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Foro de infraestructuras entre el gobierno panameño y empresas españolas

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Panamá. El ministro de Fomento, José Blanco, ha intervenido en Panamá en el Foro de Infraestructuras que reúne en el país centroamericano a autoridades panameñas y a representantes de empresas españolas en un encuentro impulsado por el Ministerio de Fomento, con la colaboración del ICEX, Seopan, Anci o Tecniberia, para respaldar a las compañías españolas y sus inversiones en Panamá.

El objetivo del foro se entra en que las empresas españolas conozcan de primera mano los proyectos de obras públicas que va a desarrollar el Gobierno de Panamá, que invertirá cerca de 10.000 millones de dólares en infraestructuras en el marco de su Plan Estratégico 2010-2014.

En la jornada han participado cuatro ministros del país centroamericano, altos funcionarios panameños, miembros del Gobierno de España y en torno a 140 representantes de más de un centenar de empresas españolas.

En su intervención en el foro, José Blanco ha agradecido al gobierno panameño que “haya confiado en España y en las empresas españolas, muchas de las cuales ya están hoy involucradas en importantes obras de ingeniería civil y de construcción en Panamá”, y se ha referido a las actuaciones de ampliación del Canal o a la construcción del Metro.

El ministro ha explicado que “el gobierno panameño ha emprendido, además, con el respaldo de todo el país, un conjunto de proyectos en infraestructuras que van a establecer las bases para un crecimiento sostenible de este país en el futuro”, y ha respaldado la competitividad de las empresas españolas.

En este sentido, el ministro ha apoyado a las empresas españolas y sus posibles inversiones en el país. “No me cabe ninguna duda de que estas empresas y otras que vendrán en el futuro, muchas de ellas representadas hoy en este Foro, han venido para quedarse y para hacer posible con su esfuerzo y su conocimiento ese futuro prometedor que todos auguramos a Panamá”, ha apuntado.

Además de su intervención en el foro de infraestructuras, José Blanco cumplió ayer una apretada agenda que incluyó encuentros con el presidente de la República, Ricardo Martinelli, el ministro de Obras Públicas, Federico José Suárez, o con el secretario general del Metro para comprobar los inicios de los trabajos de construcción de la línea 1.

Hoy, en la última jornada del viaje oficial, José Blanco visitará el Canal de Panamá, supervisará las obras de ampliación en la costa atlántica y sobrevolará en helicóptero las actuaciones en el lago Gatún y en las esclusas del Canal y de Miraflores, en las que participa la empresa española Sacyr Vallehermoso.

La ampliación del Canal de Panamá, una vez concluida, tendrá una importante repercusión en el tráfico mundial de contenedores que beneficiará al sistema portuario español, en especial a los puertos de la fachada atlántica. Estos puertos se aprovecharán del previsible aumento de tráfico y de la utilización de buques cada vez mayores en las rutas trasatlánticas, con lo que se convertirán en referentes para servir a los mercados del Arco Atlántico europeo.

Por otro lado, los puertos españoles se beneficiarán también de la recuperación de las rutas alrededor del mundo por la proximidad al paso por Gibraltar. Ello potenciará las posibilidades de nuestro sistema portuario para actuar como puntos de cambio de líneas Este-Oeste a líneas Norte-Sur y viceversa.

La obra oficial licitada en Castilla y León en 2010 apenas llega a la mitad de lo previsto

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Valladolid. La licitación de obra oficial en Castilla y León, contabilizada por fecha de apertura de las ofertas económicas, alcanzó un total de 1.671 millones de euros durante el año 2010, según datos de cierre de ese ejercicio analizados por la Cámara de Contratistas de Castilla y León.

Comparativamente con el año 2009, la licitación de obra oficial en Castilla y León, descendió el 63 %.

Según datos de SEOPAN, que contabiliza la licitación por su fecha de anuncio en boletines oficiales, Castilla y León representó el 7,5 por ciento de la licitación total nacional, que ascendió a 26.519  millones de euros, con un descenso del 32 por ciento respecto al año 2009.

A la vista de estos datos, nuestra región desciende un puesto, situándose en el quinto lugar, por comunidades autónomas, detrás de Cataluña, Andalucía, Madrid y País Vasco.

Administraciones

La Administración General del Estado ha licitado, en Castilla y León, obra por un total de 541 millones de euros, que representa el 32 por ciento del total regional, experimentando un descenso del 79 por ciento respecto a la licitación del ejercicio anterior. Fomento es el Ministerio con mayor volumen económico licitado, acumulando el 52 por ciento del total de esta Administración.

