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El Supremo considera que el Impuesto sobre el Valor de Producción de Energía Eléctrica es constitucional

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La Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha dictado varias sentencias en las que declara que el Impuesto sobre el Valor de la Producción de la Energía Eléctrica (IVPEE) no es contrario a la Constitución ni al derecho de la Unión Europea.

La Sala afirma que los artículos 1, 4.1, 6.1 y 8 de la Ley 15/2012, de 27 de diciembre, de medidas fiscales para la sostenibilidad energética que regulan el impuesto, no contradicen el principio de capacidad económica que proclama el artículo 31.1 de la Constitución Española.

Además, recuerda que el Tribunal Constitucional resolvió que las dudas de constitucionalidad planteadas en relación con el citado impuesto resultaban infundadas, motivo por el que inadmitió la cuestión de inconstitucionalidad planteada por esta Sala.

En sus sentencias indica que el grado de semejanza del hecho imponible del IVPEE con el del IAE no es motivo de inconstitucionalidad, pues el doble gravamen de la misma manifestación de capacidad económica no es contrario per se a la Constitución.

Añade que, fuera del caso de los tributos autonómicos, la existencia de un doble gravamen por una misma manifestación de riqueza sólo debería analizarse desde el punto de vista del principio de capacidad económica y de la prohibición de no confiscatoriedad del art. 31.1 CE, pues ese impuesto puede estar sometiendo a tributación la misma capacidad económica por la que los productores de energía eléctrica abonan el IAE, constituyendo casos de doble imposición permitida.

Asimismo, Sala resuelve que el IVPEE no es contrario al derecho de la Unión Europea, conforme a lo declarado en la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea (TJUE) de 21 de marzo de 2021.

En definitiva, señala que el Tribunal de Justicia declara que el Derecho de la Unión no se opone a una normativa nacional que establece un impuesto que grava la producción e incorporación al sistema eléctrico de energía eléctrica en el territorio nacional y cuya base imponible está constituida por el importe total de los ingresos del sujeto pasivo obtenidos por la realización de estas actividades, sin tener en cuenta la cantidad de electricidad efectivamente producida e incorporada a ese sistema.

La Sala considera que la doctrina establecida en la sentencia de 3 de marzo de 2021 mencionada, despeja las dudas suscitadas y confirma la adecuación del impuesto que la Ley 15/2012 establece y que ha sido examinada, con extensión y plenitud, por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

Los costes de construcción se disparan casi un 10% en seis meses por las materias primas

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Los costes de construcción en edificación residencial subieron un 7,7% interanual hasta junio de 2021, frente al descenso del 3,8% que registraron en el año 2020, lo que supone que los precios se han disparado un 9,6% en tan solo seis meses, según refleja el Índice de Costes Directos de Construcción que elabora ACR.

«Tal y como avanzamos en nuestro análisis de principios de año, los descensos registrados en los precios entre el segundo y cuarto trimestre de 2020 estuvieron muy influidos por la crisis sanitaria, por lo que la tendencia bajista se ha invertido en cuanto se ha recuperado la actividad y han comenzado a despejarse las incertidumbres», ha explicado el director general de ACR, Guillermo Jiménez.

En el cuarto trimestre de 2019 los precios de construcción ya marcaban máximos históricos, tras registrar subidas durante 13 trimestres consecutivos. Una tendencia creciente que se rompió puntualmente con la crisis sanitaria en 2020, que llevó al Índice a registrar caídas que llegaron a alcanzar un 3,8% al cierre de ese año. Sin embargo, en 2021, no solo se ha retomado la tendencia alcista de los últimos años, sino que se ha acrecentado.

«Las subidas registradas en los últimos seis meses son achacables, en gran medida, a la escalada de precios de materias primas como el acero, la madera, el aluminio o el cobre. No se aprecian todavía subidas significativas en el coste de la mano de obra, que era la principal causa del constante incremento de los costes de construcción en los últimos años», según ha detallado el director General de ACR.

En cualquier caso, «es difícil anticipar cuál será el comportamiento de los precios en los próximos meses y si tendrá o no impacto en las compañías del sector que, ante la incertidumbre del último año, puedan haber asumido ciertos riesgos para asegurar su nivel de actividad», ha indicado Guillermo Jiménez.

«A nuestro juicio, el criterio de prudencia deberá guiar todas las decisiones que tomen en este momento cada uno de los actores que forma parte de la cadena de producción, ya que somos un sector clave en la recuperación económica de este país», ha subrayado el director General de ACR. «Estamos convencidos de que la colaboración entre todas las partes, en su sentido más radical, es la única vía para que esta tendencia alcista no afecte a la viabilidad y rentabilidad de los proyectos».

