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El nuevo Código Penal persigue el ‘mobbing’ y perfecciona los delitos urbanísticos

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Madrid. Seis meses después de ser publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE), ha entrado en vigor, ayer jueves 23 de diciembre, la reforma del Código Penal, que incluye la persecución y sanción de las prácticas de acoso inmobiliario, el conocido ‘mobbing’ o el más castellanizado de ‘asustaviejas’, para referirse a esas denuncias vertidas por las presiones de todo tipo de algunos propietarios sobre personas de edad avanzada residentes en pisos de renta antigua, con la intención de que renuncien a su derecho.

Desde ayer son punibles también ‘los okupas’. “Al que con violencia o intimidación en las personas ocupare una cosa inmueble o usurpare un derecho real inmobiliario de pertenencia ajena, se le impondrá, además de las penas en que incurriere por las violencias ejercidas, la pena de prisión de uno a dos años, que se fijará teniendo en cuenta la utilidad obtenida y el daño causado”, recoge la nueva redacción del apartado 1 del artículo 245.

También han sido objeto de reforma varios aspectos de los delitos sobre la ordenación del territorio y el urbanismo son objeto de reforma.  Así, se amplía el ámbito de las conductas típicas a las obras ilegales o clandestinas de urbanización, ya que éstas pueden tener un mayor impacto sobre el territorio que las de mera construcción o edificación, a las que además suelen preceder.

A fin de evitar la consolidación de los beneficios del delito por parte del infractor, se perfecciona el sistema en lo que respecta a la pena de multa, estableciéndose, junto a la ya existente previsión de multa por cuotas diarias, la imposición de multa proporcional para aquellos casos en que el beneficio obtenido por el delito fuese superior a la cantidad resultante de la aplicación de aquella.

Además, se concreta que en todo caso se dispondrá el comiso de las ganancias provenientes del delito cualesquiera que sean las transformaciones que hubieren podido experimentar.

Respecto del delito de prevaricación urbanística, se completa el ámbito de los objetos sobre los que se puede proyectar la conducta prevaricadora con la inclusión de los “instrumentos de planeamiento”, así como la de los proyectos de parcelación y reparcelación.

Y, como venía siendo demandado por la doctrina, se otorga rango típico a la ocultación de actos ilícitos observados por la inspección y a la omisión de inspecciones que tuvieran carácter obligatorio. En todos estos supuestos, se agravan las penas en correspondencia con la gravedad de este tipo de conductas, suprimiéndose además en el artículo 320 la alternatividad entre la pena de prisión o multa a fin de evitar que los funcionarios y responsables públicos tengan un tratamiento privilegiado.

Las modificaciones en los delitos contra el medio ambiente responden a la necesidad de acoger elementos de armonización normativa de la Unión Europea en este ámbito. De conformidad con las obligaciones asumidas, se produce una agravación de las penas y se incorporan a la legislación penal española los supuestos previstos en la Directiva 2008/99/CE de 19 de noviembre, relativa a la protección del medio ambiente mediante el Derecho Penal.

Penas

Se impondrán las penas de prisión de un año y seis meses a cuatro años, multa de doce a veinticuatro meses e inhabilitación especial para profesión u oficio por tiempo de uno a cuatro años, a los promotores, constructores o técnicos directores que lleven a cabo obras de urbanización, construcción o edificación no autorizables en suelos de especial protección.

Además, la autoridad o funcionario público que, a sabiendas de su injusticia, haya informado favorablemente instrumentos de planeamiento, proyectos de urbanización, parcelación, reparcelación, construcción o edificación o la concesión de licencias contrarias a las normas de ordenación territorial o urbanística vigentes, o que con motivo de inspecciones haya silenciado la infracción de dichas normas o que haya omitido la realización de inspecciones de carácter obligatorio será castigado con la pena establecida en el artículo 404 de este Código y, además, con la de prisión de un año y seis meses a cuatro años y la de multa de doce a veinticuatro meses.

Medidas del Gobierno para reducir los costes del sistema eléctrico y eliminar el déficit de tarifa

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Madrid. Peajes a la generación, el bono social, los costes de la estrategia de ahorro y eficiencia energética, la reducción temporal de la retribución fotovoltaica y el déficit de tarifa, son las cinco nuevas medidas aprobadas por el Consejo de Ministros, a través de un Real Decreto Ley, para reducir los costes regulados del sistema eléctrico y contribuir a eliminar el denominado déficit de tarifa. En conjunto, las medidas aprobadas en 2010 suponen un ahorro de más de 4.600 millones de euros en los próximos tres años: 1.660 millones en 2011; 1.510 millones en 2012 y 1.446 millones en 2013.

