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La Cumbre Social Estatal reclama una nueva ley que garantice el derecho a la vivienda

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La Cumbre Social Estatal celebró hace unos días una jornada virtual en la que se analizaron las dificultades de las familias trabajadoras para acceder a una vivienda digna y se plantearon propuestas para garantizar un derecho constitucional hasta ahora poco desarrollado.

El Estado de Bienestar garantiza necesidades básicas como la educación, los servicios sociales o la sanidad, pero deja sin protección el derecho a la vivienda. Si queremos garantizar el derecho del acceso a la vivienda, es necesaria la intervención pública a mayor escala. Solucionar el problema del acceso a la vivienda supondría no solo una mejora para millones de hogares, sino que tendría enormes externalidades positivas para el conjunto de la sociedad.

Durante décadas la política de vivienda, no ha sido la adecuada, se ha centrado en la propiedad y ha girado en torno a la dicotomía entre el derecho a la vivienda y el mercado de inversión, mostrándose al servicio de los fondos buitres, y trasladando la burbuja inmobiliaria al mercado del alquiler.

La promoción de vivienda pública ha sido testimonial en las últimas décadas y la vivienda pública de alquiler residual. Se ha construido pensando más en el negocio inmobiliario que en las necesidades de vivienda adecuada de la población.

La vivienda, ya sea en propiedad o en alquiler, es el principal gasto que afrontan las familias trabajadoras. El alto coste de acceso a la vivienda afecta en mayor medida a los hogares con menores ingresos, lastrando especialmente la emancipación de la población joven que, además, debe soportar una elevada precariedad laboral.

El bajo crecimiento de los salarios y la subida de los precios de la vivienda de alquiler ha producido un desequilibrio entre la oferta y la demanda en el mercado. Según la Encuesta de Condiciones de Vida del INE, el 41% de los inquilinos destinaba más del 30% de sus ingresos a pagar el alquiler, y alrededor de 1,4 millones de inquilinos destinaba al pago de la vivienda más del 50% de los ingresos.

Las personas expertas que participaron en el seminario coincidieron en que este desequilibrio se puede, y se debe corregir y propusieron medidas como el control efectivo del precio de los alquileres, el desarrollo de un parque público de viviendas sociales de alquiler, la creación en todos los ayuntamientos de registros actualizados de peticiones de vivienda social, o mecanismos de diseño, gestión y financiación entre la AGE y las CCAA. Muchas de ellas recogidas en la Iniciativa Sindical por el Derecho a la Vivienda elaborada por UGT y CCOO.

Además, se deberían adoptar otras medidas también esenciales como, garantizar los suministros básicos (agua, luz, gas y telecomunicaciones), garantizar una segunda oportunidad efectiva para los hogares con deudas hipotecarias, y desarrollar medidas contra el sobreendeudamiento y los abusos financieros e inmobiliarios.

El alto número de desahucios, más de 1.200.000 hasta el día de hoy, que afecta a diferentes estratos de la población como son los niños, personas mayores, o personas con algún grado de dependencia, y que a veces llevan incluso al suicidio, exige la puesta en marcha de una política de vivienda efectiva que proteja a las personas vulnerables, sobre todo, teniendo en cuenta que la finalización del estado de alarma pondrá fin a la normativa sobre la prohibición de los desahucios durante la pandemia.

España vulnera sistemáticamente el derecho a la vivienda. El artículo 27.3 de los derechos recogidos en la Convención de Derechos del Niño, y el artículo 3.1 al no haber presencia de la Fiscalía del Menor en los desahucios con niños. Los artículos 3 y 8 del Convenio Europeo de Derechos Humanos tanto al ejecutar desahucios sobre familias vulnerables sin alternativa de alojamiento, como al no prever sus consecuencias. El artículo 17 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y el artículo 47 de la Constitución.

Las condiciones de la vivienda son un factor determinante de las desigualdades sociales en materia de salud. La falta de un hogar o un hogar inadecuado o en precario afectan directamente a la salud, tanto física como mental o emocional. En la crisis socio-sanitaria provocada por la Covid-19, el confinamiento ha situado a la vivienda como barrera de protección frente a la enfermedad, para evitar la transmisión. Sin embargo, las situaciones han sido desiguales, para algunos que viven en infraviviendas, hacinados o en precario, ha sido un castigo, y para otros, como las personas sin hogar, una utopía.

Por ello, es imprescindible una Ley por el Derecho a la Vivienda que garantice el derecho universal a una vivienda digna, asequible, accesible y adecuada como derecho subjetivo, como uno de los DDHH que aparece recogido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos en su art 25, apartado 1 y en el art 11 de Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC). Las Administraciones tienen que asumir sus responsabilidades y dar cumplimiento a la legislación existente.

Estas propuestas serán recogidas en el documento que la Cumbre Social Estatal está elaborando sobre la base de los debates monográficos que está organizando durante el primer semestre del año.

Ocho de cada diez españoles consideran muy alto el precio de la vivienda

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El 85% de los españoles cree que la vivienda en venta es cara y el 89% opina lo mismo en cuanto a la vivienda en alquiler.

Disminuye en 10 puntos porcentuales la percepción de que los precios de la vivienda seguirán una tendencia creciente.

Cada vez más vendedores y arrendadores consideran que los precios de la vivienda irán descendiendo.

Tras un año de pandemia la percepción de los españoles sobre el precio de la vivienda ha variado ligeramente mostrando apreciaciones inferiores sobre el coste de la misma. Así, mientras en febrero de 2020, el 88% creía que la vivienda en venta era cara, un año después lo piensa el 85%. Una estimación que se repite en la vivienda de alquiler, ya que antes de la llegada del coronavirus a nuestro país, el 92% opinaba que era cara, y ahora, el porcentaje se reduce al 89% de españoles que cree que la vivienda en alquiler tiene un coste elevado. Aunque los porcentajes hayan decrecido cuando se cumple un año del paso de la COVID-19, podemos decir que ocho de cada diez particulares siguen considerando el precio de la vivienda como alto o muy alto.

