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Cinco claves por las que el coworking se mantendrá como una tendencia en crecimiento

La pandemia de la COVID-19 ha acelerado el desarrollo y la implantación de los espacios flexibles. Teniendo en cuenta el escenario económico y el actual ritmo laboral de los profesionales, las oficinas flexibles son una oportunidad para las pequeñas y medianas empresas en momentos de incertidumbre como el actual. Sin duda, la forma de trabajar, tal como la conocíamos hasta ahora, va a evolucionar y requerirá de nuevos espacios y soluciones.

Las restricciones en la movilidad y el teletrabajo han reforzado el valor de la oficina como punto de encuentro, en términos de productividad, creatividad y conciliación familiar. La situación actual ha convertido el modelo físico/telemático en una solución de presente y futuro. Según las últimas encuestas, más del 70% de los empleados y directivos desean volver a sus espacios de trabajo y las perspectivas apuntan a un crecimiento de más del 21% de la oferta de espacio flexible en 2021 y, JLL afirma que para 2030 la cifra llegará al 30%.

Por tanto, ante la coyuntura actual y teniendo en cuenta que la demanda de los empleados incluye ahora desplazamientos más cortos hasta el lugar de trabajo y espacios menos densos que priorizan la salud y el bienestar del trabajador. La combinación de espacios tradicionales y flexibles jugará un papel fundamental.

Desde First Workplaces se han identificado cinco factores que impulsarán la demanda de espacios de coworking:

Seguridad ante la COVID-19. Actualmente las empresas deben poner todos los medios necesarios para garantizar la seguridad de los trabajadores: limpieza e higienización constante, registro de usuarios y visitantes, toma de temperatura, medición de las distancias de seguridad y redistribución de los espacios, señalización, adecuación de la climatización, trazabilidad, distribución de gel hidroalcohólico… Muchas pequeñas y medianas empresas no están en disposición de controlar todos estos aspectos. La contratación de un espacio de coworking lo pone todo más fácil, ya que los gestores de los espacios se encargan del protocolo y de garantizar que esto se cumple.

Descentralización de oficinas. Muchas empresas mantendrán una oficina de referencia, pero tendrán diversas oficinas satélite para sus empleados, para evitar, por ejemplo, que tengan que coger el transporte público y, por supuesto, también para que sean más eficientes, más productivos y puedan conciliar mejor.

Ofrece a empleados y empresarios la oportunidad de gestionar su trabajo de una forma más eficiente, autónoma y que favorezca la conciliación, ayudando la integración de los nuevos miembros, facilitando la retención del talento con el que cuenta la empresa y reforzando la vinculación entre el empleado y la compañía.

Facilita la comunicación en el equipo y el aprendizaje. La comunicación escrita requiere más trabajo que la comunicación verbal y espontánea. Con el trabajo presencial las conversaciones resultan más claras y directas y la comunicación entre los miembros del equipo se fortalece, se trazan sinergias, a diferencia del teletrabajo, que implica un esfuerzo extra.

El «aislamiento» del teletrabajo puede provocar ansiedad o, por el contrario, apatía. Los espacios de coworking que fomentan la interacción entre sus usuarios y cuentan con las condiciones, los recursos y las comodidades necesarias para trabajar, contribuyen a la mejora la salud emocional, facilitan la concentración. Las oficinas enfocadas al coworking están diseñadas para favorecer la productividad de los empleados mediante el ambiente, la luz, el mobiliario, los recursos técnicos, conexión, salas de reuniones, espacios de ocio. Un todo incluido en el sector de las oficinas.

Sevilla suma 66 casas vacías compradas y tramita la adquisición de otras 126

El Ayuntamiento de Sevilla, a través de la Empresa Municipal de Vivienda, Emvisesa, ha cerrado ya la compra de 66 viviendas por un importe de 3,6 millones de euros y tiene ya en trámites otras 126 operaciones a raíz de la última campaña puesta en marcha el pasado mes de octubre.

En total, quedan disponibles 7,7 millones de euros para las próximas compras que permitirán seguir incrementando un parque público de viviendas que en estos momentos alcanza los 2.802 inmuebles gracias a los incrementos que se han logrado en los últimos años a través de programas de adquisiciones de viviendas, permutas o la recuperación de pisos vacíos.

Junto a esto, ya han comenzado las obras de las primeras nuevas promociones de viviendas del plan municipal, concretamente en los suelos de Cisneo Alto. Estos datos fueron expuestos en el último consejo de administración de la empresa municipal junto al balance de la oficina municipal por el derecho a la vivienda digna, que ha cerrado 2020 con 1.660 expedientes de personas en riesgo de pérdida de vivienda y al nuevo programa de ayudas emprendedores y asociaciones con locales alquilados a la empresa municipal por un importe de 200.000 euros.

«Después de casi seis años, es evidente la transformación que han experimentado las políticas de vivienda en la ciudad y la reactivación que se ha producido en la empresa municipal Emvisesa con un papel importante como motor económico y con un marcado perfil social. Supo adaptarse a las necesidades que tenía la ciudad en 2015, después desarrolló medidas para contribuir a la fase de crecimiento que hemos vivido y ahora ha ajustado prioridades para afrontar las consecuencias sociales y económicas de la crisis sanitaria. Las políticas de vivienda, que son una de las principales preocupaciones de la ciudadanía, conforman una prioridad para el gobierno de la ciudad», ha dicho el delegado de Hábitat Urbano, Turismo y Cultura Antonio Muñoz.

Compra de viviendas

La Empresa Municipal de Vivienda Pública inició las campañas para la adquisición de viviendas vacías en 2018, que luego se consolidaron en el Plan Municipal de Vivienda y Suelo aprobado en diciembre de ese año. El Ayuntamiento cuenta con financiación a través de una entidad bancaria y del ICO que alcanza los 11,3 millones de euros para realizar este tipo de operaciones.