Peajes a la generación. Actualmente la generación eléctrica está exenta de financiar las redes, aunque es una actividad que contribuye a aumentar el coste de las redes porque exige la construcción de las conexiones necesarias para realizar el suministro eléctrico.

Para equilibrar esta situación, a partir del próximo 1 de enero se establece un peaje de 0,5 euros/MWh, que pagarán tanto los generadores del régimen ordinario, como los del régimen especial. Esto supone un incremento de los ingresos de 150 millones de euros anuales.

Bono social. Las empresas eléctricas financiarán el bono social hasta 2013, seis meses más de lo previsto hasta ahora, lo que supondrá un ahorro de 150 millones de euros.

Creado en 2009, el bono social supone la congelación de las tarifas eléctricas para los consumidores con potencias contratadas hasta 3 KW en su primera residencia, así como a familias numerosas, los perceptores de las pensiones mínimas y aquellos hogares que tengan todos sus miembros en paro. Tienen derecho a él unos cinco millones de consumidores.

Costes de la estrategia de ahorro y eficiencia energética. Desde el 1 de enero de 2011 las empresas eléctricas asumirán el coste de las medidas relacionadas con la estrategia de ahorro y eficiencia energética durante tres ejercicios. Esta partida, que hasta ahora se sufragaba con cargo a la tarifa, supondrá un ahorro total de 670 millones de euros, 270 millones en 2011, 250 millones en 2012 y 150 millones en 2013.

Reducción temporal de la retribución fotovoltaica. Al igual que ha ocurrido con otros sectores como el eólico y el termosolar, se limitarán las horas de funcionamiento con derecho a prima de las plantas fotovoltaicas a las previstas en el Plan de Energías Renovables 2005-2010 en el periodo 2011-2013. La producción que exceda este umbral se venderá a precio de mercado mayorista. El ahorro logrado con esta medida asciende a 740 millones anuales.

Las plantas afectadas disfrutarán de tres años más de periodo con derecho a prima, que de esta forma pasa de veinticinco a veintiocho años. A partir de 2014 existirá también un límite de horas equivalente al funcionamiento actual.

Déficit de tarifa. Cumplimiento del calendario de eliminación del déficit tarifario del sistema eléctrico hasta su completa eliminación en 2013. Se modifican los límites máximos hasta 5.500 millones de euros en 2010, 3.000 millones en 2011 y 1.500 millones en 2012, para adecuarlos las desviaciones y se mantiene el punto en el que se alcanza la suficiencia tarifaria en el año 2013.

 

 

Las concesionarias de las radiales R-3 y R-5 subirán las tarifas un 1,95% anual para compensar sobrecostes

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Madrid. El Consejo de Ministros ha aprobado hoy un real decreto que autoriza a las concesionarias de las autopistas a incrementar las tarifas un 1,95% anual acumulativo. La medida es consecuencia de la modificación parcial de la concesión administrativa para la construcción, conservación y explotación de las autopistas R-3 y R-5 de Madrid, adjudicadas por un Real Decreto de 1999.

Dicha modificación tiene por objeto la generación de los ingresos necesarios para hacer frente a la devolución de los préstamos participativos concedidos para hacer frente a los sobrecostes por obras adicionales o expropiaciones.

Estos préstamos, derivados de la aplicación de la disposición adicional 41ª de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2010, se conceden para, de una parte, corregir el desequilibrio financiero de la concesionaria generado por el coste producido por las expropiaciones necesarias para la construcción de la autopista, considerablemente mayor al previsto, debido a que en los justiprecios de los terrenos expropiados establecidos, tanto por los Jurados provinciales de expropiación como por las sentencias de los Tribunales, se ha valorado el suelo muy por encima de las estimaciones que sirvieron de base al contrato de concesión.

Y, de otra, por la modificación del proyecto constructivo para incorporar distintas obras adicionales no previstas inicialmente, que han supuesto una mayor inversión de la sociedad concesionaria.

Con el fin de corregir esta situación, la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2010 estableció que el Estado podrá otorgar préstamos participativos para financiar los sobrecostes de expropiaciones que superen el 175 por 100 de los previstos en la oferta.