Los costes de Estructura suben un 17% y los de cimentación un 13%

Los costes directos de construcción han cerrado el segundo trimestre con un incremento interanual del 7,7%. Si se analiza su evolución en los últimos seis meses, la subida se eleva al 9,6%. Así, el Índice de precios pagados se colocó en 140,85 puntos, superando el valor máximo alcanzado desde que se publica esta serie, que se registró en el cuarto trimestre de 2019, con 133,63 puntos.

Las partidas que más acusan las subidas son los costes de cimentación y estructura de las nuevas obras, que actúan como indicador adelantado del resto de partidas, y que marcan un incremento del 13,4% y un 17%, respectivamente. Destacan también los crecimientos de precios en Carpintería de madera (+7,1%) y vidriería (+10,4%).

Solo la partida de movimiento de tierras registra un descenso interanual, que se sitúa en el -1,8%.

¿Es obligatorio el seguro de vida para pedir una hipoteca?

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La última reforma de la Ley Hipotecaria establece claramente que no es obligatorio contratar un seguro de vida con la hipoteca, acabando así con una práctica habitual en algunos bancos, que lo establecían como requisito para el préstamo.

«Mediante un seguro de vida, el banco se protege ante futuros impagos y herederos del inmueble no heredan la hipoteca», explica Arantxa Goenaga, abogada y socia del bufete jurídico Circulo Legal Barcelona.

Recibir una vivienda con una hipoteca puede ser una potencial causa de renuncia a la herencia. Para evitar este tipo de situaciones, las personas pueden proteger a sus herederos con una serie de herramientas. Una de ellas es la contratación de seguros de vida hipotecarios ligados al préstamo, un mecanismo opcional que cubre las espaldas del heredero en caso de fallecimiento.

«Mediante la contratación de un seguro de vida ligado a la hipoteca, el cliente establece un seguro a favor del banco, de modo que, en caso de fallecer antes del pago de la hipoteca, la deuda quede satisfecha», explica Arantxa Goenaga, abogada y socia del bufete jurídico Circulo Legal Barcelona.

Este instrumento era muy habitual hace unos años, ya que en la práctica muchos bancos condicionaban el préstamo a la contratación de este seguro. Sin embargo, la Ley Hipotecaria de 2019 estableció que esta práctica era una mala praxis bancaria y clarificó que la contratación de un seguro de vida es voluntaria.

«Aunque el banco insista para que contrates sus condiciones, no es obligatorio acceder a ningún producto hipotecario para acceder al préstamo», apunta la abogada. En este sentido, tampoco se puede forzar al cliente a firmar ningún otro tipo de seguro, exceptuando el de daños, que es condición sine qua non para el préstamo hipotecario.

La contratación queda, por lo tanto, sujeta a la decisión del cliente. «Mediante un seguro de vida, el banco se protege ante futuros impagos y herederos del inmueble no heredan la hipoteca», explica Goenaga, quien añade que, aparte del fallecimiento, los seguros de vida «contemplan posibles situaciones de incapacidad que hagan que el cliente no pueda afrontar la deuda hipotecaria».

¿Cómo se contrata?

Por regla general existen dos formas de contratar un seguro de vida para la hipoteca. La primera de ellas es contratarla con la propia hipoteca, como cualquier otro producto vinculado a ella.

«A cambio, el banco suele ofrecer intereses más atractivos, que dependerán del número de extras que se contraten con la hipoteca», explica la abogada, quien señala que «otra opción es contratarlo directamente con una aseguradora».

Para saber cuál conviene más, hay que tener en cuenta «que en los años finales de amortización, cuando se pagan menos intereses el seguro de vida será más caro por la mayor posibilidad de fallecimiento o incapacidad», apunta Goenaga.

De este modo, es posible que, aunque se apliquen descuentos, el seguro de vida sea más económico contratándolo en una aseguradora.

La idea de una burbuja inmobiliaria pierde fuerza por primera vez en cinco años

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La percepción de proximidad a una nueva burbuja inmobiliaria pierde fuerza: en febrero de 2020 se valoraba con 6,1 puntos sobre 10 y doce meses después la valoración es de 5,5.

El sentimiento de propiedad sigue siendo lo que más valoran los españoles con una importancia media de 7,6 puntos sobre 10.

En este sentido, los españoles creen que compensa más pagar una hipoteca que un alquiler y que una vivienda es la mejor herencia que se puede dejar a un hijo.