Hasta el momento se han culminado 66 expedientes, lo que ha supuesto un desembolso de 3,6 millones de euros con un precio medio de compra por vivienda de 54.912 euros. A raíz de la última campaña, a finales de 2020, se han recibido ya 355 nuevas solicitudes de las cuales 126 han sido evaluadas como operaciones válidas que se están ya evaluando para su ejecución.

Para ello, el presupuesto disponible es de 7,7 millones de euros. Esta convocatoria está abierta y, por tanto, cualquier titular de un inmueble de la ciudad de Sevilla puede consultarla y presentar su propuesta siempre dentro de unos requisitos establecidos y de un margen presupuestario. En estos momentos, las operaciones tendrán un coste máximo de 118.000 euros previa tasación por parte de Emvisesa.

Balance de la OMDV

En cuanto a la oficina municipal por el derecho a la vivienda digna creada en mayo de 2016, Juan Manuel Flores ha destacado que «se ha consolidado como un servicio fundamental para la atención a las familias con graves problemas de forma coordinada con los Servicios sociales para garantizar que ninguna familia en la ciudad pueda perder su hogar si tener una alternativa habitacional disponible adaptada a su situación socioeconómica».

Desde que se puso en marcha se han tramitado 1.660 expedientes de personas en riesgo de perder sus viviendas, de los cuales pertenecen al año 2020 un total de 268. Esta cifra no supone un incremento respecto a ejercicios anteriores. De hecho, siguen siendo los primeros meses de funcionamiento de la OMDV (segundo semestre de 2016 y 2017) cuando se ha registrado un mayor volumen de peticiones de ayuda por riesgo de perder la vivienda.

Flores ha resaltado en relación con estos datos que el 74% de los expedientes se han resuelto, que no hay ninguna persona/familia que haya completado el proceso y que no haya alcanzado o un acuerdo o una alternativa habitacional acorde con sus ingresos y que el 21% de los expedientes (361) que han llegado se corresponden con población en situación vulnerable que cumple los requisitos de ingresos para obtener lo que se denomina un certificado de excepcionalidad. En estos casos les corresponde una vivienda social que se ha tramitado ya o se está tramitando desde Emvisesa.

Hay expedientes abiertos en todos los distritos de la ciudad. Pero los más numerosos siguen siendo Cerro-Amate, Norte y Este-Alcosa-Torreblanca, que son también los más poblados.

De los expedientes registrados los más habituales son inquilinos con problemas de pago de alquiler (592 casos) seguido de ocupaciones ilegales (427) y de viviendas en propiedad (290). La mayor parte de los expedientes (53%) siguen teniendo relación con entidades bancarias aunque los particulares alcanzan ya el 31%.

En cuanto a las resoluciones, destacar también que en el 12% de los casos se han logrado acuerdos con los propietarios y que sólo un 4,8% se han negado a entablar esa negociación. Este porcentaje se ha reducido en los últimos años, lo que refleja una mayor disposición al diálogo y a la búsqueda de acuerdos extrajudiciales.

Medidas de ayuda ante la COVID-19

Por último, el consejo de administración abordó las medidas adoptadas por la empresa de vivienda en relación con la adaptación a las consecuencias sociales y económicas de la crisis sanitaria. Emvisesa, como titular de un parque público de viviendas en alquiler y de locales comerciales, ha adaptado durante el año 2020 su gestión a las consecuencias sociales y económicas de la crisis sanitaria.

Durante todo el año se han venido configurando medidas orientadas a la protección de inquilinos y a adaptar las cuotas y pagos a su situación. En este sentido, se ha articulado un protocolo para que todos aquellos inquilinos que hubieran sufrido una reducción de ingresos que haya provocado que la cuota de alquiler supere el 30% de los ingresos podrían acceder a una reducción en las cuotas. También se ofertó una permuta de viviendas para hogares que no pudieran asumir las rentas, posibilidad a la que se acogieron tres personas.

En cuanto a los locales comerciales, Emvisesa es titular en estos momentos de 260 locales de negocios y entidades sociales, 50 talleres en el Parque de Arte SAcro y 11 oficinas. La empresa municipal gestionó durante el pasado año protocolos para facilitar aplazamientos y fraccionamientos de los pagos de rentas a todos los negocios instalados. Pese a esto, son muchos los negocios y proyectos que están atravesando graves dificultades.

El objetivo de Emvisesa es que los locales sigan contribuyendo a la reactivación económica y que ejerzan como dinamizadores de la actividad en muchos barrios. Por eso, la pasada semana la comisión ejecutiva de Emvisesa aprobó una convocatoria extraordinaria de ayudas por un importe de 200.000 euros destinada a todos los emprendedores y entidades que tienen locales de Emvisesa.

Concretamente, 170.000 euros irán destinados a emprendedores y autónomos y 30.000 euros, a entidades sociales. Este dinero se destinará a gastos de alquiler dentro de las dos fórmulas que se plantean: o una amplia moratoria para los pagos o una reducción de las cuotas. Para la concesión se establecerá un baremo que valorará el efecto que ha tenido sobre su actividad el estado de alarma, las inversiones realizadas, los puestos de trabajo o las dimensiones del local.

Canarias construirá dos edificios públicos a prueba de terremotos para albergar servicios esenciales

La Dirección General de Patrimonio del Gobierno de Canarias, departamento adscrito a la Consejería de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos, ha sacado a licitación la redacción de los proyectos técnicos para la construcción de dos edificios de máxima seguridad en Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas de Gran Canaria donde se concentrarán los servicios esenciales de la Comunidad Autónoma.

El Gobierno pretende, de esta manera, terminar con la dispersión actual de los servicios que se prestan las 24 horas del día los siete días de la semana (24 por 7) y mejorar la eficiencia económica y operativa de los mismos, además de garantizar la seguridad de las instalaciones.

El vicepresidente canario y consejero de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos, Román Rodríguez, ha explicado que la construcción de los edificios es una necesidad perentoria de la Comunidad Autónoma, «no en vano estamos hablando de la prestación de servicios imprescindibles para la ciudadanía en materias tan sensibles como las urgencias sanitarias, las emergencias o la atención a víctimas de violencia de género».

