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¿Es obligatorio abonar las derramas en las comunidades de vecinos?

Con la llegada del buen tiempo y las restricciones existentes, muchos ciudadanos recurrirán a las zonas comunes de sus urbanizaciones como lugares de ocio. Si el mal tiempo los afectó, muchos propietarios podrían tener que hacer frente a la temida derrama para reparar los daños. Negarse los convertirá en morosos.

¿Es obligatorio el pago de una derrama? ¿Me pueden denunciar si no la pago? ¿Pueden dos vecinos pagar cantidades diferentes?

La primavera permite comprobar si el invierno ha afectado o no a las instalaciones comunitarias, provocando que los propietarios empiezan a poner a punto sus zonas comunes, acondicionando las zonas verdes, reparando o mejorando sus piscinas, instalando elementos comunes como bancos o zonas infantiles.

De cara al segundo año en pandemia son muchos los propietarios que se preguntan si es obligatorio o no tener que hacerse cargo de estos gastos, que normalmente se presentan a modo de derramas, o si la situación económica generada por la pandemia, añadido a la justificación de su limitación de uso, hace que se pueda estar exento de pagar esas cuantías.

Comprobadas las grandes dudas existentes, Legálitas recopila las cuestiones más habituales que son planteadas a sus abogados, en referencia a las derramas en las comunidades de propietarios:

1. ¿Qué es una derrama?

Se trata de una cuota extraordinaria en la que se obliga a hacer frente a los propietarios a un pago fuera de los presupuestos ordinarios de la comunidad de vecinos. Por lo general tienen carácter urgente, y se recurre a ellas cuando no hay suficientes fondos ordinarios, y son necesarias hacer mejoras en el edificio. La aprobación de esos gastos extraordinarios debe realizarse en una junta de propietarios y la mayoría exigible varía en función del gasto de que se trate.

2. ¿Cuál es el límite máximo de una derrama?

La Ley de Propiedad Horizontal no recoge un límite económico de máximos o mínimos en el importe de una derrama, y será la junta de propietarios la que tenga que acordar la cantidad de esta para poder hacer frente del pago en cuestión. Sin embargo, sí se diferencia entre derramas para obras de conservación necesarias, en las que no establece límite, y derramas para obras de mejora que sí pueden tenerlo para el propietario que vote en contra de la misma.

3. ¿Cómo se calcula lo que paga cada vecino en una derrama?

Hay que tener en cuenta que no todos los vecinos pagan lo mismo en una derrama. La Ley de Propiedad Horizontal recoge que se realizará según el coeficiente del piso, es decir, según los metros útiles de la vivienda frente a la totalidad del edificio.

4. ¿Qué acciones pueden hacer a través de una derrama?

Las tareas que se pueden llevar a cabo mediante una derrama no están recogidas de manera explícita en ningún texto legal por lo general se establecen para cuestiones como la instalación o reparación del ascensor, obras necesarias para poder pasar la inspección técnica de edificios (ITE), obras para la ejecución de una piscina, reparación de un bajante, reparación de humedades, pintura de la fachada, renovación o reparación de la instalación eléctrica, desatascos o arreglo de alcantarillados, etcétera.

5. ¿La derrama siempre se produce por un imprevisto o por una urgencia?

Puesto que en los presupuestos ordinarios de las comunidades de propietarios los gastos suelen estar ajustados a las necesidades reales, cualquier gasto extra que no esté reflejado en esos presupuestos suele acabar en derrama, ya que no todas las comunidades de vecinos cuentan con recursos económicos suficientes para hacer frente a esos imprevistos. Por este motivo es habitual que cualquier contratiempo tenga que recurrir a una derrama para poder pagar un gasto no presupuestado. Sin embargo, dentro de esos presupuestos anuales, también se pueden planificar con tiempo las derramas para organizar el pago de un gasto en concreto que se conoce con tiempo.

6. ¿Estoy obligado a pagar la derrama?

Esa obligatoriedad dependerá del tipo de derrama del que se esté hablando, no entran dentro de la categoría de obligatorias las relativas a la mejora del edificio para afrontar el deterioro provocado por el paso del tiempo. Sin embargo, existen las derramas para la conservación del inmueble, en las que sí es obligatorio que los propietarios paguen, puesto que se trata de una derrama que tiene como objetivo el mantenimiento del edificio en condiciones de seguridad y habitabilidad. Por otro lado, podemos hablar de las derramas para la eliminación de barreras arquitectónicas, en la que los propietarios tienen obligación de pago siempre y cuando el pago de la derrama no sobrepase doce mensualidades ordinarias.

Hay que tener en cuenta que, una vez adoptado el acuerdo de derrama en la Junta de Propietarios, es legal, por eso es complicado negarse a pagar sin que esa decisión tenga consecuencias legales ya que ese acuerdo obliga a todos los propietarios.

7. Si un vecino no quiere pagar la derrama ¿Qué sucede?

Una vez aprobado en junta negarse a su pago supondría una situación de morosidad para dicho vecino, ya que como explicábamos en al punto anterior cuando la derrama ha sido aprobada esta vincula el pago a todos los propietarios.