Más allá de la interacción que hagan con el mercado inmobiliario, los españoles tienen una determinada percepción de cómo funciona el mercado inmobiliario y de cómo se ha visto afectado por la covid-19 y las restricciones de la actividad económica. En agosto de 2020 se apreció un incremento del sentimiento de propiedad entre los particulares españoles mayores de 18 años, quizá vinculado al aumento que se produjo en la intención de compra. Ahora, con la moderación de la intención de compra, también se ha moderado el sentimiento de propiedad. Pese a esto, sigue siendo una cuestión que los particulares valoran con una importancia media de 7,6 puntos sobre 10. Así lo refleja el informe de Fotocasa Research «Radiografía del mercado de la vivienda 2020-2021: un año de pandemia» elaborado por el portal inmobiliario Fotocasa con la intención de conocer las consecuencias más directas de la situación provocada por el coronavirus y comparándola con la situación justo antes de la pandemia y, en este caso, mostrando la opinión y sensaciones que tienen los españoles del mercado inmobiliario.

Pese a que siga siendo una cuestión bastante arraigada, esta situación también tiene su reflejo en la idea de que el precio actual del alquiler hace que compense más pagar una hipoteca. Una idea que ha perdido algo de fuerza en comparación con los meses anteriores, al comienzo de la pandemia. Vinculado también al sentimiento de arraigo a la propiedad, hay ideas como que la vivienda es la mejor herencia que se puede dejar a los hijos o que comprar una casa es una buena inversión que incrementan ligeramente su importancia entre los particulares. La primera ahora se valora con 6,2 sobre 10 y la segunda con 6,9.

El cambio más significativo es el de la percepción de proximidad a una nueva burbuja inmobiliaria: una opinión que en febrero de 2020 se valoraba con 6,1 puntos sobre 10 y doce meses después la valoración es de 5,5. Tras varias encuestas incrementando progresivamente su respaldo, esta opinión parece haber iniciado una senda de descenso.

Más allá de todas las consecuencias del coronavirus en el sector, otro de los temas candentes de los últimos meses está relacionado con la regulación de precios del alquiler. Esta cuestión genera división de opiniones ya que casi la mitad de los particulares españoles no tiene clara su posición al respecto y se mantiene a la expectativa. Entre los que sí se posicionan, ha incrementado ligeramente el volumen de detractores: son un 22% los que ahora tienen una percepción negativa, mientras que en agosto de 2020 eran el 18%

Si se observan estos datos en función del territorio, catalanes y madrileños empiezan a abandonar progresivamente la idea de que pagar una hipoteca es más rentable que pagar el alquiler. Sin salir de este mercado, es Madrid la comunidad en la que más se notan las reticencias hacia la normativa de regulación de precios. En Cataluña, sin embargo, es mayor el porcentaje de particulares que prevén una conversión paulatina de los pisos de alquiler vacacional al mercado de arrendamiento residencial.

Opinión sobre el mercado inmobiliario por edad

En función del momento vital en el que se encuentran las personas, la opinión que se tiene sobre el mercado del alquiler cambia. Por ejemplo, los segmentos de mayor edad, como vienen reflejando los últimos estudios de Fotocasa Research, son más favorables al sentimiento de propiedad. Por ejemplo, los particulares que tienen entre 55 y 75 años valoran esta cuestión con 7,9 puntos sobre 10 mientras que los que tienen entre 18 y 24 años la valoran con 6,7 puntos. La percepción de los más adultos sobre el valor de los bienes inmuebles como propiedad también queda patente con su mayor conservadurismo con respecto a la idea de que vivir de alquiler es tirar el dinero. Más del 40 % de los que componen la horquilla de los 45 y 75 años se muestra a favor de esta idea.

Si antes hablábamos de que la percepción de proximidad a una burbuja parecía disiparse, hay que tener en cuenta que a ese respecto hay grandes diferencias por edad: los más jóvenes siguen fieles a esta idea. También ven más clara la traslación de inmuebles desde el alquiler vacacional hacia el alquiler residencial. De hecho, uno de cada dos particulares que tiene de 18 a 34 años se muestra favorable a esta idea.

Vitoria aprueba el modelo urbano que establece cómo será la ciudad del futuro

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Vitoria enfoca su modelo urbanístico hacia la preservación de suelo no urbanizado, la regeneración de barrios consolidados, la protección de sus pueblos, el equilibrio económico y la mejora de la salud y calidad ambiental.

Así se ha aprobado el Documento de Criterios y Objetivos que servirá de base para la redacción del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) y que da una vuelta al planeamiento de la ciudad, sin actualizar desde 2006.

El marco de referencia en el que se deben mirar y orientar las decisiones futuras del municipio viene reflejado en distintos estudios e instrumentos de ordenación territorial desde muy diversos organismos.

La Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) entre otras estrategias plasmadas en las Directrices de Ordenación del Territorio fijan las claves globales a cumplir, estrategias con los cuales el compromiso de la ciudad es firme.

En este punto cabe mencionar que, si bien el marco en el que se desarrollan la mayor parte de las acciones de planificación urbanística dentro de la Agenda 2030 están relacionadas con el ámbito específico del ODS 11 «Ciudades y Comunidades Sostenibles», hay que incidir en el carácter transversal de los ODS y del propio PGOU.