De acuerdo con el documento ejecutivo del proyecto y para garantizar el funcionamiento de estos servicios en situaciones adversas, «resulta necesario disponer de una concentración de todos los servicios de respuesta, alerta y actuación frente a incidencias en materia de seguridad, en dos infraestructuras edificatorias localizadas en las ciudades de Las Palmas de Gran Canaria y en Santa Cruz de Tenerife».

Se levantarán en solares propiedad de la Comunidad Autónoma en el primer caso con localización provisional en El Sebadal, pendiente de decisión final, y en el segundo, en el distrito Suroeste de Santa Cruz de Tenerife.

A este respecto, el director general de Patrimonio, José Julián Isturitz, aseguró que Canarias «debe aspirar a la máxima eficacia en la prestación de los servicios 24 por 7, y esto se consigue mediante la adaptación y modernización de las infraestructuras, pero también con la centralización física de los mismos», indicó.

Los nuevos edificios, además de eliminar los problemas de movilidad, conectividad e interrelación de los servicios que se dan con la actual dispersión, estarán equipados a prueba de catástrofes y permitirán la modernización de una gran parte de este tipo de infraestructuras, «por cuanto responden a tipologías edificatorias heterogéneas, que en algunos casos ya no cumplen los requisitos de la normativa vigente, ni cubren la demanda de prestaciones actuales, en las que, además se utilizan recursos tecnológicos insuficientes u obsoletos».

Los edificios deberán tener una localización que permita la óptima accesibilidad e interconexión con las principales infraestructuras viarias de carácter urbano-territorial; de ahí que la elección de El Sebadal como ubicación sea provisional. Del mismo modo, deberán propiciar una fácil interrelación con otros servicios esenciales, especialmente aquellos vinculados a áreas críticas relacionadas con el cuidado y protección al ciudadano

La tipología edificatoria, volumen, conformación en planta y distribución interna responderán a un programa funcional estructurado conforme a las necesidades específicas de cada servicio a implantar, así como a las necesidades comunes a todos ellos.

El diseño también deberá prever su capacidad de hacer frente a situaciones excepcionales de índole sísmica y vulcanológica, o las derivadas de fenomenologías meteorológicas adversas. Igualmente habrán de observarse los principios de eficiencia, sostenibilidad e integración urbano-paisajística.

Servicios a integrar

El proyecto estima que cada edificio albergará a unos 550 empleados públicos de la Comunidad Autónoma, ocupará una extensión útil de 15.000 metros cuadrados y contará con un presupuesto de unos 30 millones de euros, sin contar con el equipamiento de las instalaciones. La ejecución y dotación de estas infraestructuras se va a financiar dentro del programa React-EU, como parte de la respuesta de la Unión Europea a la pandemia Covid-19, en concreto, dentro del objetivo estratégico de «apoyar inversiones en infraestructuras que presten servicios básicos a los ciudadanos».

Román Rodríguez detalla que los servicios que se integrarán en los edificios serán, entre otros, el CECOES, el 112, el Servicio de Urgencias Canario, la Sala Operativa del Cuerpo General de la Policía Canaria; el Cibercentro, el 012, el servicio de Atención a las Mujeres Víctimas de Violencia, el Control de Viaductos y Túneles o el Centro de Control de la Red de Emergencias.

No obstante, los edificios podrán albergar otros servicios que pueda asumir Canarias en función de las nuevas competencias recogidas en el Estatuto de Autonomía o, incluso, de otras administraciones públicas o entidades, como los centros insulares de protección civil o los centros de control de los servicios de los consorcios de emergencias o bomberos.

Proyecto compartido

El primer paso para la construcción de los edificios ha sido la licitación -la semana pasada- de la redacción del proyecto técnico para la arquitectura, ingeniería, seguridad y salud, así como helipuerto de los Edificios de Servicios Esenciales.

En el procedimiento han intervenido, además de la Dirección General de Contratación, la Dirección General de Seguridad y Emergencias, la de Telecomunicaciones y Nuevas Tecnologías, el Servicio Canario de Salud y la empresa pública Gestión de Servicios para la Salud y Seguridad en Canarias.

La redacción del proyecto cuenta con un presupuesto de licitación de 1.897.083,5 euros y un plazo de ejecución de seis meses.

Polo estratégico de fabricación de envases biosostenibles y de logística en Segovia

La ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, ha anunciado la puesta en marcha de un nuevo polo estratégico de fabricación de envases biosostenibles y una plataforma logística en el nuevo desarrollo industrial Prado del Hoyo (Segovia).

El proyecto, presentado en Ayuntamiento de Segovia con la presencia la alcaldesa, Clara Luquero, contempla la ampliación de la actual planta que el grupo Drylock tiene en el Polígono de Hontoria, la construcción de una nueva planta industrial de envases y embalajes biosostenibles y la conformación de un nuevo centro logístico, con una inversión total de 113 millones de euros.

La titular de Industria ha destacado que esta inversión «es una buena noticia para la provincia de Segovia ya que este nuevo desarrollo industrial tendrá un impacto tractor a nivel nacional y europeo en sectores como el cartón y la logística que van a contribuir a la modernización de nuestro modelo productivo hacia uno más sostenible y digital y que da respuesta a los requerimientos de un consumidor cada vez más concienciado social y medioambientalmente». Además, según ha señalado la ministra, «este proyecto generará 300 empleos directos y en torno a 1.000 indirectos de empleo joven, femenino y cualificado».

Maroto también ha destacado la importancia del trabajo conjunto entre distintas administraciones y las empresas para impulsar proyectos industriales innovadores, sostenibles y competitivos y ha anunciado que el Ministerio acompañará a este proyecto con distintos instrumentos como el Fondo de Apoyo a la inversión industrial productiva dotado con 600 millones de euros y los nuevos programas financiados con el Next Generation EU que van a permitir movilizar 4.000 millones de euros de inversión pública para la modernización y digitalización del tejido industrial y de la pyme.

