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Madrid construirá más de 700 pisos en Valdebebas con rentas hasta un 40% inferior a las de mercado

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La Comunidad de Madrid construirá en el madrileño barrio de Valdebebas más de 700 viviendas adscritas al Plan Vive Madrid con alquileres asequibles, hasta un 40% inferior que los precios de mercado. El consejero de Vivienda y Administración Local, David Pérez, ha visitado una de las tres parcelas donde se van a edificar 420 viviendas en este emplazamiento.

El Plan Vive es el uno de principales proyectos del Gobierno regional para facilitar el acceso a la vivienda de jóvenes menores de 35 años y mayores de 65, familias numerosas y personas con discapacidad, que consiste en la construcción y la puesta en el mercado del alquiler de 25.000 viviendas en los próximos ocho años, 15.000 de ellas en la presente legislatura.

Pérez ha destacado que el terreno visitado se ha licitado en el Lote 1 de los cuatro que han salido al concurso, e incluye once parcelas ubicadas en los municipios de Madrid, Torrelodones, Alcalá de Henares, Colmenar Viejo y Getafe. Las otras dos parcelas de Valdebebas alojarán 300 viviendas más.

Los terrenos licitados hasta la fecha están situados en 14 municipios de la región y permitirán la construcción de 6.646 viviendas. La adjudicación se realizará mediante concesiones administrativas de dominio público a terceros, que ejercerán la actividad de promoción en régimen de arrendamiento.

Las parcelas nunca dejarán de ser de titularidad pública, revirtiendo a la Comunidad de Madrid una vez se haya superado el periodo de concesión.

Los suelos forman parte de las redes supramunicipales. Con la apertura del procedimiento de licitación ya se han aprobado los Pliegos de Condiciones Particulares y de Prescripciones Técnicas que han de regir todo el proceso, y ya se encuentran a disposición pública en el Perfil de Contratación de la Administración, a través del Portal de la Contratación Pública de la Comunidad de Madrid.

Pérez ha calificado el Plan Vive como «el más ambicioso de España, ya que equivale a contar con más de una tercera parte de toda la producción anual del sector inmobiliario en vivienda nueva en la Comunidad de Madrid». «Va a ser uno de los motores de desarrollo económico y social en la región, que contribuirá a superar la crisis del COVID-19, desde el ámbito de la iniciativa pública y la colaboración privada», ha añadido.

Según ha remarcado el consejero madrileño, «el Plan Vive podrá suponer un ahorro de hasta 3.000 euros anuales a los primeros 17.000 madrileños que se beneficiarán de la construcción de estas primeras 6.646 viviendas ya en licitación».

Se prevé que su construcción generará al año cerca de 57.000 empleos, durante el periodo de construcción y explotación de las viviendas. Asimismo, este proyecto movilizará más de 700 millones de euros de inversión y se prevé que tenga un impacto en el PIB regional, durante todo el periodo de concesión, de 4.428 millones de euros, además de generar 719 millones de euros en diferentes tributos que percibirán las administraciones públicas.

La Mesa de la Okupación de Murcia propone al Gobierno reforzar el derecho de propiedad a las segundas residencias

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La Mesa de la Okupación de la Región de Murcia propondrá al Gobierno central reforzar el derecho de propiedad de todas las viviendas, sean primera o segunda residencia, para dar seguridad a sus propietarios frente a la okupación.

También solicitará el reconocimiento de las comunidades de vecinos como actores que puedan pedir el desalojo de okupas que actúen de forma incívica en la comunidad «puesto que son los principales afectados», informó el consejero de Fomento e Infraestructuras, José Ramón Díez de Revenga.

Estos son dos de los planteamientos que recogerá el texto que la Mesa elevará al Gobierno central «para que se recojan en la reforma de la ley de vivienda que está preparando actualmente el Estado y de la que aún se desconoce su texto», señaló el consejero tras la celebración de la segunda reunión de la Mesa de la Okupación.

Forman parte de este órgano los colegios profesionales de Abogados de Murcia, Cartagena y Lorca; de Administradores de Fincas y Agentes de la Propiedad Inmobiliaria; así como representantes de las Asociaciones Thader Consumo, Cerrajeros y Vigilantes de Seguridad, y las empresas de suministros Iberdrola y Emuasa.

«El fenómeno de la okupación ilegal de viviendas ha pasado de ser una molestia a un auténtico problema social que, además de atentar contra el derecho constitucional a la propiedad privada provoca focos de delincuencia y conflicto social», manifestó el consejero.

Díez de Revenga recordó que el Ejecutivo regional tiene una estrategia de «tolerancia cero contra la okupación, y así lo hemos demostrado siendo la primera comunidad autónoma en contar con una regulación específica para hacer frente a la okupación ilegal de viviendas».

Argumentó que el cambio de normativa nacional de vivienda «es necesario que incluya la protección de la propiedad para que se aumente la oferta de alquiler y así se mejore al acceso del hogar a quienes lo necesitan». Manifestó que «amparar a los okupas es un despropósito, tal y como sucede en el Real Decreto ley 37/2020, aprobado recientemente por el Estado que ha sido una oportunidad perdida para implantar medidas sociales que realmente funcionen».

126 denuncias de okupación

Un total de 126 personas han alertado a la Comunidad de un presunto caso de okupación en su edificio o barrio, que se han puesto en conocimiento de las fuerzas de seguridad para evaluar el caso y confirmar que se trata de una okupación ilegal.

Este es el balance de actividad del canal regional de denuncias (alertaokupa@carm.es) puesto en marcha por la administración regional desde noviembre del pasado año, que tiene el objetivo de alertar de forma ágil y sencilla de presuntos casos de okupación en la Región y, en su caso, activar las ayudas de auxilio social de la vivienda de la Comunidad para personas vulnerables que las pudieran necesitar.

Tras recibir la denuncia ciudadana, se activa el protocolo para intentar localizar al propietario de la vivienda okupada y proporcionarle asesoramiento jurídico e intentar agilizar la recuperación del hogar.