La preservación y protección del medio natural, tanto de sus elementos de mayor valor naturalístico como de los suelos de producción agrícola-ganadero, debe considerarse un objetivo primordial en la configuración del suelo no urbanizable, adaptándose a la regulación de los elementos que componen la Red Natura 2000, normativa sectorial como el PTS agroforestal, PTS de ordenación de ríos y arroyos o PTS de zonas húmedas.

Tal y como se desprende del trabajo de análisis de fases anteriores, se considera que el Plan vigente tiene sobredimensionada la capacidad residencial y de actividades económicas como para atender las necesidades futuras previstas para el periodo de referencia del futuro Plan General. Por este motivo, se considera oportuno reconducir el modelo hacia la preservación del suelo no urbanizado y reforzar las previsiones de actividades urbanas en la ciudad consolidada, reforzando el objetivo de ciudad compacta para una optimización del suelo y sus recursos.

En consecuencia, la recuperación de los barrios por medio de operaciones de regeneración urbana y rehabilitación del patrimonio edificado deben ser señas de identidad del nuevo PGOU, combinando, a su vez, acciones en los suelos industriales que potencien su capacidad. Todo ello, orientado hacia una ciudad equilibrada y cohesionada.

Todos estos objetivos urbanísticos deben ir orientados a tener en cuenta la vulnerabilidad climática de la ciudad y establecerán criterios de planificación que den respuesta a las consecuencias de las alteraciones climáticas.

Por lo tanto, el PGOU mantendrá los objetivos estratégicos ambientales, económicos y sociales ya consensuados en los que se han estructurado los trabajos desarrollados hasta la fecha y que han tenido reflejo en el Avance, apostando por un modelo territorial contenido y no expansivo.

Así, los objetivos estratégicos sobre los que se fijan los criterios de base para la redacción del PGOU y que están alineados con las metas establecidas para los 17 ODS y por la Agenda 2030 son los siguientes:

1. Una ciudad compacta, compleja y cohesionada

2. Impulso y protección del medio rural y los pueblos

3. Puesta en valor del patrimonio natural, cultural y paisajístico

4. Un territorio sostenible y energéticamente eficiente

5. Equilibrio económico del territorio

6. Vitoria, de y para todas las personas (objetivo estratégico transversal a todos los anteriores)

Fundación Asprima y Fundación Juan XXIII fomentan la inclusión de personas con discapacidad en el sector inmobiliario

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Fundación Asprima y Fundación Juan XXIII han firmado un acuerdo de colaboración con el objetivo de establecer acciones formativas y de difusión con el fin de avanzar hacia la plena inclusión, la igualdad de oportunidades y la no discriminación de las personas con discapacidad en todos los ámbitos de la vida en comunidad.

Ambas fundaciones coordinarán acciones de Responsabilidad Social Empresarial (RSE) que estarán relacionadas con la promoción inmobiliaria, mediante la realización y difusión de guías de accesibilidad universal de edificios residenciales y encuentros digitales relacionados con diversas temáticas de interés, así como fomentar la concienciación sobre la importancia de la inclusión de personas con discapacidad en la actividad inmobiliaria.

También se establecerá una estrategia de divulgación, información y asesoramiento dirigida a las empresas promotoras: conocimiento de las características del colectivo de personas con discapacidad, ventajas de la contratación de personas con discapacidad, incentivos y beneficios sociales, experiencias de buenas prácticas en la contratación de personas con discapacidad, etc.

Para Juan Antonio Gómez-Pintado, presidente de Asprima, «la firma de este convenio es una muestra más de nuestro compromiso y el de nuestros socios colaboradores, de respaldar iniciativas destinadas a fomentar el empleo y mejorar la calidad de vida de las personas más vulnerables, y acercar a la sociedad las necesidades específicas de estas personas».

Desde la Fundación Juan XXIII señalan que «el entorno inmobiliario ha sido tradicionalmente un espacio de difícil acceso para las personas con diversidad funcional. Las empresas inmobiliarias están dando más peso a su responsabilidad social y dentro de estos programas se están creando las condiciones necesarias para que la inclusión laboral sea una realidad. Este acuerdo de colaboración nos va a permitir ayudar a todas las empresas asociadas a mejorar este aspecto. Desde Fundación Juan XXIII aportamos al acuerdo soluciones concretas para que tanto el diseño como el uso de cualquier edificación sea inclusiva y accesible de manera universal, independientemente de las capacidades que la persona posea».

La Fundación Juan XXIII lleva más de 50 años trabajando por la inclusión socio laboral de personas con discapacidad, la colaboración con las empresas es un pilar básico para que la participación de estas personas sea una realidad, tanto en el proceso productivo, como en el posterior uso de cualquier edificio o instalación.

