en todos sus ámbitos de actuación, ya que, la mejora de la calidad del aire es una prioridad de todos los sectores y de todos los barrios de Madrid», señaló el presidente de CEIM.

Los empresarios madrileños trasladaron su preocupación por la entrada en vigor el 1 de enero de 2020 de la prohibición de acceso a Madrid Central prevista para los vehículos DUM de menos de 3.500kg y sin distintivo ambiental; así como de otras medidas relativas a Madrid Central que siguen vigentes y su incertidumbre en el futuro de la implantación de «Madrid 360».

«Desde Agremia pedimos la reforma del actual régimen de accesos vigentes para Madrid Central, de manera que se prorrogue para 2021 la posibilidad de acceso, en las condiciones actuales, a los vehículos profesionales que carecen de etiqueta ambiental, y se flexibilice el acceso de los vehículos con etiquetas B y C, de tal forma que se permita una transición ordenada de las flotas de las empresas a vehículos más eficientes», solicitó Miguel Ángel Sagredo, responsable del Departamento Jurídico de Agremia.

Una vía que, de momento, según informó el Consistorio, no es viable, puesto que la desactivación de las medidas de Madrid Central exige, en la mayor parte de los casos, la Modificación de la Ordenanza de Movilidad, medida que, según aclaró el Ayuntamiento, no estará lista antes del próximo verano.

También los instaladores pidieron en la reunión que se aprobara una línea de ayudas a la renovación de flotas, «complementaria en su caso con las que puedan aprobar otras administraciones», una petición en la que ya está trabajando el Ayuntamiento.

En esta misma línea, Agremia solicitó la materialización de la promesa electoral consistente en la aprobación de un plan Renove de salas de calderas para la ciudad de Madrid. Con una dotación de 50 M€ para toda la legislatura (aunque con convocatorias anuales), estará dirigida a la eliminación de las calderas de carbón existentes y a la reducción del resto de salas calderas que funcionan con combustibles más contaminantes, por nuevas calderas más eficientes que funcionen a gas natural o por sistemas de aerotermia.

Creación de un Grupo de Trabajo Permanente

CEIM solicitó durante la reunión a los representantes del Ayuntamiento crear un Grupo de Trabajo Permanente con los empresarios orientado a trabajar conjuntamente en el desarrollo sostenible de la movilidad de la ciudad, sin afectar a la actividad económica y que ayude a aclarar y delimitar algunas de las medidas planteadas en «Madrid 360».

En concreto, la Confederación de Empresarios de Madrid cree también necesario que el Ayuntamiento se reúna individualmente con los distintos sectores afectados para recoger sus necesidades concretas, y así se ha planteado en la reunión celebrada esta tarde en CEIM, donde han estado presentes los máximos representantes de todos los sectores afectados: instaladores, turismo, comercio, transporte y logística, ocio, hostelería y restauración o educación, entre otros.

El Gobierno acuerda desmantelar el almacén de gas ‘Castor’, frente a las costas de Castellón

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El Consejo de Ministros ha acordado poner fin a la hibernación y proceder al sellado definitivo de los pozos del almacenamiento subterráneo de gas denominado Castor, localizado frente a las costas de Castellón y Tarragona, como primera fase de su desmantelamiento.

El acuerdo refleja que este proyecto no es ni viable ni necesario a la vista de los consumos actuales y futuro de gas natural en nuestro país. Por tanto, mantener las instalaciones en la situación actual de hibernación sólo aplazaría la ejecución del abandono definitivo y prolongaría los costes de vigilancia y mantenimiento.

Todas las labores de desmantelamiento se encomiendan a la empresa Enagás Transporte, S.A.U., que en el plazo de seis meses deberá remitir al Ministerio para la Transición Ecológica (MITECO) la documentación técnica necesaria para iniciar la tramitación del expediente de autorización de los trabajos de sellado y abandono definitivo de los pozos de almacenamiento.

En esta primera fase, se procederá al sellado y abandono definitivo de los pozos. El Consejo de Ministros habilita, además, al MITECO a dar las instrucciones necesarias para el cumplimento de este Acuerdo, así como para ordenar las sucesivas fases del desmantelamiento.

