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Castilla-La Mancha tramita las instalaciones de autoconsumo fotovoltaico vía comunicación previa

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Tramitar las instalaciones de autoconsumo fotovoltaico vía comunicación previa elimina el problema de las esperas de hasta ocho meses que se han producido hasta ahora y que afectan al medioambiente y la generación de empleo.

Gracias a la decisión de Castilla-La Mancha, ya son más de la mitad las Comunidades Autónomas que, a instancia del trabajo realizado por UNEF, han eliminado esta barrera administrativa y han agilizado los procesos de aprobación.

La reactivación del autoconsumo es clave en la recuperación económica de España por su capacidad para crear riqueza y ayudar a reducir los costes de las empresas.

La mayor parte de los países europeos no solicitan licencia de obra para los proyectos de autoconsumo.

La Unión Española Fotovoltaica (UNEF) ha logrado que Castilla-La Mancha apruebe la adecuación de las leyes autonómicas de urbanismo a la realidad del autoconsumo, para que estas instalaciones se tramiten por la vía de la comunicación previa, lo que agiliza considerablemente la tramitación administrativa. Con ésta, ya serían más de la mitad las Comunidades Autónomas que han eliminado esta barrera administrativa al desarrollo del autoconsumo y, por tanto, agilizado los procesos de aprobación.

«Queremos felicitar al gobierno de Castilla-La Mancha por haber tomado esta importante decisión. La mejora de la agilidad de las tramitaciones es, en este momento más que nunca, clave para que se reactive la actividad de todo el entramado de autónomos y empresas que pueden hacer del autoconsumo una vía más de recuperación económica y generación de empleo en los municipios tras la crisis actual por la COVID-19», ha señalado José Donoso, director general de UNEF.

Por su parte, Juan José Moreno, delegado de UNEF en Castilla-La Mancha y presidente de Fitecam, la asociación de instaladores eléctricos y telecomunicaciones de esta Comunidad, recuerda que «la licencia de obras supone un impacto en el coste de la instalación y desanima a los ciudadanos que quieren apostar por el autoconsumo para reducir su factura eléctrica y contribuir a la lucha contra el cambio climático». «Simplificar, digitalizar y homologar las tramitaciones administrativas a nivel autonómico y local es clave para reactivar el autoconsumo, fundamental a su vez para la recuperación económica», añade. De hecho, esta es una de las áreas en las que UNEF invierte sus esfuerzos a nivel nacional, dado que aún quedan comunidades que exigen procesos diferentes para tramitar una instalación de autoconsumo.

Asimismo, Benito Puebla, también delegado de UNEF en Castilla – La Mancha y fundador y CEO de I+D Energías, ha agradecido al gobierno regional «que haya tomado en consideración las peticiones que veníamos haciendo durante este último año para sustituir la licencia de obras por una declaración responsable para instalaciones de aprovechamiento de la energía solar mediante captadores térmicos o paneles fotovoltaicos tanto sobre la cubierta de las edificaciones y otras construcciones auxiliares de éstas -incluidas las pérgolas de los aparcamientos de vehículos-, como en los espacios de las parcelas en suelo urbano, no ocupados por las edificaciones y otras construcciones auxiliares de éstas, cuando las instalaciones no comporten un empleo de la parcela superior al cuarenta por ciento de su superficie no edificable». «Esto hará sin duda que potenciemos el autoconsumo en nuestra región siendo motor económico y generación de empleo», ha añadido Puebla.

Gracias al trabajo realizado por UNEF, asociación que representa al 90% del sector, en Castilla-La Mancha, a partir de hoy, la comunicación previa sustituirá la licencia de obras, trámite que no se ajusta a la naturaleza de una instalación sobre cubierta y que conlleva retrasos de hasta ocho meses en la tramitación del proyecto.

Así, Castilla-La Mancha pasa a formar parte de las diez Comunidades Autónomas -entre otras Illes Balears (Ley 7/2013), Extremadura (Ley 11/2018), Cataluña (Decreto Ley 16/2019), Andalucía (Decreto-ley 2/2020) y, recientemente, Aragón- que han eliminado este trámite que se ha convertido en la principal barrera para el desarrollo del autoconsumo fotovoltaico y la instalación de energías renovables en los municipios.

Eliminar estas barreras administrativas es fundamental para que el autoconsumo contribuya, junto a las plantas fotovoltaicas en suelo, al cumplimiento del objetivo marcado por el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) y para que haya una más pronta recuperación y una menor destrucción de empleo.

Baleares expropia 56 viviendas vacías de grandes propietarios para destinarlas a alquiler social

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El conseller de Movilidad y Vivienda del Gobierno de las Islas Baleares, Josep Marí, ha firmado la primera resolución para la expropiación de uso de viviendas vacías de grandes tenedores inscritas en el Registro de grandes tenedores de las Illes Balears. En esta primera resolución de expropiación se incluye un total de 56 viviendas.