La licitación acumulada por la Junta de Castilla y León alcanzó los 438 millones de euros en el año 2010, un 26 por ciento del total, lo que representa un 60 por ciento de disminución con respecto al año 2009, siendo la Consejería de Medio Ambiente la de mayor cuantía licitada, con el 37 por ciento del total de la administración regional.

Por su parte, la licitación correspondiente al conjunto de las Administraciones Locales (Ayuntamientos y Diputaciones) alcanzó un total de 692 millones de euros, lo que representa el 41 por ciento del total regional, disminuyendo en un 19 por ciento sobre la licitación efectuada el año anterior. Están incluidos 154 millones de euros correspondientes al Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad Local -FEESL, del Plan E.

Tipos de obra

Respecto a los tipos de obra, destaca el grupo de obra civil, que ha acumulado el 65 por ciento del total (1.080 millones de euros), con un descenso del 70 por ciento en relación con los datos del año anterior.
Dentro de este grupo, el apartado de Transportes es el de mayor volumen económico, con un importe de 426 millones de euros. En este apartado están incluidos 240 millones de euros licitados en carreteras y 186 millones de euros en ferrocarriles.

El grupo de obras de edificación, con un total de 591 millones de euros, ha experimentado un descenso del 38 por ciento sobre el año anterior, alcanzando el 35 por ciento del total licitado en Castilla y León. Destacamos las obras de equipamiento social (incluye administrativas, industriales, socioculturales y terminales) por un importe de 376 millones de euros.

Distribución geográfica

Por volumen de licitación, León, con el 30 por ciento del total regional (509 millones de euros), se colocó a la cabeza en 2010 debido, principalmente, a las obras de la “2ª fase del canal principal del Canal Bajo de los Payuelos”, licitadas por la sociedad pública Aguas del Duero, S.A.; el “Palacio de Congresos y Exposiciones” de la ciudad de León, licitado por el Ayuntamiento de León a través de la empresa pública Palacio de Congresos y Exposiciones de León y la “Sede central del Museo Nacional de la Energía” licitada por el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, por medio de la Fundación Ciudad de la Energía.

A esta provincia le siguieron Burgos, con el 14 por ciento (228 millones de euros) y Valladolid, con el 13 por ciento (218 millones).
Cabe destacar el descenso de la licitación en todas las provincias de nuestra región.

Distribución temporal

A nivel mensual podemos destacar el mes de Julio (260 millones de euros) como el de mayor volumen de licitación, frente al mes de Febrero (64 millones de euros), estableciendo una media mensual de 139 millones de euros, inferior en un 64 % a la del año 2009 que fue de 381 millones de euros.

Cumplimiento de las previsiones de 2010

Cada ejercicio, la Cámara de Contratistas de Castilla y León, tras analizar los anexos de inversiones reales de los presupuestos generales del Estado y de la Junta de Castilla y León, elabora unas previsiones de licitación en obra nueva, a las que añade una estimación global para las administraciones locales.

En este sentido, los 1.671 millones de euros licitados en el año 2010, colocan el índice de cumplimiento en el 51 por ciento sobre las previsiones que se habían efectuado y que ascendían a un total de 3.282 millones de euros.

La Administración General del Estado alcanzó un índice de cumplimiento del 33 por ciento, ya que licitó obra por importe de 541 millones de euros, de los 1.639 millones de euros previstos inicialmente.

Por su parte, la Junta de Castilla y León ha licitado 438 millones de euros, que supone un grado de cumplimiento del 36 por ciento sobre los 1.213 millones de euros de previsión inicial.

El conjunto de las administraciones locales ha licitado 692 millones de euros frente a los 430 millones de euros estimados por esta Cámara de Contratistas, lo que arroja un índice del 161 %.

PREVISIONES PARA EL EJERCICIO 2011

La Cámara de Contratistas, como viene realizando habitualmente, ha analizado los anexos de inversiones reales correspondientes a los Presupuestos Generales de 2011 tanto de la Administración General del Estado como de la Junta de Castilla y León, para extraer los datos que pueden corresponder a obra nueva y cuya licitación se prevé realizar durante el presente ejercicio.

No obstante, es obligado hacer la observación de que dichos anexos no son documentos de carácter vinculante, pudiendo sufrir variaciones a lo largo del año 2011.