Ante la falta de pago de un vecino moroso, el presidente de la comunidad de propietarios puede solicitar al vecino de forma amistosa que proceda al pago de la derrama. Si este hace caso omiso de las peticiones, la comunidad podrá llevar a cabo su derecho de iniciar un procedimiento judicial, al igual que el vecino moroso por la vía legal tendrá el derecho de impugnar judicialmente el acuerdo si no está conforme.

8. ¿Qué sucede si sobra dinero de la derrama?

Si de la derrama acordada sobrase dinero a la finalización de las obras, lo habitual es que ese dinero quede en la cuenta de la comunidad para hacer frente a futuros imprevistos e intentar de esta manera evitar un nuevo gasto a los vecinos en un futuro.

Madrid emplaza a los arquitectos a que diseñen cinco parcelas bajo criterios inclusivos

Madrid es una de las 40 ciudades y regiones, pertenecientes a 9 países europeos, que participa en la nueva edición de Europan16, una iniciativa en la que esta federación de estados europeos convoca a los arquitectos menores de 40 años a participar en un concurso de ideas en diferentes lugares en torno a un tema común, que en este caso es ‘Ciudades vivas: Metabolismo & Inclusividad‘.

A través del Área de Desarrollo Urbano, que dirige Mariano Fuentes, el Ayuntamiento propone cinco enclaves en línea con la filosofía del concurso de combatir las fracturas sociales y convertir los entornos habitados en lugares de intercambio, capaces de unir lo social y lo ecológico.

Las cinco parcelas seleccionadas forman parte del proyecto Barrios Productores, integrado en la estrategia ‘Madrid, isla de color‘, y abarcan diferentes casuísticas, pero con un mismo objetivo, establecer criterios de diseño para proyectos de agricultura urbana.

Así, se propone actuar sobre espacios interbloques (parcela F y G San Blas), en parcelas municipales vacantes (casco de Fuencarral y Las Rosas) y en cubiertas de edificios públicos (IFEMA).

El proyecto Barrios Productores se centra en la creación de una infraestructura verde en la ciudad. Se trata de recuperar parcelas municipales sin uso o infrautilizadas para convertirlas en nodos productivos donde se integra la actividad agraria en la ciudad y que sirvan de espacios de convivencia para los vecinos.

Los interesados en participar en este concurso de ideas pueden inscribirse ya en la página de Europan. El plazo finaliza el 17 de septiembre de 2021. Los resultados se conocerán el 20 de diciembre de este año. Habrá siete primeros premios de 12.000 euros y 7 segundos premios dotados con 6.000 euros.

El Ayuntamiento orientará, pero no decidirá las propuestas ganadoras -serán elegidas por un jurado de expertos arquitectos, docentes y urbanistas- ni éstas serán vinculantes. Además de Madrid, en España participan Badajoz, Valencia, Barcelona, Guipúzcoa y Almería.

Las cinco parcelas para concursar

La selección de emplazamientos para el concurso Europan busca la creación de un espacio productivo capaz de integrarse en la diversidad territorial de la ciudad. Estas son las cinco parcelas propuestas:

1. Parcela D Gran San Blas. Es un espacio interbloque en el distrito de San Blas-Canillejas, al sureste de la ciudad, con una superficie de 6.478 m². Al estar ubicada en un entorno residencial, al suroeste de una dotación educativa, el colegio Ramón del Valle Inclán, la propuesta deberá tener en cuenta el uso actual estancial y la oportunidad que ofrece la proximidad del colegio.

2. Parcela F Gran San Blas. En este caso también se trata de una parcela interbloque situada en el distrito de San Blas-Canillejas y que cuenta con una superficie de 11.137m². Los suelos de este enclave discurren a lo largo de la calle Arcos de Jalón. En la actualidad, son espacios infrautilizados, a menudo usados como aparcamiento informal.

3. Parcela en Las Rosas. Son suelos resultantes de un ensanche reciente en el distrito de San Blas-Canillejas, con una superficie de 36.329 m². Se sitúa entre las manzanas residenciales del desarrollo de Las Rosas y la Nueva Centralidad del Este, un suelo urbanizable aún sin desarrollar y que forma parte del entorno que se proyectó en su día para el parque olímpico. La propuesta deberá atenuar el impacto medioambiental de la autovía de circunvalación y, al mismo tiempo, humanizar la percepción visual del paisaje urbano de la zona.

4. Parcela en el casco histórico de Fuencarral. Esta parcela se ubica en el distrito de Fuencarral-El Pardo, al norte de Madrid, y tiene una superficie de 1.085 m². Está situada entre las calles Sandalio López e Islas Antípodas, con un acusado desnivel. Está desprovista de vegetación y en la actualidad se usa como conexión peatonal informal en la dirección norte-sur, conectando el caserío del sur con el centro del casco, por lo que en la propuesta deberá valorarse que se pueda mantener esta funcionalidad.

5. Cubiertas del recinto ferial IFEMA. Se trata de cubiertas de edificios de uso dotacional público ubicados en el complejo urbanístico Campo de las Naciones, conformando una ciudadela. Ubicado en el Distrito de Barajas disponen de una superficie de 187.138 m².

El Plan de Recuperación destina 6.820 millones a vivienda y otros 13.200 a movilidad sostenible

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha presidido la segunda reunión de la Comisión Interministerial para la Recuperación, Transformación y Resiliencia, el principal órgano de gobernanza del Plan de Recuperación.