Detalles del proyecto

El proyecto consistirá en la ampliación de la actual planta de Drylock, duplicando sus instalaciones actuales desde los 12.000 m2 a los 22.000 m2 con la implantación de 3 nuevas líneas productivas, pasando de las 5 actuales a 7, incorporando la gama de productos absorbentes para adultos, así como las líneas para el ‘packing’ en bolsa de papel de los pañales infantiles.

Esta última línea situará a esta empresa como la primera del sector en sustituir los envases de plástico por este nuevo envase biosostenible, con el objetivo de empaquetar en papel en 2021 al menos un 30% de los 750 millones de pañales que fabricará lo que supondrá retirar del mercado 12 millones de bolsas de plástico.

Por otro lado, se contempla la construcción de una nueva planta industrial de envases biosostenibles con una superficie estimada de más de 120.000 m2. Esta nueva planta atenderá las necesidades de diferentes sectores y de forma particular al agroalimentario en nuevas tipologías y formatos de envases, línea en la que también se posicionará a través de los nuevos envases biodegradables.

Esta inversión, incluye también la construcción de una plataforma logística de almacenaje y distribución con un espacio de 30.000m2, para facilitar una logística más eficiente en términos de coste, y más sostenible contribuyendo a la reducción de emisiones y optimizando las rutas y servicios de distribución.

El proyecto contará con la participación de seis socios promotores y colaboradores -Drylock Technologies, Femasa, Grupo Escorial, Energy Solar Tech, Aspor Engineering y Cartonajes Suarez-, además del Ayuntamiento de Segovia.

Segunda mano y obra nueva: ¿Qué viviendas están resistiendo mejor a la crisis?

La obra nueva está siendo más regular en su recuperación debido a un cambio en las prioridades de la demanda, que busca espacios exteriores y comunitarios, y a una oferta más adecuada a la demanda existente.

Tanto la obra nueva como la vivienda usada cerraron 2020 con un aumento de las compraventas respecto el año anterior del 12,6% y del 1,6% respectivamente.

La eficiencia energética de los inmuebles de nueva construcción y las condiciones de financiación, entre los factores, influyen en la estabilización de la obra nueva.

La COVID-19 ha cambiado las prioridades habitacionales de muchos núcleos familiares y esto se ha reflejado en una distinta recuperación del mercado inmobiliario según el tipo de vivienda: obra nueva o segunda mano. En este sentido, parece que la obra nueva está siendo más regular en su recuperación y, aunque las operaciones de compraventa disminuyeron durante el confinamiento de mayo de 2020 respecto al año anterior en torno a un 48% la obra nueva y un 55% la vivienda de segunda mano, estas cifras se están recuperando hasta niveles pre-COVID.

«Esta tendencia en la obra nueva se debe a distintos factores, pero, sobre todo, a un cambio de la demanda en la cual se prioriza la búsqueda de espacios exteriores como consecuencia de todo lo que hemos vivido, y esto acostumbra a encontrase en la obra nueva», explica Emiliano Bermúdez, subdirector general de donpiso. Y añade: «La oferta de vivienda de obra nueva, por otro lado, es más limitada y responde mejor a la demanda que existe, absorbiendo con más facilidad las fluctuaciones de la oferta y la demanda».

En este sentido, y según cifras del Instituto Nacional de Estadística (INE), la obra nueva cerró el 2020 con un aumento de las operaciones de compraventa en torno al 12,6% respecto el año anterior (un 1,6% la vivienda usada), después de meses de bonanza, como agosto o septiembre, donde las operaciones de compraventa aumentaron un 6% y un 29% respectivamente. Por su parte, la vivienda de segunda mano está teniendo una recuperación más lenta, presentando caídas con respecto a 2019 del 7,4% en septiembre y del 15% en octubre de 2020, pero estabilizando su tendencia hacia finales de año.

«Hay que tener presente que estas ventas que se formalizan ahora en la obra nueva corresponden a promociones iniciadas dos o tres años atrás, con lo que, dada la situación económica actual, la tendencia a medio-largo plazo es a la ralentización», analiza Bermúdez, que considera que este fenómeno será más pronunciado principalmente en las grandes ciudades.

Otros factores que influyen en la recuperación de la obra nueva

Entre los factores que decantan la balanza hacia la obra nueva se encuentra la eficiencia energética de las nuevas viviendas. «Los edificios de reciente construcción atienden a parámetros de sostenibilidad que no se tenían en cuenta en años precedentes, construyendo casas más eficientes, y esto repercute sobre todo en las facturas relacionadas con los consumos: luz, agua, gas», explica Bermúdez, que señala que la sostenibilidad en la construcción es la asignatura pendiente del mercado inmobiliario español.

La financiación es otra ventaja sobre estos inmuebles que, normalmente, acostumbran a tener un coste más elevado que las viviendas de segunda mano. En este sentido, los compradores pueden beneficiarse de los acuerdos que las promotoras tengan con las distintas entidades bancarias, pero también, relacionado con lo anterior, de hipotecas que tienen en cuenta el factor ‘sostenibilidad’ en sus condiciones financieras: «Hablamos de las hipotecas verdes o hipotecas sostenibles, las cuales premian con un tipo de interés reducido las viviendas más sostenibles por lo que respecta a la eficiencia y a la huella de carbono de dicha promoción», puntualiza Bermúdez.

URBAS entra en el negocio del autoconsumo fotovoltaico

La compañía cotizada adquiere Sainsol Energía, una start-up que en apenas 18 meses ha completado proyectos para compañías como Iberia y es socio del líder alemán de autoconsumo.

URBAS apuesta por un mercado que generará en España entre 5.000 y 8.000 millones de euros hasta 2030.

La compañía cotizada continúa con su estrategia de diversificación de negocio con su entrada en un sector emergente.

URBAS Grupo Financiero, compañía especializada en la gestión de suelo, promoción de viviendas, construcción y minería, ha dado un paso adelante en su cada vez más consolidada estrategia de diversificación de negocio, al formalizar la adquisición de la empresa emergente Sainsol Energía. Una operación que permite a la compañía entrar de lleno en el sector del autoconsumo fotovoltaico, un mercado que se prevé que genere en España entre 5.000 y 8.000 millones de euros hasta 2030, según los últimos informes de la UNEF (Unión Española Fotovoltaica).

