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El Gobierno amplía hasta enero la suspensión de desahuciar a familias vulnerables

El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto-ley sobre medidas sociales en defensa del empleo. En primer lugar, se incluye la extensión de determinadas medidas de «escudo social» de los arrendatarios de vivienda en situación de vulnerabilidad, que fueron recogidas en el Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptaron medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19.

De esta forma, con la aprobación de este Real Decreto-ley se amplía hasta el 31 de enero de 2021 el plazo máximo de suspensión del procedimiento de desahucio y de los lanzamientos para hogares vulnerables sin alternativa habitacional.

Esta medida favorece la posibilidad de actuación de los servicios sociales teniendo en cuenta que persiste una difícil situación para muchos hogares que pueden estar en riesgo de perder su vivienda y, todo ello, en sintonía con la extensión de otras medidas de protección social en el ámbito económico y laboral.

En segundo lugar, se extiende también hasta el 31 de enero de 2021 la posibilidad de solicitar la moratoria o condonación parcial de la renta, cuando el arrendador sea un gran tenedor o entidad pública, en los términos establecidos en el referido Real Decreto-ley 11/2020.

Se trata de atender determinadas situaciones de vulnerabilidad que puedan producirse más allá del 30 de septiembre, actual fecha de finalización del referido plazo, y como consecuencia de la situación derivada de la evolución de la pandemia. Es una medida que no afecta a los pequeños propietarios de vivienda.

Además, el nuevo Real Decreto-ley amplía hasta esa misma fecha del 31 de enero de 2021 los contratos de arrendamiento de vivienda que pueden acogerse a la prórroga extraordinaria de seis meses, en los mismos términos y condiciones del contrato en vigor, siempre que no se hubiese llegado a un acuerdo distinto entre las partes y que el propietario, persona física, no hubiese comunicado la necesidad de la vivienda para sí, en cumplimiento de los plazos y condiciones establecidos en el artículo 9.3 de la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos.

Murcia recomienda mantener activos los suministros de la vivienda para prevenir la okupación

La Consejería de Fomento e Infraestructuras del Gobierno de la Región de Murcia recomienda a los propietarios mantener activos los suministros básicos en sus viviendas para que puedan prevenir su okupación al acreditar que es morada, que es el término jurídico que permite a la policía poder intervenir.

Además, lo pueden utilizar para defenderse legalmente ante una posible usurpación o allanamiento de las segundas residencias.

Se incorpora así la aportación de la empresa Iberdrola al ‘Manual de Buenas Prácticas para propietarios’ que está elaborando la Comunidad Autónoma para la prevención de casos de okupación en la Región de Murcia.

Así lo ha explicado el consejero José Ramón Díez de Revenga, tras la reunión celebrada con los representantes de Iberdrola, de la que destacó la predisposición de la empresa para intercambiar información con la Administración regional para acabar con estas prácticas ilegales.

El responsable regional se refirió a los «puenteos» de la electricidad que, «además de ser un robo de suministro penado por la ley, conllevan múltiples problemas de seguridad como incendios o cortes de suministros a bloques completos».

«Las prácticas ilegales que realizan los okupas en cuanto a los pirateos de suministros atentan contra la seguridad de ellos mismos y el resto de vecindario», declaró el consejero.

Insistió en la postura del Ejecutivo regional de poner en marcha los mecanismos que sean precisos para disuadir a estas mafias, «porque no es sólo un atentado contra la propiedad privada sino además son focos de delincuencia, de conflictividad social y de degradación de bloques y barrios».

Los responsables murcianos de Fomento también se han comprometido a estudiar la cobertura legal para que los cerrajeros puedan comprobar la propiedad de la vivienda cuando les soliciten un trabajo y así prevenir situaciones de okupación.

Así, el Ejecutivo regional responde a la petición realizada por el presidente de la Gremio de Cerrajería de la Región de Murcia, Francisco Martínez, y el secretario de Fremm, Andrés Sánchez durante unareunión mantenida con el consejero Díez de Revenga.

«Nos hemos comprometido a buscar la fórmula legal para comprobar que la persona que les está llamando para cambiar una cerradura realmente es un usuario legal, está de alquiler o es legítimo propietario de la vivienda», comentaba el consejero.