En tal caso, el equipo técnico del Servicio de Mediación Hipotecaria y Lucha contra la okupación de la Región de Murcia evalúa si los okupas están afectados por una situación de vulnerabilidad y de forma inmediata se les pondrá en contacto con Cáritas, Columbares y Jesús Abandonado para que accedan a las subvenciones de auxilio social de la vivienda.

Este canal se basa en la confidencialidad y en preservar la identidad del denunciante con el fin de que garantizar por encima de todo la seguridad de la persona y evitar que sea objeto de represalias y amenazas.

El acceso a la vivienda para los jóvenes, un problema social cronificado 

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La tasa de paro en los jóvenes alrededor del 40% y la precariedad laboral dificulta el acceso a la financiación bancaria por el riesgo que representa este colectivo.

La crisis económica derivada de la COVID-19 también ha impactado en la capacidad de ahorro de los jóvenes, aspecto básico para la adquisición de un inmueble en la actualidad.

El alquiler, pese a sus altos precios en especial en las grandes ciudades como Madrid y Barcelona, se presenta como la opción más viable a corto plazo para la emancipación de los jóvenes.

Emiliano Bermúdez, subdirector general de donpiso, atiende entrevistas con medios de comunicación, telefónicas o a través de video llamada, para explicar este tema.

El acceso a la vivienda es uno de los grandes problemas de la sociedad actual, en especial para el colectivo de gente joven donde apenas el 26% dispone, a día de hoy, de una vivienda en opción de compra. En este contexto, la actual crisis sanitaria y económica provocada por la COVID-19 solo ha hecho que agravar esta situación, aumentando la tasa de paro y la precariedad de este colectivo dificultando también el acceso al mercado de alquiler, donde los precios se han disparado en especial en las grandes ciudades como Madrid y Barcelona.

«El colectivo de gente joven ya era el más perjudicado antes de la crisis sanitaria, pero ahora, con las tasas de paro de este colectivo alrededor del 40% y la precariedad asociada, hace que los jóvenes tarden en emanciparse y, si lo hacen, sea en tipos de convivencia compartida a fin de abaratar al máximo los costes», afirma Emiliano Bermúdez, subdirector general de donpiso.

En el actual contexto de incertidumbre, el mercado inmobiliario premia a los perfiles social y laboralmente estables, y los jóvenes quedan excluidos. «Esto afecta tanto al mercado de compra como de alquiler», explica Bermúdez, porque «pese a los tipos de interés más favorables para la compra de vivienda, las condiciones de acceso se endurecen ante perfiles de riesgo con el objetivo de protegerse de futuros impagos». Por lo que respecta al alquiler, los propietarios también priorizan el arrendamiento de sus viviendas a aquellos perfiles que presentan mejores garantías de solvencia.

La actual crisis económica ha repercutido, también, en la capacidad de ahorro de los jóvenes, donde actualmente conseguir el capital necesario para la entrada de un piso significa ahorrar durante más de una década. «La financiación hipotecaria ha cambiado a raíz de la crisis económica de 2008, con lo que en la actualidad las entidades financieras otorgan el 80% del total del inmueble, lo que requiere un capital inicial equivalente al 20%, y en el caso de los jóvenes, esta menor capacidad de ahorro dificulta todavía más el acceso a la vivienda», explica Bermúdez.

Intervención del sector público

En este contexto y pese a los altos precios del alquiler en las grandes ciudades, el arrendamiento se presenta como la más viable para la emancipación de los jóvenes por la baja capacidad de endeudamiento que representa y su versatilidad ligada a la movilidad laboral. «En este momento de precariedad laboral, los jóvenes están ligados todavía más a la movilidad asociada al empleo, por eso el alquiler es buena opción a corto plazo y mientras se hacen un hueco en el mundo laboral», analiza Bermúdez.

Por otro lado, el problema de la vivienda, como problema social que es, requiere de una intervención del sector público de urgencia con el objetivo de aumentar el parque de inmuebles, sobretodo del mercado de alquiler. «El acceso a la vivienda es un problema cronificado de la sociedad que están sufriendo de especial manera los jóvenes y, como problema social que es, requiere de la intervención pública mediante políticas de alquiler social», afirma Bermúdez.

Freo Group prevé invertir hasta 400 millones de euros en activos inmobiliarios hasta 2023 en España

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La compañía cuenta actualmente con una inversión valorada en 780 millones de euros en activos en España (fundamentalmente oficinas) y prevé explorar otras áreas, como hoteles, este año.

Con estos planes de inversión la firma se quiere situar entre los principales players del mercado de real estate en España tras el éxito y track record alcanzado en el país desde 2015.

Freo Group gestiona inversiones por un valor 2.000 millones de euros con presencia internacional en ocho países.

Freo Group, empresa inversora, promotora y gestora de activos internacional independiente especializada en propiedades de alta calidad, prevé invertir en España hasta 400 millones de euros en los próximos 2 o 3 años

A pesar del impacto que la crisis sanitaria ha tenido a nivel económico y en el mercado inmobiliario, Freo Group no ha frenado sus planes de inversión en el país para los próximos años. El grupo alemán cuenta actualmente con una cartera en gestión valorada en 780 millones de euros con inmuebles, principalmente en edificios de uso de oficinas, ubicados en su mayoría en Madrid y Barcelona

Con estos planes de inversión, Freo quiere continuar con su estrategia de expansión en España, con el objetivo de convertirse en una firma líder en el sector del real estate y explorar la entrada en otra clase de activos como hoteles.

Las previsiones de recuperación de la inversión hotelera durante 2021 han elevado el interés por el sector en España. En este sentido, Freo Group está estudiando oportunidades en el sector, con foco en hoteles urbanos en Madrid y Barcelona, así como hoteles vacacionales en las principales regiones turísticas del país como Baleares, Canarias o Costa del Sol, principalmente en ubicaciones prime y con potencial de reposicionamiento, que aporten un valor intrínseco para sus socios y clientes.