Esta expropiación de uso o cesión de uso es una medida incluida en la Ley 5/2018, de 19 de junio, de la vivienda de las Illes Balears, y, con el alcance de la resolución adoptada, es pionera a todo el Estado.

La resolución supone el inicio de la expropiación del primer paquete de pisos vacíos de grandes tenedores que -una vez completado todo el proceso legalmente establecido- se podrán incorporar al parque de vivienda social que gestiona el IBAVI durante siete años.

De las primeras 56 viviendas cuyo uso se expropiará durante siete años hay 27 ubicadas en Mallorca, 23 en Menorca y 6 en Ibiza.

Las 27 viviendas de Mallorca están situadas en Palma (11), Inca (11), Llucmajor (2), Manacor (2) y Calvià (1).

Las 23 de Menorca se encuentran en Ciutadella (17) y Maó (6).

Los seis de Eivissa están en Eivissa (1), Santa Eulària des Riu (2) y Sant Antoni de Portmany (3).

En los próximos días se publicará la resolución en el BOIB, se notificará a los grandes tenedores la expropiación de uso y se abrirá un plazo para la presentación de alegaciones.

Estas viviendas han sido visitadas por personal técnico de la Dirección General de Vivienda y Arquitectura y se han considerado adecuadas (por sus dimensiones, características y estado) para incorporarse al parque de vivienda social.

El conseller ha destacado que con esta primera resolución se empieza a materializar una de las iniciativas más innovadoras de la Ley de la vivienda de las Illes Balears: la cesión obligatoria de los pisos vacíos de los grandes tenedores en aquellos lugares donde hay una objetiva necesidad de vivienda.

«Es una medida pionera en todo el Estado. En estos momentos, a pesar de que hay algunas comunidades que tienen figuras asimilables, están, la mayoría, en fase de detección de pisos vacíos y no se ha producido ninguna medida de cesión obligada de viviendas del alcance de la que hoy se inicia en las Illes Balears, que incluye 56 pisos», ha explicado Josep Marí.

Ha insistido el conseller en que esta es una medida que permite sacar pisos del mercado especulativo para ponerlos en manos de quien más lo necesita y retorna su función social a la vivienda, que se incumple estando los mismos cerrados.

La cesión de uso es un procedimiento expropiatorio, por lo que no es gratuito para la Administración, que tendrá que pagar un justiprecio para poder utilizar durante siete años estos pisos y destinarlos a alquiler social.

Para este primer paquete de pisos por expropiar, se prevé un coste de 1,8 millones de euros. A los grandes tenedores -según determina la ley- se les paga una compensación por la expropiación de uso por los siete años en un único pago.

El precio de compensación que pagará el Govern por estas viviendas es considerablemente inferior a los precios de alquiler que tiene registrados (como índice de referencia de precios) para la comunidad autónoma de las Illes Balears el Ministerio de Transportes,Movilidad y Agenda Urbana. Este índice fija un precio medio mensual de 624 euros, mientras que la cantidad que pagará el Govern es de una media de 391 euros mensuales.

Las personas a las que se les adjudicarán estos pisos (una vez que se incorporen al parque público) pagarán un alquiler que siempre estará adaptado a su capacidad económica y nunca superará el 30% de sus ingresos. El Govern asume con recursos públicos la diferencia entre el alquiler que pagará el inquilino y la compensación al gran tenedor, si se da esta circunstancia.

Detalle de distribución de los pisos por islas y su coste:

Para los pisos de Mallorca la media del precio que el Govern pagará al gran tenedor es de 408 euros al mes. La previsión total es de 926.000 euros en compensación por la cesión.

En Menorca, el precio medio que se pagará será de 336 euros mensuales (un total de 649.000 euros por la compensación al gran tenedor).

En Ibiza es donde se pagará el precio más alto: 530 euros mensuales. La previsión presupuestaria para Ibiza es de 266.00 euros para la indemnización a los grandes tenedores.

Finalmente hay que recordar que, paralelamente a la expropiación de uso de este primer paquete de pisos, el Govern sigue una segunda línea de acción respecto de los pisos de los grandes tenedores: el ejercicio del derecho de tanteo y retracto en las operaciones de disposición de viviendas entre los grandes tenedores. Al mismo tiempo, refuerza el control sobre los grandes tenedores, con sanciones más graves por los incumplimientos.

El objetivo es, por esta segunda vía, poder adquirir unas 40 viviendas para destinarlas también a alquiler social. De momento, se ha iniciado ya el proceso de adquisición por esta vía de ocho viviendas ubicadas en Palma, Manacor y Es Mercadal.

El TSJ de Extremadura autoriza la demolición parcial y revegetación de la Marina Isla Valdecañas

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La Sala Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) ha dictado un auto en el que declara que no existe obstáculo para la ejecución de las tareas comunicadas por la Junta de Extremadura en el Plan de Trabajo presentado, y autoriza a la administración regional a iniciar las actuaciones necesarias para poner en marcha la ejecución de los autos dictados por dicha Sala en el incidente de ejecución de Marina Isla Valdecañas.