Añadiendo a estos datos una estimación de la licitación que, también en obra nueva, pueden efectuar las administraciones locales y con los datos que a esta fecha obran en poder de la Cámara de Contratistas, se prevé que la obra oficial a licitar por el conjunto de las administraciones públicas a lo largo del ejercicio 2011 en Castilla y León pueda alcanzar un total de 2.618 millones de euros.

De este total, 1.321 millones de euros (el 50 por ciento del total) corresponden a la Administración General del Estado, distribuidos entre los Ministerios de Fomento (890 millones de euros), Medio Ambiente, Rural y Marino (287 millones de euros), y el resto de Administración Central (143 millones de euros).

La distribución geográfica de estas previsiones de licitación, para la Administración General del Estado oscila entre los 308 millones de euros de León y los 38 de Soria.

Por su parte, la Junta de Castilla y León tiene previsto efectuar a lo largo del ejercicio 2011 una licitación total en obra nueva por importe de 997 millones de euros (el 38 por ciento del total), distribuida entre la Consejería de Fomento (546 millones de euros), Economía y Empleo (119 millones de euros), Sanidad (89 millones de euros) y el resto de la Administración Reg
ional (243 millones de euros).

Estas previsiones de la Junta de Castilla y León se mueven entre los 248 millones de euros de la provincia de León y los 54 para la provincia de Ávila.

Se estima que el conjunto de las administraciones locales puedan alcanzar una cifra de licitación de 300 millones de euros en este ejercicio (el 11 por ciento).
 

OTROS DATOS RELEVANTES DEL SECTOR EN 2010

Empleo: El comportamiento del empleo en el sector de la construcción en Castilla y León ha sido mejor que en el conjunto nacional.

El promedio de trabajadores ocupados en el sector de la construcción en Castilla y León durante el año 2010 descendió un 8 por ciento en relación con el año anterior, manteniéndose en una cifra de 97.200 ocupados.

En el ámbito nacional, la cifra promedio de ocupados en el sector de la construcción descendió un 13 por ciento, situándose en un total de 1.651.000 ocupados.

 Más infornación: http://www.ccontratistascyl.es/

 

 

 

 

 

Convenio entre la Xunta y Ecoembes para promover el reciclaje en los ayuntamientos gallegos

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Santiago de Compostela. El consejero de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras, Agustín Hernández, ha presentado el contenido del nuevo convenio firmado entre la Xunta de Galicia y Ecoembes para promover el reciclaje en los ayuntamientos gallegos en los próximos 5 años. El acuerdo supone una aportación de 16,9 millones de euros anuales a los distintos agentes intervinientes en el proceso de selección y valorización. De esta cantidad, 6,7 millones, es decir, el 40% irá directamente dirigido a los ayuntamientos.

Este importe podrá llegar a los 7,8 millones de euros gracias a las bonificaciones en caso de que los impropios (residuos distintos a los envases que se depositan en los contedores de recogida selectiva) estén con carácter general por debajo del 30%. Estas partidas destinadas a los ayuntamientos experimentan un incremento respeto al acuerdo anterior de 279.000 euros anuales.

Ecoembalajes de España (Ecoembes) es una sociedad anónima sin ánimo de lucro creada en el año 1996 como entidad gestora del Sistema Integrado de Gestión de envases y residuos de envases. Tiene más de 12.000 empresas adheridas en España, de las que 600 corresponden a Galicia. Los ayuntamientos participan en este sistema mediante un convenio marco con la Administración autonómica, en el que se establecen las condiciones generales a aplicar en todos los municipios que, voluntariamente, opten por adherirse a dicho convenio.

El convenio es el tercero firmado entre la Secretaría General de Calidad y Evaluación Ambiental y sociedad Ecoembes, ya que el primero se firmó en 1999, siendo renovada la autorización en 2005. Con este nuevo convenio, que da cobertura a la práctica totalidad de Galicia, se financia la recogida y reciclaje de los envases ligeros y parte del papel y cartón que los ciudadanos y empresas depositan en la basura.

El titular de Medio Ambiente indicó que este nuevo convenio afonda en el objetivo de incrementar la cantidad y calidad de la recogida selectiva para mejorar los niveles de reciclado en Galicia. Gracias la estos acuerdos, en 2009, el 99,1% de la población tuvo acceso a la recogida selectiva de envases ligeros, y el 99,2% en el caso de recogida de papel y cartón.