La tendencia de los precios del mercado inmobiliario mostrada en el Índice Inmobiliario Fotocasa durante la pandemia de 2020 y el primer trimestre de 2021, refleja una evolución que concuerda de manera generalizada con la percepción de los particulares sobre los precios del mercado de la vivienda obtenida en Fotocasa Research.

Según los datos de Fotocasa Research, en base a una encuesta realizada a más de 5.000 españoles activos en el mercado inmobiliario, durante la primera fase de la COVID-19, los ciudadanos percibieron, tanto en compra como en alquiler, un leve descenso en los precios de la vivienda. Un año después, en el mercado de la compra se vuelve a retomar la impresión de que los precios son muy elevados. En el caso del alquiler, a principios del año 2020 había un consenso generalizado sobre lo alto que estaba y la tendencia creciente y un año más tarde, parece haberse frenado y comienza a descender el porcentaje de población que considera que el precio es muy caro.

Previsiones sobre la evolución de los precios

Antes de la pandemia, en febrero de 2020, el 58% de los españoles confiaba en que los precios del mercado de la compra seguirían una tendencia creciente. Tras la salida del confinamiento, ese porcentaje descendió al 44%, y meses más tarde, en febrero de 2021, los españoles (48%) cambiaron su consideración opinando que los precios continuarán creciendo. Por lo que un año después, la idea de que los precios serán cada vez más caros ha disminuido en 10 puntos porcentuales. Otro dato destacable, es que se mantiene el porcentaje de ciudadanos que cree que los precios se están estabilizando (42%) frente a los datos de septiembre de 2020 (42%).

Las previsiones de los precios, según la percepción de los particulares, para el mercado del alquiler antes de la llegada de la COVID-19 a España, eran de tendencia creciente (71%), ahora también lo siguen siendo, pero en un menor porcentaje (58%). Por lo que de manera mayoritaria continúa la previsión de que los precios seguirán subiendo.

«La incertidumbre sobre los efectos económicos que tendrá la COVID-19, o más bien la intensidad de los mismos, produce divergencia de opiniones respecto a la tendencia de precios a futuro. En el mercado de la compra, se llegó a pensar que el mercado estaría meses paralizado. En cambio, lo que ha causado la pandemia es la creación de un fenómeno muy potente que busca comprar vivienda, lo que hace que los precios se mantengan e incluso suban respecto a 2020. En el caso del alquiler detectamos dos aspectos coincidentes que reflejan muy bien la realidad: menos particulares creen que los precios están altos y menos particulares creen que continuarán subiendo» explica María Matos, directora de Estudios y Portavoz de Fotocasa.

Las zonas más caras, según la percepción

Además, se ha analizado la percepción de los precios en las comunidades autónomas de mayor población como: Madrid, Cataluña, Andalucía, Valencia y País Vasco. Una gran mayoría, ocho de cada diez españoles, continúan pensando que el precio de las viviendas, especialmente en Madrid y Cataluña, es caro o muy caro.

La percepción del precio de la vivienda en el mercado de la compra en estas CCAA desciende del 88% en 2020, al 85% en 2021, aunque sigue siendo mayoritaria la impresión de que la vivienda tiene un precio elevado en estas regiones. A pesar de que el precio del alquiler sigue considerándose muy alto, el porcentaje baja hasta 4 puntos porcentuales (del 92% al 89%). También se mantiene cierto movimiento hacia el optimismo, en todas las comunidades, respecto a una posible tendencia a la baja de los precios del alquiler.

Madrid y Cataluña

De forma localizada en Madrid y Cataluña, 8 de cada diez piensan que la vivienda para comprar es cara o muy cara. Pero después de un año, el porcentaje ha descendido pasando del 93% en febrero de 2020, al 89% en febrero de 2021 en Madrid y del 92% al 90% en Cataluña en las mismas fechas.

Sin embargo, el precio del alquiler parece haber encontrado un punto de inflexión, especialmente en estas dos comunidades, Madrid y Cataluña, donde los precios se percibían como prohibitivos (el 90% de la población de estas dos comunidades consideraba los precios caros o muy caros), y comienza a haber un trasvase hacia posiciones menos extremas (el precio está estable o los precios decrecerán) sobre los precios de este mercado.

«Tras el paso de la COVID-19 y la previsión de que los precios de compra podrían bajar, que detectamos en septiembre de 2020, se deshace el espejismo, especialmente en Cataluña y Madrid, y se mantienen prácticamente en la misma línea que en ese mes al terminar el confinamiento. No obstante, sí que se evidencia la bajada de precios de los alquileres que venimos detectando en nuestro Índice Inmobiliario Fotocasa en estas comunidades tensionadas, y que concuerda con la percepción de los ciudadanos sobre la tendencia de los precios», comenta la directora de Estudios y Portavoz.

Los arrendadores notan más la bajada

Aunque en todos los perfiles de particulares, que interactúan con el mercado inmobiliario, se genera cierto descenso entre los que consideran los precios del alquiler muy caros, los que más acusan esta bajada son los oferentes de alquiler: caen a la mitad (del 58% al 31%) los que consideran el mercado muy caro. No es el caso de los demandantes de alquiler, que, si bien se produce una tendencia hacia posiciones más moderadas, aún el 67% considera que los precios son muy caros.

Tanto vendedores como arrendadores perciben que se generará un descenso en los precios de una forma más acusada que lo que consideran los demandantes (especialmente entre los de alquiler), que aunque aumentan los porcentajes que estiman que se mantendrán o bajarán, no se percibe un descenso tan significativo.

«También hemos detectado una ligera subida en la interacción con el mercado inmobiliario con respecto a la caída que hubo durante el confinamiento. Este hecho indica que los ciudadanos apuestan cada vez más por seguir con sus planes de vida a pesar de la pandemia y que poco a poco van perdiendo el miedo a realizar cambios dejando atrás la incertidumbre. Dónde más hemos localizado este aumento de la participación es en los inquilinos que buscaban alquilar y lo han conseguido», apunta la directora de Estudios y Portavoz de Fotocasa.