Sevilla convierte Emvisesa en el eje del proceso de reactivación económica de la ciudad

El consejo de administración de la Empresa Municipal de Vivienda, presidido por el alcalde de Sevilla, Juan Espadas, ha aprobado el cambio en los estatutos de Emvisesa que tiene como objetivo reforzar a la sociedad pública y consolidarla como uno de los principales agentes inversores en la ciudad dentro del proceso de reactivación económica.

La sociedad, que está en plena ejecución del Plan Municipal de la Vivienda, con nuevas promociones, campañas de adquisición y proyectos de rehabilitación, tendrá además una mayor capacidad de ejecutar actuaciones de distinto tipo coordinadas por el Ayuntamiento y encargadas con una planificación y la correspondiente aportación presupuestaria.

Con la ampliación de los estatutos sociales, la empresa municipal de vivienda asume la posibilidad de recibir encargos del Ayuntamiento y sus organismos municipales para la «redacción y ejecución de proyectos de obra de reparación simple, conservación o mantenimiento de la vía pública; equipamientos; infraestructuras y edificios de titularidad municipal siempre a través de encargos concretos por parte del Ayuntamiento». Así, la empresa municipal podrá asumir funciones de dirección, supervisión, control y coordinación de estos encargos.

Emvisesa durante los últimos años ha venido compatibilizando la gestión del parque público de viviendas, los proyectos de promoción y rehabilitación y las medidas de intervención social con la colaboración en proyectos estratégicos de la ciudad como la rehabilitación de las naves de Renfe como centro de innovación a través del Plan Edusi o la redacción de proyectos de mejora en los mercados de abastos. Con este cambio se refuerza este papel de la empresa municipal dentro de la estrategia de reactivación de la ciudad.

La propuesta ha sido aprobada con los votos a favor de Adelante y Vox y la abstención del grupo político Ciudadanos. A continuación se llevará a la próxima junta general de accionistas para su aprobación definitiva. La propuesta cuenta con todos los informes favorables económicos y jurídicos.

«Cuando en 2015 empezó este gobierno, Emvisesa estaba al borde de su disolución por dejadez de la anterior Corporación y la ausencia completa de iniciativa. Se encontraba sin ningún proyecto en marcha y paralizada. En estos cinco años no sólo ha recuperado su papel motor en las políticas de vivienda con un ambicioso plan municipal para los próximos años sino que además vamos a aprovechar al máximo el potencial de esta sociedad para que tenga un papel estratégico en la reactivación económica», ha apuntado la delegada de Patrimonio, Carmen Fuentes.

En los últimos cinco años, Emvisesa ha adjudicado 1.120 viviendas protegidas y ha conseguido ampliar el parque público a través de la compra y alquiler de pisos vacíos así como con operaciones como la permuta del suelo de Ramón Carande. Tras firmar el convenio con el BEI y el ICO este año está programado el inicio de las primeras VPO de nueva construcción del plan municipal de las cuales 496 se encuentran ya en distintas fases de tramitación en un total de ocho promociones distintas.

La modificación del Plan General Metropolitano de Barcelona no ha supuesto ninguna mejora en su parque de vivienda

La Asociación de Promotores y Constructores de Edificios de Cataluña (APCE), la Cámara de la Propiedad Urbana de Barcelona, el Colegio de Administradores de Fincas de Barcelona y Lleida, el Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Barcelona, y la Asociación de Agentes Inmobiliarios de Cataluña quieren resaltar que, después de dos años desde que el pleno del Ayuntamiento de Barcelona aprobó la modificación del Plan General Metropolitano para la obtención de vivienda de protección pública en suelo urbano consolidado promovida por el Ayuntamiento de Barcelona, esta normativa no ha supuesto ninguna mejora en el parque público de vivienda de la ciudad.

Desde que se aprobó la modificación del PGM, no se han hecho públicos datos de solicitud de licencias de obra en Barcelona que incorporen la reserva del 30%. Unos datos que entidades del sector hemos pedido en reiteradas ocasiones al Ayuntamiento de Barcelona, sin conseguir ninguna respuesta. Del mismo modo, estas entidades también quieren denunciar que en estos dos años de vigencia de la normativa no se ha reunido nunca la Comisión de seguimiento y evaluación de la implementación de la MPGM para la obtención de vivienda de protección publicar al suelo urbano consolidado e impulso de nuevas medidas para ampliar la vivienda asequible de alquiler en Barcelona.