El auto responde así a las alegaciones presentadas por todas las partes implicadas en la Diligencia de ordenación de fecha 14 de enero de 2021 dictada en el incidente de ejecución 17/2014 y 18/2014, el cual está recurrido en casación ante el Tribunal Supremo por Ecologistas en Acción.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo, señala que algunos de los pronunciamientos del auto «tienen la condición de firmes», pues, ninguna de las partes discute sobre ellos y pueden ser ejecutados puesto que el recurso de casación no afectará a estos pronunciamientos.

En este sentido, ahonda la fundamentación en que «no se causan perjuicios, no se crean situaciones irreversibles y en nada se obstaculiza lo que el Supremo pudiera acordar si revocase los autos del TSJ de Extremadura por la ejecución de tareas acordadas por la Junta».

Entre las medidas propuestas por la Junta de Extremadura, la Sala indica que se pueden ejecutar todas las que versan sobre la demolición de todo lo que se encuentra en fase de estructura o no está terminado (segundo hotel, viviendas que se iban a construir, viviendas terminadas que sirven de oficina a la promotora y el piso piloto).

También pueden iniciarse las labores de revegetación, las medidas de vigilancia ambiental, la puesta en funcionamiento de las depuradoras o la señalización e información sobre la ZEPA entre otras.

Por otro lado, señala la Sala en el auto, existen otras medidas que afectan al campo de golf, a la iluminación y ruidos, que si entienden que se podrían ver afectadas por la sentencia que pudiera dictar el Tribunal Supremo, al no mantenerse las mejoras propuestas por la Junta si finalmente todo lo urbanizado desaparece.

La Sala Contencioso-Administrativo del TSJEx incide en que se aprueba la ejecución de las medidas señaladas dado que «la adopción temporal de las mismas es claramente beneficioso para el medio ambiente». Contra este auto cabe recurso de reposición.

Zaragoza logra el apoyo de los arquitectos para rehabilitar diez conjuntos urbanos

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El Área de Urbanismo y Equipamientos del Ayuntamiento de Zaragoza ha impulsado las reformas de los denominados grupos sindicales a través de la firma, con el Colegio Oficial de Arquitectos de Aragón, de un convenio de colaboración para la redacción de los Estudios de Detalle de diez conjuntos urbanos de interés de la ciudad.

La firma, suscrita por el consejero Víctor Serrano y el decano del Colegio de Arquitectos, Pedro Navarro, implica que la Demarcación de Zaragoza del citado colegio facilitará diez equipos de cuatro profesionales cada uno para la realización de los citados Estudios de Detalle, mientras que la dirección técnica y el control de dichos Estudios será realizada por el Servicio de Planeamiento del Ayuntamiento, perteneciente al área de Urbanismo y Equipamientos.

De este modo, una decena de estos conjuntos urbanos podrán disponer de esta herramienta de planeamiento de desarrollo, que acondiciona la normativa urbanística y de planeamiento urbano para que, después de ser validados por el Ayuntamiento de Zaragoza, puedan desarrollar sus proyectos de reforma, rehabilitación y mejoras.

Como ha explicado el decano del Colegio Oficial de Arquitectos de Aragón, Pedro Navarro, «se consigue así desatascar el problema de licencias surgido a raíz de la modificación parcial 154 del PGOU que exigía Estudios de Detalle a estos conjuntos urbanos, pero que no quedaba claro cómo se podían desarrollar».

Por ello, como ha señalado el consejero Víctor Serrano, «ahora conseguimos avanzar en una cuestión urbanística para dar mejor calidad urbanística a estos conjuntos que entre todos agrupan a unas 3.000 viviendas afectadas, y así podrá ganar en mejor accesibilidad, realizar reformas basadas en sostenibilidad, y mejorar el entorno de todos estos conjuntos».

«De este problema venimos hablando desde hace muchos años en la ciudad y no se había resulto del todo, y es importante porque nos da un pistoletazo de salida para ser ambiciosos, porque en el momento en que se desbloquee esta situación, es cuando nosotros como Ayuntamiento podremos plantearnos actuaciones potentes en regeneración urbana, rehabilitación y sostenibilidad», ha resumido Serrano, quien ha puesto en valor «la colaboración público-privada y con la sociedad civil es útil para avanzar en el trabajo de las Administraciones públicas y en los retos a futuro de la ciudad».

En concreto, el acuerdo supone abrir la posibilidad de este impulso a los grupos Andrea Casamayor (antes José Antonio Girón) en sus fases I y II (400 y 390 viviendas); Ortiz de Zárate (264 viviendas); San Jorge-Severino Aznar, en Duquesa Villahermosa en sus fases I y II (218 y 238 viviendas); Arzobispo Doménech (256 viviendas); Gabriela Mistral (antes General Urrutia) con 346 viviendas; Teniente Polanco (162 viviendas); Vizconde Escoriaza (124 viviendas); y Picarral (478 viviendas).