Para ello, la citada Ley permite la modificación de las concesiones con objeto de generar ingresos adicionales destinados a amortizar el principal y los intereses de los préstamos participativos concedidos y para restablecer el equilibrio económico-financiero de la concesión. Dicha modificación se realiza ahora a través de este real decreto.

El Consejo de Ministros ha autorizado también al ministro de Fomento a que, en desarrollo de lo previsto en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2010, conceda los siguientes créditos participativos para hacer frente a los sobrecostes por expropiaciones. A Accesos de Madrid, 114 millones de euros; a Autopista del Sureste, 18,2 millones, y a Autopista del Henares, casi 183 millones.

 

El Gobierno mantiene en 758 euros m2 el precio del módulo básico para Vivienda Protegida

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Madrid. El Consejo de Ministros ha aprobado, en la penúltima reunión del año, mantener congelada la cuantía del Módulo Estatal Básico, atendiendo a la coyuntura actual y con el objetivo de facilitar el acceso de las familias a viviendas a precios asequibles.

Por lo tanto, el módulo, que sirve como referencia para la determinación de los precios máximos de venta y alquiler de las viviendas protegidas, se mantendrá durante 2011 y, por tercer año consecutivo, en 758 euros/m2 de superficie útil. Atendiendo a la condición de insularidad periférica en el ámbito de la Unión Europea, la cuantía aplicable del Módulo Básico en la Comunidad Autónoma de Canarias será un 10 por 100 superior a la cuantía general.

Asimismo, el Consejo de Ministros ha aprobado las nuevas cuantías máximas estatales para instrumentar el Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación 2009-2012 para 2010. Así, el gasto aprobado en el capítulo de subvenciones para este plan en dicho ejercicio se establece en 160,5 millones de euros.

Con este acuerdo se termina de aplicar el Plan de Austeridad de la Administración General del Estado 2011-2013 en el presupuesto destinado a vivienda establecido en 1.352,95 millones de euros. Al mismo tiempo, se garantiza el gasto destinado a financiar los compromisos específicos con cada Comunidad Autónoma.

Entre septiembre de 2009 y septiembre de 2010 fueron calificadas provisionalmente para iniciar su construcción  68.407 viviendas protegidas, un 27,3% menos que en los doce meses precedentes. Y fueron calificadas definitivamente, para certificar el final de su ejecución, un total de 56.919 viviendas, un 20,9 % menos que en los 12 meses anteriores. El 90,8 % del total de calificaciones provisionales corresponden al Plan Estatal. Este porcentaje fue del 81,4 % en el caso de las calificaciones definitivas.

La marca España

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Madrid. Durante los últimos meses, y a raíz de la crisis financiera internacional, se ha estado hablando mucho sobre el modelo económico en nuestro país, haciendo especial hincapié en la necesidad de abandonar el sector inmobiliario-constructor y el sector turístico, (aunque éste en menor medida), e iniciar un crecimiento económico basado en la tecnología, el I+D+i, las energías renovables y la sostenibilidad. Y desde luego, como estrategia política para desviar la atención de los españoles de la realidad política y económica del país ha sido muy fructífera, pues como medio de distracción y canalización de emociones, pregonar un cambio radical del modelo económico nacional como solución a la crisis, (incluso hubo quien se atrevió a vaticinar el final del Capitalismo), es la mejor manera de evitar hablar sobre los verdaderos y auténticos problemas de nuestra economía nacional, los cuales no pertenecen al ámbito de la metafísica de los modelos económicos, sino a problemas reales perfectamente definidos y de los cuales nada se quiere saber.