¿Cómo serán las ciudades después de la pandemia?

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La caminabilidad de Pontevedra, la ciudad de los 15 minutos de París y las supermanzanas de Barcelona se convertirán en soluciones globales.

La variable común en los distintos modelos urbanísticos del futuro: aire libre, jardines y naturaleza, fundamentales para la salud mental.

La pandemia de COVID-19 ha reabierto el debate de cómo deben ser las ciudades del futuro. Si ya en el siglo XIX las epidemias medievales de peste y cólera propiciaron el ensanchamiento de calles, la crisis sanitaria actual, según los expertos, supondrá una apuesta decidida por la sostenibilidad, el medio ambiente y la peatonalización.

Desde CEAC, centro de formación profesional y técnica a distancia de referencia en España, afirman que nos encontramos a las puertas de una nueva revolución en la vida urbana. Desde el Curso Técnico en Jardinería y Diseño de Paisajes apuntan 5 tendencias clave de las ciudades del futuro:

1. Humanas y saludables. La primera tendencia, que algunas ciudades españolas llevan años liderando, es la de reivindicar el espacio de los peatones. La ciudad antropocéntrica, humana o caminable ha salido ganando de la pandemia de COVID19, demostrando cómo es de esencial que los ciudadanos tengan su espacio. Una ciudad caminable y verde mejora la salud de sus peatones: promueve el ejercicio físico y evita el sedentarismo, a la vez que reduce la contaminación al reducir el espacio al automóvil.

En España destaca el ejemplo de Pontevedra: el 70% de los desplazamientos se realizan a pie o en bicicleta; 4 de cada 5 niños van andando al colegio; y ya no existe el aparcamiento regulado, sino plazas de aparcamiento gratuitas que solo se pueden ocupar durante 15 minutos. En la misma línea, la zona de bajas emisiones de Madrid Central impuso restricciones al tráfico, apostando por la movilidad sostenible; y el plan de supermanzanas de Barcelona lucha por crear espacios de encuentro entre sus ciudadanos.

2. Compactas y conectadas. El modelo caminable es uno de los ejes de la ciudad compacta, de proximidad, que quiere reducir la necesidad del ciudadano de utilizar el vehículo privado. La ciudad de cercanía se contrapone al modelo tradicional de ciudad dispersa, donde la población debe cubrir largas distancias en sus trayectos cotidianos.

Una ciudad compacta y de proximidad coloca al ciudadano en el centro, y todas sus necesidades deben estar a un paso: colegio, trabajo, hospital y tiendas.

Destaca la apuesta de París por la ciudad de los 15 minutos: la población se mueve dentro de distintos núcleos compactos integrados en una gran red policéntrica.

3. Móviles e inclusivas. El modelo más nuevo lo propone Suecia, la ciudad de 1 minuto quiere que los ciudadanos sean co-arquitectos y rediseñen sus propias calles (en un minuto). Es un proyecto hiperlocal, puesto que se enfocan en el paisaje urbano inmediato, entendiendo la calle como unidad básica de la ciudad. Suecia ha desarrollado un kit de mobiliario urbano que los vecinos pueden manipular según sus necesidades: maceteros, asientos, parkings de bicicletas, espacios infantiles o gimnasios al aire libre. Esta ciudad móvil se incluye en la tendencia del urbanismo táctico y participativo.

4. SMART. La tecnología nos acerca cada vez más a la Smart City, un modelo inteligente que proporciona información constante al ciudadano para hacer su vida más fácil. Los semáforos, autobuses y tiendas se comunicarán entre sí; las aplicaciones te mostrarán las plazas de aparcamiento cercano; y habrá una wifi común en toda la ciudad, entre otras. Tokio destaca habiendo aunado la sostenibilidad con la tecnología, una Smart City enfocada a crear energía renovable para el alumbrado público.

5. Verdes y sostenibles. La pandemia de COVID-19 ha mostrado la importancia de la naturaleza y el aire libre en el bienestar emocional de la población. Ha aumentado la demanda de jardines y espacios abiertos; y se ha convertido en la constante en todos los modelos de ciudad del futuro.

El TSJ de Madrid anula el plan Cocheras Cuatro Caminos con las obras de demolición iniciadas

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La Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJ de Madrid ha estimado los recursos presentados tanto por la Asociación Colectivo Ciudadano de Urbanismo Corazón Verde Chamberí como por la Asociación Madrid Ciudadanía y Patrimonio, y ha anulado la Modificación Puntual del Plan General de Ordenación Urbana de Madrid de 1997 en lo que respecta a las ‘Cocheras Metro Cuatro Caminos’, aprobada el 26 de junio de 2014.

Se da la circunstancia de que el auto llega con las obras de demolición iniciadas. Ayuntamiento concedió la licencia de demolición el verano pasado, aunque se hizo pública en febrero, y tanto la cooperativa de viviendas como Metro de Madrid están ejecutando el desmontaje desde principios de marzo, aunque en los últimos días se ha hecho más evidente con la aparición de las excavadoras.

Tras la decisión de los magistrados, que es recurrible en casación ante el Tribunal Supremo, queda sin cobertura legal la transformación de la zona.

Los jueces entienden que debe anularse la modificación urbanística al carecer de un correcto estudio de impacto ambiental y por falta de viabilidad y sostenibilidad económica.

Con relación al primer motivo de anulación, las sentencias recuerdan que si bien la Memoria Ambiental del proyecto contiene un capítulo específico relativo al estudio de alternativas medioambientales, tras su lectura «resulta evidente que ni en el informe ni en el estudio llega a realizarse un análisis de las posibles alternativas, ya que, exclusivamente, entienden que la única solución posible para ejecutar el Área de Planeamiento Remitido (APR) es a través de la ordenación planteada en la modificación, cuando ambientalmente se exige la determinación de diferentes alternativas entre las que poder concretar aquélla que sirve mejor a la ciudad sabiendo que la finalidad de la ley es promover un desarrollo sostenible, conseguir un elevado nivel de protección del medio ambiente y contribuir a la integración de los aspectos ambientales en la preparación y adopción de planes y programas, mediante la realización de una evaluación ambiental que mejor salvaguarde los intereses generales desde una perspectiva global e integrada y teniendo en cuenta todos los efectos derivados de la actividad planeada o proyectada».