Sólido track record

El éxito de las operaciones llevadas a cabo desde su desembarco en España, de la mano de Daniel Mayans, consejero delegado de la firma en España, y Óscar de Navas, director general, pone de manifiesto el intenso trabajo de gestión del equipo de la firma en España.

Entre sus operaciones clave más recientes se encuentra la venta de la cartera Boston, junto a Oaktree como socio. Compuesta por 14 edificios de oficinas, fue adquirida a BBVA y la venta de los activos se ha cerrado, principalmente, con fondos institucionales como Starwood, Swiss Life, Franklin Templenton, Sagax o HNA.

Asimismo, en el último trimestre de 2020 Freo Group completo con éxito la rehabilitación, legalización y certificación LEED Platinum de su edificio 22Works, con cerca de 8.500 m2 de superficie. El edificio, destinado a oficinas, se ubica en el distrito 22@ de Barcelona, una de las zonas claves de expansión de la ciudad que, desde el año 2000, se ha convertido en el distrito tecnológico con la llegada de más 545 empresas al año. 22Works ha sido entregado a la multinacional francesa Criteo, que había prearrendado la totalidad del inmueble a mediados de 2018.

Daniel Mayans, consejero delegado de Freo Group en España, ha señalado: «En el último año el entorno del real estate ha cambiado, pero seguimos siendo optimistas en cuanto a las oportunidades de inversión en España. Es un mercado maduro y tiene potencial de crecimiento».

Óscar de Navas, director general de la firma, ha apuntado: «Vemos un horizonte de oportunidades en el mercado hotelero español, en el que ya nos encontramos bastante avanzados en algunas adquisiciones en las principales ciudades y regiones turísticas».

 Debate sobre las propuestas del sector de la edificación para impulsar la financiación sostenible

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La obsolescencia del parque residencial y el anuncio de los fondos europeos Next Generation EU abren la puerta a la consolidación de un nuevo sector de la rehabilitación energética e integral y la renovación urbana en España.

Mostrar el valor de la rehabilitación de edificios y garantizar la seguridad jurídica y para favorecer la toma de decisiones por parte los propietarios juegan un papel clave para impulsar la actividad.

El debate ha reunido a profesionales del ámbito público y privado en una jornada dedicada a explicar en qué punto nos encontramos, dónde incidir y en qué avanzar juntos para favorecer la rehabilitación a través de mejoras en la financiación sostenible y gestión de las actuaciones de rehabilitación.

Mostrar el valor de la rehabilitación de edificios y la renovación urbana y cómo desarrollar un marco de seguridad jurídica y financiera para propietarios e inversores son elementos necesarios para impulsar el sector de la rehabilitación en España tanto a corto como a largo plazo. Estas son algunas de las principales conclusiones de Rehabilitacción, un debate organizado por el Observatorio 2030 del Consejo Superior del Colegio de Arquitectos de España (CSCAE) y Savills Aguirre Newman, que ha tenido lugar en la sede de la consultora inmobiliaria en Madrid.

El encuentro ha sido moderado por Ángela Baldellou, directora del Observatorio 2030 del CSCAE, y ha contado con la participación de distintos representantes de la industria inmobiliaria, del ámbito económico y legal, como Juan Pérez Hereza, del Consejo General del Notariado; Fernando de Roda, CEO, fundador y managing partner de Greenward Partners; Javier Martín, director general de Vivienda y Suelo del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana; Juan Antonio Gómez-Pintado, presidente de APCEspaña; Juan Carlos Delrieu, director de Estrategia y Sostenibilidad de la Asociación Española de la Banca (AEB); Valentí Pich, presidente del Consejo General de Economistas de España; Joan Clos, presidente de ASVAL; Alejandro Pestaña, en representación del Consejo General de Administradores de Fincas; Dolores Huerta, directora general de GBCEspaña; Julián Núñez, presidente de SEOPAN, y Susana Cabrera, responsable de Inversiones de Azora.

Para el presidente del CSCAE, Lluís Comerón, la pandemia de Covid19 ha enfrentado a nuestra generación a grandes desafíos, como el medioambiental, y ha considerado imprescindible impulsar una «renovación profunda» de nuestras ciudades para que nuestro país se suba definitivamente al siglo XXI. «En España partimos de una tasa de rehabilitación muy baja debido a la falta de cultura de mantenimiento de nuestros edificios y a la dispersión de la propiedad, que dificulta la toma de decisiones. Para garantizar la eficiencia de los fondos de recuperación de la UE, hay que identificar las barreras que han obstaculizado el desarrollo de la rehabilitación y trabajar por removerlas en un esfuerzo coordinado entre las administraciones y el sector de la edificación».

Asimismo, Jaime Pascual-Sanchiz, CEO de Savills Aguirre Newman, ha señalado que «las aspiraciones y motivaciones de la sociedad actual son mucho más globales y transversales que hace unos años y comparten algunos objetivos como el freno del cambio climático y la mejora del bienestar». Por todo ello, ha enfatizado, «desde Savills Aguirre Newman, nuestra determinación es seguir apoyando iniciativas en materia de sostenibilidad y eficiencia energética en el sector inmobiliario y ayudar a que nuestros clientes obtengan la financiación necesaria para cumplir con lo que nos demanda la sociedad como sector».

La jornada ha servido para exponer las catorce propuestas extraídas de la mesa de trabajo del Observatorio 2030 del CSCAE, que cuenta con algunos de los actores más relevantes del sector inmobiliario y de la construcción y la edificación en España. Todas ellas están enfocadas a dar respuesta al escenario de urgencia en el cual se encuentra el sector de la rehabilitación en el país y a aprovechar el momentum que ofrece la posibilidad de acceder a los fondos europeos de financiación sostenible, como son:

1. Establecer una regulación que favorezca el crédito verde para la financiación de la rehabilitación de edificios con criterios ecoficientes. Para ello, será necesario impulsar las obras de mejora de eficiencia energética de los edificios y favorecer la toma de decisiones por parte de los propietarios, así como el acceso a la financiación.