Para conseguir estos propósitos el convenio contempla bonificaciones a los ayuntamientos por la buena calidad de la recogida, la incorporación de un procedimiento para verificar la calidad del servicio de recogida selectiva, mecanismos de control de la calidad del material que entra en las plantas de selección, el incremento de la efectividad de las plantas de selección y disminuir lo rechace que no se recicla, y un aumento de los fondos de comunicación y promoción en un 22%.

El Gobierno Vasco entrega 125 apartamentos en alquiler para jóvenes en San Sebastián

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Guipúzcoa. El Departamento de Vivienda, Obras Públicas y Transportes entregará mañana miércoles los primeros alojamientos dotacionales promovidos por el Ejecutivo autónomo. Son 125 apartamentos de alquiler, 116 garajes y un local para bicicletas, que han sido construidos en el barrio de Intxaurrondo, en San Sebastián. Dirigidos a jóvenes por un periodo de cinco años con el fin de promover su rotación.

Siete de las viviendas están adaptadas y reservadas para personas con movilidad reducida. La renta del alquiler consistirá en un canon mensul medio de 243 euros. Disponen de entre 30 y 54,8 metros cuadrados y constan de un dormitorio, salón, cocina y baño. Todos los alojamientos están provistos con cocinas equipadas con armarios superior e inferior, encimera y electrodomésticos (lavadora-secadora, conjunto vitro-horno, frigorífico, campana extractora) y aparatos sanitarios en baños de porcelana vitrificada de color blanco.

Estos alojamientos dotacionales funcionan con un contador general de suministros (luz y agua), que da servicio a las instalaciones generales y a cada alojamiento. Aunque es un sistema central común, los consumos de agua caliente, calefacción, agua fría y luz serán individuales y se facturarán en función del consumo de cada alojamiento dotacional mediante los contadores individuales instalados.

La calefacción funciona con un sistema LEAKO centralizado, mediante bombas de calor y geotermia que utiliza como combustible la luz, termostato ambiente en el salón que permite regular la calefacción para tener la temperatura que se desee. No existen los radiadores convencionales, el sistema instalado para la emisión de calor es suelo radiante.

El Gobierno Vasco estima que los Alojamientos Dotacionales son una buena fórmula de vivienda transitoria para los jóvenes, al ser pisos no muy grandes que, en principio, se alquilan para cinco años.
 
El alquiler es la mejor fórmula para cubrir las necesidades de vivienda, sobre todo entre los jóvenes, por eso, el Plan Director de Vivienda y Regeneración Urbana 2010-2013 prevé que en los próximos cuatro años el 40% de la vivienda de protección pública de nueva construcción sea en alquiler.

Hasta el momento, la presencia de Alojamientos Dotacionales ha sido muy reducida en Euskadi, pero la positiva valoración efectuada por los agentes que han participado en esta fórmula ha hecho que el Gobierno quiera extender esta fórmula en las diversas localidades vascas.

Por ello, el Gobierno se ha fijado como objetivo la edificación en Euskadi en los próximos cuatro años de 3.500 alojamientos dotacionales, es decir, el 43% de la promoción total en alquiler corresponderá a esta modalidad.

Castilla-La Mancha prorroga las ayudas para dar la entrada del piso protegido

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Toledo. El consejero de Ordenación del Territorio y Vivienda, Julián Sánchez Pingarrón, ha firmado adendas a los convenios rubricados el año pasado con varias entidades financieras que operan en la región, con el objetivo de prorrogar la vigencia de los acuerdos para el adelanto de la ayuda autonómica para que las familias con menos recursos puedan pagar la entrada para viviendas protegidas durante el año 2011.

De esta forma “se puede continuar con una de las medidas más importantes del Plan Regional de Vivienda y Rehabilitación 2009-2012, como es el anticipo de las ayudas a los beneficiarios para que cuenten con disponibilidad económica en el momento de firmar la escritura de compraventa”, según el consejero, quien destacó que desde la vigencia del primer convenio que se firmó en febrero de 2010, se han tramitado 1.144 solicitudes de adelanto de ayudas.

En concreto, se trata de 14 entidades financieras que operan en Castilla-La Mancha, y mediante estos convenios, ha subrayado Sánchez Pingarrón, “se está dando solución al problema de que algunos beneficiarios de vivienda protegida tenían que renunciar a ella por carecer de fondos en el momento de afrontar los pagos iniciales, aun cuando tenían concedidas ayudas”.