La adquisición de Sainsol, que en apenas 18 meses se ha posicionado como una de las empresas líderes en autoconsumo, desarrollando un canal de venta indirecto, especializado, capilar y eficiente para la ejecución de proyectos de autoconsumo fotovoltaico tanto domésticos como industriales, supone el desembarco de URBAS en el sector de la energía, un sector en el que espera poder desarrollar sinergias con el resto de sus actividades.

«Con esta adquisición, reforzamos nuestra ya de por sí sólida estrategia de apuesta por negocios emergentes que generan sinergias con el resto de nuestros negocios y que tienen un horizonte de trabajo de medio a largo plazo. En el caso concreto de Sainsol, su adquisición se alinea además con los objetivos de transición ecológica perseguidos por URBAS y con los 17 objetivos de desarrollo sostenible adoptados por las Naciones Unidas», señalan desde la cotizada.

La adquisición por URBAS permitirá evolucionar la visión estratégica del negocio de Sainsol, que impulsará tanto sus propios proyectos, como los proyectos de promociones propias y de terceros que sean desarrollados por URBAS en su faceta de promotora y/o constructora, así como garantizar la continuación del desarrollo de la compañía y acordar nuevos canales de venta en un sector apoyado por los objetivos de generación renovable para 2030 establecidos en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, los planes de eficiencia energética en la edificación y en los procesos industriales, así como por las facilidades financieras públicas para fomentar la inversión verde. En este sentido, Sainsol se incorpora a Urbas como una plataforma no solo para autoconsumo fotovoltaico, sino también para proyectos de eficiencia energética, aerotermia y geotermia, sectores clave en el crecimiento futuro del grupo.

Socios de referencia

La plataforma de Sainsol, cuyo plan de negocio prevé un mix equilibrado 50/50 entre las instalaciones para el sector residencial y para el segmento comercial/industriales, ha logrado ser Preferred Partner para España y Portugal de IBC Solar, el líder alemán del autoconsumo. A ellos se une que ha puesto en marcha proyectos para multinacionales como Iberia, con quien está instalando la mayor planta de autoconsumo del Ibex35 en sus instalaciones del centro logístico en La Muñoza.

Sainsol, cuyo equipo gestor continuará en esta nueva etapa, ejecuta el ciclo completo de una instalación de autoconsumo fotovoltaico (desde su diseño inicial hasta el mantenimiento postventa), dispone de una red de instaladores con cobertura nacional y ha focalizado sus esfuerzos en la estandarización de los diseños de las instalaciones de autoconsumo.

Los Fondos de Inversión valoran la experiencia de las Gestoras de Cooperativas 

«Tenéis todas las capacidades para expandir vuestro core business o a productos adicionales o a fuente de capital, y además no tenéis muchos costes de oportunidad por intentarlo. Otros lo han hecho y les ha salido bien»

Hay momentos en la vida en los que dar las gracias por estar presente en el encuentro de dos figuras grandes que se juntan para compartir su conocimiento de una forma abierta y generosa. Uno de estos encuentros se produjo el pasado 15 de marzo cuando, en el marco de los Encuentros AGV: Modelos y Oportunidades de Negocio, -organizado por LACOOOP– se celebró un webinar de esos que te dejan con la boca abierta, te dan qué pensar y te abren nuevos horizontes.

En un entorno altamente profesional, pero con la cordialidad y cercanía que ofrecen los que ya han superado el corsé de las formalidades y lo que buscan es enriquecerse mutuamente, la Asociación de Gestoras de Viviendas -con su Patronal al frente- dio una cálida acogida a Mikel Echavarren -CEO y Partner de COLLIERS INTERNATIONAL– que reunió en torno a él a la creme de la creme del sector de las gestoras de cooperativas de viviendas para -juntos- abordar cómo afrontar los nuevos retos que plantea la economía actual desde el punto de vista de los que luchan cada día para que en este país se construyan viviendas de calidad a precio de coste. ¡Un reto nada desdeñable!

Además de las aportaciones con las que los miembros de la AGV dejaron constancia, una vez más, de todo el bagaje y conocimiento del que lleva toda una vida dedicada a proporcionar viviendas a las familias -sobre todo en los momentos más difíciles- he de decir también que todo lo que salió de la boca de Mikel Echevarren corroboró la fuerza de un sector que ha sido y es vital no sólo para que el ciudadano de a pie consiga viviendas dignas ajustadas a su realidad económica, sino para demostrar que la experiencia de las gestoras de cooperativas es algo valorado por los fondos de inversión porque, simple y llanamente, ellos no saben cómo se hacen las cosas, pero tienen el dinero para que salgan adelante.

Resumir en este modesto artículo todo los que se habló en ese encuentro es tarea ardua, pero intentaré abordar -acudiendo a citas textuales de Mikel Echavarren- las joyas más valiosas que salieron de su boca en temas tan importantes como la financiación, las nuevas oportunidades de negocio y las nuevas tendencias de un sector que, como todos, tiene que adaptarse a los nuevos tiempos.

Una cosa está clara: hay fondos dispuestos a invertir su dinero en proyectos inmobiliarios bajo el régimen de cooperativas de viviendas siempre que estén coordinados por una gestora experta. Y, si de experiencia y buen hacer sabe alguien, sin duda son las gestoras de cooperativas que forman parte de la AGV cuya dilatada experiencia se traduce en miles de viviendas entregadas, así como en mantener en primera fila a un negocio noble que tiene por finalidad cubrir una de las necesidades más básicas de cualquier ser humano: tener una casa.

Es cierto – como apuntó Mikel- que «estamos en un mercado en el que el hándicap es la falta de financiación», pero no es menos cierto -como también se encargó en destacar claramente – que «lo que no se puede subcontratar o añadir es la experiencia que tienen las cooperativas de viviendas en saber qué suelo está disponible, en cuál encajaría un proyecto residencial y en haberos bregado en los últimos 25 años con ese ayuntamiento con todos los colores políticos que ha tenido».