Vivienda social y asequible, la responsabilidad y oportunidad del sector inmobiliario

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ASOCIMI, de la mano de Gesvalt, HOGAR SÍ y Atlas Real Estate Analytics, ha abordado la necesidad de contar con un mercado inmobiliario, principalmente residencial, adecuado a las necesidades que hoy día tienen una parte de los ciudadanos.

El informe de vivienda asequible en España elaborado por Gesvalt y Atlas Real Estate Analytics destaca que son necesarias en torno a 1 millón de viviendas para satisfacer la demanda de la población española con dificultades para acceder a un hogar.

En este contexto, Primero H SOCIMI nace con el objetivo de generar mayores posibilidades de acceso a la vivienda en alquiler asequible a personas en situación de vulnerabilidad residencial.

ASOCIMI, asociación compuesta exclusivamente por Sociedades Anónimas Cotizadas de Inversión Inmobiliaria (SOCIMIS), ha debatido hoy, de la mano de Gesvalt, HOGAR SÍ y Atlas Real Estate Analytics, sobre el acceso a la vivienda como una de las preocupaciones sociales más presentes actualmente en España. Según han alertado los expertos, aunque este problema tiene mayor incidencia en las grandes ciudades, todo el país ha experimentado en los últimos años un crecimiento en el precio de la vivienda, lo que la ha vuelto inaccesible para una parte importante de la población.

La jornada ha sido inaugurada por Javier Basagoiti, presidente de ASOCIMI, asociación creada para visibilizar el papel que las socimis desempeñan en el mercado inmobiliario, quien ha resaltado que «la vivienda es un derecho que todavía no está plenamente reconocido para toda la población de nuestro país, ya que se calcula que es necesario un parque de vivienda asequible y social de aproximadamente 1 millón de unidades para satisfacer la demanda de la población española con dificultades para acceder a un hogar».

Esta realidad supone una responsabilidad y una oportunidad para el sector inmobiliario, que ya está poniendo en marcha distintas iniciativas que contribuyen a mitigar el problema. Entre ellas, cabe destacar el lanzamiento de la primera SOCIMI social de España: Primero H SOCIMI, impulsada por ASOCIMI y la fundación HOGAR SÍ. Según ha explicado Basagoiti, «este proyecto de inversión de impacto social en el mercado inmobiliario nace con el objetivo de generar mayores posibilidades de acceso a la vivienda en alquiler asequible a personas en situación de vulnerabilidad residencial».

Durante el debate, se han presentado varias de las conclusiones más destacadas del informe de vivienda asequible en España elaborado por Gesvalt y Atlas Real Estate Analytics. Según los datos del estudio, son necesarias en torno a 1 millón de viviendas (1.003.064) para satisfacer la demanda de la población española con dificultades para acceder a un hogar. Esta cifra está basada en el número de unidades familiares que, en la actualidad, destinan más de un 40% de sus ingresos al pago de un alquiler.

Sin duda, la colaboración público-privada, a través de los planes de vivienda, se posiciona como una oportunidad única para reactivar la actividad promotora tras el parón provocado por la pandemia, lo que serviría a su vez para aliviar los problemas habitacionales.

A juicio de Sandra Daza, Directora General de Gesvalt, «el desarrollo de planes y estrategias que impulsen la vivienda social y asequible es fundamental para aliviar los problemas habitacionales crecientes en la sociedad española. En España tenemos la suerte de contar con grandes y experimentados profesionales en el sector y es urgente que juntos aunamos fuerzas y conocimientos para aprovechar esta oportunidad que ofrece el contexto actual». A nivel personal, tal y como ha destacado, «supone todo un orgullo formar parte de iniciativas como esta y poder colaborar con una SOCIMI como Primero H y formar parte del patronato de HOGAR Sí. Debemos poner el foco en este problema y hacerlo desde la responsabilidad y el bien común».

En palabras de Marian Juste Picón, presidenta del Patronato de la Fundación HOGAR SÍ, «este informe aporta datos muy relevantes y viene a constatar que no existe suficiente vivienda asequible en España. De los colectivos afectados por esta carencia, probablemente el más sangrante es el de las personas en situación de sinhogarismo». Según ha explicado, «el sinhogarismo en un problema estructural en cuya base está la dificultad de las personas para acceder a una vivienda asequible. Ello se debe a la ausencia del tema en la agenda pública de forma integral. Existen respuestas aisladas y basadas en una red de recursos ineficiente y obsoleta». Por tanto, como ha concluido, «si queremos de verdad transformar el parque de vivienda en España, llegando a los niveles de vivienda asequible que señala este informe, es necesario conseguir una estrategia coordinada, con la implicación de todos los actores: gobiernos, sector privado y tercer sector. Un buen ejemplo de ello es la iniciativa Primero H, la primera SOCIMI social en España impulsada por ASOCIMI y HOGAR SÍ. Se trata de un proyecto de inversión de impacto social que busca atraer fondos privados para comprar un parque de vivienda asequible para arrendar a colectivos vulnerables».