2. Modificar la Ley de Propiedad Horizontal, también para mejorar y facilitar los acuerdos en materia de reformas y mejoras en comunidades con más de un propietario.

3. Impulsar y mejorar el PACE (préstamo para la activación del capital ecológico), ayudando a que el propio activo genere valor por sí mismo gracias a las mejoras acometidas y evitando así hacer uso de recursos públicos para la financiación de estos proyectos.

4. Modificar la ley de las haciendas locales para permitir que el capital privado pueda contribuir a financiar los 40.000 millones de euros necesarios para la rehabilitación que recoge el PNIEC.

5. Incentivar, aumentar la dotación y promover las herramientas públicas existentes, como el Plan Estatal de Vivienda, el Programa PREE, los préstamos ICO o la financiación regional y municipal.

6. Incentivar y promover las herramientas de gestión privadas, como los fondos privados de inversión en rehabilitación y los créditos bancarios para tales fines, así como las hipotecas verdes y las empresas de servicios energéticos (ESEs).

7. Incentivar, aumentar y promover las herramientas de gestión público-privadas, impulsando iniciativas como EuroPACE o HousEEnvest.

8. Aprender, estudiar y analizar el impacto en el mercado español de otros referentes en Europa y promover mesas de trabajo y foros permanentes como AÚNA o los proyectos Ecobonus y Superbonus 110%.

9. Fijar criterios basados en la taxonomía europea para contar con unas reglas claras y ya establecidas, sin necesidad de crear modelos únicos para España.

10. Crear un sandbox para valorar qué modificaciones reglamentarias se deben hacer antes de escalar estos productos en el mercado, tal y como ya lo está haciendo en Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico con otros sectores como la Banca.

11. Favorecer el acceso a la financiación bancaria con condiciones reducidas para proyectos de rehabilitación energética para así contribuir a iniciar estos proyectos.

12. Implantar un sistema de facturación de ahorros energéticos debidamente homologado que permita ver y entender de forma fácil y rápida el valor de la rehabilitación de inmuebles.

13. Facilitar, por parte del planeamiento, el aprovechamiento de plusvalías urbanísticas debidas a aumentos de edificabilidad y ocupación, según lo establecido en la Ley de Rehabilitación, Regeneración y Renovación Urbanas.

14. Respaldo del sector a la ERESEE 2020 (Estrategia a largo plazo para la rehabilitación energética del sector de la edificación en España) como documento de partida y a diferentes propuestas que facilitarían la entrada del capital privado en la rehabilitación, como son la creación de un Fondo de Garantías para la cobertura de impagos que dote de seguridad al sistema financiero de la rehabilitación, el Plan Nacional de rehabilitación residencial y terciaria, el Plan Nacional de rehabilitación para la edificación pública y el Plan Nacional contra la pobreza energética.

Durante la jornada, los participantes han explicado sus puntos de vista y posibles soluciones para salvar obstáculos y crear desde ya los instrumentos necesarios que en los próximos tres años permitan poner los andamios para que el sector tenga vida durante los próximos 30, mostrando su acuerdo en aspectos como:

El parque inmobiliario de vivienda en España es de los más antiguos de Europa y es necesario actualizarlo a través de rehabilitación. Existe una gran ventana de oportunidades actualmente para y desde el sector con importante incidencia en la generación de empleo.

Profesionalizar y fortalecer el sector del residencial de alquiler es clave para impulsar la rehabilitación en España porque un mercado de alquiler robusto implica favorecer la rehabilitación y es un signo de madurez del mercado de la vivienda.

La rehabilitación de edificios debe ir ligada a la renovación urbana, por lo que es necesario contar con el compromiso de todas las administraciones para impulsar estos proyectos.

Favorecer el acceso a la financiación a través de fórmulas innovadoras, así como impulsar la colaboración público-privada es necesario para el despegue de la actividad de rehabilitación en nuestro país.

Es necesario desmitificar la idea de que rehabilitar es más caro que construir un edificio nuevo. Hay que clarificar las cuentas de los proyectos de rehabilitación y además mostrar el valor sistémico de estas inversiones ayudará a convencer a los propietarios a apostar por ello.

Salvar los obstáculos desde el punto de vista jurídico y garantizar la seguridad financiera y jurídica a los propietarios e inversores es imprescindible para alentar el sector de la rehabilitación.

Es necesario plantear un modelo atractivo tanto en financiación como en fiscalidad.

La llegada de los fondos europeos para tal fin son una buena oportunidad para apoyar proyectos de rehabilitación en los próximos años, pero sirve para debemos pensar también en el largo plazo.

La comunicación es clave para impulsar la toma de decisiones e incentivar las acciones de rehabilitación por parte de los propietarios no profesionales y establecer un panorama claro de los beneficios de rehabilitar para activar la demanda de proyectos.

Finalmente, al cierre de la sesión, Lluís Comerón, ha recordado que en el Observatorio 2030 del CSCAE están representados más de 500.000 profesionales y que «la suma de las acciones concretas y la visión general de los actores relacionados con el sector de la rehabilitación crea el marco general de trabajo necesario para impulsar iniciativas realizables» que respondan «al reto que asumimos desde la generación actual y que tendrá impacto en la siguiente generación».

MAZABI formaliza la compra de un hotel en Menorca y una finca en Formentera, y cierra la venta de otro hotel en Ibiza

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La compañía adquiere un hotel de nueva construcción en Menorca, valorado en más de 20 MEUR; y una finca de 200.000 m2 en Formentera, con dos edificaciones, cuyos inmuebles se van a rehabilitar para uso residencial en régimen de alquiler.

Además, la gestora formaliza la venta de un hotel en Ibiza, valorado en más de 40 MEUR; tras la finalización del proyecto fijada en 5 años.

MAZABI, compañía especializada en gestión de patrimonios familiares inmobiliarios; ha formalizado tres operaciones de compraventa de activos turísticos y residenciales en las Islas Baleares, dando continuidad así a su plan estratégico de crecimiento.