Señores, los que tienen el dinero -hoy en día a los fondos de inversión les resulta más rentable que a la banca- necesitan que alguien dirija las operaciones. No las económicas, sino las de gestión de los propios proyectos inmobiliarios, porque tienen sed de crecer de la mano de los que saben dónde hay que invertir en vivienda, en qué suelo y de qué manera. Los fondos de inversión necesitan a las gestoras expertas, y viceversa. Y la AGV ha sabido propiciar un encuentro de extraordinario valor en el que ayudarse a crecer mutuamente.

Echavarren retó a los que más saben diciendo que «una de las oportunidades de negocio, en términos generales, es ampliar el ángulo de visión», para luego apostillar que «hay objetivos en el mercado, alrededor de lo que vosotros estáis haciendo, donde otros hacen negocio sabiendo mucho menos del urbanismo local».

Para entrar ya en ‘superficie útil’, apuesta claramente por el binomio gestoras de cooperativas & fondos de inversión porque «si tardáis en configurar una cooperativa cuatro, cinco o seis meses, estáis fritos frente a otros competidores que se mueven con dinero del mercado». Este nuevo paradigma de éxito se culmina a través de herramientas de Big Data que permitan incrementar las preventas, reduciendo el riesgo de las operaciones y aumentando, consecuentemente, el interés de los que tienen el dinero.

«Ahora, el poder llegar a un grado de compromiso mayor al que soléis conseguir de partida, de tener gente realmente fidelizada porque está buscando viviendas sistemáticamente en unas zonas determinadas no sólo es la gasolina de vuestro negocio tradicional, sino el petardo que os permite acelerar y poder competir contra un Neinor o cualquiera que se porga por delante» confesó Mikel, quien aseguró conocer «muy buenas iniciativas para poder gestionar el Big Data de gente interesada en comprar viviendas a través de cooperativas». Estoy más que segura de que las prestigiosas gestoras de cooperativas que conforman la AGV también lo saben de muy buena tinta.

Con esta valiosa experiencia del gestor y con la ayuda del Big Data, la baza de la financiación vendría solucionada con la jugada maestra de «en lugar de gestionar algo para doscientas personas o doscientas familias, gestionar proyectos para quien tiene la pasta. El futuro de este mercado es de los fondos de inversión. Las promotoras o las grandes promotoras son propiedad de los fondos de inversión». ¿Se puede ser más provocador y certero?

Con el fin de no extenderme demasiado en un artículo que, por otra parte, he disfrutado un montón escribiendo dado que Mikel Echavarren y la AGV dan mucho juego y comparten con LACOOOP no tener pelos en la lengua, acabaré diciendo que, entre las oportunidades de negocio que se señalaron, no sólo está el archicomentado Build to Rent -en opinión de Echavarren «no tiene mucho atractivo para los bancos porque se van a quedar financiando a largo plazo» y «la negociación con el fondo no es tanto en precio, sino en qué estás haciendo, cuál es la calidad de lo que estás haciendo y cómo se estructura la financiación que te va a dar el fondo»- sino también otras líneas de negocio como las residencias de ancianos «que va a haber que tirar el 80% de las que hay en este país y volverlas a hacer todas nuevas», las residencias de estudiantes, las superficies destinadas a la logística y los centros de datos. Estos últimos son «la última moda que va a venir por parte de los inversores», señaló Mikel.

En cuanto a la posibilidad de conseguir financiación de los Fondos Europeos es bastante escéptico, aunque respetuoso, tiene claro que «la construcción del futuro sólo será industrializada» y cree que el Plan Vive de la Comunidad de Madrid va a hacer pupita a mucho inversor en Build to Rent porque «el hacer viviendas de VPPL con un descuento sobre el de las viviendas libres entre un 20% y un 30% en las mismas ubicaciones, le pega un leñazo en la línea de flotación de los que han cerrado ya acuerdos de Build to Rent potencialmente elevado».

A mí sólo me queda por añadir que «gracias a la AGV y a Mikel Echavarren por vuestra generosidad y espero que la vida nos vuelva a cruzar de nuevo».

Valencia impulsa proyectos de rehabilitación a financiar por los fondos Next Generation

La Generalitat Valenciana, a través de la Oficina para la Estrategia Valenciana de Recuperación, está trabajando con los ayuntamientos de la Comunitat Valenciana en la elaboración de proyectos de rehabilitación integral de barrios desfavorecidos, con el fin de presentarlos a la nueva manifestación de interés lanzada por el Gobierno de España para optar al plan Next Generation UE.

El director general de Coordinación de la Acción de Gobierno y responsable de la oficina, Juan Ángel Poyatos, ha señalado que esta nueva línea de actuación es una de las prioridades de la Estrategia Valenciana de Recuperación ya que implica abordar objetivos como el acceso a la vivienda, la mejora de entornos urbanos de barrios desfavorecidos, la mejora de las conexiones del transporte público de estas zonas, así como la aplicación de políticas que permitan la generación de empleo en estos barrios.

Está manifestación de interés está dirigida directamente a las corporaciones locales pero, como viene siendo habitual, la Generalitat Valenciana, a través de la Oficina para la Estrategia Valenciana de Recuperación, ejerce una función de dinamización y de asesoramiento para conseguir que los ayuntamientos presenten proyectos ajustados a los requerimientos, tanto del Gobierno de España como de la Unión Europea, y por tanto tengan las mejores opciones para obtener la financiación.

Según ha explicado Poyatos, «en las últimas semanas, junto a la Vicepresidencia Segunda y Conselleria de Vivienda y Arquitectura Bioclimática y la Dirección General de Administración Local, hemos mantenido reuniones con los ayuntamientos de la Comunitat Valenciana para informarles de cómo deben elaborar las propuestas, así como para coordinar acciones conjuntas que permitan maximizar la capacidad de los pueblos y ciudades valencianos de acceder a fondos europeos».