Los estudios de detalle, que están jerárquicamente por debajo de las normas generales como los Planes Generales o Planes Parciales, suelen suscribirse a una vivienda, edificio, manzana o unidad urbana, y son necesarios para actuar en zonas comunes, obras de accesibilidad, instalación de algunos ascensores, definir espacios de aparcamientos, proponer la variación de las dimensiones máximas de una fachada, ejecutar actuaciones funcionales o realizar reformas similares, lo que suponen las grandes necesidades de este tipo de conjuntos conocidos como los grupos sindicales.

La normativa vigente contempla tres tipos básicos de Estudios de Detalle: los que señalan alineaciones y rasantes que no afecten a la ordenación estructural ni disminuyen la superficie destinada a espacios libres, públicos o privados; los que ordenan los volúmenes de la edificación de acuerdo con las especificaciones del planeamiento (asignación concreta a las parcelas de los volúmenes edificables, reordenación de los volúmenes, definición del viario interior de acceso a los edificios, o establecimiento de los viales o suelos destinados a dotaciones públicas); y los que determinan condiciones estéticas y de composición de la edificación.

Los Estudios de Detalle, que debe aprobar posteriormente el Ayuntamiento de Zaragoza, tienen que ser elaborados por profesionales de la arquitectura, y suelen incluir información catastral y de registro, análisis sectorial de impacto de la nueva ordenación, planos, proyecto o propuesta de reordenación, memoria…

A finales de febrero, el equipo de Gobierno de la ciudad ya aprobó, con carácter definitivo, el documento de coordinación del conjunto urbano denominado Balsas de Ebro Viejo y los estudios de detalle de las comunidades de vecinos de Valle de Oza, 6; Valle de Gistain 4-6: avenida de San Juan de la Peña, 31; Valle de Oza, 13-15; y Peña Oroel, 13-15-17.

Dinero perdido, 200.000 empresas cerradas y más de 350.000 bajas de autónomos

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Según datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística (INE), la pandemia destruyó el negocio de más de 350.000 trabajadores autónomos, aunque el peor golpe se lo llevaron las PYMES que contaban con cinco o menos trabajadores en su plantilla.

Para Yannick Charton, socio fundador de Valio Consulting, se trata de una crisis laboral extrema: «el gran perdedor ha sido el tejido productivo de España, que sigue pagando las consecuencias de la extrema paralización de las actividades durante los últimos meses».

La pandemia ha sido una de las crisis más violentas que han tenido que vivir los españoles, sobre todo en lo que se refiere al ámbito comercial, de pequeños y medianos emprendedores y autónomos.

Según los datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística (INE) publicados en el primer informe del 2021, la pandemia destruyó el negocio de más de 350.000 trabajadores autónomos, aunque el peor golpe se lo llevaron las PYMES que contaban con cinco o menos trabajadores en su plantilla.

«El gran perdedor ha sido el tejido productivo de España, que sigue pagando las consecuencias de la extrema paralización de las actividades durante los últimos meses», informa Yannick Charton, socio fundador de Valio Consulting. Y añade: «en base a los informes, se prevé que el 15% de los autónomos tendrá que cerrar definitivamente, y uno de cada tres ha tenido que llevar a cabo reducciones de plantilla».

En contraposición, las grandes empresas han podido sobrevivir gracias a la aplicación del ERTE, que hasta fines de enero contaba con más de 730.000 trabajadores. En este sentido, el informe del INE agrega que «apenas un 2% de las empresas españolas con más de un centenar de empleados ha tenido que cerrar sus puertas tras la primera fase de brotes que sacudió a España».

«La mayoría de los ERTE, por decantación, han tenido que aplicarse en el sector de la restauración, con la disminución del turismo en las principales comunidades el país», afirma Charton. «Por ello es importante, sobre todo para garantizar la continuidad de las pymes, reactivar la economía y generar nuevos puestos de empleo, acelerar un proceso de digitalización y seguir pidiendo por un plan de ayuda y emergencia», finaliza.

El sector de la restauración, el más afectado por la pandemia

Dentro del mismo informe, el INE aclara que la hostelería ha sido el sector más golpeado por la crisis económica de la COVID-19, sobre todo por las fuertes restricciones impuestas por el Gobierno en bares y restaurantes durante más de 10 meses.

«Más de 250.000 que se encuentran en ERTE, de hecho, corresponden a trabajadores del rubro hotelero y gastronómico, por la extrema medida del cierre de los locales comerciales», aclara Yannick Charton. Y agrega: «en lo referente al comercio minorista, hay más de 55.000 empleados afectados, mientras que en el mayorista, más de 38.000, cifras hasta ahora casi nunca alcanzadas».

La digitalización ha sido el salvamento de muchas empresas que han logrado subsistir gracias a la reconversión de sus estrategias. De hecho, los autónomos y pymes que trabajan en el sector de la comunicación y el marketing, han sido los que han podido sobrevivir o, al menos, subsistir, a la crisis.