La decisión se ha tomado al no existir ninguna garantía de que el almacenamiento pudiera seguir operando en el futuro en condiciones de seguridad para las personas, los bienes y el medioambiente. A estas cuestiones se añade que no se considera una infraestructura necesaria para el funcionamiento del sistema gasista español, dado los consumos actuales de gas natural y los previsibles en el futuro. Prolongar el periodo de hibernación sólo hubiera incrementado los costes de modo innecesario.

El Real Decreto-ley 13/2014, de 3 de octubre, acordó la hibernación del almacenamiento tras una serie de eventos sísmicos que habían llevado a la suspensión temporal de la operación de almacenamiento el 26 de septiembre de 2013.

El decreto asignó la administración de las instalaciones a Enagás y prescribió que, antes de tomar la decisión de poner fin a la hibernación, debían llevarse a cabo nuevos informes técnicos. Enagás ejecutó la hibernación en condiciones de seguridad y encargó un estudio de geología estructural, sismología y geomecánica a profesionales del Massachusetts Institute of Technology (MIT) y la Universidad de Harvard.

El estudio puso de manifiesto que, en caso de reanudarse las operaciones de almacenamiento, podrían producirse terremotos de magnitud significativamente mayor que los que motivaron la decisión de hibernar las instalaciones, un riesgo que convierte en inviable aprovechar las instalaciones en una nueva concesión de almacenamiento.

Aquel decreto también puso como condición para dar por terminada la hibernación, que la decisión resultara coherente con la evolución de la demanda de gas natural en España. En el momento en el que este almacén se incluyó en la planificación, se estimaba una demanda de gas natural en el 2016 de aproximadamente 650 teravatios/hora (TWh), cuando la demanda real alcanzó únicamente 322 TWh. Actualmente la demanda se sitúa en torno a los 350 TWh y no se esperan incrementos significativos en los próximos años. Por tanto, no existen razones que justifiquen la inclusión de las instalaciones del almacenamiento subterráneo Castor dentro de las infraestructuras gasistas de nuestro país.

En la actualidad, los 13 pozos del almacenamiento se encuentran sellados de manera temporal, desde el mes de abril de 2016, mediante dos tapones mecánicos colocados a diferentes profundidades. La vida útil de estos dispositivos, estimada entre dos y cuatro años, está a punto de completarse. Desde la fecha de su instalación, se realizan controles periódicos para certificar que las instalaciones están hibernadas de forma segura.

Madrid busca materializar la cesión de suelos para mejorar los espacios interbloques en 44 barrios

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El Ayuntamiento, a través de la Dirección General de Planificación Estratégica del Área de Desarrollo Urbano, ya ha comenzado implementar el Plan especial de mejora de las redes públicas en barrios de promoción pública que afecta a un total de 44 barrios, cuyos suelos son actualmente propiedad de la Agencia de Vivienda Social de la Comunidad de Madrid (antiguo IVIMA).

Estos barrios, que se localizan mayoritariamente en el arco sureste de Madrid, exterior a la M-30, y pertenecen a un total de 13 distritos, comprenden una población de más de 140.000 personas y disponen de 180 hectáreas de espacios libres entre los bloques de viviendas (interbloques).

Según el delegado del Área de Desarrollo Urbano, Mariano Fuentes, «el objetivo de este Plan es establecer, mediante la calificación urbanística, las condiciones necesarias para materializar los compromisos de cesión de los suelos, que fueron adquiridos desde los años 80 por la Comunidad de Madrid a favor del Ayuntamiento y, por tanto, poder recepcionarlos y prestar los servicios de conservación y mantenimiento con todas las garantías jurídicas».

Con el objetivo de dar voz a las personas residentes en estos 44 barrios, escuchar sus necesidades y tener un conocimiento del uso de este espacio público, el Ayuntamiento de Madrid ha diseñado un amplio proceso de participación vecinal. La primera fase, consistente en sesiones informativas en todos los barrios, se ha llevado a cabo durante el mes de octubre.

En la segunda fase, que se desarrollará durante el mes de noviembre, se realizarán talleres donde las personas que residen en estos barrios tendrán la oportunidad de hacer propuestas concretas de mejora a este Plan especial en un espacio de trabajo compartido con el personal técnico del Área de Desarrollo Urbano, responsable de la redacción del proyecto.