Según el responsable de la Oficina para la Estrategia Valenciana de recuperación «la participación de los ayuntamientos en los fondos europeos es fundamental ya que son el eslabón más cercano a los ciudadanos y la Generalitat ejerce esa labor de apoyo y dinamización para que nadie se quede atrás».

200 proyectos valencianos presentados

La Comunitat Valenciana es una de las autonomías que está mostrando un mayor dinamismo en el proceso de elaboración y presentación de proyectos a las manifestaciones de interés convocadas por el Gobierno y que se traducirán en los próximos meses en las convocatorias oficiales para optar a los fondos Next Generation UE, de ayuda a la recuperación de la Comisión Europea.

Hasta la fecha tanto la Generalitat como empresas privadas valencianas han presentado 200 proyectos a las 12 manifestaciones de interés lanzadas por el Gobierno de España por un importe de 12.000 millones de euros.

En concreto, se trata de proyectos vinculados al hidrógeno verde y la transición energética, al desarrollo y digitalización de la industria, a la lucha contra la despoblación, a la economía circular, a la movilidad sostenible o a la conservación de humedales y espacios naturales, entre otros.

«Se trata de un proceso que está abierto y, de hecho, en la actualidad, además de los proyectos destinados a la rehabilitación integral de barrios, también estamos trabajando en otras dos manifestaciones de interés que están abiertas: una sobre proyectos de ciberseguridad y otra sobre iniciativas vinculadas a la inteligencia artificial», ha señalado Poyatos.

El director general de Coordinación de la Acción de Gobierno también ha destacado la importancia de la aprobación por parte del Consell, este pasado viernes, del decreto de agilización de los procedimientos administrativos para los proyectos que obtengan financiación de la Unión Europea.

«Es fundamental que la ingente cantidad de fondos que vamos a recibir para transformar nuestra economía, reforzar nuestro escudo social, avanzar hacia un escenario sostenible y garantizar, en definitiva, el futuro de la Comunitat Valenciana, se gestionen de forma ágil ya que será la forma de superar la crisis generada por la pandemia. Al mismo tiempo contribuirán a mejorar nuestro tejido productivo, crear empleo, avanzar hacia una sociedad sostenible medioambientalmente y eliminar las desigualdades sociales que puede generar una situación como la que estamos viviendo», ha concluido Poyatos.

OCU monitoriza una subida del 57% del precio mayorista de la electricidad en marzo

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) informa que el mes de marzo cerrará con una subida del 57% del precio mayorista de la electricidad con respecto al pasado mes de febrero. Esta subida supondrá un incremento de 7 euros en la factura de un hogar medio.

Después de un mes de febrero con bajos precios de la electricidad en el mercado mayorista, en marzo se han incrementado en un 57%, respecto al mes anterior y en un 62% respecto al mismo mes del pasado año. Marzo cerrará con un precio de casi 45 euros /MWh frente los 27.74 euros/MWh del mes de febrero. La subida se debe al errático comportamiento del precio de la electricidad como en todos los meses de marzo de los últimos años, debido a la influencia de la climatología.

OCU advierte que esta subida del precio de la electricidad supondrá un incremento en la factura que pagan los consumidores. Para un hogar medio (4.6 kW de potencia y un consumo anual de 3500 kWh) este incremento del precio de la energía acabará traduciéndose en una subida de la factura mensual de 7 euros, pasando de 55.22 euros del mes de febrero a los 62 euros este mes de marzo.

En los tres primeros meses del año, la factura mensual ha pasado de 69.9 euros tras la fuerte subida de precios durante el mes de enero a bajar casi 15 euros en febrero (55.2 EUR) y remontar parcialmente durante este mes de marzo hasta los 62 euros. Si comparamos con los tres primeros meses del pasado año, los hogares acumulan un incremento en su factura de 16.4EUR (un 9% más cara).

A pesar de este incremento, los precios del kWh con las tarifas indexadas, entre las que destaca la tarifa regulada PVPC, siguen siendo claramente inferiores a los que ofrecen las tarifas con un precio fijo. Estas tarifas con precio fijo solo serían interesantes para los consumidores si el mercado mayorista consolidara durante varios meses incrementos muy superiores a los que ha reflejado la subida de este mes de marzo.

OCU recuerda, además, que la ofertas con precio fijo del mercado liberalizado que se contraten en la actualidad, tendrán una duración muy pequeña. En junio entrarán en vigor las nuevas tarifas de peajes y cargos y las comercializadoras deberán comunicar a sus clientes las nuevas tarifas una vez aplicados los cambios.

Por lo tanto, los consumidores que actualmente tienen contratadas este tipo tarifas deberán estar atentos durante el mes abril y mayo a las comunicaciones de su comercializadora, y valorar si las nuevas tarifas son o no competitivas.

Estos cambios serán más sencillos con las tarifas indexadas, como el PVPC, ya que la llegada de los nuevos peajes y cargos no debe suponer ningún problema de adaptación, al sumar directamente el coste de la electricidad en el mercado a las tarifas de peajes vigentes en cada momento.

Por todo ello OCU recomienda una vez más comparar las tarifas, especialmente a aquellos consumidores que se encuentran en el mercado liberalizado. Para ello pone a disposición de todos los consumidores su comparador de tarifas que les va a ayudar a encontrar la tarifa que mejor se adapta a sus necesidades.

Primera Ordenanza de Calidad del Aire en Madrid para promover la eficiencia energética

Madrid ha aprobado en el Pleno municipal su primera Ordenanza de Calidad del Aire y Sostenibilidad (OCAS) con el respaldo mayoritario de la cámara (PP, Cs, Vox y PSOE).

El nuevo texto normativo, que apuntala la Estrategia de Sostenibilidad Ambiental Madrid 360, se fundamenta en cuatro objetivos prioritarios para el Gobierno municipal: la mejora de la calidad del aire, la reducción de la contaminación, el impulso a la eficiencia energética y el fomento de la electromovilidad.