«Hay rubros que, por la coyuntura, han logrado subsistir y permanecer dentro del mercado, y hasta algunos han logrado crecer y expandirse», explica Yannick Charton. «Pero otros autónomos, sobre todo aquellos que se dedican a la pequeña hostelería de menú diario, enseñanzas no regladas, fotógrafos, floristas, trabajadores de espectáculos de feria y ocio nocturno, no han logrado hacerlo y han quebrado por la crisis y la falta de ayudas oficiales», finaliza.

Cinco dudas sobre las viviendas Passivhaus que conviene conocer si se quiere apostar por este estándar

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Las casas pasivas están de moda: la mitad de los proyectos Passivhaus que hay en España se han certificado en los dos últimos años.

Para la obtención de este estándar, un técnico homologado en Passivhaus deberá verificar durante la fase de proyecto y de obra que se cumplen los requisitos establecidos. Este especialista será el encargado de remitir la documentación pertinente al Passivhaus Institut.

Aunque apostar por este modelo es entre un 5% y un 15% más caro respecto a una vivienda convencional, supone un ahorro anual en la demanda energética de hasta el 90%.

La pandemia y las restricciones de movilidad han puesto de manifiesto las grandes deficiencias que presenta el parque de viviendas español, especialmente en lo que respecta a la demanda energética, mala calidad del aire interior o problemas de aislamiento. Esto ha provocado que la construcción sostenible más exigente, como es el caso de la edificación basada en el estándar Passivhaus, haya adquirido más importancia que nunca. Especialmente, teniendo en cuenta que, tras varios años en proceso de adaptación a la Directiva Europea 2010/31/UE, España ya cuenta con una legislación que aborda, por fin, la construcción de Edificios de Energía Casi Nulo (EECN).

Aunque la normativa vigente es más laxa que los requisitos que pide el certificado Passivhaus, todo apunta a que su presencia ganará un gran protagonismo en los próximos años por sus numerosas ventajas: ventilación mecánica como instrumento para mantener los espacios interiores limpios y sin contaminantes; enorme reducción de la demanda energética, aspecto muy importante ahora que pasamos mucho más tiempo en casa a raíz del teletrabajo; temperatura constante y confortable durante todo el año… De hecho, desde que se homologase en España la primera vivienda pasiva en 2010, el número de proyectos con este sello en nuestro país asciende ya a 169, según los datos de la Plataforma de Edificación Passivhaus, habiéndose certificado la mitad de ellos en los últimos dos años.

Conseguir este estándar no es tarea fácil, ya que no solo se requiere llevar a la práctica los exigentes requisitos que lo caracterizan, sino también lograr el beneplácito del Passivhaus Institut de Alemania, encargado de acreditar si un edificio cumple con los niveles técnicos necesarios para ser considerado como tal. Pero ¿qué hay que hacer para conseguir ese certificado? ¿es preciso contratar a profesionales especializados? ¿qué requisitos se han de cumplir? ¿es mucho más caro que otro tipo de edificaciones? Con motivo del Día Mundial de la Eficiencia Energética (5 de marzo), los expertos de Sto, compañía alemana con sede en España especializada en la elaboración de materiales y soluciones constructivas para edificaciones sostenibles, responden a las dudas más frecuentes sobre el certificado Passivhaus:

¿Qué es exactamente una casa pasiva? Una casa pasiva o Passivhaus, es un estándar de construcción creado en 1988 por el físico alemán Wolfgang Feist y el sueco Bo Adamson, profesor de la Universidad de Lund. Este modelo responde a un determinado tipo de diseño constructivo que busca reducir al máximo la energía necesaria para su climatización, logrando mantener un ambiente y una temperatura constantes y confortables durante todo el año mediante la optimización de los recursos existentes. Los cinco principios que lo acompañan son: excelente aislamiento térmico, carpinterías de altas prestaciones (triple acristalamiento, baja transmitancia y correcta instalación), ausencia de puentes térmicos, hermeticidad del aire y ventilación mecánica con recuperación de calor. Cualquier nueva construcción, con independencia de su tamaño y uso, puede edificarse según los estándares Passivhaus. ¿Cómo obtener el certificado energético de casa pasiva? En 1996 nace el Passivhaus Institut en Darmstadt (Alemania), entidad gestora de los certificados para casas pasivas. Para que este organismo conceda este reconocimiento, es necesario cumplir con estos cuatro requisitos:

1. Demanda de energía primaria (calefacción, agua caliente y electricidad): igual o menor de 120 kW/m² por año.

2. Demanda de energía en calefacción y refrigeración: igual o menos de 15 kWh/m² al año.

3. Estanqueidad al aire: n50 igual o menor de 0,6 / h.

4. Transmitancia térmica de la envolvente: U = 0,8 W/m²K en muros con ventanas, y U = 0,15 W/m²K en muros opacos.

Para su obtención, un técnico homologado en Passivhaus deberá verificar durante la fase de proyecto y de obra que se cumplen los requisitos establecidos. Este especialista será el encargado de remitir la documentación pertinente al Passivhaus Institut o a una entidad certificadora avalada por esta institución (Passivhaus Certifier).