Las entidades firmantes reiteran las connotaciones negativas que esta regulación está teniendo sobre el mercado de la vivienda en Barcelona, y quiere recordar algunos de los efectos adversos que la modificación del PGM está produciendo:

1. Consecuencias económicas negativas: recordamos que el gobierno municipal justificó la nueva normativa en una situación de emergencia habitacional en la ciudad y en un contexto de incremento de precios de venta y alquiler, pero sin tener en cuenta que en Barcelona no se dispone de suelo (la memoria del documento de planeamiento expone que hay en suelo urbano consolidado 1.073 solares pendientes de edificación, de los cuales 187 son propiedad municipal). También olvidó la ausencia de políticas de vivienda social en todo el Estado, y la propia inactividad municipal en la materia. La misma memoria de la modificación del PGM indica que el Ayuntamiento de Barcelona es titular de 187 solares con capacidad por cerca de 7.000 viviendas, mayoritariamente de VPO, procedentes de cesiones de aprovechamiento de la ejecución en suelos urbanizables y urbanos no consolidados, como es el caso de la Marina del Prat Vermell y de los Cuarteles de San Andreu, que suman suelo para VPO por 60.000 m2, en manos del Ayuntamiento desde 2011 y todavía pendientes de edificar.

2. Reducción del valor del suelo y de las edificaciones existente: la valoración del patrimonio urbano afectado -solares y edificios- desde la entrada en vigor de la Modificación tiene una disminución en torno al 26% de media

3. Los efectos más negativos se están dando en la rehabilitación del parque edificado: la normativa obliga al 30% de VPO en las obras de gran rehabilitación en edificios de más de 600 m2, entendiendo por gran rehabilitación la ejecución simultánea o sucesiva de obras de reforma o rehabilitación que tengan un coste igual o superior al 50% del valor de una construcción de nueva planta de características similares y con el mismo techo que la edificación existente. El análisis de operaciones concretas de rehabilitación integral de edificios existentes muestra que la nueva normativa comporta que la rehabilitación deja de ser viable tanto para la propiedad vertical como para la horizontal; situación que preocupa especialmente a los administradores de fincas. La nueva normativa tiene efectos sobre el tejido urbano, al hacer inviable económicamente la rehabilitación.

Las entidades antes mencionadas consideran que las grandes tensiones que registra el acceso a la vivienda para una gran parte de las familias tienen su origen en el grave desequilibrio entre una oferta muy reducida respecto de una demanda creciente, y la ausencia de políticas públicas muy diseñadas y dotadas económicamente, así como de una parálisis de la gestión de las administraciones públicas con los escasos recursos de que disponen. También quieren recordar que, según datos del Plan Territorial Sectorial de vivienda, el Ámbito Metropolitano de Barcelona tiene un potencial de reservas de suelo para construir más de 73.000 viviendas de protección oficial: movilizar estas reservas es imprescindible para incrementar la oferta de vivienda asequible.

Capacidad de gestión, coordinación entre administraciones y recursos económicos es lo que se necesita para disponer de un mercado estable que facilite el acceso a la vivienda de las familias, y no la continua reforma normativa que crea inseguridad jurídica e imposibilita la planificación y no da ningún resultado positivo.

Asociación de Promotores y Constructores de Edificios de Catalunya

Cámara de la Propiedad Urbana de Barcelona

Colegio de Administradores de Fincas de Barcelona y Lleida

Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria (COAPI) de Barcelona y Asociación de Agentes Inmobiliarios de Catalunya (AIC).

El sector de la construcción carece de la capacidad digital para hacer frente a los requisitos de una ciudad inteligente

Un estudio llevado a cabo por Finalcad en varios países revela que el 97 % de las empresas de construcción consideran que trabajar de manera colaborativa plantea un reto.

Finalcad, líder en soluciones de software para el sector de la construcción, ha publicado los resultados del estudio que ha llevado a cabo con la colaboración de 400 líderes de la construcción en Francia, España, Singapur y Japón. El estudio analiza el futuro de la digitalización en el sector. Casi la mitad (47 %) de los encuestados cree que el sector de la construcción no cuenta con la capacidad digital necesaria para hacer frente a las demandas de una ciudad inteligente (‘smart city’), lo cual resulta pertinente puesto que el desarrollo inteligente o ‘smart’ continúa cobrando fuerza en todo el mundo. Por ejemplo, pensando ya en los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de París de 2024, el gobierno francés ha indicado que las nuevas instalaciones y los nuevos edificios que se emplearán deberán ser sostenibles y ‘smart’. Para cubrir esta demanda, las empresas de construcción tienen que reducir la brecha digital y, dado el impacto que la COVID-19 aún tiene en el sector, deben acelerar ahora la transformación digital o se arriesgan a perder oportunidades clave para generar ingresos en el futuro.

