El 29 de agosto de 2020 se desataba un espectacular incendio en la Torre Ámbar de Madrid, un edificio de tan solo 10 años de antigüedad. El fuego iniciado en la cubierta del edificio provocó que la fachada y un total de 8 viviendas quedaron seriamente afectadas. Afortunadamente, y gracias al aislamiento incombustible, no hubo daños personales. Cuatro años antes, en Londres, no hubo tanta fortuna: el incendio declarado en la Torre Grenfell dejaba 71 personas fallecidas. En muy poco tiempo el fuego se propagó y este edificio de vivienda pública de los años 70 quedaba arrasado y reducido a cenizas como consecuencia del uso de una solución constructiva con revestimiento y aislamiento combustibles, una mala ejecución y unas normas de construcción poco exigentes.
Ambos son ejemplos recientes que han puesto de manifiesto los problemas de seguridad que padecen muchos de los edificios que habitamos. Si bien ahora mismo existe un consenso generalizado hacia la sostenibilidad y la eficiencia energética en las construcciones, debería producirse la misma apuesta e inversión en lo relativo a la seguridad frente a incendios para garantizar la seguridad de bienes y personas.
Desde la Asociación de Fabricantes Españoles de Lanas Minerales Aislantes (Afelma), que representa a todas las empresas productoras de aislantes de lana mineral del mercado español, entendemos que es necesario actuar antes de que tengan lugar este tipo de tragedias, adaptando los edificios residenciales en cuanto a protección contra incendios. Estamos firmemente comprometidos con la mejora de la seguridad en los edificios a través de productos que ofrezcan protección contra el fuego, lo cual es clave para la velocidad de propagación de un incendio. La elección de un buen aislante es fundamental, ya que cada material tiene una reacción al fuego diferente en cuanto a liberación de energía, emisiones de humo o formación de gotas.
En el caso de la Torre Ámbar, aunque el edificio data del año 2010, la presentación del proyecto fue anterior a 2006, fecha de entrada en vigor del Código Técnico de la Edificación (CTE) y de las actuales exigencias en cuanto a la reacción al fuego que deben tener los materiales aislantes empleados en cubiertas y fachadas. Es necesario revisar la situación de los edificios construidos e invertir en protección contra incendios.
Actualmente estamos ante una gran oportunidad para analizar la situación del parque edificado español y destinar recursos a los procesos de rehabilitación que sean necesarios. De la misma manera que dentro del marco europeo del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia se van a destinar fondos para proyectos de rehabilitación enfocados a mejorar la eficiencia energética, desde Afelma sostenemos que sería conveniente invertir en la reparación de los problemas de seguridad frente al fuego de nuestros edificios, quizá no en la totalidad del parque edificatorio, pero sí en algunos edificios que por sus características de altura o uso están más expuestos a sufrir incendios. Una medida que, además, aumentaría la actividad en el sector de la construcción y tendría un impacto considerable en el PIB del país.
En Reino Unido, el incendio de la Torre Grenfell supuso un punto de inflexión en las exigencias de protección contra incendios, obligando al Gobierno a llevar a cabo una revisión independiente de las normas de construcción y seguridad contra incendios y a crear un importante fondo para ayudas en rehabilitación de 5.100 millones de libras (5.925 millones de euros), si bien la comisión del Parlamento que investiga el suceso estima que el coste final podría llegar a los 15.000 millones de libras (17.427 millones de euros), dinero destinado a retirar los recubrimientos combustibles y sustituirlos por una solución más segura.
Una inversión enorme que, sin embargo, no aplicará a todos los edificios (por ejemplo, solo cubrirá edificios de más de 18 metros de altura, unos seis pisos) ni a todas las tipologías de propiedad (como aquellos que tengan como titulares a diferentes propietarios), lo que está generando numerosas controversias.
Actualmente existen más de 1.700 edificios que las autoridades británicas consideran de alto riesgo por llevar el mismo recubrimiento que la Torre Grenfell y que los tasadores ahora valoran en cero libras. De hecho, tras el incendio, los bancos condicionan la concesión de hipotecas a la demostración de que la fachada del inmueble es segura frente a incendios. Así, hay cientos de miles de personas dueñas de pisos que no valen nada, que puede que tengan que hacerse cargo de los gastos de rehabilitación y que, además, han visto cómo la cuota de su seguro de hogar crecía exponencialmente.
La vivienda supone una de las mayores inversiones que realiza una persona a lo largo de su vida, por lo que encontrarse en una situación de este tipo supone un importante perjuicio económico a los propietarios, ya que el mercado de compraventa de viviendas no absorbe aquellas que no tienen unos mínimos de seguridad. Los constructores y técnicos eluden responsabilidades, pues en el momento de construcción los edificios sí cumplían con la normativa.
Para no llegar a estos extremos, desde Afelma, instamos a las distintas administraciones y al sector privado afectado a abrir un debate y buscar soluciones que garanticen que, efectivamente, vivimos en edificios seguros. Creemos que España debería plantearse las acciones de rehabilitación ya mencionadas, no ya solo por la protección frente a incendios sino también porque la renovación de la envolvente es la única forma de reducir drásticamente el consumo de energía y emisiones de CO2 (en torno al 60-70%), al mismo tiempo que se disminuyen los costes operativos y se incrementa el nivel de confort.
En este sentido, las lanas minerales ofrecen importantes ventajas. Por su naturaleza inorgánica, son incombustibles y al entrar en contacto con el fuego no generan gases ni humos asfixiantes o tóxicos, aumentando la protección de personas y bienes y facilitando la evacuación de un edificio en caso de incendio. Además, presentan un alto grado de resistencia al paso del calor, formando una barrera que protege los elementos constructivos, disminuyendo los riesgos de incendios y contribuyendo a la seguridad pasiva de la edificación. Son, en definitiva, una gran alternativa; sin embargo, la clave está en que se establezcan unas normas que ofrezcan a los ocupantes de los edificios la máxima protección disponible en el mercado. Sólo así, lograremos dar el impulso necesario a la seguridad, tanto en los edificios rehabilitados como en los de nueva construcción.