A través de su SOCIMI, SILICIUS Real Estate, la gestora ha cerrado la adquisición de un hotel de nueva construcción en Menorca, de categoría de cuatro estrellas -construido con los estándares de cinco estrellas- y con 128 habitaciones. Valorado por encima de los 20 millones de euros, el inmueble se encuentra libre de arrendatarios. Una vez formalizada la operación, SILICIUS ya está ya negociado con varias de las principales cadenas y operadores hoteleros para la firma inminente de un contrato de alquiler sobre el mismo.

El hotel está ubicado en la urbanización de Biniancollet, junto a la playa de Biniancolla, en el término municipal de Sant Lluís. Se puede acceder al mismo por la carretera que comunica con Sant Luis hacia S´Algar. Esta zona turística del sur de Menorca está considerada como una de las más accesibles, ya que se encuentra a tan solo 5,5 km a Sant Lluis, 11 km de Mahón y 13 km del Aeropuerto de Menorca. Concretamente, se sitúa casi en primera línea de la playa, en un solar de topografía irregular -con importantes desniveles de hasta una planta de altura-, tras una zona verde ligeramente elevada, que cuenta con unas vistas inmejorables.

El hotel tiene vistas al mar y cuenta con un paseo peatonal que da acceso a la playa. La edificación ocupa de forma perimetral todo el solar donde se asienta, dejando en el centro un espacio central para zonas comunes como la piscina y los jardines. Tanto los materiales como los acabados y la propia vegetación que rodea al hotel son autóctonos de la Isla. «Estamos muy satisfechos con la adquisición de este hotel para el portfolio de SILICIUS, porque se trata de un activo de calidad, situado en una zona privilegiada y con gran potencial turístico. Además, su incorporación nos permite seguir diversificando y completando nuestra cartera de activos», ha señalado el Consejero Delegado de MAZABI, Juan Antonio Gutiérrez.

Además, MAZABI también ha formalizado la compra de una finca de 200.000 m2, que está situada en la isla de Formentera. Este terreno incluye dos edificaciones de unos 400 m2, que se van a rehabilitar. Sendos activos van a tener uso residencial bajo un régimen de alquiler. «Estamos muy contentos con esta nueva adquisición, porque se trata de una finca con muchas posibilidades, si tenemos en cuenta sus dimensiones y su ubicación en una isla como Formentera, una de las zonas turísticas de España con más potencial», ha destacado el propio Consejero Delegado.

De forma adicional, MAZABI ha materializado la venta de un hotel de cuatro estrellas en Santa Eulalia (Ibiza), en primera línea de playa en S´Argamassa, a tan sólo 20 km del puerto y 30 km del aeropuerto. El grupo MAZABI gestionaba la sociedad propietaria con varios inversores latinoamericanos y una participación del 53% en la sociedad -a través de SILICIUS-, cuyo plan de negocio 2015/2020 ya recogía la venta del edificio y posterior liquidación de la sociedad.

Valorado en más de 40 millones, este hotel cuenta con 230 habitaciones y acceso directo a la playa. Entre otras características, incluye piscina al aire libre, jardín, terraza, bar, restaurante e instalaciones deportivas. «Estamos muy satisfechos con esta operación porque hemos conseguido cumplir el plan de negocio y cerrar la venta en los términos que deseábamos», ha explicado el mismo directivo de MAZABI.

Estas operaciones se han llevado a cabo apenas unas semanas más tarde de que MAZABI anunciara la compra del Hotel Palacio San Gabriel, situado en el casco histórico de Ronda (Málaga); y un complejo de apartamentos de lujo en Los Cristianos, al sur de Tenerife. A través de estas adquisiciones, la gestora sigue ejecutando su plan de crecimiento y configurando un porfolio de activos diversificados y situados en ubicaciones estratégicas de las principales ciudades españolas.

La compañía pretende seguir creciendo de forma orgánica y también a través de «joint venture» con inversores institucionales, y con el objetivo de incrementar sus activos bajo gestión desde los 1.500 millones de euros hasta los 3.000 millones en un plazo de tres años. El crecimiento no sólo está previsto en España, sino también en diferentes ubicaciones estratégicas en Europa.

Re/Max Expogroup avanza con fuerza a pesar de la crisis sanitaria

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El mes pasado se presentaron los datos económicos del año 2020 y se perfilaron los objetivos del año 2021. Pese al segundo trimestre del 2020 en el que estuvimos en confinamiento domiciliario, los beneficios se duplicaron con respecto al año anterior.

Aunque la incertidumbre ha estado condicionando todo y, el mercado inmobiliario no iba a ser menos, la crisis sanitaria tuvo un impacto directo en un sector que estaba desarrollando un crecimiento sostenido desde principios del año 2015. Un balón de oxígeno para la profesión que se ha visto dañada sobre todo en el segundo trimestre de 2020, tras el golpe inicial que tuvieron las ventas tras la declaración del estado de alarma en marzo.

Ser propietario es uno de los objetivos económicos de la mayoría de la población española (e italiana, uno de nuestros de nuestros socios europeos junto con los portugueses). El mercado inmobiliario es uno de los motores de nuestra economía y aunque el año pasado los precios de venta bajaron alrededor de un 4%, las transferencias y operaciones inmobiliarias no se han estancado, incluso durante los meses de confinamiento se realizaron más de 15.000 compraventas, sin moverse de casa.

Para Iván Sacristán, Bróker de REMAX EXPO, «el sector inmobiliario ha cambiado a mejor en estos meses. Todos hemos aprendido que la tecnología puede ayudarnos en cualquier momento y en formas que jamás imaginaríamos, pero es así, y gracias a ello hemos cerrado todas las operaciones que teníamos pendientes». Todos los cambios producidos a nivel empresarial, han colaborado en el aumento de transacciones inmobiliarias. A excepción de un ligero descenso en segundo trimestre de 2020 provocado por la situación de confinamiento generalizado, los beneficios han ido aumentando en cada trimestre del año pasado. 2021 se vislumbra como el año de la consolidación y del crecimiento de REMAX EXPO, los datos así lo reflejan.