¿Cuánto cuesta una casa pasiva? La construcción de una casa pasiva tiene un sobrecoste estimado de un 5% respecto a una vivienda convencional. Las diferencias pueden llegar, incluso, hasta el 15% en aquellas Passivhaus del segmento inmobiliario prime. Y es que el incremento del precio viene determinado, en la mayoría de los casos, por los acabados elegidos, diseño, ubicación de la futura vivienda o nivel de conocimiento técnico del arquitecto y constructora elegida.

¿Cuánto ahorro a largo plazo supone apostar por este estándar? A pesar de este sobrecoste, conviene tener en cuenta el gran retorno de la inversión de construir una casa pasiva. En este caso, destacan tres factores:

1. Revalorización del inmueble. Un edificio certificado con el estándar Passivhaus tiene una revalorización estimada de un 20%.

2. Amortización a medio plazo por el ahorro energético. Por ejemplo: una vivienda de 120 m² gasta en calefacción unos 1.500 EUR anuales de media, y una casa pasiva de las mismas características puede llegar a gastar 150 EUR: hasta un 90% menos.

3. Gastos de funcionamiento. Cuando los costes energéticos se reducen hasta cerca del cero, el propietario del inmueble se protege de las fluctuaciones de precios del mercado de la energía.

¿Existe certificado Passivhaus para rehabilitación? Sí, su equivalente es la certificación EnerPHit, también expedida por el Passivhaus Institut. El objetivo de este tipo de rehabilitaciones es lograr la mayor reducción de demanda energética posible. Con un carácter más flexible que el certificado Passivhaus al tener en cuenta las dificultades que entraña el proceso de rehabilitación de un edificio existente, mantiene muchos de sus principios y aplica soluciones específicas que se adaptan a las particularidades de las construcciones a rehabilitar.

Isabel Díaz Ayuso apuesta por reducir la burocracia y mejorar la regulación

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La presidenta de la Comunidad de Madrid ha destacado la apuesta del Gobierno regional para reducir la burocracia y mejorar la regulación, con el objetivo de promover el emprendimiento, crear empleo e impulsar el crecimiento económico. La presentación ha tenido lugar en el encuentro de South Summit celebrado en IE University.

Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, ha presentado esta mañana la nueva línea abierta contra la hiperregulación, en el encuentro del Consejo Rector de Spain Startup-South Summit, la plataforma global de innovación y conexiones de alto valor del ecosistema mundial de startups, corporaciones e inversores para la generación de negocio. El Gobierno regional pondrá en marcha una web que permitirá escuchar al ecosistema emprendedor y a los ciudadanos, detectar necesidades y eliminar barreras regulatorias. La reunión ha contado también con la participación de los Consejeros de Hacienda y Función Pública; Economía, Empleo y Competitividad; y el de Ciencia, Universidades e Innovación, entre otras autoridades.

Díaz Ayuso ha subrayado que el Gobierno regional trabaja para «flexibilizar las normas, impulsar rebajas fiscales y promover una liberalización sin precedentes». «Somos una de las regiones más competitivas de Europa, con vocación y talento internacional, con un entorno seguro y gran conectividad», ha añadido Díaz Ayuso, quien ha afirmado además que el crecimiento y la adecuación a los ritmos del mercado son claves para consolidar el ecosistema emprendedor.

Durante el encuentro, Isabel Díaz Ayuso ha escuchado las necesidades del ecosistema emprendedor e innovador presentadas por miembros del Consejo Rector de South Summit, que está formado por numerosas personalidades vinculadas al emprendimiento y la innovación con emprendedores como Juan de Antonio (Cabify), Kike Sarasola (Room Mate), Lupina Iturriaga (Fintonic), Bernardo Hernández, María Fanjul, Miguel Arias (Telefónica); inversores como Aquilino Peña y corporaciones ligadas a la innovación como Endesa, Sabadell, BBVA, Telefónica o Ferrovial, entre otros muchos.

De esta forma, South Summit continúa con su apuesta por impulsar el talento y el emprendimiento en España y por mostrar el potencial de la ciudad de Madrid como hub emprendedor, innovador y de atracción de talento internacional.

Durante la presentación, María Benjumea, fundadora y CEO de Spain Startup-South Summit ha resaltado que «en el ecosistema emprendedor se ha seguido avanzando en inversión e innovación durante este año, pese a la incertidumbre. Cada vez más surgen nuevas startups y se potencia el talento emprendedor. España y Madrid siguen siendo un lugar donde estar e invertir. Ahora el objetivo es promover la innovación como motor de la nueva economía. Y el ecosistema emprendedor juega un papel clave para conseguirlo».

Diego del Alcázar, vicepresidente de IE University, ha señalado además que «en IE University trabajamos para impulsar el cambio positivo a través de la educación, la investigación y la innovación. Para nosotros es un privilegio estar situados en Madrid, una ciudad emprendedora gracias a South Summit, un hub educativo internacional y una capital que puede convertirse también en referente mundial del trabajo a distancia, si implementamos las medidas fiscales y normativas adecuadas». «El teletrabajo mejora la productividad, permite flexibilidad y es sin duda una opción xclave para un futuro sostenible», ha añadido.