En este sentido, las entidades bancarias están adelantando el importe de las ayudas a sus clientes, una vez comprobado que tienen concedida la ayuda autonómica a la compra de vivienda. Con la finalidad de comprobar la entrega de estas ayudas, las Delegaciones Provinciales de la Consejería de Ordenación del Territorio y Vivienda expiden el “Certificado de financiación de la Ayuda autonómica a la compra de vivienda” para que las entidades financieras puedan adelantar la ayuda a las familias que la soliciten.
 

‘Retrato robot’ de los demandantes de vivienda protegida en Andalucía

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Andalucía. El alquiler con opción a compra constituye la modalidad de tendencia que logra mayor representatividad en el ‘retrato robot’ de la demanda de VPO en Andalucía, elaborado por la Consejería de Obras Públicas y Vivienda a partir de los datos obtenidos de las primeras 70.000 solicitudes que han recogido los ayuntamientos de la comunidad en sus registros municipales de aspirantes a una vivienda protegida.

Según la muestra analizada, el 65,8% de los solicitantes se decanta por el régimen de alquiler, en el que la fórmula con opción a compra representa el 43,3% de ese porcentaje. Esta última modalidad ofrece la posibilidad de acceder a la propiedad del inmueble pasados unos años -entre siete y diez-, con la particularidad de que al precio final del piso se le descontará parte del dinero que se haya abonado en concepto de rentas. La compra, por su parte, concentra el 34,2% de la demanda.

La mayor inclinación por el alquiler está muy relacionada con la actual coyuntura económica, en la que el grueso de la población andaluza ha visto empeorada su situación, y con otros factores como la movilidad laboral. Además del tipo de régimen, el demandante tipo también responde a una familia joven, con niveles de ingresos inferiores a los 19.000 euros brutos anuales.

De acuerdo con la información recabada, las unidades familiares menores de 35 años constituyen el perfil mayoritario, con un 65,9% de la demanda, mientras que resto del porcentaje de demandantes se encuadra en edades a partir de 35. A los más jóvenes van dirigidos diversos programas específicos contemplados en el Plan Concertado de Vivienda y Suelo 2008-2012 para promover su acceso a una casa digna a precio asequible. Entre ellos destacan la vivienda joven en venta, el alquiler con opción a compra, la VPO en régimen especial -modalidad que reserva el 80% de los inmuebles para este cupo-, y los alojamientos universitarios.

Desde el punto de vista económico, el ‘retrato robot’ desvela que el 71% de los interesados no supera los 1,5 veces el Iprem (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples), lo que equivale a unos 19.000 euros brutos anuales. La horquilla comprendida entre el 1,5 y el 2,5 veces el indicador de renta, es decir, hasta los 29.000 euros brutos, aglutina el 18,4%.

Para ambos tramos de ingresos, que suman el 90% de la demanda, el Plan Concertado contempla el régimen especial, mientras que para los ingresos intermedios y más altos se destinan las VPO de régimen general y las de iniciativa municipal y autonómica. Tan sólo el 10% restante de los demandantes cuenta con niveles de renta más elevados, comprendidos entre los 2,5 y los 5,5 veces el Iprem, es decir entre los 29.000 y los 60.000 euros brutos anuales.

En cuanto a la tipología de vivienda que incluyen los demandantes entre sus preferencias, los tres dormitorios concentran el 60,6% de las peticiones, los dos habitaciones el 29,4% y el restante 8,5% se lo reparten los inmuebles de uno y más de tres.

 

Arcosur no se paraliza y las primeras viviendas se entregarán a mediados de 2012

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Zaragoza. Tras 20 meses de obras y 131 millones de euros invertidos, el alcalde de Zaragoza, Juan Alberto Belloch, acompañado por el consejero municipal de Urbanismo, Infraestructuras, Equipamientos y Vivienda, Carlos Pérez, ha visitado las obras de urbanización de Arcosur y las nuevas edificaciones en marcha en esta zona sur de la capital aragonesa, donde se  contempla la construcción de 21.148 viviendas, de las que un 60 por ciento (12.689) serán de protección oficial. Las autoridades han asegurado que a mediados de 2012 el avance de la urbanización permitirá entregar las primeras de las 2.000 viviendas que están en construcción.

