En España llevamos décadas hablando del problema de la vivienda. Los precios se disparan, los jóvenes no pueden emanciparse, los alquileres en las grandes ciudades son prohibitivos y el parque de vivienda pública es, simplemente, insuficiente. Sin embargo, más allá del diagnóstico, que ya conocemos de sobra, ha llegado el momento de actuar con determinación. Lo que propongo no es una utopía: si todos los actores implicados en el mercado inmobiliario asumen su responsabilidad y aportan soluciones realistas, podemos empezar a solucionar el problema de la vivienda en el corto plazo.
España no tiene una única crisis de vivienda, sino varias solapadas: falta de oferta, desequilibrio entre zonas rurales y urbanas, escasez de vivienda pública, dificultad de acceso a la financiación y, no menos importante, un sistema fiscal que no siempre favorece el acceso a la vivienda. Ante esta complejidad, no existen soluciones mágicas, pero sí un marco de acción compartido que podría empezar a dar resultados tangibles en meses, no años.
El Estado debe liderar esta transformación. La vivienda de protección oficial (VPO) ha sido, durante décadas, una herramienta útil para ofrecer alternativas habitacionales a precios razonables. Sin embargo, la promoción de VPO ha caído en picado en los últimos 15 años. Es urgente un plan nacional ambicioso, que incentive la construcción de vivienda protegida con criterios claros de acceso, uso y permanencia, evitando la especulación y asegurando que cumplan su función social.
Pero no basta con construir más: hay que garantizar que esas viviendas permanezcan en el parque público durante largo plazo, con mecanismos que impidan su venta especulativa. Una política activa de suelo público, asociada a una colaboración real con promotores privados, bajo condiciones claras y transparentes, permitiría multiplicar el impacto de estas actuaciones.
La Agencia Tributaria también tiene que poner de su parte. El acceso a la vivienda no puede estar penalizado fiscalmente. En España, los impuestos asociados a la compra de una vivienda, como el IVA en obra nueva, el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales en segunda mano, o los costes notariales, suponen en muchos casos una barrera insalvable, especialmente para los jóvenes.
Una reducción temporal de estos impuestos, orientada a primeras viviendas y colectivos vulnerables, podría generar un estímulo inmediato en el mercado y facilitar el acceso a la propiedad. Al mismo tiempo, sería conveniente replantear los incentivos fiscales a la rehabilitación, premiando las reformas energéticamente eficientes y la recuperación de viviendas vacías.
Por su parte, las Comunidades Autónomas y Ayuntamientos deben liberar suelo y agilizar licencias. Uno de los grandes cuellos de botella del mercado inmobiliario es la escasez de suelo urbanizable, especialmente en las zonas de mayor demanda. Estos consistorios tienen un papel esencial en la planificación territorial y la gestión del suelo. Es hora de revisar los planes generales, liberar suelo para vivienda asequible y, sobre todo, agilizar los procedimientos administrativos.
Hoy en día, un proyecto de construcción puede tardar más de dos años en obtener todas las licencias necesarias. Esta lentitud no solo encarece el proceso, sino que desincentiva la inversión. La digitalización, la simplificación normativa y una mayor coordinación entre administraciones pueden desbloquear miles de viviendas paralizadas.
Asimismo, la Banca y entidades financieras tienen que facilitar el crédito, facilitando su acceso a compradores solventes, especialmente a jóvenes y familias con ingresos estables, pero sin ahorros. Por que como bien sabemos, sin financiación, no hay acceso a la vivienda.
Es importante evitar los errores del pasado. Nadie quiere volver a los tiempos del crédito irresponsable. Pero tampoco podemos permitir que miles de personas con capacidad real de pago queden excluidas por falta de apoyo inicial. Aquí, los programas públicos de garantía, como el reciente Plan de Avales del ICO, son un buen ejemplo de cómo Estado y banca pueden colaborar eficazmente.
Desde esta perspectiva, el sector privado también debemos asumir nuestra cuota de responsabilidad, como red inmobiliaria, debemos rechazar las prácticas especulativas y centrarnos en ofrecer servicios adaptados a las nuevas necesidades y debemos informar con transparencia, generar confianza y acompañar al vendedor y al comprador durante todo el proceso.
España se encuentra en un momento clave. Tenemos el conocimiento técnico, los recursos y el consenso social necesario para dar un giro en materia de vivienda. Pero necesitamos voluntad política, coordinación institucional y compromiso empresarial. Esta no es una tarea exclusiva del Gobierno, ni del mercado, sino que es una misión compartida.
Si el Gobierno impulsa la vivienda pública, si la Agencia Tributaria ajusta la carga fiscal, si las Comunidades liberan suelo, si la banca apoya con crédito responsable y si las constructoras e inmobiliarias apostamos por precios ajustados y calidad, podemos transformar el panorama habitacional en nuestro país. No resolveremos todo en seis meses, pero en ese plazo ya podríamos empezar a ver resultados concretos.
La vivienda no es un lujo, sino un derecho. Y también, si todos ponemos de nuestra parte, puede ser una oportunidad colectiva para construir una sociedad más justa, inclusiva y cohesionada. Lo tenemos al alcance. Solo falta dar el paso.