«En el presente caso -añade la resolución-, ni se contempla la alternativa 0, aquélla que consiste en mantener el statu quo ambiental y territorial, ni se realiza un análisis de otras posibles alternativas de actuación, en realidad se viene a dar viabilidad a la ejecución del protocolo, lo que determina la vulneración de las distintas disposiciones legales».

En cuanto al segundo de los motivos de nulidad, la falta de acreditación de la viabilidad y sostenibilidad económica, los magistrados apuntan que «el estudio de viabilidad de la presente modificación, que supone una transformación urbanística del ámbito inicial del PGOUM de 1997, con el nacimiento de una nueva zona de suelo urbano consolidado, en la que se prevén cesiones de suelo al Ayuntamiento para redes, viario y zonas verdes, no contiene la evaluación del coste financiero del mantenimiento que esas infraestructuras va a irrogar a las arcas municipales», lo que, «efectivamente, como alega el recurrente, no cumple con los requisitos legales y lleva a estimar el motivo de nulidad de la Modificación Puntual del Plan».

Madrid y los arquitectos ponen en marcha una Oficina de Rehabilitación conjunta

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La Comunidad de Madrid ha suscrito un acuerdo con el Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid (COAM) para poner en marcha una Oficina de Rehabilitación conjunta, que se ubicará en la sede de este organismo, con medios compartidos y funcionando como una ventanilla única a la hora de dar servicios de información, permisos, visados y tramitación de subvenciones en materia de rehabilitación de viviendas y edificios.

El consejero de Vivienda y Administración Local, David Pérez, y el decano del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid, Sigfrido Herráez, han rubricado el acuerdo que da luz verde a la creación de esta oficina, que tiene como objetivos unificar la información relativa a ayudas para rehabilitación en la Comunidad de Madrid, minimizar los desplazamientos de ciudadanos y profesionales, agilizar procesos, reactivando de esta manera la actividad profesional del arquitecto.

El consejero ha señalado la necesidad de «potenciar la rehabilitación de los edificios de Madrid, tanto en su calidad como accesibilidad y sostenibilidad, la mejora de la eficiencia energética, y la descarbonización, conforme establece la Estrategia para la Recuperación y Resiliencia».

A la puesta en marcha de esta oficina se sumará el lanzamiento de una campaña de difusión y formación (para arquitectos, administradores de fincas y comunidades de propietarios) en el campo de la rehabilitación y en los trámites para la solicitud de las ayudas.

Además, se creará por parte del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid una bolsa de arquitectos especializados a disposición de las comunidades de propietarios.

«Este acuerdo forma parte del Pacto Regional por la Vivienda, suscrito por la Comunidad de Madrid con el COAM, entre otras entidades, para potenciar el sector inmobiliario como uno de los motores económicos de la región, tras la crisis originada por la COVID-19», ha explicado Pérez.

Andalucía aprueba una rebaja del tipo general del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales

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El Gobierno andaluz ha aprobado un decreto ley que rebaja el tipo general del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados (ITPAJD), con objeto de impulsar la reactivación económica de Andalucía. El decreto ley entrará en vigor el día siguiente a su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA).

La medida consiste en la reducción del tipo de gravamen general aplicable a la transmisión de inmuebles (Transmisiones Patrimoniales Onerosas) y a la constitución y cesión de derechos reales sobre los mismos, excepto los de garantía, pasando de los tipos actuales del 8%, 9% y 10% a un único tipo general del 7%. De igual modo, se reduce el tipo de gravamen general para los documentos notariales (Actos Jurídicos Documentados) del 1,5% al 1,2%.

Así, en el supuesto de una transmisión de un inmueble valorado en 180.000 euros entre dos particulares, con la normativa existente antes de la entrada en vigor de este decreto ley, la base imponible se multiplicaba por el tipo del 8% del primer tramo de la tarifa (que aplica hasta 400.000 euros), con el resultado de una cuota tributaria de 14.400 euros. A partir de la publicación del decreto ley, la cuota tributaria resultante es de 12.600 euros tras aplicar un tipo general del 7%. El ahorro que se produce es, por tanto, de 1.800 euros.

En el caso de una transmisión entre particulares de una plaza de garaje por valor de 24.000 euros, hasta ahora la cuota tributaria a pagar era de 1.920 euros (tipo del 8%), si bien, con el nuevo tipo del 7%, la cuota resultante es de 1.680 euros, con lo que el ahorro se sitúa en 240 euros.

Por otro lado, la escritura pública mediante la que se formaliza la transmisión de una vivienda nueva valorada en 200.000 euros por parte de una empresa promotora tributaría con la normativa en vigor (Decreto legislativo 1/2018) a un tipo general del 1,5%, lo que daría como resultado una cuota tributaria de 3.000 euros. Con la rebaja a un tipo general del 1,2%, la cuota tributaria es de 2.400 euros, lo que representa un ahorro de 600 euros.

Reactivación del sector inmobiliario e incentivo de obra nueva

La medida, que tendrá vigencia desde el día siguiente a su publicación en BOJA hasta el 31 de diciembre de 2021, persigue un doble objetivo. De un lado, impulsar la reactivación del sector inmobiliario, a través de un abaratamiento de la tributación vinculada a la adquisición de viviendas de segunda mano; de otro, incentivar la oferta de obra nueva a precios más asequibles, mediante la reducción de los costes fiscales gravados por la modalidad de AJD. En definitiva, el propósito último es aliviar la carga fiscal en el acceso a la vivienda.

El Gobierno andaluz adopta este decreto ley en continuidad con las medidas urgentes aprobadas por el Consejo de Gobierno para paliar la situación de crisis generada por el Covid. En particular, en el ámbito tributario se hace preciso seguir implantando medidas de apoyo tributario para mitigar el posible impacto del escenario económico de contención sobre la economía andaluza.

