La Asociación de Promotores Constructores de España (APCEspaña) se muestra preocupada ante las declaraciones surgidas en los medios sobre la futura Ley de Vivienda. A falta de conocer el texto final, la asociación considera que las medidas anunciadas afectarán gravemente a la pretensión de crear una mayor oferta de vivienda dedicada tanto al alquiler como a la venta, destinada a paliar la falta de accesibilidad a la misma por parte de los jóvenes.

APCEspaña considera que, con la futura ley, se verán perjudicadas las empresas que invierten y crean empleo en el sector y la falta de seguridad jurídica provocará una contracción de la actividad en las Comunidades Autónomas y Ayuntamientos que implementen estas medidas, como ya se ha observado en Cataluña -con medidas similares- en el parón en la inversión y una reducción en la oferta de viviendas.

Con respecto a la limitación de los alquileres, la asociación recuerda que todos los experimentos que han ido en esta dirección, y han sido testados en varias ciudades europeas además de en Cataluña, han provocado los efectos contrarios a los deseados: reducción de la oferta, obsolescencia del parque existente por falta de mantenimiento y aparición de economía sumergida son los efectos observados.

Por su parte, la obligación de establecer una reserva del 30 % de la edificabilidad a vivienda protegida -y la mitad de esta a alquiler social- producirá, desde el punto de vista de APCEspaña, una reducción de la inversión y un claro efecto de expulsión de la inversión, tanto nacional como extranjera, desplazándose estas entre comunidades autónomas en función de si aplican o no esta norma e incluso abandonando el país en función de lo afectada que pueda verse la seguridad jurídica en el texto definitivo de la ley.

Los datos de ambas iniciativas en ámbitos ya conocidos -Cataluña- arrojan los siguientes resultados, según una encuesta que ha realizado de la Asociación de Promotores y Constructores de Cataluña entre sus asociados:

El 55,3 % ha parado la inversión esperando un nuevo escenario.

El 31,6% ha reducido su inversión.

El 13,1% ha trasladado su inversión a otro territorio.

Estos datos reafirman la previsible reducción de la oferta, la actividad y el empleo.

Ante el nuevo acuerdo de Ley de Vivienda, los COAPIS se muestran contrarios a cualquier legislación que limite la libre determinación de la renta de las viviendas.

Como representantes del colectivo inciden la importancia de disponer de un texto articulado que permita analizar con detenimiento las medidas y muestran su desacuerdo con el traslado de responsabilidades de los organismos públicos hacia el sector privado.

Durante el día de ayer PSOE y Unidas Podemos anunciaron un acuerdo sobre la Ley de Vivienda que contempla una nueva legislación en relación al arrendamiento de viviendas. En este sentido, el Consejo General de los Colegios de los Agentes de la Propietat Inmobiliaria (COAPI) se muestra contrario a cualquier medida que limite la libre determinación de la renta de las viviendas, pero incide en la importancia de disponer de un texto articulado que permita analizar con detenimiento todas las medidas y su alcance.

En este contexto, Montse Junyent, responsable de asesoría jurídica del Consejo General de los COAPI y de la Asociación de Agentes Inmobiliarios de Catalunya (AIC), señala la importancia de que esta nueva regulación se desarrolle teniendo en cuenta «el derecho a acceder a una vivienda digna y la necesaria protección de aquellos colectivos más vulnerables o desprotegidos». Sin embargo, no está a favor de que esta ley traslade las necesidades habitacionales de la población al sector privado ya que «corresponde a los poderes públicos arbitrar las medidas necesarias para el incremento de vivienda social».

Así pues, el Consejo General de los COAPI realiza estas consideraciones a la espera de disponer de un texto completo que aclare el cómo y el cuándo de todas las medidas anunciadas.

A raíz de la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros y según la nueva información vertida sobre la futura Ley Estatal de Vivienda, desde Fotocasa queremos transmitir que somos conscientes de la sensibilidad en la que se envuelve una política como la de vivienda, y por ello calificamos como positivas las medidas que tienen el objetivo de reactivar el mercado del alquiler y de aumentar la oferta de viviendas. Sin embargo, la congelación de los precios de las rentas para los pequeños propietarios de todo el país es una medida intervencionista que no cuenta con la aprobación de los arrendadores, lo que podría verse reflejado en la contracción de la oferta de viviendas en renta. Algo que dificultaría aún más el acceso a la vivienda. De hecho, gracias a la experiencia de otras ciudades vecinas europeas como por ejemplo Berlín, se ha demostrado que este tipo de medidas no son eficientes a largo plazo.