El objetivo de la reunión ha sido informar sobre el plan diseñado por el Gobierno de España para la gestión y el desarrollo de los fondos europeos de recuperación Next Generation UE y que suponen para España la recepción de 140.000 millones de euros en transferencias y créditos en el período 2021-2026.

El plan, en palabras del presidente del Gobierno, es «el más ambicioso de la reciente historia económica de España» y la mayor oportunidad para nuestro país desde la entrada en la Unión Europea.

El Plan de Recuperación contempla el impulso más importante de nuestra historia en inversión pública y viene acompañado de una agenda de reformas estructurales que van a permitir lograr cinco objetivos: modernizar el tejido productivo y la Administración, impulsar la capacidad de crear empleos de calidad, aumentar la productividad y el crecimiento potencial de la economía, reducir las brechas sociales y de género e impulsar la economía verde.

De acuerdo con las directrices europeas, las medidas que recoge el plan establecen cuatro ejes de transformación: la transición ecológica, la transformación digital, la cohesión social y territorial y la igualdad de género. Estas cuatro líneas de trabajo se van a desarrollar a través de diez políticas palanca y treinta componentes que articularán los proyectos específicos del plan.

El calendario del Plan de Recuperación establece, para el corto plazo, promover la recuperación tras la emergencia sanitaria; para el medio plazo, impulsar la transformación integral de nuestra economía; y para el largo plazo, lograr que España alcance un desarrollo robusto, sostenible y resiliente desde el punto de vista económico-financiero, social y medioambiental.

Las 10 inversiones clave en la primera fase de ejecución del Plan

El Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia se articula a través de 212 medidas, de las que 110 son inversiones y 102 son reformas. Las inversiones van a movilizar cerca de 70.000 millones de euros en el periodo 2021-2023. Los ámbitos verde y digital serán cruciales y acapararán el 39% y el 29% de la inversión respectivamente; la educación y la formación obtendrán el 10,5% de los recursos y la I+D+i el 7%.

De las 20 principales inversiones que se van a desarrollar en la primera fase del plan, las más relevantes por su presupuesto son:

– Estrategia de Movilidad Sostenible, Segura y Conectada, con unos recursos de más de 13.200 millones de euros

– Programa de Rehabilitación de Vivienda y Regeneración Urbana, con unos recursos de 6.820 millones de euros

– Modernización de las Administraciones públicas, con 4.315 millones de euros

– Plan de Digitalización de Pymes, más de 4.060 millones de euros

– Hoja de Ruta del 5G, con casi 4.000 millones de euros

– Nueva Política Industrial España 2030 y Estrategia de Economía Circular, con más de 3.780 millones de euros

– Plan Nacional de Competencias Digitales, más de 3.590 millones de euros

– Modernización y Competitividad del Sector Turístico, con un importe de 3.400 millones de euros

– Desarrollo del Sistema Nacional de Ciencia e Innovación, con 3.380 millones de euros

Y el despliegue e integración de energías renovables, con una inversión de 3.165 millones de euros.

Reformas clave para la modernización de la estructura económica y social

El capítulo de las reformas que incluye el Plan de Recuperación se basa en la Agenda 2030 de Naciones Unidas y en las recomendaciones específicas para España dentro del semestre europeo en 2019 y 2020 y abarca aspectos clave para nuestra economía como el sistema energético, la enseñanza, la demografía empresarial y el mercado laboral.

Entre las principales reformas que contempla el plan, se encuentran:

– La modernización y el refuerzo del Sistema Nacional de Salud

– Un nuevo sistema energético y despliegue de renovables, con una hoja de ruta del hidrógeno verde

– La modernización de la Justicia

– La nueva economía de los cuidados

– La Ley de Aguas y plan de depuración, saneamiento, eficiencia, ahorro y reutilización

– La modernización y digitalización de las Administraciones Públicas

– La política de residuos e impulso de economía circular

– La estrategia de movilidad sostenible y conectada.

– La reforma del sistema nacional de ciencia y apoyo a la innovación

– Una nueva política de vivienda

Ejecución inmediata del Plan de Recuperación

Pedro Sánchez ha explicado al término de la reunión de la Comisión Interministerial que todo está preparado para que comiencen a desarrollarse los primeros proyectos en cuanto se apruebe el Plan de Recuperación. «Las consecuencias beneficiosas del Plan comenzarán a notarse desde el primer minuto de su ejecución», ha señalado el presidente del Gobierno quien ha insistido en que el plan es un proyecto de país para las próximas décadas y generaciones.

El plan va a aportar un crecimiento adicional de en torno dos puntos porcentuales al año a partir de 2021, favorecerá la creación de más de 800.000 puestos de trabajo durante su periodo de ejecución y mejorará la vertebración del país mediante la fijación de población en todo el territorio.

El 55% de los jóvenes españoles entre 25 y 29 años vive con sus padres

El número de hogares en España volvió a aumentar durante 2020 y alcanzó los 18.754.800 como valor medio, lo que supuso un 0,7% más que en el año anterior (129.100 hogares más), según la Encuesta Continua de Hogares del Instituto Nacional de Estadística (INE).

El 55% de los jóvenes entre 25 y 29 años vivía con sus padres o con alguno de ellos en 2020. Este porcentaje ha crecido 6,5 puntos en los siete últimos años. Por sexo, el porcentaje de no emancipados fue del 62,9% en los hombres y del 46,9% en las mujeres.