Uno de estos problemas cruciales es la definición de nuestro modelo económico dentro del actual marco de la globalización de mercados. En la última década nuestro PIB nacional ha estado liderado por el sector servicios, (en torno al 60%), la industria-energía (15%) y la construcción, (algo más del 17%). Pero si tenemos en cuenta en detalle el desglose del PIB y la relación entre los sectores económicos que lo forman, podremos apreciar la dependencia de nuestro modelo económico del sector inmobiliario-constructor, el cual comporta con sus derivados hasta el 40% del PIB nacional. En efecto, la dependencia de nuestro sector servicios, encabezado por el turismo, la restauración y la cultura, guarda una estrecha dependencia con el sector inmobiliario-constructor que se ve reflejada en el desarrollo de hoteles, resorts, campos de golf, urbanizaciones, centros de ocio, palacios de congresos y un largo etcétera de instalaciones que tienen que llevar a cabo los promotores inmobiliarios. Asimismo, nuestra industria ha estado ligada principalmente al sector de la construcción, (materiales, máquinas, mobiliario, bienes de equipo, etc.), así como el consumo interno de energía, que depende directamente del número de hogares y de todo tipo de bienes inmobiliarios, como hoteles, edificios de oficinas, etc. Por último, el valor de los impuestos generados por el sector es también muy elevado; prueba de ello es la drástica reducción de las cuentas públicas de Ayuntamientos y CCAA debido a la paralización de la mal llamada «economía del ladrillo».

Como se puede apreciar, el desarrollo del sector inmobiliario-constructor, lejos de ser improductivo como se pregona habitualmente en los medios de comunicación, es el motor de la economía española, lo cual no quiere decir que ésta no tenga que diversificar los sectores productivos que la componen, invertir en alta tecnología y aumentar la cuota de participación en sectores estratégicos como el energético y el de materias primas. Y nada mejor para ello que partir del sector inmobiliario-constructor; veamos por qué.

El sector inmobiliario-constructor, por su propia idiosincrasia productiva, consume recursos humanos en diversos campos de la economía que no sólo están relacionados con la propia actividad constructora e inmobiliaria, como la explotación de recursos energéticos, la fabricación de bienes de equipo y la dependencia del ocio, la cultura y el turismo. Fue en el año 2007 cuando muchas compañías constructoras entraron en el sector de las energéticas, dada la íntima relación de ambos sectores, (construcción de centrales nucleares, presas hidráulicas, etc.), posibilitando así que España se hiciera un hueco en el sector de las energías renovables y la explotación energética, que es un sector clave en el mundo y más aún para nosotros, los españoles, dada la dependencia que tenemos de consumo energético del exterior, lo cual supone un peso demoledor en nuestra balanza de pagos de exportaciones-importaciones. En efecto, la expansión del sector inmobiliario-constructor a campos mayores que el ámbito inmobiliario y la obra civil, (que ya de por sí suponen una riqueza incalculable), encuentra en el sector energético un campo de explotación de gran futuro, máxime si tenemos en cuenta que el consumo de energía es directamente proporcional al número de hogares y bienes inmuebles construidos, así como a la cantidad de obra civil que se ejecute con los mismos. Y lo mismo cabe decir de la explotación de recursos naturales y culturales para uso turístico y cultural, que a su vez, está ligada a otro sector económico de gran tradición en nuestro país como es el de la restauración, (restaurantes, cafeterías, clubs, etc.), de la producción de bienes de equipo, (maquinaria, vehículos, etc.), y de la fabricación de bienes muebles, de la cual también tenemos ejemplos de gran calidad y reconocimiento en el mundo.

Asimismo, decir que el sector inmobiliario-constructor, (nombrado peyorativamente como «el ladrillo»), no supone un filón para el desarrollo de la alta tecnología y el I+D+i únicamente delata una ignorancia total sobre el mismo. En la construcción se emplean más ordenadores y tecnología punta que en el resto de las actividades económicas de nuestro país, (salvo en la índustria naviera y automovilística); las posibilidades de desarrollo que tienen los centros de investigación de materiales, recursos energéticos, sistemas constructivos, y un largo etcétera de ramas del sector son suficientes para hacer de España un país pionero en la investigación y la tecnología en la explotación del espacio físico y los recursos energéticos, dos de los campos más productivos e importantes de cualquier economía. Frases como «tenemos que pasar de un país del ladrillo a ser un país Nokia» (Manuel Marín en «Los desayunos» de TVE. Año 2009), no sólo delatan una ignorancia absoluta en materia de economía sino que además suponen un daño indecible al país, pues pretender competir en tecnología de productos informáticos con países que los llevan explotando desde hace muchos años, con mano de obra barata y amplia experiencia en ese sector, es una empresa fracasada de antemano. ¿Por qué no desarrollar la investigación tecnológica en los sectores económicos en los que tenemos experiencia? Sobre todo si tenemos en cuenta las enormes posibilidades de desarrollo que tendría tal simbiosis. ¿Qué supondría para los españoles una menor dependencia energética si se aplicase la alta tecnología a la construcción? ¿Qué significaría para la cohesión del país el desarrollo integral de infraestructuras y sistemas generales? ¿Qué beneficio económico y social tendría la explotación sostenible de nuestros recursos naturales y culturales? ¿Acaso no sería infinitamente beneficioso para España aplicar el I+D+i al sector inmobiliario-constructor? ¿A la fabricación de bienes de equipo, mueble
s, accesorios, alimentación, turismo…? ¿De dónde proviene, en definitiva, esa ortodoxia oficial que dicta que España debe cambiar (nada más y nada menos) su modelo productivo de la noche a la mañana y convertirse en competidor de países como EEUU o Japón en la producción específica de tecnología informática?