Todo apunta a que existe una cierta disposición en el sector para hacer frente al reto, dado que un 95 % de los encuestados afirmó que su empresa estaba ‘preparada hasta cierto punto’ para la recopilación de big data y la adopción de las tecnologías digitales. No obstante, aún hay que superar obstáculos. Un 68 % mencionó que el no poder recopilar datos en tiempo real era uno de los principales retos en relación con el desarrollo inteligente. Más de un cuarto (28 %) de los encuestados señaló que uno de los retos es la incapacidad para crear una huella digital de un edificio o activo. Superar estos escollos será crucial para el desarrollo inteligente y también para la construcción respetuosa con el medioambiente. La Comisión Europea, por ejemplo, presentará a finales de 2020 un nuevo marco, Level(s), para adoptar un nuevo enfoque en lo que respecta a la construcción de inmuebles sostenibles. Level(s) anima a constructores, arquitectos y a las autoridades a pensar en el ciclo de vida útil de un edificio, desde la compra de materiales hasta la eventual demolición y reciclado de dichos materiales. Sin embargo, el estudio destaca que las empresas de construcción no están preparadas para este tipo de planteamientos en la actualidad. Muchas no pueden registrar y compartir datos sobre la procedencia de los materiales (32 %) o sobre el porcentaje de residuos de una obra que se reciclan (42 %).

«La COVID-19 ha afectado gravemente al sector de la construcción y los ingresos de las empresas se han llevado la peor parte», indica Franck Le Tendre, CEO de Finalcad. «Sabemos por nuestro estudio que los márgenes de beneficios estaban ya de media en el 2 % antes de la COVID-19. Aunque no cabe duda de que este es un reto considerable para el sector, también representa una oportunidad para que las empresas de construcción den el paso hacia la digitalización y se preparen para el futuro. Al darle prioridad ahora a la digitalización serán capaces de sacar provecho de tendencias futuras como las ciudades inteligentes y la construcción ecológica. Esto les permitirá desempeñar su papel a la hora de crear un futuro más sostenible además de tener acceso a nuevas fuentes de ingresos que resultarán fundamentales para la recuperación a largo plazo».

El estudio también reveló que la brecha de destrezas digitales es un obstáculo para la transformación digital para la mayoría de las empresas de construcción. Un 96 % de los encuestados siente que su personal carece hasta cierto punto de las destrezas necesarias para utilizar herramientas digitales y aplicaciones. Para superar este reto, las empresas de construcción deben invertir en soluciones intuitivas que se centren sobre todo en la experiencia del usuario y la facilidad de uso. Esto garantizará que todos los trabajadores, independientemente de su nivel de destrezas existente, puedan usar las nuevas herramientas. Al promover la adopción de este tipo de herramientas digitales, la digitalización se acelera y la productividad, eficiencia y colaboración mejoran en todos los proyectos. Impulsar este cambio es especialmente importante si tenemos en cuenta que el 97 % de los líderes del sector de la construcción admite que es un reto trabajar de forma colaborativa y compartir información de forma sencilla.

«Reducir la brecha de destrezas digitales será clave a la hora de apoyar una colaboración y una comunicación eficaces en la construcción», añade Franck Le Tendre. «Esto también será esencial para recuperarse de la disrupción provocada por la COVID-19, que ha cambiado por entero el modo en el que las empresas pueden operar tanto dentro como fuera de la obra. Crear un espacio digital de trabajo permitirá a las empresas del sector sentar las bases de un éxito futuro. Además, un entorno de trabajo digital resulta mucho más atractivo para una generación de trabajadores más jóvenes y no olvidemos que para 2025, se calcula que el 75 % de los profesionales serán milenials. Este enfoque permitirá a las empresas desempeñar un papel en las tendencias futuras y en las oportunidades de ingresos en la era pos-COVID-19».

El estudio de líderes 2020 de Finalcad: Parte dos: Un futuro digital para una construcción global es la segunda de una serie compuesta por dos partes que analiza la digitalización en el sector de la construcción. Si desea consultar todos los resultados y descargar el informe, puede hacer clic aquí.