Madrid presenta un mapa con la información unificada de los suelos de actividad económica

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Todas las parcelas de actividad económica en la ciudad de Madrid, tanto edificadas como vacantes, se encuentran ya a disposición de la ciudadanía en un único mapa que se irá actualizando con los cambios que experimenten y los planeamientos que se vayan aprobando. Se puede consultar en el apartado de urbanismo de la web municipal (www.madrid.es) y en el enlace https://arcg,is/1S0KKC.

La vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, ha presentado junto a los delegados de Desarrollo Urbano, Mariano Fuentes, y de Economía, Innovación y Empleo, Miguel Ángel Redondo, este visor urbanístico que ofrece la información de manera unificada, un gran avance puesto que estos datos están actualmente disponibles de manera dispersa entre el catastro, el censo de locales y el portal de datos abiertos, entre otras fuentes.

La herramienta, elaborada por la Dirección General de Planificación Estratégica del Área de Desarrollo Urbano, permite conocer la regulación urbanística vigente en las diferentes parcelas y se puede visualizar tanto mediante cartografía como con imágenes aéreas.

La vicealcaldesa ha señalado que este equipo de Gobierno escucha y corrige las dinámicas de funcionamiento para hacer de Madrid una ciudad abierta, sencilla y a disposición de la ciudadanía, a la vez que ha destacado que este visor «supone una revolución para el urbanismo en esta ciudad y un paso más en la agilización de trámites y la apuesta por la digitalización e innovación como palancas de cambio».

Asimismo, Villacís ha hecho hincapié en que mediante el visor, el Ayuntamiento transmite poder a los ciudadanos, ya que «con esta herramienta se consigue transparencia, además de una ciudadanía que gana en autonomía y que, al depender menos de la administración, también consigue abaratar costes». Asimismo, «ofrece certidumbre y seguridad, que es lo que más necesita la inversión para poder ser atraída. Y todo esto se consigue con el desarrollo de esta herramienta».

Por su parte, Mariano Fuentes ha recordado que «vivimos un tiempo donde la información lo es todo. Todos aquellos que hemos llegado a la política desde la sociedad civil sabemos la cantidad de información que maneja el Área de Desarrollo Urbano y lo difícil que era encontrarla e interrelacionarla. Pues bien, eso ha terminado. Abrimos de par en par el área y publicamos el primer visualizador urbanístico de actividad económica de la ciudad de Madrid». Fuentes ha destacado que «Madrid es de todos y todos ahora tenemos la posibilidad de disponer de la información urbanística».

Miguel Ángel Redondo ha subrayado la ayuda que este visor puede suponer «para nuestras empresas y las que vienen de fuera a instalarse en Madrid porque, bien sea a través de impuestos o de transferencias, el contar con nuevas empresas no solo beneficia a Madrid, sino a toda España».

Toda la información, a un clic

En el mapa se representan las parcelas calificadas de actividad económica (industrial y/o terciario en cualquiera de sus clases), tanto en suelo finalista como en suelo no finalista. Además, como complemento, se incluyen las parcelas de uso exclusivo industrial o terciario que se han implantado en parcelas residenciales por tener un régimen de usos compatibles. También permite obtener los datos de planeamiento en una ficha descargable.

El visor ofrece la siguiente información de las parcelas:

Superficie de suelo en metros cuadrados.

Uso cualificado por el planeamiento.

Si se encuentra edificado o vacante.

Información catastral: referencia, superficie edificada sobre rasante, uso principal y fecha de construcción.

Información del Censo de Locales y Actividad: se visualizan los locales abiertos y el epígrafe de la actividad implantada; en ocasiones aparecen los expedientes de licencia asociados a la actividad con su fecha de resolución.

Información de ámbito de planeamiento.

Tipo de ámbito (áreas de actividad económica -donde todas las parcelas están calificadas de uso industrial o terciario- o áreas de uso mixto -donde coexisten parcelas de actividad económica con el uso residencial-).

Situación del ámbito: consolidado; en fase de gestión o urbanización; pendiente de planeamiento.

Este visor es un ejemplo más del proceso de innovación y agilización de los procedimientos de trabajo en el que está inmerso el Área de Desarrollo Urbano para abrir la administración a la sociedad y acompasar sus ritmos. En esta línea se enmarcan también la aplicación CONEX para la consulta de expedientes y el asistente virtual de licencias, ya en funcionamiento.

Las policías locales de Madrid accederán a la titularidad de los inmuebles objeto de ocupación ilegal

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La Comunidad de Madrid ha dado un nuevo impulso en la defensa de la propiedad privada y pública, poniendo a disposición de las policías locales de la región un nuevo instrumento que será muy útil en sus investigaciones relacionadas con el fenómeno de la okupación.