Por su parte, el porcentaje de personas de 30 a 34 años que vivían con sus padres o con alguno de ellos se situó en el 25,6%, con un aumento de 5,1 puntos desde 2013. En los hombres el porcentaje fue del 31,3% y en las mujeres del 20%.

La población residente en viviendas familiares se incrementó un 0,5%, mientras que el tamaño medio de los hogares se mantuvo en 2,5 personas por hogar. Los hogares más frecuentes en 2020 volvieron a ser los formados por dos personas (30,4% del total). Le siguieron los unipersonales (26,1%, aunque la población incluida en estos sólo supuso el 10,4% del total). Por su parte, los hogares de cinco o más personas constituyeron el 5,8% del total. Su tamaño medio fue de 5,6 personas y concentraron al 13,1% de la población.

Por tamaño, el número de hogares de una persona aumentó un 2% en 2020, el de dos un 0,6% y el de cinco o más personas creció un 1,3%. Por el contrario, el número de hogares con tres y cuatro personas se redujo un 0,1% y un 0,4%, respectivamente, respecto a 2019.

El tipo de hogar más frecuente en 2020 fue el formado por parejas, con o sin hijos, que supuso el 54,0% del total. Atendiendo al número de hijos que viven con la pareja, en España había 3,91 millones de hogares formados por parejas sin hijos, 2,89 millones formados por parejas con un hijo y 2,76 millones por parejas con dos hijos. El número de parejas que vivían con tres o más hijos se situó en 562.200, con un incremento del 2,1% respecto a 2019.

Si se tienen en cuenta otros tipos de hogar en los que además de la pareja figuran otros miembros, en 2020 se alcanzaron los 10,7 millones de hogares en los que residía una pareja. Y, considerando los hogares en los que había más de una pareja, se llegó a un total de 11,3 millones de parejas.

Atendiendo a la situación legal de convivencia, el mayor porcentaje de parejas de hecho se observó en las parejas sin hijos (con 898.300, el 20,2% del total). En el caso de parejas con dos y con tres o más hijos este porcentaje se situó en torno al 11%.

Hogares unipersonales

En España había 4.849.900 personas viviendo solas en el año 2020. De esta cifra, 2.131.400 (un 43,6%) tenían 65 o más años. Y, de ellas, 1.511.000 (un 70,9%) eran mujeres. En cuanto a los hogares unipersonales de menores de 65 años, el 59,1% estaban formados por hombres y el 40,9% por mujeres (1.629.700, frente a 1.128.800). Comparando con los valores medios de 2019, el número de personas que viven solas se incrementó un 2,0% en 2020 (96.200 más).

Por grupo de edad, los hogares unipersonales de personas de 65 y más años aumentaron un 6,1% en 2020, mientras que los formados por menores de 65 años disminuyeron un 0,9%. Por sexo, los hogares unipersonales de mujeres se incrementaron un 1,9% y los de hombres aumentaron un 2,1%.

Respecto al estado civil, los hogares unipersonales de hombres más frecuentes estaban formados por solteros (59,7% del total) y los de mujeres por viudas (45,5%).

Por edad, el 44,1% de las mujeres mayores de 85 años vivían solas, frente al 24,2% de los hombres. El porcentaje de personas que viven solas difiere por sexo y edad. Así, en las edades hasta 64 años fue más elevado en los hombres. Y en las edades mayores de 65 años fue mayor en las mujeres. A edades tempranas (menos de 25 años) la propensión a vivir solo fue del 0,7% en los hombres y del 1,1% en las mujeres.

Hogares monoparentales

Los hogares monoparentales (formados por uno solo de los progenitores con hijos) estaban mayoritariamente integrados en 2020 por madre con hijos. En concreto había 1.582.100 (el 81,4% del total), frente a 362.700 de padre con hijos.

El número de hogares monoparentales aumentó un 3%, respecto a 2019. El de madre con hijos creció un 3,4% y el de padre con hijos un 1,6%. El tipo de hogar formado por un progenitor con uno o más hijos menores de 25 años se incrementó un 6,8%. En un 37,6% de los hogares de madres con hijos ésta era viuda, en un 40,2% separada o divorciada, en un 15,8% soltera y en un 6,4% casada.

Régimen de tenencia de la vivienda

El 76,9% de los hogares ocupaba viviendas en propiedad en 2020, tanto con pagos pendientes como sin ellos. Por su parte, el porcentaje de hogares que vivía en alquiler se situó en el 17,3%, frente al 18,3% de 2019.

El régimen de tenencia de las viviendas varía según la nacionalidad. Así, el 56% de los hogares con algún miembro extranjero vivían en régimen de alquiler, frente al 11,7% de los hogares con todos sus miembros de nacionalidad española.

Por su parte, el porcentaje de hogares con algún miembro extranjero con vivienda en propiedad con pagos pendientes aumentó al 20,6%, desde el 19,4% de 2019. En los hogares con todos los miembros de nacionalidad española, el porcentaje de viviendas en propiedad con pagos pendientes se situó en el 28,8%, frente al 28,1% del año 2019.

El número de hogares creció en 2020 en todas las comunidades autónomas y no varió en la ciudad autónoma de Ceuta. Los mayores aumentos se dieron en Canarias (1,5%), Región de Murcia (1,4%) y en Illes Balears y Comunidad Valenciana (1,1% ambas).