Sin embargo, los alicientes al arrendamiento con desgravaciones fiscales para los particulares son muy positivos y servirán para controlar los precios y mantenerlos a un nivel estable, sobre todo en las zonas más tensionadas de las grandes capitales. Estos estímulos conseguirán el objetivo de evitar subidas de precios desorbitadas para los arrendadores e inquilinos actuales, pero no solucionarán el gran problema de la falta de vivienda en alquiler que nos encontramos en las ciudades más pobladas. Aun así, se hace necesario que esta Ley de Vivienda incluya más medidas incentivadoras que doten de seguridad y estabilidad a ambas partes del mercado del alquiler.

En cuanto a los límites a las rentas de los grandes propietarios, desde el portal inmobiliario Fotocasa consideramos más eficaz optar por instrumentos incentivadores, en vez de penalizadores a la hora de establecer un control de sus alquileres. De hecho, esta medida podrá generar inseguridad jurídica no solo de cara a nuestros propietarios, sino también a los inversores extranjeros.

Ahora se introduce el impuesto a la vivienda vacía mediante el recargo del 150% en el IBI. Lo que nos muestra un nuevo problema: ¿cómo sabrán los Ayuntamientos qué viviendas están vacías? De igual manera, continúa siendo una medida punitiva que no contribuye a la generación de confianza en el mercado y la creación de un clima inversor atractivo.

Sin duda, la medida estrella es la creación del «bono joven». Se trata de un gran acierto del Gobierno al poner el foco en el problema más importante al que se enfrentan los jóvenes. Estas ayudas directas al alquiler servirán para reducir la edad de emancipación, que la tenemos muy por encima de la media europea.

Desde Fotocasa, creemos que la solución más eficaz para evitar subidas abusivas en el precio del alquiler pasa por ampliar el parque de vivienda en renta y fomentar el aumento de la vivienda social de alquiler. Esto incrementaría la oferta en nuestras grandes ciudades, siendo una medida que beneficiaría la contención de los precios y el enfriamiento del mercado cuando fuese necesario por parte de la administración. Todo ello, sumado al aumento de medidas incentivadoras para incitar a los propietarios a que pongan sus inmuebles en el mercado de las rentas.

Aunque aún no se conoce el texto definitivo de la nueva ley, para la Asociación Madrileña de Empresas Inmobiliarias -AMADEI– las líneas maestras aireadas desde los dos grupos políticos que conforman el Gobierno, dejan bien a las claras no solo la inoportunidad de la misma, sino también su evidente carácter nocivo para la producción de viviendas.

Una de las medidas en discusión es la de destinar el 30% de los nuevos desarrollos urbanísticos a vivienda protegida. Esto, «implicaría un parón en la producción residencial, dado que los costes de los suelos no admiten ese cambio súbito e intempestivo de catalogación de las viviendas, socavando los planes de negocio y provocando el descuadre de cuentas de las promotoras», afirma Jesús Manuel Martínez Caja, Secretario General Ejecutivo de AMADEI.

La Ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, ha declarado que cualquier promoción, no solo en los nuevos desarrollos urbanísticos, deberá destinar el 30% a vivienda social, lo cual, para AMADEI, «es un absoluto disparate». Un ejemplo es que, en Cataluña, ha descendido a mínimos la ejecución de nuevas promociones tras aprobarse por ley esta medida.

Desde AMADEI se alerta que «teniendo en cuenta que se pretende aprobar una ley estatal prácticamente calcada de la ley catalana, que está recurrida en estos momentos ante el Tribunal Constitucional, más allá de su ineficacia constatada, está claro el destino que depara al sector».

Respecto a la intervención del mercado de alquiler, no hay más que aplicar el ejemplo de Barcelona, París o Berlín y podemos aventurar que está abocada a repetir la funesta historia ya vivida en otros países y en la propia Ciudad Condal, donde los alquileres se han reducido en más de un 40%.

Por tanto, desde AMADEI, a la espera de conocer exactamente el texto de la nueva Ley de Vivienda, debemos de manera cautelar mostrar nuestra frontal oposición a las línea intervencionista y populista hasta la fecha hecha pública, reiterando que debe abordarse el incremento del parque de vivienda pública y los incentivos fiscales a propietarios e inquilinos desde otros parámetros más justos que no redunden en un claro perjuicio de la propiedad privada.

AMADEI muestra el máximo respeto por las familias y grupos socialmente más vulnerables y por el derecho a una vivienda digna, pero «insistimos en que las medidas propuestas son gravemente perjudiciales para los propios demandantes de vivienda, sea en compra o alquiler, dado que los efectos de las medidas contempladas implican la bajada de la oferta, que a su vez conlleva el ineludible incremento de precios».