Se trata de un convenio de colaboración entre el Gobierno regional y el Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles de España, que han suscrito el consejero de Justicia, Interior y Víctimas, Enrique López, y la decana de la Junta de Gobierno del Decanato Autonómico de Madrid del Colegio de Registradores.

Enrique López ha asegurado que este acuerdo ayudará a luchar contra un problema «que preocupa muchísimo a la ciudadanía», como es el fenómeno de la okupación. Además, ha reiterado que «la propiedad hay que protegerla en sí misma, al margen de quién sea el propietario».

Según el convenio firmado entre el Ejecutivo madrileño y el Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles de España, los agentes de los distintos Cuerpos de Policía

Local de la Comunidad de Madrid tendrán acceso, a través de un canal telemático, a la información sobre la titularidad de bienes inmuebles inscritos en los registros de la propiedad de la región que sean objeto de una denuncia de allanamiento de morada, ocupación o usurpación.

Los datos que podrán obtener por este medio las policías locales de los registros de la propiedad sólo podrán versar sobre los expedientes que tengan abiertos por este tipo de denuncias y podrán ser relativos tanto a los denunciados como a los denunciantes.

Este convenio de colaboración entre la Comunidad de Madrid y el Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles de España tendrá una duración de cuatro años -con la posibilidad de prorrogarse otros cuatro- y no supone ningún coste económico para la Comunidad de Madrid.

Durante 2020 la Fiscalía Provincial de Madrid presentó diez denuncias por ocupación ilegal de vivienda de titularidad pública, dos de ellas con el añadido de un presunto delito de tráfico de drogas, ya que se utilizan los domicilios como punto de venta y distribución.

Y ya se han abierto 21 diligencias de investigación a raíz de las denuncias presentadas por las consejerías de Justicia y Vivienda de la Comunidad de Madrid, que aludían a la posible existencia de grupos criminales.

Los Administradores de Fincas de Galicia alertan de la proliferación de restaurantes y lavanderías clandestinos en viviendas

Redacción
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El Colegio Oficial de Administradores de Fincas de Galicia (COAFGA), formado por más de 500 profesionales, vuelve a dar la voz de alarma, esta vez para denunciar la proliferación en pisos de actividades ilícitas que antes eran residuales en nuestra comunidad autónoma.

Cocinas fantasma

La secretaria del Colegio Oficial de Administradores de Fincas de Galicia, Teresa Suárez Agrasar, alerta del incremento de las llamadas «dark kitchens», «cocinas fantasma donde se elabora y reparte comida de forma habitual y cuyos inquilinos o propietarios no cuentan con los permisos y licencias necesarios para realizar esta actividad».

Muchos responsables de estos negocios ilícitos son profesionales que han tenido que cerrar sus establecimientos a causa de la pandemia o inmigrantes que cocinan recetas de sus países de origen o bocadillos en grandes cantidades, que luego distribuyen por toda la ciudad o entregan a los clientes directamente.

Además de ser una actividad clandestina que no cuenta con los permisos oportunos, la falta de instalaciones adecuadas y seguras ponen en riesgo a las comunidades de propietarios que viven en esos edificios, sin olvidar los numerosos trastornos que ocasionan, como exceso de ruidos, trasiego excesivo de gente, olores y humos, generación de grandes cantidades de basura y atascos constantes en tuberías y desagües, provocados al tirar restos de comida por los fregaderos.

Lavanderías clandestinas

Otra actividad ilícita que está en auge provocada por la crisis económica es el lavado de ropa en cantidades industriales dentro de las viviendas. «Hemos visto casos de pisos con varias lavadoras o incluso trasteros con cinco o seis máquinas. Se conectan a la corriente de agua comunitaria y están realizando coladas todo el día», denuncia la secretaria del Colegio, recordando que estas actividades tampoco se pueden realizar sin acondicionamiento previo y sin los permisos reglamentarios».

Además de lavanderías y cocinas fantasmas, los Administradores de Fincas también se están encontrando con otras actividades ilegales, como arreglo de coches en garajes privados que posteriormente se ponen a la venta, cultivo de marihuana y prostitución, esta última con un crecimiento exponencial.

Lentitud administrativa y miedo a represalias

«La razón de que estás actividades se sigan realizando con impunidad se debe a la lentitud administrativa y a que para denunciar se precisa del acuerdo previo de la junta de propietarios del edificio, algo que no siempre se produce», señalan desde la corporación, recordando además que, «si no hay pruebas fehacientes de que se está cometiendo un delito, es complicado probarlo». «El miedo a represalias del que comete la actividad delictiva también es otro factor que desanima a los vecinos a poner una denuncia», agregan.

Desde el Colegio de Administradores de Fincas recuerdan que la colocación de cámaras de videovigilancia en los portales podría ser un elemento disuasorio para este tipo de negocios, pero el coste elevado es un obstáculo para su instalación. También insisten en que se precisa del acuerdo de la asamblea de propietarios para que las denuncias sean efectivas.

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