En cuanto al tamaño medio del hogar, las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla presentaron los más elevados, con más de tres personas en ambos casos. A continuación se situaron Región de Murcia (2,72 personas) e Illes Balears (2,62). En el extremo opuesto figuraron Principado de Asturias (2,2 personas por hogar), Castilla y León (2,29) y Cantabria y País Vasco (2,37 ambas).

Las ciudades autónomas de Melilla (19,6%) y Ceuta (17,2%) y Región de Murcia (9,1%) presentaron los mayores porcentajes de hogares de cinco o más miembros. Por el contrario, Principado de Asturias (2,5%), Castilla y León (3,4%) y Extremadura (4%) tuvieron los menores.

Las comunidades con mayor porcentaje de hogares unipersonales fueron Principado de Asturias (31% del total de hogares), Castilla y León (30,2%) y La Rioja (28,9%). Por su parte, los menores porcentajes de hogares unipersonales se dieron en las ciudades autónomas de Melilla (18,9%) y Ceuta (20,9%) y en Región de Murcia (21,6%).

La demanda de viviendas con eficiencia energética se ha incrementado un 30% 

Estos datos surgen de un estudio realizado por el Consejo General de los Colegios Oficiales de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de España.

Los factores más valorados por los nuevos compradores son el que la vivienda tenga un rendimiento elevado en eficiencia energética y unos aislamientos acústicos de calidad.

Como resultado del reciente confinamiento provocado por la crisis del coronavirus, se ha visto forzada una toma de conciencia respecto a las carencias que tienen miles de viviendas en España y se ha visto modificada la búsqueda y las expectativas de la demanda por parte de nuevos compradores. Un cambio sustancial que se ha registrado es la búsqueda de viviendas eficientes y se ha detectado un incremento del 30% en este tipo de demanda desde el inicio de la pandemia.

Dentro de los factores más valorados, destacan que las viviendas tengan un rendimiento elevado de eficiencia energética y unos aislamientos acústicos de calidad.

«Una vivienda con un mal aislamiento término es una vivienda costosa de mantener y conseguir una temperatura agradable las 24 horas del día a lo largo de un periodo de tiempo resulta prohibitivo», explica Lola Alcover, secretaria del Consejo General de los Colegios Oficiales de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de España. Además, indica que una vivienda con mal aislamiento acústico «siempre es incómoda y molesta y se puede tornar muy difícil de soportar el permanecer en ella durante días y días de manera ininterrumpida».

Se denomina vivienda eficiente, energéticamente hablando, a los inmuebles que consumen una relativa baja cantidad de energía externa para cumplir las exigencias normales de habitabilidad de sus ocupantes. «Será mejor la que instale luminarias tipo LED y electrodomésticos de bajo consumo (los de letra A) que aquella que «desperdicie» energía a través de suelos, techos y paredes, o de rendijas en las ventanas. También será mejor aquella que ajuste con programación sus instalaciones de calefacción y refrigeración a los periodos de tiempo en los que se encuentra ocupada o desocupada», analiza Alcover.

¿Qué diferencia una vivienda sostenible de una vivienda eficiente?

Una vivienda sostenible es aquella respetuosa con el medio ambiente tanto en su diseño y construcción, como en el día a día de su vida útil, y en el momento de su demolición. Así, por ejemplo, será más sostenible una vivienda construida con los mismos materiales cuando éstos provienen de un fabricante local, al reducirse el consumo de carburantes en el coste de transporte (utilicemos mármoles levantinos, y no italianos, o granitos castellanos, y no brasileños); una envolvente -suelos, paredes, techos y carpintería exterior- aislante; o una instalación de calefacción geotérmica; o una cubierta de placas solares o con cobertura vegetal que permitirán economizar en consumos de energías suministradas desde el exterior y con su correspondiente coste ambiental.

A la hora de seleccionar los materiales constructivos, hará más sostenible a la vivienda la elección de aquellos que resulten fácilmente reciclables (como metales, maderas, o piedra natural), frente a otros (como cerámicas u hormigones) que con un alto consumo energético de fabricación van a terminar en las escombreras.

«Mientras que el concepto de eficiencia puede ser medido a través del simple parámetro de ahorro económico en el consumo energético cotidiano (a menor consumo mayor eficiencia); el de sostenibilidad, al ser más amplio, merece ser medido con el parámetro -de nuevo cuño- huella de carbono (Kg de CO2 emitidos a la atmósfera por la fabricación de un artículo, por el transporte de cierto material, o por la realización de cualquier actividad humana). En definitiva, es la cantidad de energía no renovable necesaria para construir, mantener a los ocupantes cómodos, y «deconstruir» una vivienda (a menor huella de carbono mayor sostenibilidad», explica Alcover.

«Una vivienda eficiente NO es más cara que una no eficiente»

Es cierto que todavía es bastante corriente la opinión de que las viviendas de estas tipologías son más caras que las otras, pero es preciso tener presente que, aunque esto sea así si con un criterio muy limitado atendemos exclusivamente al simple coste de adquisición del inmueble, la realidad es totalmente la contraria.