Por su parte, Mercedes de Miguel, directora de Operaciones y Research de Gesvalt, ha señalado que «el crecimiento del precio de la vivienda frente a una riqueza de los hogares más estable, así como los requisitos más duros para acceder a la financiación y un cambio social en la composición de las familias y la movilidad han puesto de manifiesto el creciente interés por la demanda en el alquiler. Una demanda que se ha encontrado con una oferta insuficiente, hecho que se ha puesto de manifiesto de forma más contundente tras la crisis provocada por el Covid-19». Según la experta, «es así como la Administración Pública y el sector privado están demostrando mucho interés en encontrar nuevas fórmulas de colaboración para resolver el problema de oferta actual, frente a la respuesta clásica de la vivienda de protección oficial».

Para finalizar, Alejandro Bermúdez, CEO de Atlas Real Estate Analytics, ha destacado que «en España existe una necesidad real de vivienda asequible, esta necesidad está respaldada por una tendencia demográfica y de mercado basados en los datos que demuestra que una parte de la sociedad española no tiene acceso a una vivienda por el nivel de precios de la misma y sus ingresos. El papel de la administración pública es clave, sin embargo, no se entiende sin la colaboración privada para suplir esta necesidad».

Barcelona, primera ciudad española que regula la implantación de electrolineras

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El Plenario del Consejo Municipal de Barcelona ha aprobado definitivamente la regulación de la implantación de instalaciones de suministro eléctrico, que quiere activar y potenciar el desarrollo de la infraestructura necesaria para favorecer la transición energética hacia una movilidad que priorice el uso del vehículo eléctrico.

Barcelona se convierte así en la primera ciudad del Estado que sale adelante una normativa de estas características para dar un gran impulso a la movilidad sostenible y al despliegue del vehículo eléctrico.

Hace un año, el junio de 2020, se aprobó la limitación de nuevas gasolineras, que solo se permiten alrededor de las rondas, vías estructurantes y áreas industriales y portuarias, y están prohibidas a los núcleos antiguos, suelos de equipamientos y los parques de Collserola y Montjuic.

Ahora, esta normativa se completa con una ordenación de los puntos de suministro eléctrico que quiere poner la ciudad a punto para un nuevo modelo de movilidad verde y eficiente.

Se trata, en definitiva, de promover el despliegue del vehículo eléctrico, que está empezando a crecer significativamente en Barcelona y está previsto que lo haga con más bastante en los próximos años.

El documento define el tipo de instalaciones de recarga y suministro de baterías eléctricas que pueden haber. Son tres: las electrolineras, las estaciones de recarga o de intercambio de baterías en aparcamientos público o de rotación y los espacios de intercambio de baterías.

Para planificar la implantación se concreta donde se pueden ubicar y en qué condiciones, siempre en coherencia con las estrategias del Plan de Movilidad Urbana, la Zona de Bajas Emisiones y las zonas de tráfico pacificado de la ciudad.

El objetivo es redistribuir la actividad de forma eficiente por toda la ciudad para asegurar una distribución correcta de la red y evitar concentraciones excesivas. También se quiere mejorar su integración arquitectónica y paisajística, y reducir el impacto que pueda ocasionar en cuanto a la saturación del espacio público y viario, molestias a los vecinos o seguridad de incendios.

A la vez, se quiere apoyar a la industria local que lidera la construcción de equipamientos de este tipo.

La ubicación de esta actividad se potencia básicamente en los aparcamientos de acceso público y de rotación, que son espacios ya existentes, distribuidos por el territorio y con las condiciones adecuadas; y también en el entorno de las rondas y en los polígonos industriales.

Tipo de instalaciones

Las tres tipologías de instalaciones que se regulan son:

– Electrolineras: Son las instalaciones dedicadas al suministro de recarga eléctrica de venta al público para vehículos eléctricos o híbridos. El suministro eléctrico es la actividad principal, y se hace de manera directa al vehículo mediante estaciones de recarga o estaciones de intercambio de batería.

Se admite la ubicación en el entorno de las rondas, las vías de acceso al nudo de la Trinidad y las áreas industriales (Zona franca y Besòs). Y en algunas zonas de los barrios del Carmel, Can Barón, Font d’en Fargues y Guinardó y de la parte norte de San Martín (la Verneda y la Pau, San Martín de Provenzales, Provenzales del Poblenou, el Besòs y el Maresme) donde hoy en día no hay bastante aparcamientos para acoger estos espacios de recarga.