Tampoco conviene dejar de lado la archiconocida teoría de que nuestras exportaciones sufren con «el ladrillo», pues en los últimos años, y gracias al crecimiento del sector, España ha podido situarse como potencia mundial en la ejecución internacional de infraestructuras, obra civil y construcción residencial; nuestros técnicos habilitados son reconocidos en todo el mundo, y empresas como la tristemente extinta FADESA, ACCIONA, Ferrovial, etc., habían puesto el nombre de España en lo más alto. Eso también es exportar. ¿Parece lo más razonable atacar estos logros? Y en definitiva, conviene aclarar cual debe ser, por tanto, el sitio de la economía española en el nuevo orden económico mundial en que nos encontramos, con una globalización de mercados en el que las potencias que basan su crecimiento económico en los bajos precios de los productos ofrecidos al mercado, (China, India, etc.), son absolutamente inalcanzables en su modelo, (dado que está basado en la explotación de recursos humanos con salarios extremadamente bajos), y la necesidad de convergencia económica en la UE con la entrada del Euro, (lo que obliga a los países entrantes a ponerse al nivel de economías como la Alemana, que basa su producción básicamente en la calidad de los productos que ofrece al mercado).
 
Tenemos una calidad climática, ambiental y cultural como pocos países en el mundo; nuestra oferta gastronómica, de ocio y turismo, unida a la seguridad y al buen estado de nuestras infraestructuras suponen un filón económico que no debería ser desperdiciado con un modelo turístico de precios bajos, (sobre todo desde que además, pertenecemos al Euro y ya no podemos competir por la diferencia de moneda), sino que debería ser explotado como un turismo de alta calidad, en el que la construcción, como medio de explotación del espacio físico, lejos de suponer un atentado a los recursos naturales y culturales que precisamente son dos de nuestras mejores materias primas, fuera una fuente de riqueza de la cual sentirnos orgullosos y no un arma arrojadiza para vapulear nuestra propia economía y ponernos en evidencia en el extranjero. España tiene calidad; España debería ofrecer esa calidad; y nada mejor que demostrarlo haciendo lo que mejor sabemos hacer, como marca, siendo conscientes del futuro lleno de posibilidades que supone la explotación del espacio físico, las materias primas y los recursos naturales.
 
 

La Inmobanca: cien papeles exigidos y ninguno de ellos es el fundamental

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Madrid. Cuando mi amigo el ácido se dio cuenta que me había demolido con sus reflexiones acerca del proceso decimonónico y de complejidad extrema que se utiliza en la promoción de viviendas en nuestro país, volvió al ataque y me dijo: “Los requisitos que las Entidades de Crédito exigen al Promotor para concederle financiación a sus proyectos de construcción son muy numerosos, se exige en ellos un gran detalle informativo por parte del promotor y su conjunto constituye una condición excluyente para que se inicie  el proceso de estudio de la concesión de la financiación:  O lo presentas o no se inicia éste. Y luego, si se inicia,  no es infrecuente que el “Comité que estudia la Operación” exija documentación complementaria para su concesión. Posteriormente, “otra pila de documentos” será necesaria para la formalización, disposición y liquidación del préstamo conseguido.”

Todos  los documentos de esa lista  tienen algo en común, y es que representan una visión antigua de la empresa: la orientación al Producto y a la Producción. Todos ellos se refieren al producto a construir  y a las circunstancias de su elaboración y entre éstas a las necesidades de capital necesario para ello. Y ninguno de ellos se dirige a la demanda potencial en la zona. (Y que no se nos diga que eso no es cierto porque entre la lista de esos documentos se presente un estudio económico financiero en el que se incluye un plan de ventas, porque entonces les contestaremos que eso, si no se basa en un estudio separado de la demanda en la zona, no es sino una presunción de comportamiento de la demanda y no el resultado de un trabajo de prospección sobre la misma.)