Los datos económicos que se presentaron son el fruto del trabajo en equipo y de saber adaptarse a las circunstancias, lo que ha constatado que el modelo REMAX EXPO sigue en pie, después de que 3 de cada 4 agencias inmobiliarias no van a resistir el deterioro económico global que estamos sufriendo. Un deterioro que, sin duda es «externo» a nuestra economía, es temporal y no responde a ninguna razón estructural por lo que no habrá un gran desequilibrio macroeconómico, como sucedió en otras crisis y lo que indica que la recuperación será más rápida, ya que, aunque haya más paro, habrá más ahorro para poder acceder a la compra de una vivienda, y eso es algo que la economía y las entidades bancarias, agradecen.

Pero si la tecnología, la rentabilidad, el ahorro, la inversión, son factores fundamentales en cualquier empresa, si no hay formación constante de los agentes, de los Broker, de las coordinadoras, no hay ningún resultado positivo. «Durante este año, se han impartido formaciones iniciales, para aquellos agentes que han empezado a formar parte de REMAX EXPO, una formación fundamental para conocer cómo es nuestro mercado inmobiliario y cómo ha cambiado. Toda esta formación es, precisamente lo que nos diferencia de las demás empresas inmobiliarias», según ha declarado Marisa Suero, Bróker de REMAX EXPO.

El año 2021 se adivina algo inestable, pero no estático. El sector inmobiliario es cíclico, varía con gran facilidad, pero siempre está vivo. Para Carlos Pereira, Bróker de REMAX EXPO «la coyuntura excepcional que está suponiendo el coronavirus, nos ha fortalecido como empresa, ya que hemos realizado una reestructuración profunda y una gestión aún más profesional, focalizada en el desarrollo comercial, en el crecimiento personal-profesional de los agentes. Más allá de la formación inicial, hemos apostado por la formación de continuidad y por los talleres semanales, así como en un reclutamiento de calidad. Todo ello, junto con todo lo que concierne a la evaluación de la rentabilidad y el control de costes, propio de cualquier empresa que se precie, nuestro objetivo es poder estar todos en una gran sede central».

Todos los datos nos conducen a pensar que el sector inmobiliario contando con la voluntad de ayuda de empresas, gobiernos e instituciones y, con unas circunstancias que se presumen estables en unos meses, seguirá siendo el motor de la recuperación económica y de la creación de empleo de este 2021 que se perfila difícil y sacrificado pero que, una vez más, sacará lo mejor de cada empresa, de cada agente y trabajador inmobiliario y, especialmente de REMAX EXPOGROUP.

Sevilla regula las nuevas viviendas turísticas como servicios de hospedaje

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El Ayuntamiento de Sevilla ha aprobado, en el Consejo de la Gerencia de Urbanismo, la propuesta de modificación del PGOU para regular las viviendas turísticas en la ciudad, así como la nueva ordenanza de publicidad diseñada para dar cabida a nuevos fenómenos del sector que contribuyan a la reactivación del comercio o los quioscos de prensa y para garantizar la protección de los ejes patrimoniales. Ambas medidas serán elevadas al próximo Pleno del mes de febrero para que se abra un periodo de exposición pública y alegaciones previa a su entrada en vigor.

«Hemos adoptado dos acuerdos de enorme importancia dentro de la estrategia de reactivación de la ciudad, que responden a un trabajo técnico realizado en la Gerencia de Urbanismo y Medio Ambiente durante los últimos años y que vienen a avanzar en un modelo de ciudad que busca el equilibrio entre el desarrollo de distintas actividades económicas y un modelo de ciudad más sostenible y habitable», explicó el delegado de Hábitat Urbano, Turismo y Cultura, Antonio Muñoz.

En el caso de las viviendas turísticas, la propuesta se ha aprobado después de mantener una ronda de reuniones con entidades vecinales, la Asociación de Hoteles, las entidades más representativas del sector de las viviendas turísticas, la Junta Municipal del Distrito Triana y grupos políticos de la Corporación.

La medida ha sido también anunciada a la Consejería de Turismo y se enmarca dentro de los acuerdos suscritos por unanimidad por todos los grupos políticos dentro de la comisión de reactivación y de los acuerdos firmados por el gobierno municipal y el grupo Adelante Sevilla en el año 2019 previos a la aprobación del presupuesto del ejercicio 2020.

La propuesta de modificación del PGOU que se elevará al Pleno, y que no tiene efectos retroactivos, establece que las nuevas viviendas turísticas se regulen urbanísticamente como servicios terciarios de hospedaje y dejen de ser calificadas como uso residencial.

Así, deberán cumplir los mismos requisitos previstos en la normativa para este tipo de establecimientos en función de su ubicación. En suma, que se exijan en la ciudad las mismas condiciones a las viviendas con fines turísticos que a los servicios de hospedaje en cuanto a los trámites que deben realizar, los requisitos que deben cumplir y los emplazamientos autorizados dentro de un edificio de viviendas.

La propuesta de modificación del PGOU para la ordenación de las viviendas turísticas ha contado con los votos favorables del gobierno de la ciudad y de los grupos políticos de Adelante Sevilla y Ciudadanos.

La nueva normativa protege los ejes patrimoniales de elementos publicitarios que puedan dañar el paisaje urbano y al mismo tiempo abre en el resto de la ciudad nuevas posibilidades de soportes, especialmente en comercios y quioscos de prensa y chucherías, para contribuir a la reactivación y a la generación de nuevas vías de ingresos para sectores afectados por la crisis sanitaria.

En relación con la protección del patrimonio, la nueva ordenanza establece la restricción de la actividad publicitaria en los ejes patrimoniales de la ciudad. Se regulan concretamente dos: San Fernando-Puerta Jerez-Avenida de la Constitución y Santa Cruz, Hernando Colón, Plaza de San Francisco, Francisco Bruna, Entrecárceles y Plaza del Salvador.