*La encuesta se realizó entre los meses de febrero y marzo de 2020; encargada por Finalcad y llevada a cabo por Coleman Parks, empresa independiente de estudios de mercado. El tamaño total de la muestra fue de 400 profesionales, de los que 200 eran directores/jefes de obra en una media de 10 obras y 200 eran directores/gerentes en oficinas. Los encuestados que trabajan en obra eran los máximos responsables del proyecto a ese nivel. Los encuestados que trabajan en oficina eran directores de la unidad de negocio con responsabilidad en la construcción. Véase sección ‘Demográfica’ para obtener más detalles. Los encuestados trabajan para empresas de construcción residencial y comercial con ingresos superiores a 51 millones de dólares al año en Francia, España, Singapur y Japón.

La puesta en el mercado de sólo unas 20 mil viviendas a precios asequibles es insuficiente

Así ha valorado Lola Alcover, secretaria del Consejo General de los Colegios Oficiales de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de España la iniciativa del Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana de activar un Plan de Vivienda en el que se pretende poner en el mercado 20.800 viviendas a precios asequibles.

«Tenemos que evitar seguir siendo el furgón de cola de Europa en esta materia», afirma Lola Alcover, secretaria del Consejo General de los Colegios Oficiales de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de España tras valorar la iniciativa del Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana de activar un Plan de Vivienda en el que se pretende poner en el mercado 20.800 inmuebles a precios asequibles.

Alcover ha valorado esta iniciativa como «insuficiente» y, aunque considera que puede ser un primer paso adelante, «no nos podemos quedar ahí, porque entonces seguiremos siendo el furgón de cola de Europa en esta materia».

Actualmente, en España, sólo un 2,5% del parque residencial está en manos de la administración, un porcentaje muy alejado del 17% francés, del 24% austríaco o del 30% danés y neerlandés, según datos publicados por la oficina estadística Eurostat.

Ley de Alquiler en Cataluña: «Una medida intervencionista»

Alcover también ha opinado sobre la nueva Ley de Alquiler en Cataluña, que limita los precios en zonas situadas en las grandes urbes, y ha considerado que se trata de una «medida intervencionista». Además, indica que «no solucionará el problema de fondo», pese a que esta ley afectará solamente a los municipios de más de 20.000 habitantes.

En este sentido, la secretaria del Consejo General de los Colegios Oficiales de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de España ha indicado que la clave «está en aunar fuerzas entre lo público y lo privado» para adoptar medidas eficaces que «reviertan y solucionen los problemas y no que los terminen agravando en el largo plazo».

En Cataluña la situación es la siguiente: las rentas del alquiler han quedado bloqueadas en los nuevos contratos de arrendamiento de vivienda habitual que se hayan firmado a partir del 22 de septiembre pasado en las 60 mayores ciudades catalanas. De esta manera, los propietarios no pueden incrementar las rentas que pagaba el anterior inquilino o tienen que bajarla si superaba el precio medio de la zona que recoge el Índice de Precios de la Generalitat.

PATRIZIA adquiere un proyecto residencial llave en mano en  Barcelona a Metropolitan House

Comprende una superficie de aproximadamente 26.000 metros cuadrados en el municipio de Sant Joan Despí, destinados a cuatro edificios con 208 viviendas y locales comerciales.

Con esta adquisición, la cartera de activos residenciales de PATRIZIA en España supera los 200 millones de euros.

PATRIZIA AG, socio líder en activos inmobiliarios globales, ha adquirido un proyecto residencial ‘llave en mano’ en el municipio de Sant Joan Despí (Barcelona) a la promotora española Metropolitan House por 74 millones de euros.

Con una superficie edificable de 26.000 metros cuadrados, el proyecto integrará 208 viviendas y locales comerciales. El vendedor, que aporta los terrenos y que gestionará la construcción, el alquiler y el mantenimiento del proyecto, prevé completarlo en el tercer trimestre de 2022.

Eduardo de Roda, Country Manager de PATRIZIA en Iberia, ha afirmado que «esta adquisición refuerza aún más nuestra sólida posición en el mercado español y avala nuestro amplio conocimiento local y la capacidad de nuestro equipo para originar operaciones que generen importantes retornos a nuestros inversores».