Aquí hará falta que las nuevas electrolineras garanticen una separación de 800 m. En estos ámbitos se tendrán que ubicar siempre en calles de red básica, (vías principales), y hará falta un informe favorable de movilidad.

Por otro lado, no podrán estar en el espacio público, y no se permitirán en Collserola, en Montjuic, a los cascos antiguos, en el entorno de los edificios protegidos con un nivel de catalogación A y B ni en suelos de equipamientos.

Además, la gasolineras existentes se podrán convertir en electrolineras, siempre que cumplen las condiciones del plan.

– Estaciones de recarga o intercambio de baterías como actividad complementaria en aparcamientos de rotación de acceso público: Se permite ubicar en todos los aparcamientos en régimen de explotación horaria o rotación de la ciudad y en aparcamiento de rotación de centros comerciales, y se podrán situar en planta baja o la primera planta del sótano. Se establecen condiciones de localización para garantizar la compatibilidad con los otros usos del espacio, y para instalar hará falta un informe favorable de un estudio de movilidad.

– Puntos de intercambio de baterías: Son lugares destinados al intercambio de baterías extraíbles para vehículos eléctricos de movilidad personal (bicicletas, ciclos de más de dos ruedas, patinetes o similares). Se admiten en todas partes excepto en el espacio público y equipaciones, y se establecen condiciones de localización para garantizar la seguridad y la compatibilidad con los otros usos del espacio donde se ubica.

Los talleres y concesionarios de automóviles o depósitos municipales de vehículos eléctricos y similares podrán instalar las instalaciones de suministro eléctrico que se justifiquen para el propio uso.

El documento también establece condiciones para los puntos de recarga en vía pública, que seguirán siendo de impulso público. Para fomentar el despliegue, durante 10 años se podrán implantar en espacios viarios (excepto espacios con prioridad de peatones y plataforma única de casco antiguos), y tendrán una duración de 10 años.

Para los puntos destinados a vehículos de transporte público y/o colectivo, taxis o flotas de servicios municipales, se podrá alargar la duración de la instalación siempre que sea necesario para el mantenimiento del servicio.

El que no altera el plan son las condiciones de implantación de puntos de recarga eléctrica lenta a baja potencia, ya sean en aparcamientos públicos o privados o los aparcamientos colectivos (residenciales o de empresas), porque el planeamiento vigente ya establece un mínimo de un punto de recarga por cada 10 plazas. Y las instalaciones mixtas (combustible y eléctrico) ya quedan reguladas a la normativa de estaciones de suministro de carburantes.

Un salto de escala en la red de suministro eléctrico

Se prevé un aumento muy considerable del número de puntos de suministro eléctrico en la ciudad. A día de hoy, en Barcelona hay 113 emplazamientos que concentran 896 puntos de recarga eléctrica. De estos, el 80,6% se ubican en aparcamientos públicos y el resto, un 19,6%, son en vía pública.

La gran mayoría son o bien exclusivos para motocicletas (460) o estaciones abiertas a todo tipos de vehículos eléctricos (372), y los otros son puntos de recarga con recarga semirrápida y rápida (50), exclusivos para taxis (10) o para vehículos destinados a la distribución urbana (4).

El plan hará un salto de escala en la oferta de suministro eléctrico, puesto que el potencial de crecimiento es de más de 550 instalaciones. Hay 491 aparcamientos que podrán acoger puntos de recarga, 51 gasolineras que se podrán transformar en electrolineras, y se sumarán las que se ubiquen a las rondas, los ámbitos industriales y las áreas específicas de Gracia, Huerta-Guinardó y San Martín.

Si se suman estas 550 instalaciones a la oferta actual -113 con 896 puntos de recarga-, Barcelona podrá tener más de 660 emplazamientos de suministro para vehículos eléctricos. La cifra equivale a casi seis veces más que las de hoy en día, y es muy superior a las 92 gasolineras de carburante que hay actualmente en Barcelona.

MERLIN Properties y EDGE Next se alían para transformar Plaza Ruiz Picasso en el edificio más inteligente de España

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MERLIN Properties, la mayor compañía inmobiliaria de la Península Ibérica, líder en la construcción y gestión de inmuebles sostenibles, ha anunciado hoy una alianza estratégica a largo plazo con EDGE, el desarrollador de edificios inteligentes más grande de Europa, entre los que se encuentran el EDGE de Ámsterdam o EDGE East Side en Berlín.

