La actividad de los órganos judiciales sufrió un importantísimo descenso durante el segundo trimestre de 2020, el más afectado por la situación sanitaria causada por el COVID-19.

La suspensión de los plazos procesales como consecuencia de la declaración del estado de alarma el 14 de marzo supuso la completa paralización de la actividad jurisdiccional en toda España, a excepción de los servicios esenciales, y la desescalada se realizó en distintas fases, de forma paulatina y escalonada.

La necesidad de adoptar medidas de seguridad e higiene en los órganos judiciales, las vacaciones de verano y la persistencia de la incidencia de la pandemia hicieron que el segundo trimestre del año tenga unas características de disminución de todos los indicadores tan diferentes a las de cualquier otro periodo anterior que es imposible extraer conclusiones de los datos que se presentan, por lo que se aconseja tomar con cautela las variaciones interanuales.

Las medidas asociadas al estado de alarma a consecuencia del COVID tuvieron un profundo efecto en la actividad de los órganos judiciales durante el segundo trimestre de 2020.

El mayor impacto se observó en los lanzamientos. El número de lanzamientos practicados en el segundo trimestre de 2020 (1.383) fue un 90,6% inferior al del mismo trimestre de 2019, según el informe «Efectos de la crisis económica en los órganos judiciales» que la Sección de Estadística del Consejo General del Poder Judicial ha publicado.

El 73,2% de los lanzamientos (1.013) fue consecuencia de procedimientos derivados de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), mientras que 300 (el 21,7%) se derivaron de ejecuciones hipotecarias y los 70 restantes obedecieron a otras causas.

La disminución interanual de los lanzamientos derivados de ejecuciones hipotecarias fue del 92,1%, y ya van 20 trimestres consecutivos de disminuciones; los derivados de la Ley de Arrendamientos Urbanos disminuyeron un 89,8%, siendo el quinto trimestre en el que se observan reducciones interanuales.

Andalucía (con 275, el 19,9% del total nacional) es la Comunidad Autónoma en la que se practicaron más lanzamientos en el este trimestre, seguida por la Comunidad Valenciana (con 195), Cataluña (con 148) y Castilla y León (con 126).

Atendiendo solo a los lanzamientos consecuencia de procedimientos derivados de la LAU, en el primer lugar aparece también Andalucía, con 172, lo que equivale al 17 por ciento del total; le siguen la Comunidad Valenciana (131); Cataluña (119) y Castilla y León y Madrid (101 cada una). En cuanto a los derivados de ejecuciones hipotecarias, Andalucía, con 91, encabeza el ranking, seguida de la Comunidad Valenciana, con 57, y de Cataluña, con 21.

El informe incluye también el número de lanzamientos solicitados a los servicios comunes de notificaciones y embargos, aunque con la advertencia de que este servicio no existe en todos los partidos judiciales, por lo que el dato permite medir la evolución pero no indica los valores absolutos. Además, el hecho de que un lanzamiento sea solicitado al servicio común no supone que éste lo haya ejecutado.

Con estas premisas, los datos disponibles reflejan que el número de lanzamientos solicitados a los servicios comunes en el segundo trimestre de 2020 fue de 6.953, un 62,6% menos que en mismo trimestre de 2019. De ellos, 947 terminaron con cumplimiento positivo, lo que representa un decremento interanual del 91,3%.

En el trimestre analizado se presentaron 3.387 ejecuciones hipotecarias, un 12,2% menos que en el primer trimestre de 2019. El mayor número se dio en Cataluña, con 826 (el 24,4% del total nacional), seguida de la Comunidad Valenciana, con 659; Andalucía, 588; y Murcia, 273.

El número de concursos presentados entre el 1 de abril y el 30 de junio, contabilizando los presentados en los juzgados de lo Mercantil y los de personas físicas registrados en los juzgados de primera instancia y de primera instancia e instrucción, fue de 2.305, de los que 1.176 correspondieron a personas físicas no empresarios.

Es el primer trimestre en el que los concursos de personas físicas superan a los concursos presentados en los juzgados de lo Mercantil. El total de concursos ha mostrado una reducción del 22,7% respecto al segundo trimestre de 2019.

En los juzgados de lo Mercantil se han presentado 1.129 concursos, un 34,7% menos que en el segundo trimestre de 2019. Como en trimestres anteriores, Cataluña ha sido la comunidad donde se registraron más concursos en los juzgados de lo Mercantil: 417, lo que supone el 36,9% del total. Le siguieron Madrid, 163; la Comunidad Valenciana, 145; y Andalucía, con 110.