La secretaria del Consejo General de los Colegios Oficiales de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de España asegura que «una vivienda eficiente NO es más cara en absoluto, algo que es fácilmente constatable en el importe de las facturas energéticas que se generan y que evidencian no solo la amortización del gasto inicial adicional, sino el ahorro continuado en el consumo de energía del inmueble».

Además, destaca que una vivienda sostenible añade a los beneficios de la anterior el hecho de que con ella «sembramos futuro». «Se trata de una inversión que, aunque no vaya a repercutir totalmente en nosotros, sí lo hará en las generaciones venideras, al dejarles un entorno más amable y agradecido, que también será traducido con certeza en un retorno económico», subraya la experta en el sector inmobiliario.

Vía Célere entrega 2.104 viviendas en los últimos doce meses

Vía Célere incrementa un 54% las entregas hasta las 493 unidades en el primer trimestre de 2021.

La promotora suma un total de 2.104 viviendas entregadas en los últimos 12 meses, desde el 1 de abril de 2020 hasta el 31 de marzo de 2021, el mayor dato anual de una promotora en los últimos doce años.

Madrid ha sido la Comunidad donde se han escriturado más viviendas en este primer trimestre, con 218, seguida de las ciudades de Bilbao, con 73, Málaga, con 53, Sevilla, con 40, Girona, con 37, A Coruña, con 25, Valencia y Barcelona, con 22 entregas en cada ciudad, y Valladolid, con 3.

Vía Célere, promotora especializada en el desarrollo, inversión y gestión de activos inmobiliarios, ha entregado 493 viviendas en el primer trimestre del año. Así, la compañía ha incrementado cerca de un 54% el número de escrituras respecto al mismo periodo del año anterior.

De esta forma, Vía Célere suma un total de 2.104 viviendas entregadas en los últimos doce meses comprendidos entre el 1 de abril de 2020 y el 31 de marzo de 2021, el mayor dato logrado por una promotora residencial en España en los últimos doce años, consolidando así su posición como líder del sector en el país.

Además, la compañía ha mantenido una alta diversificación en cuanto a las ubicaciones de sus entregas, realizándolas en nueve provincias diferentes. Madrid ha sido la Comunidad donde más escrituras nuevas se han concentrado, alcanzando las 218. El segundo mayor foco de actuación de Vía Célere ha sido la ciudad de Bilbao, con 73 entregas, seguida de Málaga, con 53, Sevilla, con 40, Girona, con 37, A Coruña, con 25, Valencia y Barcelona, con 22 entregas en cada ciudad, y Valladolid, con 3.

«Desde Vía Célere estamos muy orgullosos de presentar estos resultados de entregas que logran consolidar, aún más si cabe, nuestro liderazgo en el sector residencial español, gracias a las 2.104 entregas realizadas en los últimos doce meses», ha asegurado José Ignacio Morales Plaza, Consejero Delegado de Vía Célere.

Actualmente, Vía Célere cuenta con 3.408 viviendas en construcción y una cartera de 4.791 unidades en venta. Además, la compañía dispone de un banco de suelo compuesto por terrenos para más de 21.000 viviendas distribuidos entre las principales provincias españolas, con selectiva presencia en Portugal.

El Consejo General de Procuradores subasta suelos en 11 CCAA valorados en 60 millones

El Consejo General de Procuradores de España ha sido designado entidad especializada para la realización de un importante número de subastas de suelo a nivel nacional, cuyo precio de valoración en su conjunto alcanza cerca de los 60 millones de euros.

Se trata de 43 activos localizados a lo largo de todo el territorio nacional, en concreto, en un total 11 comunidades autónomas, según han anunciado los procuradores en un comunicado.

Dentro de este conjunto de bienes destaca un activo compuesto por parcelas de terreno urbano en el sector El Patriarca de Córdoba, cuya valoración alcanza los 7 millones de euros.

Para participar en esta subasta en concreto es necesario el ingreso de un depósito de 140.800 euros, fijándose la puja mínima en 4,57 millones de euros. Estos depósitos se devuelven íntegramente en un plazo de 10 días laborables si no se sale adjudicatario en la subasta.

Asimismo, en la localidad navarra de Tudela se ofrece una oferta de suelo urbanizable valorado en 5,57 millones de euros, iniciándose las pujas a partir de 2,9 millones. En este caso el depósito para poder participar en la subasta es de 111.500 euros.

En la Comunidad de Madrid se ofrece una amplia variedad de activos localizados en Torrejón de Ardoz, Móstoles, Vallecas o Villalbilla; mientras que en Cataluña la variedad de solares se distribuye principalmente en Barcelona y en Girona.

Andalucía también es otra de las comunidades con un importante número de subastas, con activos localizados en Huelva, Córdoba, Rota o Málaga; y en la Comunidad Valenciana destacan suelos en venta en las localidades castellonenses de Peñíscola, Cabanes, así como en Alicante y Valencia.

El resto de comunidades en las que se localizan subastas son: Castilla y León, País Vasco, Islas Canarias, Cantabria, Murcia, Navarra y Castilla-La Mancha.

Toda la relación de parcelas de suelo que se subastan y la información sobre cada una de ellas y su localización, así como sus condiciones particulares, cómo poder participar y otra serie de detalles puede verse en la web de subastas de los procuradores.

Más de 150 juzgados en más de 30 provincias de toda España ya han trabajado con la plataforma de la Procura, que supera los 4,5 millones de visitas.