Para Rafael Angulo, presidente de Metropolitan House, «esta operación constituye un hito en la historia de nuestra empresa, porque accedemos al mercado de alquiler, dando solución a la creciente demanda en el área metropolitana de Barcelona, además de iniciar una línea de colaboración con inversores institucionales con vocación de continuidad. Con esta alianza ampliamos nuestra capacidad gestora y nos consolidamos como líderes en Barcelona y un referente nacional en residencial».

La cartera de activos de PATRIZIA en España y Portugal asciende a más de 1.300 millones de euros, de los cuales el segmento residencial representa un 15% y abarca 38.742 metros cuadrados.

Desde su fundación, PATRIZIA ha sido muy activo en el segmento residencial. La firma cuenta actualmente con fondos y mandatos residenciales por valor de 11.500 millones de dólares, y, solo en los 6 últimos años, ha protagonizado operaciones en el segmento valoradas en 12.000 millones de euros. Incluyendo todos los segmentos, PATRIZIA gestionó operaciones por valor de 9.000 millones de euros en 2019: una prueba de su capacidad de generación de oportunidades para su base de clientes global.

Con esta operación inmobiliaria en Sant Joan Despí (Barcelona), Metropolitan House supera las 500 unidades desarrolladas anualmente. Metropolitan House lideró en esta localidad el desarrollo y reordenación del nuevo barrio residencial creado junto a la Ciudad Deportiva del Fútbol Club Barcelona. En esta misma zona y proximidades la empresa ha entregado hasta la fecha 407 viviendas protegidas y libres, tiene 110 actualmente en finalización y otras 64 unidades recientemente iniciadas, que se añadirán a las 208 viviendas comprometidas con Patrizia. La totalidad del parque de viviendas en la zona, 789 unidades, se encuentran vendidas.

En la operación han intervenido como asesores legales KPMG por parte de PATRIZIA y Garrigues por la de Metropolitan House. Santiago Minguez ha intervenido como asesor financiero de la operación.

Sistema de vivienda protegida industrializada de consumo energético casi nulo en Andalucía

La vivienda protegida del futuro se construirá bajo un sello verde que reduzca a la mínima expresión el consumo energético y las emisiones. La Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio, a través de la Agencia de la Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA), ha iniciado un proyecto de compra pública de innovación que busca dar un paso más en la construcción de viviendas sostenibles y hacerlo de manera rápida y eficiente. Con ello, se quiere idear un sistema modular y flexible de vivienda protegida plurifamiliar, industrializada, que apenas registre consumo energético.

El desarrollo del proyecto, denominado Sistema de vivienda protegida industrializada de consumo energético casi nulo (bajo las siglas en inglés NZEISHB), aspira a disponer de los mecanismos necesarios para cumplir con la obligación que establece el Código Técnico de la Edificación, que exige a los nuevos edificios plurifamiliares disponer de instalaciones que garanticen el mínimo consumo.

El proyecto cuenta con varios objetivos como la reducción de las emisiones en las viviendas de nueva planta de un 30%, posibilitar un ahorro de hasta un 60% en el consumo de materiales y reducción de hasta un 90% en la generación de residuos. Igualmente, pretende agilizar los plazos de ejecución en la construcción entre un 30 y un 50%.

La consejera de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio, Marifrán Carazo, presidió hace unos días la apertura a la consulta preliminar al mercado de esta compra pública de innovación, donde dejó claro su compromiso y el de su departamento con esta iniciativa, que casa con la revolución verde anunciada por el presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno. Marifrán Carazo ha resaltado que este trabajo va a permitir cumplir el compromiso de la Consejería de promover actuaciones sostenibles desde el punto de vista social, medioambiental y económico.

El proyecto «va a promover un sistema de construcción que pondrá en valor la vivienda asequible, hará que los edificios se adecúen a las condiciones climatológicas de cada zona, que aguanten las altas temperaturas del verano pero también el frío del invierno, y que lo hagan consumiendo poco», ha resaltado la consejera, añadiendo que «esta iniciativa ayudará, sin duda, a reducir la pobreza energética».

Marifrán Carazo puso en valor la carga medioambiental de este proyecto, ya que «ese menor consumo energético contribuirá a reducir las emisiones de CO2 en torno a un 30%, al tiempo que con el sistema de ejecución industrializada, habrá un ahorro de materiales y se reducirá sustancialmente tanto la huella de carbono como los residuos que se generen en la construcción».