Con esta visita el primer edil ha querido despejar las dudas acerca de la viabilidad del proyecto. “Que se dejen de especular sobre si se paran o no se paran las obras” en Arcosur, porque los trabajos “no se paran”, ha dicho. “Con todo lo que ya está es literalmente imposible” que se paralicen los trabajos, añadía. “No solamente no es cierto, sino que sería un absurdo”, ha recalcado, para indicar que “quien hable de que se para es que no sabe de lo que habla”.

Belloch ha afirmado que Arcosur es “la zona más importante de construcción de viviendas que hoy se realiza en España y por eso lo apoyamos con todas nuestras fuerzas y lo hemos apoyado de muy diversas formas: aplazando el pago de los suelos, ayudando a la financiación de una manera directa, porque es un proyecto de ciudad.

Arcosur tiene ya en construcción 2.000 viviendas y las obras de urbanización están concluyendo con la instalación de la red de agua y vertido. Así, los primeros vecinos llegarán a este nuevo barrio en el verano de 2012 y dos años más tarde estará concluida toda la urbanización de Arcosur.

En las obras de urbanización se han invertido 60 millones de euros de un total previsto de 195 millones. No obstante, los trabajos en Arcosur han supuesto hasta ahora un presupuesto de 131 millones, ya que a las obras de urbanización se suman otras como las del colector, de 34 millones; el corredor verde Oliver-Valdefierro, de 14 millones; la vía del parque de 7 millones y otros 16 millones en trámites relacionados con la gestión de los proyectos.

La nueva normativa contable impide a las concesionarias amortizar libremente los activos

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Madrid. Nuevo obstáculo fiscal para las empresas concesionarias. La adaptación de España a la nueva contabilidad contable internacional impide a ACS, FCC, Sacyr o Abertis usar la libre amortización de activos para diferir su tributación. La medida lleva consigo la imposibilidad de atrasar el pago del Impuesto sobre Sociedades, el que grava los beneficios, como el resto de sectores. Y se produce en el momento más inoportuno, cuando están a punto de licitarse concesiones del Plan Extraordinario de Infraestructuras (PEI) por 17.000 millones de euros. 
 
Las nuevas reglas contables consideran que las inversiones de las concesionarias de infraestructuras o servicios públicos se dividen en “inmovilizado intangible” o “activos financieros”, lo que significa que desaparecen los conceptos de “inmovilizado material” e “inversiones inmobiliarias”, que eran los dos activos que se podrían amortizar libremente.

No cambia el fondo, pero sí la forma en forma de consecuencias fiscales. Y esa modificación provoca las compañías no podrán recurrir a un gran volumen de amortizaciones que les haga apuntarse pérdidas fiscales pero no contables, para diferir el pago de impuestos. O lo que es lo mismos, una empresa puede amortizar todo el gasto de un activo en el primer año, si quiere. Su base imponible se reduciría muchísimo y retrasaría el pago del Impuesto sobre Sociedades, pero el resultado contable no variaría.

Cabe recordar que en los primeros años de las concesiones se acumula el grueso del gasto, y en los últimos años se concentran los mayores beneficios. Por eso es tan importante poder amortizar cuanta financiación se quiera, para obtener créditos fiscales que aplacen el pago de impuestos.

Con la nueva norma contable, todo el juego fiscal al que podían recurrir legítimamente las concesionarias en el PEI se esfuma. En la mayoría de los casos, las concesionarias son parte de un grupo fiscal. Y, dentro de él, suelen ser de las empresas que tienen más capacidad de amortización de activos. Por tanto, la nueva normativa contable también perjudica a los grandes grupos de construcción de España, como Sacyr, ACS, Acciona, OHL, Ferrovial o FCC. Al final, “conscientemente o no, se discrimina fiscalmente a las concesionarias”, asegura Daniel Gómez-Olano, director de Corporate Tax Services de KPMG Abogados.

 

 

Los inspectores del Banco de España denunciarion en 2006 ‘la burbuja inmobiliaria’

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Madrid. Una carta remitida por la asociación de inspectores del Banco de España, en mayo de 2006, al vicepresidente y ministro de Economía, Pedro Solbes, critica de manera clara la “actitud pasiva” ante el “insostenible crecimiento del crédito bancario”, mantenida por el entonces gobernador Jaime Caruana. “Los inspectores del Banco de España no compartimos la complaciente actitud del gobernador del Banco de España ante la creciente acumulación de riesgos en el sistema bancario español derivados de la anómala evolución del mercado inmobiliario nacional durante sus seis años de mandato”, señalaban en la misiva conocida ahora.