Pues bien en ese listado de documentos a presentar, orientado como hemos dicho a la Producción, se olvida -o en algún caso lo releva hasta lo insignificante- al único documento que podría impulsarla hasta el éxito: aquél que estimase la probable respuesta del mercado frente al producto que se le ofrece. La orientación a la Demanda, aquí en este asunto de la Financiación de la Promoción,  revolucionaría la Promoción Inmobiliaria. Bastaría con exigir un detallado estudio de la demanda potencial en la zona donde se piensa construir para que la probabilidad de éxito en la promoción aumentase enormemente.

¿Es aceptable que el único documento que puede orientar, detallar y captar la demanda en la zona no se exija al promotor por parte de aquellos que le van a prestar el dinero?
 
A ver si queda claro: el mejor promotor con el más impecable currículo de promoción, el mejor proyecto posible para esa localización, el más detallado estudio económico financiero, la más conocida historia anterior de éxito de ventas en la misma zona, la mayor liquidez adicional del promotor en ese momento, la más detallada y  completa respuesta al cuestionario de solicitud de financiación de la promoción, de poco pueden valer si nos encontramos ante una promoción equivocada. Y por equivocada entendemos aquí que se prevé hacerla sin que la necesidad de la demanda hacia lo que se piensa construir haya sido razonablemente justificada  en ese lugar y momento por un estudio “ad hoc”.

Al lector bancario que tenga en el balance de su entidad  algunas (o muchas) promociones o solares sin vender –adjudicados por impago o por cualquier otra causa- le sugerimos que examine las causas por las cuáles esas promociones, con los estudios de financiación perfectamente elaborados y concedidos y  con todo los requisitos y garantías que el estudio exigía, satisfechos y cumplimentados, ¿Por qué han fallado?

La respuesta más elemental a esa pregunta es que la demanda no ha respondido positivamente a la oferta. Por ello, nos reiteramos y afirmamos que sólo un adecuado estudio de la demanda en la zona puede garantizar el éxito de la promoción y eso siempre que tal estudio haya sido bien planeado y ejecutado, esté actualizado y no hayan cambiado las circunstancias y supuestos del momento de su elaboración.

Pero –me dice mi amigo el ácido-  ¿Así que estás pidiendo un papel (documento)  más? ¿Es que ya no son suficientes los que se piden en estos momentos?
 
Esta vez  tenía pensada la respuesta, así que le contesté de inmediato:  -“Cuando el maestro Tom Peters habla de situaciones parecidas, en las que sólo la reimaginación del proceso es la solución, siempre sugiere que la reimaginación debe de ser acompañada de una reducción brutal de procesos o lo que es igual,  a una simplificación extrema de los mismos y de la documentación que los acompaña. Por ello, además de atenerse a lo esencial de cada proceso –y lo esencial en todo proyecto de financiación de una promoción es la recuperación del dinero prestado-   y, consecuentemente,  exigir el documento “core” –la estimación de la demanda en la zona-  el resto de trámites y de documentos asociados debe de reducirse al mínimo posible.
 
Así pues a nuestros lectores de la Inmobanca les sugerimos:

a) Exigir con cada proyecto de financiación de una promoción  un documento que estime la demanda potencial en la zona para los productos a construir que se reflejan en el proyecto a financiar, como documento separado del estudio económico financiero de la promoción.
 
b) Reducir ferozmente el resto de documentación a presentar por el promotor. (Y reducir de igual manera los trámites y plazos de estudio, concesión/denegación y en su caso, disposición y liquidación.)

Esas dos cosas  mejorarían radicalmente el proceso de promoción inmobiliaria y, lo que es más interesante para la Inmobanca, la garantía de devolución del dinero prestado.

Pero de nuevo la sonrisa ácida de mi amigo denunció su creencia sobre que la incorporación de esas dos medidas al proceso de financiación de promociones es poco probable y ello también por dos razones:

a) Los bancarios desconocen en su mayoría la potencialidad de los estudios de demanda.

b) La reducción extrema de los trámites, además de inquietarles –los muchos papeles, la mucha información, parece ser un valor irrenunciable, sin ellos se sienten inquietos y pareciera que les faltase base para decidir bien (el típico error de la preferencia sobre la cantidad a la calidad de la información) –  les dejaría frente a la cruda realidad de que durante años han estado pidiendo documentos y garantías que a la postre –en sus adjudicados al menos – no han servido para nada.