Esta medida ahonda en la rebaja fiscal aprobada en abril de 2019, que ha conllevado:

– En el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), la reducción de los tramos autonómicos para equipararlos a la escala estatal (de ocho tramos existentes en 2019 pasarán a cinco en 2023) y una rebaja de los tipos aplicables por tramos de forma progresiva (del 10% al 25,5% en 2019 pasarán a una horquilla del 9,5% al 22,5% hasta el ejercicio 2023), medidas que benefician a 3,7 millones de contribuyentes.

– El establecimiento de tipos de gravamen reducidos en el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados (ITPAJD). Así, se estableció un tipo reducido para familias numerosas en Transmisiones Patrimoniales Onerosas del 3,5% frente al 8% anterior para la compra de vivienda habitual de hasta 180.000 euros.

– Eliminación del tipo incrementado en el Impuesto sobre AJD en las transmisiones de inmuebles, en las que se renuncia a la exención del IVA (que estaba en vigor desde 2003), con lo que pasó del 2% al 1,5%.

– La bonificación al 99% del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones (ISD) para los Grupos I y II.

Con posterioridad, se han seguido adoptando otras medidas como la reducción de la tarifa del Impuesto sobre el Patrimonio a través de la Ley 3/2020, de 28 de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2021.

El ministro de Transportes ofrece a EEUU las empresas públicas y privadas españolas para impulsar la Alta Velocidad

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El ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, ha puesto de manifiesto la exitosa experiencia española en alta velocidad ferroviaria, que ha situado a nuestro país en la vanguardia del futuro de la movilidad de los ciudadanos en media distancia.

José Luis Ábalos, ha trasladado al secretario de Transportes de Estados Unidos., Pete Buttigieg, con el que ha mantenido una reunión por videoconferencia, la disposición de las empresas públicas y privadas españolas para impulsar la Alta Velocidad ferroviaria en ese país.

Ábalos, que ha felicitado al responsable de Transporte norteamericano por su reciente nombramiento y por la responsabilidad adquirida como consecuencia del Plan del presidente Biden para reconstruir las infraestructuras y relanzar la economía, ha puesto de manifiesto la exitosa experiencia española en alta velocidad ferroviaria puesta en marcha en 1992, que ha situado a nuestro país en la vanguardia del futuro de la movilidad de los ciudadanos en media distancia.

En ese sentido, España, con más de 3.000 km de vías de alta velocidad, ocupa la primera posición en Europa y la segunda posición del mundo, sólo por detrás de China, en alta velocidad y los viajes en ferrocarril han desplazado al uso del avión en recorridos de media distancia domésticos.

Así, en el año 2019, y teniendo en cuenta que la población española es de 47 millones, más de 22 millones de pasajeros usaron los servicios de alta velocidad, con una media de 480 km recorridos y un aprovechamiento del 77% de las plazas ofertadas.

Experiencia española en proyectos ferroviarios

El ministro ha expresado además que esta apuesta ha servido para que se desarrolle una industria nacional y que las empresas españolas sean un referente en el mundo. Como ejemplo de ello ha puesto la construcción, operativa y material rodante de la línea de alta velocidad Meca-Medina, realizada por empresas españolas.

Por ello, el responsable del Departamento ha ofrecido al secretario de Transportes norteamericano la colaboración de las empresas españolas, tanto privadas como públicas, en el caso de Adif o Renfe como consultores, para trasladar la experiencia española en el diseño, construcción y operación de proyectos ferroviarios.

En relación con los proyectos de Alta Velocidad en Estados Unidos, Ábalos ha señalado que constructoras españolas están realizando diversos tramos en California, y que Renfe está asesorando en la construcción de la línea y será el futuro operador.

Asimismo, ha añadido que España puede ofrecer su conocimiento para participar en los nuevos proyectos de construcción de infraestructuras y de gestión de servicios que se desarrollen, dada la relevancia de las empresas españolas en ese sector. En particular, ha remarcado el papel de estas en el mercado de las participaciones colaboraciones público-privadas, donde son actores principales en las licitaciones y en la gestión de este tipo de proyectos en Estados Unidos.

Por otra parte, el responsable de Mitma ha mostrado la satisfacción de España con que las políticas medioambientales y de inclusión social se encuentren entre las prioridades de las políticas estadounidenses. A ese respecto, ha puesto de manifiesto que España, al igual que Estados Unidos, ha apostado por una Estrategia de Movilidad Sostenible y que en ella el ferrocarril es un aliado en la lucha contra el cambio climático.

Ábalos, que ha invitado al secretario de Transporte a visitar España y conocer el sistema ferroviario español, ha mencionado el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia presentado por el presidente Sánchez, que guarda similitudes con los planes americanos, ya que también aborda profundas transformaciones relacionadas con la economía verde y digital, y tiene como fundamento la cohesión territorial y social, poniendo a las personas en el centro de las políticas.

Finalmente, el ministro ha recalcado el éxito de la Cumbre del Clima, en la que ha participado el presidente del Gobierno, y se ha congratulado de los ambiciosos compromisos anunciados, para cuya consecución, el sector del transporte jugará un papel clave.

Valencia reactiva el Plan IRTA para luchar contra el cambio climático con una arquitectura sostenible

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El vicepresidente segundo y conseller de Vivienda y Arquitectura Bioclimática de la Generalitat Valenciana, Rubén Martínez Dalmau, ha presentado la convocatoria de subvenciones para 2021 del plan de Impulso a la Innovación e Investigación aplicada para la Transición Ecológica en la Arquitectura (IRTA) y que cuenta con una dotación presupuestaria de 1,7 millones de euros, un 30,7% más que la convocatoria anterior.

Martínez Dalmau ha asegurado que «el cambio climático es el gran reto ambiental y socioeconómico del siglo XXI, y para hacerle frente es necesaria una profunda transformación de los actuales modelos energéticos, productivos y de vida y requiere, en definitiva, repensarlos, especialmente en aspectos tan presentes en la vida cotidiana como son la construcción y la organización de nuestros edificios, dos elementos fundamentales en el desarrollo de la transición ecológica».