En toda esa zona no se puede instalar publicidad más allá de la propia de los establecimientos que se podrán implantar con unos criterios homogéneos. Esos dos itinerarios son ampliables a otras zonas de la ciudad si así se considera durante este proceso de exposición pública o posteriormente, ya que bastará con un acuerdo de la comisión ejecutiva.

Se establecen una serie de prohibiciones en relación con la publicidad en zonas del conjunto histórico. Así, no está permitida ninguna publicidad que pueda impedir la visión general de la Catedral o la Giralda, o cuando estén en zonas de influencia de otros monumentos, edificios, calles o conjuntos de importancia patrimonial o ambiental, así como en elementos ornamentales y monumentales de las vías públicas. Se limitan además las posibilidades de instalar carteleras, monopostes, banderolas, pinturas y vinilos, rótulos y objetos publicitarios en el conjunto histórico y en inmuebles BIC o catalogados.

La ordenanza establece por primera vez una protección de la intensidad lumínica autorizada en función de la superficie. Especialmente para garantizar un nivel adecuado en las proximidades de otro edificio. Todas las instalaciones publicitarias en el conjunto histórico deberán, asimismo, contar con licencia previa para su obtención, de forma que habrá un trámite específico y un mayor control.

De acuerdo con el informe de la Comisión Provincial de Patrimonio Histórico se regulan los criterios para la instalación de placas conmemorativas especialmente en el centro histórico. De esta forma, tendrán unas dimensiones y materiales obligatorios, se deberán ubicar en determinados espacios y todas aquellas que estén en el conjunto histórico pasarán por la Comisión Provincial.

El segundo eje de la modificación de la ordenanza de publicidad es dar respuesta a determinados sectores económicos y adaptar la normativa a las nuevas formas de anuncios publicitarios.

La ordenanza regula y ordena las pantallas digitales de publicidad variable que se podrán instalar en equipamientos deportivos o en escaparates de locales comerciales. Todo esto de acuerdo con unas dimensiones, condiciones y medidas específicas, y en ningún caso en los ejes patrimoniales. La ordenanza establece la posibilidad por primera vez tal y como han solicitado los quioscos de prensa y chucherías de que puedan contar con pantallas publicitarias digitales que supongan una nueva fuente de generación de ingresos.

La normativa regula las proyecciones publicitarias sobre fachadas siempre y cuando se realicen en una serie de zonas de ampliación de la intensidad publicitaria determinadas por la normativa y en espacios determinados como puedan ser edificios terciarios o equipamientos deportivos.

En apoyo al sector se configura un registro local de empresas del sector publicitario y se incluye un nuevo modelo de tramitación para agilizar los permisos para instalaciones publicitarias fuera del conjunto histórico a través de Declaración Responsable, con lo que se agilizarán todas las tramitaciones.

La propuesta de la ordenanza de publicidad ha sido aprobada en el Consejo de la Gerencia de Urbanismo y en la comisión delegada sin ningún voto en contra y será debatida y analizada en el próximo Pleno.

Galicia propone flexibilizar la protección de la ley de Costas para devolver el valor patrimonial a los inmuebles

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La conselleira de Medio Ambiente, Territorio y Vivienda de la Xunta de Galicia, Ángeles Vázquez, ha avanzado que la Xunta de Galicia propondrá una modificación de la Ley estatal de costas para devolver el valor patrimonial a los más de dos mil kilómetros de costa que existen en Galicia y que son parte de la historia y de la cultura de esta sociedad.

Así lo adelantó la conselleira en la rueda de prensa ofrecida tras la reunión con representantes del Colegio Oficial de Arquitectos de Galicia (COAG), de la Fundación Juana de Vega, y de la Escola da Paisaxe, en la que también participó la directora general de Ordenación del Territorio y Urbanismo, Encarnación Rivas, y el arquitecto, Carlos Fernández Coto, para informarlos de esta propuesta e iniciativa del Gobierno gallego.

Según explicó la conselleira esta doble modificación de la normativa estatal en materia de espaldas tiene por finalidad recuperar y darle una nueva vida a los inmuebles que se localicen en el Dominio público marítimo terrestre (DPMT); así como para adaptarla y coordinarla al contenido de la Ley del suelo de Galicia, en lo relativo a las edificaciones tradicionales existentes en servidumbre de protección.

Apuntó que una de las modificaciones hace referencia a la Disposición Transitoria décima del Reglamento General de costas para aclarar que el uso residencial y el hostelero son análogos e intercambiables.

Una cuestión -defendió la conselleira- que está avalada en las sentencias del Tribunal Supremo, donde se reconoce que el cambio de destino de un edificio en servidumbre de protección que inicialmente tenía un uso residencial de vivienda y que, posteriormente, se pretende dedicar a uso hostelero, o viceversa, no puede entenderse como un cambio de uso, sino como la continuación del mismo.

La segunda de las modificaciones propuestas desde lo Gobierno gallego afecta a la Disposición Adicional tercera de la Ley de costas, para hacer extensible el régimen contemplado en la misma para los bienes inmuebles declarados de interés cultural a todos aquellos bienes que disfruten de algún tipo de protección patrimonial en virtud de la normativa sectorial en materia de patrimonio cultural, tanto autonómica como estatal.

Este cambio consiste en extender el régimen contemplado para los Bienes de Interés Cultural a aquellos que -sin ser BIC- disfruten de algún tipo de protección patrimonial en virtud de la normativa sectorial; un hecho que permitiría recuperar antiguas fábricas de salazón, conserveras y pazos, entre otros edificios afectados; y daría cumplimiento a una de las máximas del Gobierno, como es la recuperación del patrimonio edificatorio de la Comunidad.

Mayor seguridad jurídica

Ángeles Vázquez defendió que modificar el Reglamento general de costas también arrojará luz sobre ambas cuestiones y sobre todo dotará la esta práctica de una mayor seguridad jurídica; permitiendo la autorización de usos residenciales, hosteleros, hosteleros, recreativos o equipaciones, públicos o privados (usos permitidos por la normativa urbanística autonómica en este tipo de edificaciones), en construcciones tradicionales preexistentes a la Ley de costas.