El Instituto de Empresa compra a Defensa el solar del antiguo Hospital del Aire en Madrid

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Madrid. El secretario de Estado de Defensa, Constantino Méndez, y el presidente de la Fundación Instituto de Empresa, Diego del Alcázar, han suscrito un protocolo por el que la Fundación se compromete a adquirir, por 35 millones de euros, el solar de 26.000 metros cuadrados donde durante décadas estuvo asentado el antiguo Hospital del Aire, en el número 82 de la calle Arturo Soria de Madrid. Fue demolido en 2001. La compra definitiva se producirá cuando el Ayuntamiento de Madrid cambie el tipo de equipamiento de la parcela, de hospitalario a educativo.

Con esta operación, la Fundación Instituto de Empresa conseguirá un espacio de terreno amplio para ser destinado a sus fines de interés social. Tal y como recogen sus estatutos, esta fundación fue promovida con el fin de “ejercer cuantas acciones resulten de posible eficacia para contribuir al desarrollo empresarial, en particular, en beneficio de los sectores de población menos favorecidos, mediante el fomento de la incorporación profesional de los jóvenes al entorno empresarial y de su formación continua en el ámbito de la empresa”.

Por su parte, con la enajenación de este inmueble que resulta innecesario para la Defensa Nacional y que se convirtió en solar en el año 2001 al ser demolido el antiguo hospital, el Ministerio de Defensa contribuirá al cumplimiento de la política fijada por el Gobierno para el impulso a la modernización y a la profesionalización de las Fuerzas Armadas.

En el solar del antiguo Hospital del Aire, que cuenta con una superficie de 26.000 metros cuadrados aproximadamente, únicamente existe en uso un pequeño edificio que alberga el Centro de Instrucción de Medicina Aeroespacial (CIMA), que permanecerá en su actual ubicación mientras se construye su nueva sede.

Precisamente, el acuerdo suscrito hoy posibilitará la construcción de un nuevo Centro de Instrucción, que se instalará en los terrenos de la base aérea de Torrejón de Ardoz y que estará dotado de una nueva cámara hipobárica con las técnicas más avanzadas que existen en la actualidad.

De esta manera, se mejorará el reconocimiento que se realiza a los pilotos de la Fuerzas Armadas, lo que permitirá prevenir riesgos aéreos y garantizar la seguridad, actuación prioritaria del Ministerio de Defensa.

Sacyr cubre el 58% de la ampliación de capital con las acciones adquiridas por sus principales accionistas

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Madrid.  “La Sociedad hace constar el cumplimiento de la totalidad de los compromisos incondicionales e irrevocables de suscripción por parte de accionistas de la Sociedad indicados”, recoge el hecho relevante enviado ayer por Sacyr Vallehermoso a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) para señalar que los principales accionistas del grupo ya habían aportado casi 233 millones para la compra de 51,6 millones de acciones, el 58% de los 401,33 millones cuantificados en la ampliación de capital con derecho de suscripción preferente, acometida para eliminar sus casi 610 millones de euros de deuda corporativa.
 
La suscripción del 42% de las nuevas acciones restantes –que comenzarán a cotizar en Bolsa el próximo 5 de enero– supondrá la entrada en el capital social del Grupo Sacyr de tres nuevos accionistas, el grupo Fuertes, la familia Llorens Torné y el empresario José Moreno Carretero. Comprarán 37,48 millones de acciones de la emisión con las que se harán con una participación del 9,51% de Sacyr por un importe de 168,68 millones de euros.

El grupo Fuertes, propietario entre otras empresas de El Pozo, realizará el mayor compromiso de inversión (88,68 millones), para alcanzar una participación del 5%. Mientras que Moreno Carretero, principal accionista del grupo Altec, contará con un 3,95% tras desembolsar 70 millones, y la familia Llorens Torné se quedará con un 0,56% una vez aportados 10 millones de euros.

Entre los principales accionistas, Luis del Rivero, presidente de Sacyr, alcanzará el 14,8% tras 44,4 millones de euros invertidos, en tanto que Juan Abelló, vicepresidente y tercer socio de referencia de Sacyr inyectará 40,36 millones en la ampliación para mantener el 10%.  El consejero delegado, Manuel Manrique reducirá su participación hasta el 6,2%.