Por último, la consejera destacó las ventajas económicas que puede aportar esta nueva manera de construir, «porque el sistema industrializado busca edificar, en el menor tiempo y con la mayor calidad posible, viviendas asequibles a gran escala». «Eso supone reducción de costes y además permitirá impulsar la investigación y la industria, con el desarrollo de nuevos materiales. Y algo también fundamental: se crearán empleos», apuntó.

En esta apertura de la consulta preliminar al mercado intervinieron también la secretaria general de Vivienda, Alicia Martínez, y el director general de la Agencia, Juan Carlos del Pino, que además fue el encargado de clausurar el encuentro. La jornada contó a su vez con la participación del director del Área de Operaciones de AVRA, Antonio Berengena, y los expertos en compra pública de innovación Francisco Fernández Romero, de Cremades Calvo-Sotelo, y Carlos García Delgado, de Corporación Tecnológica de Andalucía.

Este proyecto está cofinanciado al 80% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional 2014-2020 (Feder) y forma parte del programa de Compra pública innovadora de la Junta de Andalucía que administra la Consejería de Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades.

El proyecto se alinea claramente con los objetivos del Feder para reducir los problemas socioeconómicos y medioambientales en áreas urbanas y se centra especialmente en el desarrollo urbano sostenible.

La consulta preliminar al Mercado pretende recabar ideas y soluciones innovadoras, por parte de operadores económicos y otros agentes del conocimiento, que permitan resolver las necesidades planteadas por AVRA para avanzar en el proceso de definición de la futura licitación del proyecto. La consulta se utiliza, entre otros aspectos, para determinar si las empresas actuales son capaces de satisfacer los requisitos solicitados, y si los artículos comerciales ya existentes podrían cubrir las necesidades del proyecto.

La Compra pública de innovación es una política pública destinada a hacer uso estratégico del importante volumen de contratación de las administraciones como motor de impulso para que las pymes, emprendedores y empresas realicen apuestas tecnológicas para satisfacer necesidades del sector público que no encuentran respuestas en el mercado, y para las cuales se requieren procedimientos de licitación diferentes a los ordinarios. Tiene la doble finalidad de incentivar la actividad innovadora en el sector empresarial y de contribuir a la modernización de la Administración mediante la introducción de tecnologías y procesos novedosos.

España propone a la UE medidas homogéneas con viajes seguros que relancen el turismo

La ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, ha participado en la reunión de alto nivel de representantes de Turismo de la Unión Europea (UE) convocada por la presidencia alemana del Consejo de la UE para analizar el impacto de la pandemia sobre el sector turístico y discutir los desafíos de la política turística y las decisiones a tomar para el futuro.

Maroto ha impulsado un acuerdo que dé una respuesta europea a la crisis turística en la que «la regla general ha de ser garantizar viajes seguros entre nuestros Estados» y ha abogado por «poner en marcha las medidas necesarias para hacerla efectiva». La declaración final liderada por España ha obtenido el apoyo de nueve países miembros: Austria, Croacia, Eslovenia, Francia, Grecia, Italia, Luxemburgo, Malta y Portugal.

La máxima responsable de Turismo española ha destacado la necesidad de establecer criterios homogéneos para el tratamiento de las zonas de riesgo y medidas coordinadas en el control de salida y llegada de viajeros, aportando «test mutuamente reconocidos» con el fin de «evitar las medidas indiscriminadas como cuarentenas y restricciones de viajes» y «volver a poner a Europa como destino de viajes seguros».

La ministra ha insistido en aplicar esos criterios de libre circulación de forma regionalizada, no nacional como hasta ahora, de modo que se permita el flujo de visitantes en las regiones o islas que cumplan los estándares sanitarios pactados.

Maroto ha detallado ante sus colegas el ambicioso plan de ayudas que el Gobierno de España ha implementado para apoyar al sector turístico desde que comenzó la pandemia, que ya ha movilizado más de 25.000 millones de euros dirigidos principalmente a proteger a las empresas turísticas y a sus trabajadores y trabajadoras.

Pero, la ministra ha remarcado que no es suficiente y ahora «es urgente adoptar medidas para recuperar la demanda de viajeros tanto doméstica como internacional, que está afectada por las restricciones de movilidad y por la falta de confianza».