La carta fue enviada apenas mes y medio antes de que Caruana fuera relevado al frente del organismo supervisor por Miguel Ángel Fernández Ordóñez. Desde el Banco de España, Caruana pasó al Fondo Monetario Internacional (FMI) durante la presidencia de Rodrigo Rato y, de ahí, fue nombrado, en abril de 2009, director general del Banco de Pagos de Basilea.

Quisieron con este escrito ofrecer una historia alternativa a la explicación oficial del Banco de España sobre la burbuja inmobiliaria y la crisis financiera. Considerando, primero, el “desmedido crecimiento del crédito bancario” como “una de las causas principales de la extraordinaria subida del precio de los inmuebles” que había producido en España entre 2000 y 2006, y reprochando, después, la  “falta de determinación” para exigir a las entidades financieras mayor rigor en la asunción de riesgos.

Para la asociación de inspectores, la explosión del crédito en la década pasada tuvo una raíz eminentemente nacional. “El proceso de aceleración del crédito bancario, originalmente circunscrito a las entidades con menor cultura en el control de sus riesgos, se ha ido extendiendo a las demás entidades de crédito que operan en el sistema financiero español por efecto de la, por otro lado, saludable competencia”, relataban en la carta. En la explicación de los inspectores, las entidades con menos control de riesgos, en referencia implícita a algunas cajas de ahorros, tiraron la competencia a la baja y hubo una rebaja generalizada de las exigencias en la concesión de créditos para no perder cuota de mercado.

Una carrera desenfrenada en la concesión de créditos que agudizó las necesidades de financiación y, con ellas, el aumento de la deuda con entidades internacionales. “Los riesgos se han visto incrementados de forma muy acusada por la necesidad de entidades de crédito de acudir al ahorro exterior para conseguir los fondos necesarios para financiar el crecimiento de su inversión crediticia”, añadía la carta.

Como hecho premonitorio, los inspectores consideraban que “el número de familias que tendrá que afrontar serias dificultades para hacer frente a sus compromisos financieros crecerá de forma alarmante”.
 
El aviso a navegantes de la inspección no cayó en saco roto. En la presentación de su primer informe anual, en junio de 2007, Fernández Ordóñez advirtió de que la incipiente desaceleración del sector inmobiliario “podría hacer sufrir los márgenes de la cuenta de resultados” de las entidades financieras y cargó contra “la disminución de los estándares de calidad en la oferta de financiación”.

Imputan al gerente de Urbanismo de Sevilla por la licencia a Sanma en el ‘caso Mercasevilla’

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Sevilla. El gerente de Urbanismo del Ayuntamiento de Sevilla, Miguel Ángel Millán, ha sido imputado por la juez de Instrucción número 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, «por las presuntas irregularidades penales en la concesión a Sanma de la licencia de primera ocupación».

El auto se enmarca dentro de las diligencias abiertas por la presunta venta irregular de los suelos de Mercasevilla a la compañía Sanma Desarrollos Urbanísticos, que se alzó con la adjudicación a pesar de que en el concurso público concurría una oferta superior por parte del Grupo Noga. La juez imputa también al aparejador adjunto al jefe de Sección del Servicio de Licencias de Primera Ocupación, José Manuel Ferrera Rimada, y ambos han sido citados para declarar en sede judicial el próximo 2 de marzo.

En esta rama del caso, ya se encuentran imputados el ex gerente de Urbanismo, Manuel Marchena; el ex edil y ex presidente de Mercasevilla Gonzalo Crespo; los ex directivos del merca Fernando Mellet y Daniel Ponce; el ex responsable del Area de Vía Pública del Ayuntamiento sevillano y ex asesor del Grupo Municipal Socialista Domingo Enrique Castaño, la técnico de Urbanismo María Victoria Bustamante, y la subjefa del Servicio de Licencias de la Gerencia Municipal de Urbanismo, Emilia Barrial Chamizo.

La juez también ha dictado una providencia dando por finalizada la investigación de la primera rama del caso, como es el presunto intento de cobro de una comisión ilegal de 450.000 euros por parte de directivos de Mercasevilla a dos empresarios del Grupo La Raza para el desarrollo y gestión de una escuela de hostelería, y se da traslado a las partes personadas en este procedimiento para que insten “lo que estimen oportuno respecto de la apertura del juicio oral” formulando sus escritos de conclusiones provisionales.

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