Compromiso con la regeneración y mejora de los barrios

El proceso de calificación es un requisito indispensable para poder inscribir estos espacios en el Patrimonio Municipal de Suelo y constituye el primer paso para avanzar en la regeneración de los barrios, al especificar con claridad las obligaciones de conservación y urbanización de los espacios libres entre los particulares y el Ayuntamiento. Además, se prepara así el camino para acometer las obras necesarias de mejora de los espacios libres: accesibilidad universal, mejora de la urbanización, creación de espacios de relación para los vecinos y de calidad del paisaje urbano, actualizando con ello el derecho a la belleza de todos los barrios.

Según Fuentes, «este Plan especial incorpora una propuesta provisional de obras prioritarias de urbanización para resolver la accesibilidad en el espacio público, la urbanización de espacios muy degradados y la creación de itinerarios de interconexión con un carácter estratégico para la ciudad». Además, pretende incluir una nueva estrategia de renaturalización y mejora de la red local de espacios verdes que mejorará la calidad de vida de los barrios.

Para la redacción del Plan ha sido fundamental el impulso de la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM). De esta forma, la participación vecinal ha sido un elemento clave para definir y apoyar las propuestas en la fase de información pública, convirtiendo a la ciudadanía en copartícipe del diseño de sus barrios.

El TC declara inconstitucional la plusvalía municipal si es mayor que la ganancia

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El Pleno del Tribunal constitucional ha estimado por unanimidad la cuestión de inconstitucionalidad planteada por el Juzgado Contencioso-administrativo número 32 de Madrid y, en consecuencia, ha declarado que el art. 107.4 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado el 5 de marzo de 2004, es inconstitucional, en los términos referidos en el Fundamento jurídico quinto apartado a).

La sentencia, cuya ponencia ha correspondido al magistrado Pedro González Trevijano, argumenta que cuando existe un incremento de la transmisión y la cuota que sale a pagar es mayor al incremento realmente obtenido por el ciudadano, se estaría tributando por una renta inexistente, virtual o ficticia, produciendo un exceso de tributación contrario a los principios constitucionales de capacidad económica y no confiscatoriedad (art. 31.1 CE).

El Tribunal limita las situaciones susceptibles de ser revisadas exclusivamente a aquellas que no hayan adquirido firmeza a la fecha de su publicación.

La parte dispositiva de la sentencia tiene el siguiente contenido: «En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, por la autoridad que le confiere la Constitución de la Nación Española ha decidido «estimar la cuestión de inconstitucionalidad núm. 1020-2019, promovida por el Juzgado Contencioso-administrativo número 32 de Madrid y, en consecuencia, ha declarado que el art. 107.4 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado el 5 de marzo de 2004, es inconstitucional con el alcance previsto en el Fundamento jurídico quinto a).

A la espera de que se publique la sentencia en su totalidad, lo que el Alto Tribunal viene a certificar es la prohibición del carácter confiscatorio de este tributo y confirma lo obvio desde el sentido común: que aún cuando se haya obtenido una ganancia en la venta posterior del inmueble, si como consecuencia del impuesto se paga más que esa ganancia, ese resultado es inconstitucional.

Una vez conocida la letra pequeña de la sentencia, en cuanto al razonamiento que contenga sobre la regla de cálculo que se utiliza por los Ayuntamientos, se asentará lo que hasta ahora venía sucediendo, que se tribute más que lo que se ha ganado en la venta.

Tras esta sentencia, al legislador estatal no le va a quedar otra opción que cumplir con el mandato del Tribunal Constitucional en cuanto a llevar a cabo una nueva regulación de este impuesto, mandato que sí han cumplido las Haciendas Autonómicas.

San José vende a Merlin el 14,46% de la Operación Chamartín por 169 millones

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Grupo Empresarial San José (GESJ) y sus sociedades filiales Constructora San Jose S.A. y Desarrollos Urbanísticos Udra S.A. han formalizado un acuerdo con Merlin Properties Socimi, S.A. para la transmisión de acciones representativas del 14,46% del capital de la sociedad Distrito Castellana Norte S.A., sociedad propietaria de los derechos sobre los terrenos que integran el desarrollo urbanístico denominado Madrid Nuevo Norte, la conocida de manera generalizada como Operación Chamartín.

Desarrollos Urbanísticos Udra, en su condición de sociedad propietaria directa de las acciones de Distrito Castellana Norte, continuará siendo titular de acciones que representan el 10% del capital de esta sociedad.