Según ha asegurado el vicepresidente, se trata de una tarea en la que la Generalitat tiene que ser uno de los agentes principales mediante el impulso y el acompañamiento de proyectos innovadores en sectores estratégicos de nuestro entramado socioeconómico.

En esta línea, ha señalado que «desde la Vicepresidencia Segunda y Conselleria de Vivienda y Arquitectura Bioclimática, entendemos la rehabilitación y la arquitectura bioclimática como los dos raíles sobre los que la edificación tiene que avanzar en dirección a este nuevo horizonte sostenible».

El plan IRTA, ha indicado, «ha sido una de las herramientas con las que hemos marcado esta nueva senda de futuro por el sector de la edificación y que, en esta edición, introduce una serie de innovaciones y de manera destacada la puesta en marcha de una línea de financiación para iniciativas de investigación aplicada».

«Una línea orientada a impulsar tanto la incorporación de innovaciones en materia de sostenibilidad en el entorno construido como la transferencia tecnológica dentro del sector de la construcción», ha señalado.

Ayudas para una arquitectura más sostenible

La Dirección General de Innovación Ecológica impulsa una línea de ayudas en la construcción destinada a promover la innovación como catalizador de una arquitectura más sostenible.

Para ello, en esta convocatoria de 2021, además de financiar proyectos y obras arquitectónicas que fomenten la incorporación de medidas sostenibles en el ámbito medioambiental, social y económico para mejorar la calidad de los espacios habitados, también se van a financiar proyectos de investigación aplicada y desarrollo en materia de arquitectura y sostenibilidad.

En la presentación, la secretaria autonómica de Arquitectura Bioclimática y Sostenibilidad Energética, Laura Soto, ha destacado la buena acogida de esta línea de ayudas en su primera edición, tanto en el sector privado como en el público.

Según soto, «a pesar de ser una línea novedosa, sin precedentes, el éxito de la convocatoria evidencia que este tipo de iniciativas, que apuestan por una transición ecológica en el ámbito de la arquitectura, son muy necesarias y tienen muy buena acogida».

En este sentido, ha subrayado el «compromiso inquebrantable de la Generalitat con los objetivos internacionales, con los ODS y con la Agenda Europa en pro de la sostenibilidad y la adaptación de nuestro entorno a los tiempos que vivimos».

Por su parte, la directora general de Innovación Ecológica en la Construcción, Nuria Matarredona, ha subrayado la nueva tercera línea de ayudas para fomentar la investigación aplicada en materia de innovación ecológica en la construcción. «Queremos poner los mecanismos necesarios para facilitar la transferencia de conocimiento y su aplicación en escenarios reales».

Así, ha matizado que «apoyar la investigación en el ámbito de la arquitectura es clave para avanzar en sostenibilidad, pero también lo es apostar por la replicabilidad». Para ello, «estamos diseñando un repositorio de buenas prácticas que servirá para aportar referentes y que pondrá en valor la marca valenciana como modelo en sostenibilidad e innovación».

Tres programas de subvención

La convocatoria de 2021 contempla tres programas de subvenciones: para la redacción de proyectos, la ejecución de obras, tanto de rehabilitación como de nueva planta, y la investigación aplicada y desarrollo de producto.

Por lo que respecta al nuevo programa, se subvencionarán los proyectos de investigación aplicada y desarrollo en materia de arquitectura y sostenibilidad con el objeto de impactar positivamente en la sociedad y el medio ambiente, fortaleciendo las capacidades del tejido innovador vinculado con el sector y favoreciendo la generación de nuevos productos, tecnologías, modelos o sistemas que contribuyan a la descarbonización del hábitat.

Este programa pretende estimular la aplicación de conocimiento y fomentar la cultura de innovación y creatividad y facilitar la colaboración entre agentes generadores del mismo y especialistas en la transferencia de conocimiento.

Entre las áreas de interés destaca, entre otros, el uso de materiales sostenibles que incorporen los principios de economía circular, sistemas de construcción sostenible y soluciones de prefabricación o el desarrollo de la aplicación de la paja de arroz en la construcción junto con el impulso a la bioconstrucción.

En la medida de lo posible, se favorecerá que los proyectos financiados puedan ser ensayados en entornos reales. Además, para este programa se subvencionará hasta el 100% para iniciativas públicas hasta un máximo de 50.000 euros. El presupuesto total destinado al plan IRTA en la presente convocatoria asciende a 1.667.410 euros.

En esta edición, el porcentaje cofinanciable para actuaciones en materia de vivienda protegida, promovida por entidades, alcanza el 70%. Además, podrá ser compatible la solicitud de una entidad a dos subvenciones en distintas convocatorias para distintos programas.

El TJUE se opone a que el plazo para reclamar gastos hipotecarios compute desde la firma del contrato

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El TJUE se opone a que el plazo para reclamar gastos hipotecarios compute desde la firma del contrato

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha dictaminado, en una sentencia del 22 de abril, que se opone a que el plazo de prescripción para que los usuarios puedan reclamar la devolución de gastos hipotecarios compute desde la fecha en que se firmó el contrato.

La justicia europea considera que dicho plazo de prescripción debe empezar a contar desde que el consumidor conoce que tiene derecho a la devolución de dichos gastos, lo que se produce en el momento en que conoce que su cláusula es nula y hay una sentencia que así lo determina.

Así, el TJUE indica que empezar a contar el plazo desde la firma del contrato contraviene lo dispuesto por la Directiva 93/13. «Existe un riesgo no desdeñable de que el consumidor interesado no invoque, durante el plazo impuesto, los derechos que le confiere el Derecho de la Unión (…), lo cual le impediría hacer valer sus derechos», indica en la sentencia.

El fallo da respuesta a una cuestión prejudicial planteada por un juez de Eslovaquia, donde el plazo de prescripción es de tres años, pero que también tendría efectos en España. Hasta la fecha, diferentes audiencias provinciales habían tenido en cuenta la fecha de la firma del contrato para establecer dicho plazo. Ahora, el TJUE se ha pronunciado en sentido contrario.