La alianza comenzará con el último gran proyecto del plan Landmark, Plaza Ruiz Picasso en Madrid, con una SBA total de 36.899 m2. Plaza Ruiz Picasso pretende incorporar lo último en tecnología, incluyendo la propia plataforma de EDGE, EDGE Next, para optimizar el funcionamiento del edificio y hacerlo más inteligente y sostenible. La plataforma utiliza múltiples sensores y bases de datos, no solo para recopilar datos sino también para proporcionar información valiosa y práctica que permita que los edificios, las compañías y las personas prosperen. Los inquilinos también pueden hacer uso de la aplicación del edificio, la cual permite a los usuarios controlar de forma eficiente características básicas de su entorno de trabajo, como la luz o la temperatura. Está planeado que el activo obtenga los certificados LEED Platino y WELL Core & Shell Gold. Asimismo, pretende ser de los primeros edificios de España en conseguir los certificados WiredScore y SmartScore, certificado que representa la conectividad del edificio.

Además, EDGE Next ayudará a MERLIN a incorporar iniciativas sostenibles y tecnológicas en su cartera de oficinas, desplegando así un proyecto a largo plazo que optimizará su desarrollo a través del uso de la tecnología inteligente. Como parte de esta estrategia, la plataforma EDGE Next se pondrá a prueba en uno de los edificios de MERLIN a lo largo del 2021, y se espera que haya más implantaciones en un futuro próximo.

Consejo General de la Arquitectura Técnica de España pone a disposición de los ciudadanos una Calculadora Energética 

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Con la entrada en vigor el pasado 1 de junio de la nueva tarifa de la luz, que afecta a aproximadamente 10 millones de usuarios acogidos al Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor (PVPC), el Gobierno persigue fomentar el ahorro energético. Una medida que implica que, para distintas franjas horarias (horas punta, llana y valle), la electricidad tenga un coste diferente.

Desde el Consejo General de la Arquitectura Técnica de España (CGATE) se recuerda que la rehabilitación tiene un importante papel para reducir los costes energéticos, como es el procedente de la electricidad. «No olvidemos que desde hace años las viviendas tienen una hipoteca oculta´, que tiene su origen en la falta de mantenimiento y rehabilitación, y que lleva a los ciudadanos a pagar cada vez más por la electricidad», explica Alfredo Sanz, presidente del CGATE.

Para ayudar al usuario a conocer qué gasto energético tiene su hogar y qué puede hacer para reducir esos costes, el CGATE ha desarrollado una Calculadora Energética, que permite traducir en euros los principales indicadores que contiene el Certificado de Eficiencia Energética. Una herramienta que ahora esta entidad está actualizando con las nuevas tarifas en base a los datos de precios medios o similares.

Este calculadora recoge los costes energéticos orientativos y establece el gasto anual en euros del consumo de calefacción, ACS y aire acondicionado tanto para una vivienda como para un edificio completo. Para ello, emplea los precios establecidos en la TUR (Tarifa de Último Recurso) para las instalaciones de gas, y el correspondiente a la tarifa PVPC para la electricidad.

«Junto a estos cálculos de consumo, la calculadora también favorece la comparativa del gasto energético de la vivienda con el gasto medio de una de su misma categoría, y proporciona al usuario el ahorro de energía que se produciría si su hogar mejorase su calificación energética, pasando por ejemplo de la letra E (una de las menos eficientes y la calificación más habitual en el parque inmobiliario) a la letra B (una de las más eficientes)», destaca Juan López-Asiain, responsable del Gabinete Técnico del CGATE.

Con más de 4.240 consultas descargadas en esta calculadora, el CGATE ha analizado una vivienda tipo situada en Madrid, con letra E, según su etiqueta energética, y ha presupuesto unas mejoras en el inmueble para poder escalar su calificación a la letra B. De tener un coste anual energético de 897 euros, la «hipoteca energética» de este hogar se ha reducido en 340 euros, hasta alcanzar unos costes aproximados de 560 euros, según se desprende del análisis. Una parte importante de los costes corresponden a la electricidad.

«Los ahorros energéticos conseguidos en esta vivienda tipo nos ayudan a reflexionar: es importante orientar al ciudadano a que su hogar necesitará menos consumo gracias a la rehabilitación energética. En este sentido, estamos colaborando con el Gobierno para que se incentive al usuario con ayudas directas o incentivos fiscales cuando reforme su vivienda o edificio, y consiga importantes ahorros energéticos», dice Sanz.

El Consejo General de la Arquitectura Técnica de España ha implementado una actualización de la herramienta, facilitando su uso con certificados de edificios completos. «Conocer cómo consume energía un edificio, pero, sobre todo, identificar qué actuaciones a gran escala pueden ayudar a reducir el gasto, mejorando el confort y la salud de sus ocupantes, es fundamental para lograr una disminución real de la factura energética, reduciendo la huella ambiental del inmueble y, por extensión, contribuyendo al cambio climático», concluye Alfredo Sanz, presidente del CGATE.

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