Los concursos presentados por personas físicas en los juzgados de primera instancia y de primera instancia e instrucción (1.176) mostraron una disminución interanual del 6,2%. Cataluña fue el territorio con más concursos presentados (389, el 33,1% del total nacional). Le siguieron la Comunidad Valenciana y Madrid, con 143; y Andalucía, con 138.

El número de concursos declarados en el segundo trimestre de 2020 en los juzgados de lo Mercantil fue de 708, con una reducción del 31,5% respecto al mismo periodo de 2019. A esta cifra se añaden los 278 concursos declarados y concluidos al amparo del artículo 176 bis 4 de la Ley Concursal.

En el segundo trimestre de 2020 llegaron a la fase de convenio un total de 48 concursos, mientras que iniciaron la fase de liquidación 435, un 41,6% menos que en el mismo periodo de 2019.

Respecto a los expedientes del artículo 64 de la Ley Concursal, relativo a la modificación sustancial de las condiciones de trabajo de carácter colectivo (ERE), se han presentado 108 expedientes, un 14,3% menos que en el mismo trimestre del año anterior.

En los juzgados de lo Mercantil se han admitido a trámite 35 concursos consecutivos, 24 de ellos en Cataluña. Se han declarado 201 concursos consecutivos, 132 de ellos en Cataluña; y se han declarado y concluido por el art.176 bis un total de 22.

Las demandas por despido disminuyen un 2,6%

En el segundo trimestre de 2020 se presentaron 27.401 demandas por despido, un 2,6% menos que en igual trimestre de 2019. Madrid, con 5.982 (el 21,8% del total nacional), ha sido la comunidad en la que se presentaron más demandas de este tipo. Le siguen Cataluña, con 5.316; Andalucía, con 3.734, y la Comunidad Valenciana, con 3.273.

El número de demandas por reclamaciones de cantidad registradas en los juzgados de lo Social, 21.297, ha sido un 36,7% inferior a las presentadas en el segundo trimestre de 2019. De ellas, 4.212 se presentaron en Andalucía, el 19,8 por cien del total; 3.693 en Madrid; 2.077 en Cataluña y 2.036 en la Comunidad Valenciana.

Los procedimientos monitorios cayeron un 23%

En el segundo trimestre de 2020 se han presentado en los Juzgados de primera instancia y de primera instancia e instrucción 133.351 procedimientos monitorios, lo que supone una disminución interanual del 23%.

Como en trimestres anteriores, la mayor utilización de este tipo de procedimiento se ha dado en Andalucía, con 28.706: le han seguido la Comunidad Valenciana, 18.453; Cataluña, 16.727; y Madrid, 14.049.

Los monitorios europeos, que venían mostrando incrementos interanuales muy importantes desde 2018, han tenido una disminución del 78,8% en este trimestre. Se presentaron un total de 1.358, de los cuales 292 en la Comunidad Valenciana; 281 en Madrid; y 186 en Galicia.

El procedimiento monitorio sirve para reclamar deudas dinerarias líquidas, determinadas, vencidas y exigibles, e incluyen las cantidades debidas en concepto de gastos comunes de comunidades de propietarios de inmuebles urbanos.

En el segundo trimestre de 2020 han ingresado en los juzgados especializados 45.988 asuntos de esta naturaleza; se han resuelto 17.617, quedando en tramitación 262.527. Se han dictado 13.161 sentencias, el 97,8% de las cuales fueron estimatorias. El importante incremento en el ingreso, y en consecuencia en la pendencia, se debe a la Comunidad de Madrid, que ha reflejado el ingreso de 27.555 asuntos, correspondiendo la mayor parte de ellos a asuntos pendientes de registrar.

Verbales posesorios por ocupación ilegal de viviendas

La Ley 5/2018, de 11 de junio, de modificación de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, en relación a la ocupación ilegal de viviendas ha modificado el artículo 250.1.4º de la Ley de enjuiciamiento Civil. Desde el tercer trimestre de 2018 se dispone de información estadística de los juicios verbales posesorios por ocupación ilegal de viviendas para los casos en los que los propietarios sean personas físicas, entidades sin ánimo de lucro, o entidades públicas poseedoras de vivienda social.

En el segundo trimestre de 2020 ingresaron 757, un 20,6% menos que en el mismo trimestre de 2019, y se resolvieron 449. En Andalucía se ha presentado el mayor número de demandas (236, que representan el 31,2 por ciento del total nacional). Le siguen Cataluña, con 141; Comunidad Valenciana, con 88, y Madrid, con 80.