 

La refinanciación de la deuda obliga a Quabit a abandonar su megaproyecto en Brasil

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Madrid. A pesar de algunas incertidumbres medioambientales, tenía buena pinta el proyecto de la inmobiliaria Quabit en Nova Atlántida, en Fortaleza (Brasil) para edificar 10 millones metros cuadrados sobre las 32 hectáreas adquiridas por Brasil Real Estate New Projects Participaçoes, de la que la empresa dirigida por Félix Abánades poseía el 55%, pero los acuerdos recogidos en el plan de refinanciación de su deuda han obligado a la venta de esta participación.

No obstante, Quabit Inmobiliaria se reserva una opción de compra a dos años por el mismo valor y sin coste añadido alguno si el pleito que afecta actualmente al proyecto se resuelve favorablemente, el relativo a una resolución medioambiental por un supuesto derecho de una reserva indígena sobre el terreno que impide por el momento el desarrollo del proyecto. Pasados dos años, si la compañía decidiera renunciar al derecho de opción de compra de sus participaciones en la sociedad, recuperaría todas las inversiones realizadas en el proyecto.

El plan director del proyecto contempla el desarrollo, integrado en la naturaleza como una Gran Ciudad Jardín con paseos marítimos y terrestres, de ‘resorts’ turísticos, campos de golf, ‘villages’ comerciales, centros de recreos y deportivos, áreas de servicios y zona para los empleados de todas estas instalaciones. Como atractivos añadidos figuran las distancias equidistantes de los principales países generadores de turismo a nivel mundial, las vistas a las playas del Océano Atlántico, los oasis naturales, lagos y el río Mundau.

El otro gran proyecto de la inmobiliaria en el exterior se localiza en Rumanía, en Balotesti, en la zona de crecimiento y expansión de Bucarest con acceso desde la DN-1 y futura salida directa de la autovía de circunvalación, a 3,5 kilómetros del aeropuerto internacional de Otopeni. Son 27,66 hectáreas de suelo adquiridas para un complejo residencial de 3.119 viviendas, de entre 65 y 110 metros cuadrados distribuidas en condominios de 3 alturas con zonas comunes y piscina, y una gran área comercial con tiendas de proximidad y espacios de recreo.

 

Los 6.000 millones del AVE a Galicia concita el interés de 140 empresas

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Madrid. No cabía un alfiler. 6.000 millones son muchos millones, y más en los tiempos que corren. Fue tanto el interés por conocer los detalles del contrato para las obras para que el AVE llegue a Galicia que la sala habilitada por el Ministerio de Fomento se quedó pequeña para recibir a las más de 140 empresas constructoras y firmas especializadas en servicios técnicos, de ingeniería y de tecnología, que respondieron a la invitación cursada.

Todas, grandes y pequeñas, querían saber de primera mano, antes de publicarse la licitación en el Boletín Oficial del Estado durante el primer trimestre de 2011, los detalles de la construcción de 344 kilómetros de vías de alta velocidad y también de las tareas de conservación por un periodo de 25 años de los 432 kilómetros que separan la localidad vallisoletana de Olmedo de Santiago de Compostela. Y todo por un presupuesto que superará los 6.000 millones de euros.

El presidente de Adif, Antonio González; el secretario de Estado de Infraestructuras, Víctor Morlán, y la secretaria general de Infraestructuras, Inmaculada Rodríguez-Piñeiro, desgranaron los pormenores de las obras, un día después de que Fomento comunicara al Diario Oficial de la Unión Europea el anuncio, previo  a su publicación en el BOE. A falta de su remate final, los números que se barajan son de unos 4.550 millones por las obras propiamente dichas y otros 1.200 por el mantenimiento posterior de la infraestructura, a partir de 2015, durante 25 años.

La financiación público-privada establecida llevará a Fomento a aportar unos 900 millones, siendo el resto financiado por las empresas, con fondos propios y con créditos avalados por el Gobierno, del Banco Europeo de Inversiones y otras instituciones financieras.

Desde el punto de vista, la obra establece la construcción de la plataforma de los tramos pendientes entre Ourense y Lubián, la electrificación, señalización e instalaciones de seguridad entre Olmedo y Ourense.

 

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