La conselleira matizó que son inmuebles que no podían tener otra localización por prestar servicios necesarios o convenientes para el uso del DPMT (cetarias, salazones, conserveras, balleneras, pazos, fortificaciones, castillos, monasterios), pero que hoy en día no están operativas y en muchos casos en estado de abandono.

Ángeles Vázquez señaló que la Xunta conoce esta realidad gracias a la elaboración de un Catálogo de bienes en servidumbre de protección del DPMT, identificando 361 inmuebles de valor ambiental, patrimonial o arquitectónico, clasificados en cinco categorías según la tipología constructiva, como molinos, edificios con uso residencial en todas sus formas, de usos singulares (faros, castillos, casas rectorales, escuelas, monasterios, edificios de aduanas, entre otros), de uso industrial (fábricas, conserveras, cetáreas, secaderos, salazones, balleneras, stands de pescadores, entre otros) y de ocio y hostelería (como hoteles, instalaciones deportivas, centros cívicos o sociales, locales culturales, parques públicos y museos, entre otros..).

Recordó que muchos de estos inmuebles tuvieron una actividad económica o social importante para los gallegos tiempo atrás, pero ahora están en desuso y en mal estado de conservación, afeando nuestro litoral y perdiendo parte de la historia de Galicia; a lo que añadió que la Xunta está convencida de que es necesario, y posible, lograr la puesta en valor de estos inmuebles situados en el litoral, muchos de los cuales quedaron inoperativos por una legislación estatal que restringe los usos que pueden albergar.

Rehabilitación energética: una medida medioambiental para recuperación económica 

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El Gobierno español ha creado un plan de rehabilitación y regeneración urbana en el que destinará 5.300 millones de euros de los fondos europeos en tres años a la rehabilitación energética de los edificios.

«Esta medida es una oportunidad para las comunidades de acogerse a este plan y mejorar los costes relacionados con el consumo, pues lo que busca es la mejora de la eficiencia energética del parque de inmuebles español, donde el consumo es bastante elevado», explican desde FIABCI España.

El programa, liderado por el Ministerio de Transportes y en colaboración con las Comunidades y Ayuntamientos de las áreas de aplicación, se financiará íntegramente con los 70.000 millones de fondos europeos dedicados a este fin.

La COVID-19 y el tiempo de confinamiento que ha obligado a la población a permanecer encerrada en sus viviendas ha puesto de relevancia los costes asociados al consumo energético del hogar y la necesidad de preservar el medio ambiente. En este contexto, el Gobierno español ha creado un plan de rehabilitación y regeneración urbana en el que destinará 5.300 millones de euros de los fondos europeos en tres años a la rehabilitación energética de los edificios, mejorando así la eficiencia energética de casi 500.000 hogares y preservando el impacto medioambiental del sector inmobiliario.

«Esta medida es una oportunidad para las comunidades de acogerse a este plan y mejorar los costes relacionados con el consumo, pues lo que busca es la mejora de la eficiencia energética del parque de inmuebles español, donde el consumo es bastante elevado», explica Anna Puigdevall, tesorera de FIABCI España y directora general de la Asociación de Agentes Inmobiliarios de Catalunya (AIC). En España, el consumo energético de los edificios representa el 40%, y esto se traduce en un impacto medioambiental en contaminación de gases de efecto invernadero del 36%.

El programa, que se financiará íntegramente con los 70.000 millones de fondos europeos dedicados a este fin, comprende distintas áreas de actuación y estará liderado por el Ministerio de Transportes y en colaboración con las Comunidades y Ayuntamientos para las distintas áreas de aplicación en los territorios. «El plan que presenta el Gobierno plantea una intervención a nivel global, así como una partida de ayuda al desarrollo de intervenciones locales que den respuesta a problemas como el de la vivienda o la movilidad, y es aquí donde el papel de las autonomías y ayuntamientos toma especial relevancia», señala Puigdevall.

En concreto, el plan que presenta el Gobierno comprende tres ámbitos de actuación. Por un lado, la renovación de la vivienda o edificios de la manera tradicional, mediante la petición por parte de la comunidad de propietarios de rehabilitar de su edificio. Por otro, la renovación de barrios enteros, espacios comunes y ciudades de menos de 5.000 habitantes a fin de apoyar a la España despoblada. En este segundo caso, las actuaciones serán consensuadas con la comunidad y los Ayuntamientos, en tanto que son los que mejor conocen el territorio. Como último ámbito, el programa comprende la rehabilitación de edificios públicos del Estado, Comunidades y Ayuntamientos, en especial escuelas y espacios sanitarios.

Más allá de los beneficios económicos y medioambientales que generará este programa, también incidirá en los puestos de trabajo, generando alrededor de 400.000 empleos. «En el delicado contexto socioeconómico en el que nos encontramos, la generación de empleo es muy buena noticia y puede que este plan de renovación energética contribuya a encauzar una progresiva recuperación económica», analiza Puigdevall. Junto a los puestos de trabajo, este programa contribuirá a rehabilitar 150.000 viviendas hasta 2023, lo que supone multiplicar por cinco la cifra actual.

Desglose presupuestario del plan de rehabilitación

El desglose presupuestario para el plan de rehabilitación energética de los edificios se realiza a tres años vista, aunque en los actuales presupuestos ya hay otorgada una anualidad en estas partidas.

En concreto, la más cuantiosa va dedicada a la renovación de vivienda y los barrios, con 2.400 millones de euros. 500 millones irán destinados a la España despoblada, es decir, ciudades de menos de 5.000 habitantes. 1.080 millones de euros irán destinados a la renovación de edificios de Comunidades y Ayuntamientos, mientras que para edificios del Estado irán destinados 1.000 millones. La línea de ayudas de acción local, la llamada ‘Agenda Urbana’, recibirá 20 millones.

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