Aunque la sentencia no se pronuncia sobre los plazos en cuestión, si dictamina cómo no se puede interpretar el inicio de la reclamación.

En este sentido, en España no existe un plazo de prescripción para ejercer la acción de nulidad de pleno derecho de una cláusula abusiva, pero si podría someterse al plazo general de cinco años la acción de restitución de las cantidades abonadas de más.

Demanda en Eslovaquia

La decisión del TJUE parte de una demanda de un consumidor eslovaco a una entidad bancaria con la que había firmado un crédito al consumo de 1.500 euros, con un tipo de interés del 70% y una TAE del 66,31%. En total, debía reembolsar en 48 mensualidades 3.698,40 euros.

En febrero de 2017, una vez reembolsó la totalidad del crédito y tras conocer que la cláusula referida a los gastos de aplazamiento era abusiva, decidió interponer la demanda. La entidad bancaria, por su parte, decidió invocar el derecho de prescripción -de tres años en Eslovaquia-.

En noviembre de 2018, el Tribunal Comarcal de Presov (Eslovaquia) desestimó la demanda. El consumidor interpuso entonces un recurso de casación ante el Tribunal Regional de Presov, que decidió suspender el procedimiento y elevar una cuestión prejudicial al TJUE sobre el inicio del cómputo del plazo de prescripción.

Finalmente, el TJUE ha sentenciado que dicho plazo no puede contar desde que se firmó el contrato, ante el peligro de que impida al consumidor «hacer valer sus derechos».

¿Qué opinan los partidos políticos sobre vivienda ante las elecciones del 4-M? 

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El PSOE propone la construcción de más de 15.000 nuevas viviendas públicas para alquiler asequible o social.

Para facilitar el acceso a la vivienda de los jóvenes, el PP defiende fomentar políticas de emancipación a través de programas como el Plan Vive Madrid.

Desde Ciudadanos defienden que la administración sea una gran promotora capaz de ejecutar las políticas necesarias para que la vivienda esté controlada sin necesidad de limitar los precios del alquiler.

Desde Más Madrid proponen a los pequeños propietarios que tengan vivienda vacía una rehabilitación de eficiencia energética a cambio de que cedan temporalmente el uso del inmueble.

VOX apela a la seguridad jurídica para que los propietarios saquen sus pisos al mercado del alquiler.

A pocos días de las elecciones autonómicas de la Comunidad de Madrid, Fotocasa ha entrevistado a los portavoces de vivienda de los principales partidos políticos. Los candidatos han expuesto sus propuestas para garantizar el acceso a una vivienda digna al conjunto de ciudadanos y, más concretamente, a los jóvenes, así como su percepción sobre la limitación de precios de alquileres, los desahucios y la ocupación ilegal y el problema de la vivienda vacía.

Acceso a la vivienda

David Pérez, portavoz del PP y Consejero de Vivienda y Administración local desde 2019, ha explicado que «con el objetivo de garantizar el acceso a una vivienda a los madrileños, desde el PP se ha puesto en marcha el programa Plan Vive Madrid, que ofrece viviendas en torno al 50-60% del precio de mercado».

Cristina González Álvarez, portavoz de Vivienda y Administración local del PSOE, ha explicado que una de las principales medidas que propone el partido es la construcción de más de 15.000 nuevas viviendas públicas para alquiler asequible o social. «Otra medida que queremos poner en marcha es poner dinero a nivel regional para invertirlo en temas de alquiler y en subvenciones para las familias más vulnerables», ha añadido.

Por su parte, el portavoz de Vivienda de Más Madrid, Jorge Moruno, ha señalado que España, y Madrid, en particular, se encuentran a la cola en parque público de vivienda. «Madrid tiene solo 0,3 viviendas sociales por cada 100 habitantes, estamos a años luz de países de referencia como Países Bajos o Austria», ha declarado. Asimismo, desde Más Madrid proponen crear un Observatorio de la Vivienda, que radiografíe la composición del parque inmobiliario, y aumentar gradualmente el presupuesto destinado a vivienda hasta llegar al 4% del presupuesto regional.

Miguel Díaz, portavoz de Vivienda de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid, ha destacado que desde su grupo se ha insistido mucho dentro del Gobierno autonómico en que la vivienda social tiene que ser un referente y una prioridad en la Comunidad de Madrid. «No podemos permitir que familias que de verdad sabemos que necesitan una vivienda no obtengan ayuda por parte de la administración», ha remarcado.

José Luis Ruiz Bartolomé, portavoz de Vivienda por VOX en la Asamblea de Madrid, ha expuesto que desde su partido van a proseguir en el plan de liberalización de suelo que no esté especialmente protegido para aliviar la escasez de suelo que eleva los precios. «También vamos a impulsar desde la propia comunidad la creación de una amplia cartera de vivienda social», ha añadido.

Limitación del precio de los alquileres

En cuanto a la posición del PP respecto a las medidas intervencionistas para bajar el precio de los alquileres, Pérez se ha mostrado contrario a éstas: «Todas esas mediadas acaban perjudicando a la vivienda porque la gente retira sus viviendas del mercado de alquiler y suben los precios». En la misma línea, ha defendido que «en los países en los que se han puesto en marcha este tipo de medidas se ha reducido la oferta, han aumentado los precios y el mercado negro».

Ruiz Bartolomé ha señalado que desde VOX se muestran reacios a establecer cualquier tipo de control en los precios: «Ya existe la vivienda protegida, que tiene precios tasados tanto en compra como en alquiler, el mercado tiene que seguir funcionando con libertad».

Desde Ciudadanos apuestan «porque la administración sea esa gran promotora capaz de ejecutar y poner en marcha todas las políticas necesarias para que la vivienda esté controlada, sin necesidad de limitar los precios del alquiler como plantean otros partidos políticos».

