El Gobierno de la Junta de Castilla-La Mancha ha presentado la Ley SUMA, de Simplificación Urbanística y Medidas Administrativas, para fomentar el crecimiento económico a través de un nuevo modelo urbanístico ágil, sostenible y racional.

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, acompañado del vicepresidente, José Luis Martínez Guijarro y del consejero de Fomento, Nacho Hernando, ha presentado junto a los presidentes del Grupo Parlamentario Socialista, Fernando Mora, y del Grupo Parlamentario de Ciudadanos, Alejandro Ruiz, esta ley que contempla 60 medidas que presentarán conjuntamente los dos grupos en las Cortes regionales.

En este contexto, el consejero de Fomento ha puesto de relevancia cómo «esta es una ley que pretende sumar, y pretende sumar en un momento donde más falta nos hace, en un momento dónde lo verdaderamente importante, más allá de ideologías o colores, tenemos que dar soluciones a los problemas de la gente», y esta ley, ha continuado, «lo que pretende es sentar las bases del crecimiento, es eliminar cortapisas, es que cuando alguien tenga una idea que suponga crear empleo o riqueza en Castila-La Mancha, lo que va a encontrar es la legislación más ambiciosa más avanzada de toda España». Asimismo, ha destacado como «además lo hemos hecho desde el consenso, desde la colaboración y desde el entendimiento».

Además, Hernando ha remarcado que La Ley SUMA contempla distintas medidas que «persiguen tres grandes objetivos: una mayor dinamización de la economía a través de una simplificación y agilización de trámites, reactivar solares paralizados y conseguir una mayor oferta de viviendas asequibles para el conjunto de la población; y abordar el reto demográfico potenciando el desarrollo de nuestros pequeños municipios».

Dinamización de la economía gracias a una simplificación y agilización de trámites

La Ley SUMA prevé la potenciación de la comunicación previa y la declaración responsable, de esta manera, se amplía su ámbito de aplicación a nuevos escenarios y contempla que el promotor de las actuaciones como obras menores, primeras ocupaciones e instalaciones fotovoltaicas de autoconsumo podrá iniciarlas a partir del día siguiente y si no hay ningún inconveniente que se le comunique por parte de la Administración.

Además, y en lo que respecta al nuevo régimen de autorización provisional, podrán autorizarse en el suelo rústico, en el urbanizable y en el urbano no consolidado sujeto a actuación urbanizadora, mediante licencia urbanística y previo informe favorable de las comisiones de Ordenación del Territorio y Urbanismo, usos u obras justificadas de carácter provisional y desmontables. «Se pueden acoger a este tipo de autorizaciones actividades económicas como ferias o alojamientos para personal temporero, también pueden ser utilizados de manera temporal y esporádica para instalar mercados ambulantes o para desarrollar actividades de ocio, deportivas, recreativas, culturales, aparcamientos públicos y actividades empresariales cuando no lo prohíba el planeamiento», ha explicado Hernando.

Además, se introduce un bloque de medidas «para hacer que nuestra región sea más atractiva para el sector industrial y logístico», ha destacado el consejero. En este sentido, se plantea la posibilidad de innovar los programas de actuación urbanizadora, para abordar la adecuación a las necesidades y demandas que pueden sobrevenir durante su ejecución; también se innova la regulación de los aparcamientos exigidos, a fin de que cada actuación atienda esta cuestión en virtud a sus particulares y especiales características.

En paralelo, se flexibiliza el régimen de las zonas verdes en polígonos industriales con el fin de evitar parques alejados de la población a la que han de servir. Para ello, se plantea también un diseño particularizado de cada actuación, la cual podrá implantarse en otro lugar del municipio, e incluso monetizarse para ser invertido en otras mejoras urbanas más urgentes.

La ley también modifica la regulación de las reservas de suelo dotacional de los planes de delimitación de suelo urbano «que pasa de ser ‘café para todos’ a flexibilizarse profundamente determinándose en función de las que resulten adecuadas para cubrir en cada caso las necesidades de la población», ha asegurado Hernando.

Incremento de la oferta de vivienda asequible

La Ley SUMA prevé la posibilidad de reconversión de suelos o promociones que iban a ser destinadas a vivienda protegida para hacer vivienda libre más asequible siempre que no haya demanda de la protegida. Esto será posible siempre y cuando el propietario se comprometa a solicitar licencia urbanística de obras en el plazo máximo de doce meses para «reactivar promociones y solares sin construir, pero con las medidas necesarias para evitar que sea con un fin especulativo», ha asegurado Hernando.

Asimismo, se establece la posibilidad de eximirse de la obligación de reserva para construcción de vivienda protegida, a los municipios de más de 50.000 habitantes que en tres de los últimos cuatro años presenten disminución de su población o cuando hayan perdido población según el dato acumulado de los últimos seis años.

Para los municipios con más de 5.000 habitantes y menos de 50.000 habitantes la reserva responderá a la demanda del registro y para los municipios de menos de 5.000 habitantes no será obligatorio realizar esta reserva de suelo para «evitar cortapisas al desarrollo de otra serie de actuaciones propias del ámbito rural», tales como pueden ser las viviendas de carácter estacional y las turísticas, «que están impulsando la actividad económica de nuestros pequeños municipios», ha explicado el responsable de Fomento.

Reto demográfico y desarrollo de pequeños municipios

Para abordar el reto demográfico, y potenciar el desarrollo de pequeños municipios, la Ley SUMA crea una nueva definición de núcleo rural tradicional de tal manera que «resolvemos un vacío que dejaba a nuestras tradicionales aldeas, en un ‘limbo urbanístico’, ha detallado Hernando.

También se toman medidas para «simplificar el urbanismo en nuestro medio rural que de cara a las posibles inversiones nuestras administraciones sean más agiles, independientemente de su tamaño», ha destacado el consejero de Fomento. Por ese motivo, se habilita a los colegios profesionales junto con las diputaciones provinciales, para realizar los informes preceptivos para otorgar licencias urbanísticas, dando apoyo a los ayuntamientos. A su vez, la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha podrá colaborar en la redacción de instrumentos de planeamiento general que corresponden a los municipios.

Por último, la Ley SUMA modifica la fiscalidad existente, de tal manera que permite que los pequeños municipios ofrezcan una menor fiscalidad a proyectos inversores, y que los ingresos generados en los grandes proyectos urbanísticos de las zonas urbanas se puedan destinar a inversiones y programas de lucha contra la despoblación.