Madrid intensifica la lucha contra la ocupación ilegal de viviendas públicas con 10.552 litigios abiertos

La Comunidad de Madrid va a reforzar e intensificar la lucha contra la ocupación ilegal del parque de viviendas públicas de la Agencia de Vivienda Social (AVS) además de intensificar la lucha contra la morosidad de aquellos inquilinos que no abonan sus cuotas sin causas justificadas.

Para ello, y con carácter excepcional, se van a reforzar, mediante contratación externa, la representación legal y de defensa de los intereses de la AVS. Este servicio cuenta con un informe favorable de la Abogacía General, y ha sido informado esta semana al Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid.

La Agencia de Vivienda Social de la Comunidad de Madrid tiene, entre otras funciones, la gestión y administración de su patrimonio, así como las labores de inspección, control de uso y vigilancia del mismo. En cumplimiento de dichas tareas se ve obligada en ocasiones a iniciar acciones judiciales especialmente en varios tipos de litigios.

Por una parte, los casos de desahucios por ocupaciones sin título, que incluyen tanto las llamadas ocupaciones mediante patada en la puerta, como las de personas que se hacen de manera irregular con una vivienda, bien sea por cesión o por pago a los anteriores inquilinos. Igualmente, la AVS tiene que litigar ante las reclamaciones de deuda por la morosidad de sus inquilinos.

La AVS mantiene abiertos 2.154 casos por ocupaciones ilegales de viviendas de su patrimonio que requieren el ejercicio de acciones legales para proceder a su recuperación.

Esta situación permitiría poder disponer de estas viviendas para aquellas familias que se encuentren en situación de vulnerabilidad y que hayan acreditado una necesidad real sometiéndose a los procedimientos normativos establecidos e inscribiéndose legalmente en las listas de espera de la Agencia.

A pesar de que la reclamación judicial es la última de las medidas adoptadas desde la Agencia de Vivienda Social para lograr disminuir la morosidad, actualmente se mantienen abiertas 8.398 acciones contra deudores, contra las que procedería el ejercicio de acciones legales en caso de no llegar a un acuerdo extrajudicial previo y de no prescripción de la deuda.

La AVS tiene una morosidad que asciende a 65,5 millones de euros, cantidad que la propia Cámara de Cuentas ha manifestado que resulta imprescindible reducir mediante la adopción de medidas correctoras.

Por tanto, el número de expedientes judiciales que es necesario iniciar por parte de la AVS en los dos ámbitos, lucha contra la morosidad de inquilinos y contra la ocupación ilegal, alcanza un total de 10.552 litigios (cifra muy superior a la que viene asumiendo la Abogacía General de la Comunidad de Madrid).

Esta externalización de los procesos judiciales no se plantea como una solución permanente, sino que el objetivo es llevarla a cabo durante el tiempo que sea preciso para reducir significativamente la morosidad de los inquilinos y el número de ocupantes ilegales, algo que prevé en su articulado la Ley 3/1999, de 30 marzo, de Ordenación de los Servicios Jurídicos de la Comunidad de Madrid.

Valencia busca poner fin al descontrol de las construcciones en suelo no urbanizable

El Consell de la Generalitat Valenciana ha aprobado los estatutos de la Agència Valenciana de Protecció del Territori, que concretan la organización y funcionamiento de este organismo, «un paso más para poner en marcha un instrumento esencial para velar de manera eficaz por la utilización racional y legal del suelo y poner fin al descontrol de las construcciones en suelo no urbanizable que se ha producido en la Comunitat Valenciana a lo largo de muchos años», ha asegurado la vicepresidenta y portavoz del Consell, Mónica Oltra.

Oltra, que ha comparecido en rueda de prensa tras la reunión semanal del Gobierno valenciano, ha explicado que este organismo autónomo, que tendrá la sede en Elche, ejercerá, en el caso de los municipios que se adhieran, «las potestades administrativas de protección de la legalidad urbanística en el caso de la comisión de infracciones graves y muy graves en todo el suelo no urbanizable, incluyendo la potestad de inspección, de restauración de la legalidad urbanística y la sancionadora».

«Cambia, así, la situación actual donde las competencias son compartidas entre dos administraciones, la autonómica y la local, pero nada más ejerce la administración que actúa en primer lugar respecto de una infracción concreta», ha asegurado la vicepresidenta.

Articular la organización

De este modo, el Consell ha validado el decreto por el que se aprueban los estatutos de la Agència Valenciana de Protecció del Territori, organismo autónomo de la Generalitat adscrito a la Conselleria de Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad, que ejercerá las competencias autonómicas en materia de protección de la legalidad urbanística.

El objeto de este decreto es articular la organización y funcionamiento de este organismo e iniciar el proceso de adhesiones a la Agència de los ayuntamientos que así lo decidan mediante acuerdo plenario.

Por tanto, la Generalitat, a través de l’Agència, ejercerá las potestades autonómicas de protección de la legalidad urbanística respecto a infracciones graves o muy graves cometidas en suelo no urbanizable, común o protegido, con el carácter de competencia propia en concurrencia con la municipal.

Iniciado por la Generalitat en estos supuestos el ejercicio de su competencia, el municipio tendrá que abstenerse de toda actuación respecto de este asunto desde el momento en que reciba la oportuna comunicación, remitiendo a la administración autonómica las actuaciones que hasta ese momento hubiera, en su caso, desarrollado.