De acuerdo con los estatutos de Distrito Castellana Norte, el otro accionista de esta sociedad dispone de un derecho de retracto sobre las acciones vendidas, que podrá ejercitar en el plazo de quince días desde la comunicación de la transmisión, que ha tenido lugar hoy.

La contraprestación por la venta de las acciones de Distrito Castellana Norte ha consistido en un pago en metálico de 168.892.800 euros y en un préstamo otorgado por la sociedad compradora, avalado por GESJ y Constructora San José.

Dicha contraprestación ha permitido a GESJ y Constructora San Jose (mediante los correspondientes préstamos intra grupo) amortizar en su totalidad el endeudamiento financiero que traía causa del contrato de refinanciación de abril de 2009 y novado en diciembre de 2014.

En particular, Constructora San Jose ha amortizado íntegramente el préstamo que un conjunto de entidades financieras le tenían concedido, cuyo saldo vivo a esta fecha ascendía a 176.959.678,94 euros, y GESJ ha amortizado el préstamo por importe de 100 millones de euros de principal que se encontraba representado mediante warrants convertibles.

Como consecuencia de este último pago, los warrants convertibles han quedado cancelados, y el acuerdo de ampliación de capital adoptado en junio de 2015 para atender la conversión de estos warrants ha quedado sin efecto.

La entrada de Merlin en Madrid Nuevo Norte se produce después de fracasar las negociaciones mantenidas con BBVA, el otro socio del proyecto urbanístico. Durante meses negociaron un acuerdo por el que la entidad financiera se desprendería del control del proyecto a cambio de entrar en el capital de la socimi.

Merlin ofrecía al BBVA intercambiar las 700 oficinas de su propiedad que tiene alquiladas al banco a cambio de los derechos de explotación de la Operación Chamartín, pero a finales de septiembre las negociaciones se rompieron definitivamente.

ALTING presenta su nuevo edificio en Madrid rehabilitado por Ortiz León Arquitectos

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ALTING Grupo Inmobiliario, compañía patrimonialista especializada en la inversión y gestión de activos inmobiliarios prime, ha encargado a las consultoras inmobiliarias Savills Aguirre Newman y CBRE Real Estate la comercialización del edificio Ruiz de Alarcón 5, ubicado en la homónima calle de Madrid.

El activo inmobiliario de 5.548 m², está distribuido en siete plantas, con capacidad para albergar más de 500 puestos de trabajo, además de contar con una gran terraza con capacidad para más de cien personas con unas impresionantes vistas panorámicas de Madrid.

El edificio, que data originalmente de 1905 y se localiza en el Barrio de los Jerónimos, ha sido sometido a un exhaustivo trabajo de modernización y reinterpretación de los espacios, atendiendo a los máximos estándares de calidad y sostenibilidad (certificación LEED ® Gold Core & Shell).

Ruiz de Alarcón 5 cuenta con todas las características para ofrecer al usuario unos espacios flexibles y funcionales capaz de adaptarse a las necesidades requeridas por cualquier tipología de compañía, contando como valor diferencial la estratégica ubicación en la que se emplaza, en el centro de la ciudad de Madrid, lo que le confiere excelentes conexiones con el centro urbano y con el extrarradio, mediante infraestructuras de transporte públicas, aeroportuarias, viales y ferroviarias.

Excelentes calidades

Ruíz de Alarcón 5 está compuesto por siete plantas exteriores en chaflán, lo que junto con el amplio patio interior proporciona a todas ellas una gran fuente de luz natural. Entre las características interiores más destacadas se encuentran los altos techos con las molduras originales restauradas y la utilización de carpinterías de madera noble, como parte de la rehabilitación de un inmueble de catalogación integral que ha corrido a cargo de Ortiz León Arquitectos, cuyo proyecto se ha basado principalmente en la combinación de los elementos originales junto a las nuevas soluciones y materiales más vanguardistas del mercado.

La planta baja, destinada íntegramente a espacios de oficinas, cuenta con un lucernario en la parte central, desde la que se accede a través de los tres ascensores con los que cuenta el edificio, siendo uno de ellos el histórico original.

El activo, cuenta con una zona de aparcamiento para bicicletas y vestuarios para los empleados.

El edificio dispone de terraza, restaurada en su totalidad, y concebida como un espacio al aire libre con excelentes vistas al Barrio de los Jerónimos, que alberga los museos de la capital española más internacionales, el parque del Retiro, así como otros monumentos icónicos de la ciudad.

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