Así ha valorado Lola Alcover, secretaria del Consejo General de los Colegios Oficiales de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de España la iniciativa del Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana de activar un Plan de Vivienda en el que se pretende poner en el mercado 20.800 viviendas a precios asequibles.
«Tenemos que evitar seguir siendo el furgón de cola de Europa en esta materia», afirma Lola Alcover, secretaria del Consejo General de los Colegios Oficiales de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de España tras valorar la iniciativa del Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana de activar un Plan de Vivienda en el que se pretende poner en el mercado 20.800 inmuebles a precios asequibles.
Alcover ha valorado esta iniciativa como «insuficiente» y, aunque considera que puede ser un primer paso adelante, «no nos podemos quedar ahí, porque entonces seguiremos siendo el furgón de cola de Europa en esta materia».
Actualmente, en España, sólo un 2,5% del parque residencial está en manos de la administración, un porcentaje muy alejado del 17% francés, del 24% austríaco o del 30% danés y neerlandés, según datos publicados por la oficina estadística Eurostat.
Ley de Alquiler en Cataluña: «Una medida intervencionista»
Alcover también ha opinado sobre la nueva Ley de Alquiler en Cataluña, que limita los precios en zonas situadas en las grandes urbes, y ha considerado que se trata de una «medida intervencionista». Además, indica que «no solucionará el problema de fondo», pese a que esta ley afectará solamente a los municipios de más de 20.000 habitantes.
En este sentido, la secretaria del Consejo General de los Colegios Oficiales de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de España ha indicado que la clave «está en aunar fuerzas entre lo público y lo privado» para adoptar medidas eficaces que «reviertan y solucionen los problemas y no que los terminen agravando en el largo plazo».
En Cataluña la situación es la siguiente: las rentas del alquiler han quedado bloqueadas en los nuevos contratos de arrendamiento de vivienda habitual que se hayan firmado a partir del 22 de septiembre pasado en las 60 mayores ciudades catalanas. De esta manera, los propietarios no pueden incrementar las rentas que pagaba el anterior inquilino o tienen que bajarla si superaba el precio medio de la zona que recoge el Índice de Precios de la Generalitat.