Todos los artículos que le dan forma persiguen el propósito común de convertir a la capital de España en una ciudad más descarbonizada, más verde, con un aire más limpio y saludable para sus ciudadanos.

Gracias a las negociaciones llevadas a cabo entre los distintos grupos municipales y el equipo de Gobierno, de las 25 enmiendas presentadas por el grupo de Más Madrid se han admitido ocho y de las 20 registradas por el grupo socialista han salido adelante cinco, lo que ha permitido introducir diversas mejoras en el borrador de la ordenanza beneficiando de manera especial a la promoción de la electromovilidad y la eficiencia energética en la ciudad.

Estos cambios afectan fundamentalmente al artículo 45, adelantándose un año la obligación de que todos los edificios no residenciales incluyan una infraestructura mínima de recarga eléctrica y también elevan el porcentaje de dotación mínima de una estación de recarga del 5 % al 10 % del total de la infraestructura en los edificios residenciales.

La ordenanza aprobada obliga, por tanto, a que antes del 1 de enero de 2023 todos los aparcamientos de edificios no residenciales cuenten con, al menos, un punto de recarga eléctrica por cada 40 plazas ordinarias de aparcamiento. En todo caso, el primer punto eléctrico de recarga se exigirá a partir de las primeras 20 plazas. Por cada 40 plazas más se sumará una con instalación eléctrica, es decir, a partir de 80 plazas serían dos puntos de recarga, a partir de 120, tres puntos y así sucesivamente.

El porcentaje de dotación mínima para infraestructuras de recarga eléctrica en los aparcamientos de nueva construcción de edificios no residenciales se eleva al 10 % frente al 5 % que figuraba en el borrador, es decir, por cada 10 plazas de aparcamiento deberá habilitarse un punto de recarga eléctrico; por cada 20 plazas, dos puntos; por cada 30, tres y así sucesivamente.

En el caso de las edificaciones de viviendas de nueva construcción también se ha elevado, con respecto al borrador de la ordenanza, el porcentaje de plazas que deben tener canalizaciones eléctricas para poder instalar un punto de recarga, pasando del 50 % al 70 % de las plazas ordinarias.

La OCAS incorpora medidas que incentivan el uso de energías renovables para fomentar la utilización racional de la energía, conseguir un mayor ahorro energético y, en consecuencia, mejorar la calidad del aire, así como favorecer un modelo urbano de acuerdo con los objetivos de neutralidad climática en la ciudad de Madrid. Además de las actuaciones mencionadas, también se requiere que las nuevas edificaciones sean de consumo eléctrico «casi nulo», debiendo obtener la calificación energética B y, en caso de que sean de titularidad municipal, la calificación A. Como mínimo, deberán dedicar el 50 % de ocupación de la parcela para la instalación de placas solares.

Adiós al carbón a partir del año que viene

Entre los objetivos de esta ordenanza se encuentra el de limitar la emisión de gases contaminantes producto de la combustión de algunas fuentes que actualmente no están reguladas y reducir las molestias procedentes de diferentes actividades, instalaciones, situaciones o comportamientos que favorecen las emisiones de humos, olores, gases o partículas.

En este sentido, una de las novedades más ambiciosas es la de prohibir el funcionamiento de las calderas de carbón desde el 1 de enero de 2022, medida avalada a su vez por la línea de ayudas que puso en marcha el Ayuntamiento de Madrid el año pasado de manera pionera para sustituir los sistemas de climatización contaminantes por otros más eficientes. Si en 2020 se reservó un crédito de 12,5 millones de euros, en 2021 se eleva hasta los 13,3 millones.

La ordenanza también incluye la obligatoriedad de que determinados vehículos realicen una revisión puntual en las ITV cuando los agentes de la autoridad detecten elevadas emisiones de humos mientras circulan por la ciudad.

Por primera vez, se regula la celebración de grandes eventos para minimizar los efectos ambientales negativos que puedan repercutir en el ambiente exterior. Aquellas ‘citas’ que superen los 5.000 asistentes deberán realizar una memoria que analice el impacto medioambiental del evento y recoja las medidas que reduzcan su huella de carbono a fin de garantizar su sostenibilidad. Se deberán compensar las emisiones de efecto invernadero por parte de los participantes para dejar un legado beneficioso para la ciudad.

Hogueras, de infracción leve a grave

La ordenanza regula cuatro tipos de emisores: de carácter fijo, las emisiones del tráfico rodado, la de actividades económicas y otro tipo de emisores para los que se establecen condiciones y medidas correctoras en su funcionamiento. Concretamente, en el caso de las hogueras se ha elevado la tipología de la infracción de leve a grave, exigiéndose autorización cuando se pretendan realizar en suelo público.

También se regulan los grupos electrógenos no asociados a edificación (su uso en eventos, ferias, mercadillos o similares se considerará excepcional y solo cuando se justifique la imposibilidad de conexión a la red eléctrica general); las labores de cocinado o de elaboración de alimentos al aire libre como los puestos de comida, así como las obras de construcción, demolición y movimiento de tierras y el depósito, almacenamiento o transporte de materiales que puedan esparcir partículas o transmitir olores.

La OCAS prioriza las medidas correctivas en caso de incumplimiento en aquellas circunstancias en las que es posible intervenir antes de interponer una sanción. En el caso de que se eludan los requerimientos, se pueden llegar a agravar algunas infracciones, sobre todo cuando los hechos se cometan durante la vigencia de un episodio de contaminación, por ejemplo, si un vehículo circula por la ciudad y previamente se le ha instado a pasar una revisión adicional de ITV. En este caso, se podría llegar a producir su inmovilización y/o retirada.

Las infracciones por incumplimiento de las obligaciones establecidas en la ordenanza se tipifican en muy graves, pudiendo acarrear multas de hasta 3.000 euros; graves, con multas de hasta 1.500 euros y leves, con sanciones de hasta 750 euros.

La nueva ordenanza, que entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, se adapta a las nuevas necesidades ambientales de la ciudad y al marco normativo de las diferentes administraciones, incluida la europea.