Andalucía impulsa 24 proyectos de ciudades inteligentes en 494 municipios menores de 20.000 habitantes

La Consejería de Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades de la Junta de Andalucía impulsará hasta 24 proyectos innovadores a través de la orden de ayudas para el desarrollo de iniciativas de ciudades y territorios inteligentes mediante el uso de las TIC en municipios menores de 20.000 habitantes. En total, han resultado beneficiarios 494 municipios andaluces, con propuestas que suman un presupuesto que supera los 10,5 millones de euros.

Este programa, que fue convocado en régimen de concurrencia competitiva, se enmarca en la estrategia de impulso al desarrollo inteligente del territorio ‘AndalucíaSmart’ que desarrolla esta Consejería, ofreciendo financiación a ayuntamientos y entidades locales andaluzas menores de 20.000 habitantes para implantar proyectos tecnológicos que mejoren la calidad de vida de la ciudadanía en todos los ámbitos que conforman los modelos de ciudad inteligente: economía, movilidad, medio ambiente, sociedad, bienestar y gobernanza.

Entre los proyectos seleccionados hay amplia representación de todo el territorio andaluz con iniciativas de ámbito provincial. Concretamente, han resultado beneficiarios 88 municipios de Málaga (1.329.693 euros); 87 de Sevilla (2.119.149 euros); 74 municipios de Córdoba (2.073.991 euros) y 69 municipios de Jaén (1.632.857 euros). Asimismo, ha sido seleccionados 67 municipios en la provincia de Huelva (862.000 euros); 60 municipios de Granada (910.275 euros); 36 municipios en Cádiz (624.748 euros) y 13 municipios en Almería (980.831 euros).

Todas las iniciativas beneficiarias están relacionadas con objetivos de desarrollo inteligente del territorio, entre los que destacan los vinculados con el medio ambiente y entornos sostenibles, con la implantación de servicios de plataformas inteligentes de gestión de las ciudades, con la mejora y la eficiencia energética o con sistemas de automatización, control y cuadros de mando. También resaltan la sensorización de las redes de abastecimiento de aguas o la aplicación de las TIC a los servicios de desarrollo turístico inteligente o a la mejora de la movilidad urbana.

Igualmente, muchos de los proyectos apuestan por impulsar la participación ciudadana y la igualdad digital, así como la mejora de la gobernanza y de la transparencia pública.

24 proyectos

Concretamente, los proyectos beneficiados han sido los siguientes. En Almería (2): ‘Sensorización de la Red de Abastecimiento de Aguas’ (Diputación de Almería) y ‘Huércal Smart Ciudadanía’ (Ayuntamiento de Huércal de Almería).

En Cádiz (3): ‘Modelo Objetivo de Gestión y Recogida de Residuos’, ‘Digitalización de Órganos Colegiados’ y ‘Somos Futuro’, todos presentados por la Diputación Provincial de Cádiz.

En Córdoba (4): ‘Córdoba Distrito Smart Zona Sur’ y ‘Córdoba Distrito Smart Zona Norte’, presentados ambos por la Diputación de Córdoba; así como ‘Smart para la Gestión del Servicio de Agua Potable’ (Ayuntamiento de Hornachuelos) y ‘Pozoblanco Slow Turismo’ (Ayuntamiento de Pozoblanco).

En Granada (3): ‘HI-Sistema de Información Territorial del Municipio’ y ‘HI-Scada Infraestructuras de Iluminación Exterior’, ambos del Ayuntamiento de Huéscar; y ‘Cloud Provincial’ (Diputación de Granada).

En Huelva (2): ‘Plataforma Turismo Inteligente’ y ‘Comercio Electrónico Local Inteligente’, ambos promovidos por la Diputación provincial.

En Jaén (3): ‘Plataforma Digital para la Gestión Energética Inteligente de los municipios de la Loma’ de varios municipios de Jaén (Ayuntamiento de Rus), ‘Jaén Territorio Inteligente’ (Diputación provincial) y ‘Activa Begíjar’ (Ayuntamiento de Begíjar).

En Málaga (2): ‘Plataforma Smart, Gestión de Incidencias y Videovigilancia’ y ‘Puntos de recarga de Vehículos Eléctricos’, ambos proyectos de la Diputación provincial.

En Sevilla (5): ‘Plataforma Smart Sevilla Provincia Inteligente’ y ‘Entorno Virtual Corporativo y Seguridad’, ambos de la Diputación provincial. También ‘Sistema Smart Movilidad Gran Vega’ , de una agrupación de ayuntamientos de Sevilla (Ayuntamiento de Lora del Río), ‘Pilas es +’ (Ayuntamiento de Pilas) y ‘Sistema GIS Avanzado con Gestión de Datos de Arahal’ (Ayuntamiento de Arahal).

De acuerdo con la orden de bases, la Junta aporta al presupuesto global de las subvenciones el 80% (7.976.730 euros), procedente del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) y se encargará de la tramitación administrativa y la ejecución de los proyectos técnicos. Por su parte, las entidades locales aportan el 20% restante (2.556.817 euros), y les corresponderá asumir el seguimiento y mantenimiento de las infraestructuras y los servicios a desplegar.