Por su parte, González Álvarez ha asegurado que para el PSOE «lo primero es invertir en políticas públicas para aumentar el parque público de vivienda y garantizar que aquellas personas que tienen viviendas vacías y las quieren alquilar no tengan miedo». «Cuantas más viviendas pueda haber en el mercado, tanto a nivel público como a nivel privado, facilitaremos que la ciudadanía puede acceder de forma más fácil a éstas y eso también provocará que los precios bajen», ha declarado.

Respecto a la intervención de los alquileres, Moruno ha señalado que para Más Madrid «la estabilización del alquiler implica múltiples herramientas entre ellas la regulación de precios».

Desahucios y ocupación ilegal

Desde el PSOE, González Álvarez ha remarcado la importancia de que ayuntamientos y comunidades pongan los medios suficientes para que ninguna familia se vea en la necesidad de ocupar una vivienda. «A día de hoy, se está poniendo el foco en el tema de los desahucios y no se está poniendo en lo relativo a la situación de la vulnerabilidad que viven muchas familias en la Comunidad de Madrid. Creemos que donde hay que poner realmente el foco es en las personas más vulnerables para que cualquier familia pueda acceder a una vivienda digna en unas condiciones adecuadas», ha añadido.

Díaz ha señalado que para Ciudadanos es importante diferenciar entre las mafias de ocupación y la ocupación por necesidad. Sobre las mafias ha apuntado que «no podemos permitir que a los propietarios se les ocupe su vivienda por mafias de ocupación y que las conviertan en narco pisos con todo lo que eso conlleva». En cuanto a la ocupación por necesidad, ha expuesto que «hay que fomentar desde las políticas sociales que ayude a esas personas y se les dote, desde las administraciones, de todas las garantías para que puedan tener una vivienda digna».

En este sentido, Moruno ha señalado que «el problema es que las instituciones no saben gestionar en Madrid las escasas viviendas y el raquítico parque público de viviendas que tiene, y tiene viviendas vacías que son ocupadas y luego permiten que los bancos y los fondos tengan viviendas vacías». «La mejor forma de evitar la ocupación es que las viviendas vacías no estén vacías, se movilicen como sucede en toda Europa, que se sancione y se impida que estén vacías», ha añadido.

Pérez ha asegurado que el actual gobierno del PP está luchando contra la ocupación, pero ha señalado que «es necesario que el Gobierno de la nación deje de apoyar a los ocupas y empiece a proteger a sus víctimas».

Ruiz Bartolomé ha explicado que «la gente necesita seguridad porque, de lo contrario, lo que va a suceder es que no sacarán sus pisos al mercado de alquiler, perjudicando al conjunto de los españoles y madrileños». Desde VOX defienden que las administraciones públicas tengan una cartera de vivienda específica para esos casos extremos de familias que pierden sus hogares después de ser desahuciadas. «Yo creo que ahora la Comunidad de Madrid tiene alrededor de 21.000 o 22.000 viviendas en la Agencia de la Vivienda Social y son insuficientes. Durante estos dos años el gobierno actual ha sido incapaz de hacer crecer esa cartera de manera razonable», ha añadido.

Vivienda vacía

En cuanto al problema de la vivienda vacía en la Comunidad de Madrid, Pérez asegura que «el PP está en contra de la intervención pública en el mercado de la vivienda y en la propiedad privada». «Si alguien tiene una vivienda vacía, lo que hay que hacer es incentivar, poner facilidades para que la persona libremente decida alquilarla, mediante una mayor seguridad jurídica, ayudas fiscales, etc.», ha añadido.

Por su parte, Díaz ha coincidido en que «para agilizar que las viviendas vacías salgan cuanto antes al mercado es necesario hacer una política fiscal que controle los impuestos para que de verdad a la gente le sea rentable alquilar todas esas viviendas».

En la misma línea, González Álvarez ha señalado que la mejor solución sería «apostar por medidas que pudieran dar seguridad jurídica a los propietarios para que pudieran poner esas viviendas en el mercado».

Desde Más Madrid, Moruno ha defendido «que hay que movilizar la vivienda vacía porque tiene una función social y en eso nos amparan sentencias del Tribunal Constitucional». Y ha añadido que «a los pequeños propietarios que tengan vivienda vacía les proponemos una rehabilitación de eficiencia energética a cambio de que cedan temporalmente el uso del inmueble».

Políticas públicas enfocadas a los jóvenes

Respecto a las propuestas para facilitar el acceso de los jóvenes al mercado de vivienda, Ruiz Bartolomé ha explicado que desde VOX «queremos fomentar el acceso a la propiedad mediante el aval del 20% al que no llegan las entidades financieras para el caso de la compra». Y ha añadido: «Para el alquiler proponemos aumentar las ayudas directas y fomentar la creación de una cartera pública de vivienda en alquiler».

Por su parte, Díaz (Cs), ha destacado que, por ejemplo, en Alcobendas están construyendo un gran parque de vivienda para que los jóvenes puedan acceder a alquileres comprendidos desde los 350 euros hasta los 550 euros. «Nos gustaría que esa política si cae la competencia de vivienda en manos de Ciudadanos poder desarrollarla y poder hacerla en toda la Comunidad de Madrid», ha asegurado.

Desde Más Madrid, Moruno ha propuesto ampliar la bolsa a precios por debajo de mercado con el amparo de una Ley de Vivienda, que permita ejercer el derecho al tanteo y retracto. Asimismo, ha puesto de relieve que «hay que desprivatizar una parte del parque inmobiliario a través de la compra, introducir la vivienda modular, construir y aumentar mucho el parque público de vivienda». «Todo lo que sea aumentar la bolsa de vivienda a precios asequibles ayudará a bajar el precio del alquiler», ha concluido.

Para facilitar el acceso a la vivienda de los jóvenes, Pérez (PP) ha propuesto fomentar la oferta, flexibilizando el urbanismo. También ha defendido que es importante fomentar políticas de emancipación a través de programas como el Plan Vive Madrid. «Es un plan de alquiler para jóvenes a precio reducido y pionero en España, que ya está aprobado y seguro que va a ser una referencia porque nunca se había visto en España una fórmula así», ha aclarado.

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