Junto a los nuevos criterios de viajes seguros, Maroto ha insistido en la necesidad de un Plan de Choque europeo para rescatar al sector que incluya «líneas específicas de apoyo al turismo» en el nuevo presupuesto de la UE, entre ellas un Fondo Europeo de Garantías de viajes que asegure la liquidez financiera del turismo y la aviación, garantice el pago de las reclamaciones de reembolso y permita a las empresas ofrecer bonos de crédito flexibles.

«Ahora más que nunca tenemos que trabajar conjuntamente y de forma coordinada en un modelo de turismo europeo más resiliente, competitivo, seguro y sostenible que contribuya a que Europa siga siendo el principal destino turístico del mundo», ha abogado la ministra.

600 viviendas y un hospital en el solar de la antigua cárcel de Carabanchel

El proyecto para urbanizar los terrenos donde se encontraba la antigua cárcel de Carabanchel se pone en marcha después de más de una década paralizado. El Área de Gobierno de Desarrollo Urbano del Ayuntamiento de Madrid lleva a Pleno, tras su paso por la Comisión, la estimación de la iniciativa, el trámite que da el pistoletazo de salida para la gestión urbanística que permitirá dotar de una nueva vida a un ámbito con una superficie de 172.000 m2.

La vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, junto al delegado de Desarrollo Urbano, Mariano Fuentes y el concejal del distrito de Carabanchel, Álvaro González, ha visitado la zona para presentar el proyecto. «En 2008 dejó de estar la cárcel de Carabanchel en este solar que seguimos teniendo 12 años después. En lugar de un descampado, los vecinos de este distrito dispondrán de dotaciones, con espacio para un gran hospital del sur», ha indicado Villacís.

Tras la estimación de la iniciativa, se presenta también el proyecto de urbanización que, una vez aprobado, posibilitará el inicio de las obras que ejecutarán los propietarios del suelo, que, en este caso, son la Administración General del Estado, la Sociedad de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios y de la Seguridad del Estado (Siepse) y la inmobiliaria Pryconsa.

Fuentes ha recordado que uno de los objetivos de su área era recuperar proyectos olvidados y así, «tomamos la determinación de recuperar todos aquellos proyectos e iniciativas que durante años se han encontrado en un cajón. En este caso, se trata de poner en valor un espacio degradado de la ciudad. Por eso llevamos la estimación de la iniciativa para la urbanización y la puesta en carga de los terrenos de la antigua cárcel de Carabanchel, que permitirá generar nuevos espacios, nuevas zonas verdes, que representarán el 13 % de la superficie total y, en definitiva, poner en marcha un proyecto que volverá a dar vida y sentido a este espacio, con una gran dotación para equipamiento de salud», ha explicado el delegado.

Los usos del ámbito

En varias ocasiones se ha intentado impulsar el desarrollo de este espacio donde estuvo la antigua cárcel de Carabanchel sin éxito. El Plan General de Ordenación Urbana de Madrid de 1997 dispuso la creación del Área ‘Cárcel de Carabanchel’, cuyo objetivo era completar la trama residencial, implantar equipamientos singulares y permitir la conexión viaria con el entorno.

Después de una década y de varios convenios modificados con el paso del tiempo, en la actualidad el plan parcial aprobado para la zona propone la siguiente distribución de usos:

En el sureste: las manzanas residenciales, en la zona más próxima a los barrios, donde la vivienda ya está consolidada.

En el noreste: las reservas de suelo para dotación singular.

En el centro: las manzanas que se destinan a uso terciario, articulando las parcelas destinadas a equipamiento y las manzanas residenciales.

En el noroeste: las parcelas destinadas a uso dotacional. Se prevé el mantenimiento de la Comisaría y Centro de Acogida de Extranjeros y se propone una nueva reserva para alojar un equipamiento singular en la categoría de salud.

Además, la ordenación propuesta prevé la prolongación del camino de los Ingenieros, la conexión de la avenida de los Poblados con la calle Ocaña y la conexión de las calles Monseñor Óscar Romero y del Pingüino con la calle Ocaña. La distribución interior del viario permite estas conexiones incorporando una serie de glorietas perimetrales.

De los 172.000 m2 de superficie, 128.000 m2 se reservan para usos no lucrativos, esto es equipamientos y zonas verdes. El resto, 44.000 m2, es para vivienda colectiva libre, vivienda colectiva de protección y uso terciario, con una edificabilidad total de 88.000 m2. Se prevé la construcción de más de 600 viviendas (el 30 % de ellas de protección oficial).