Madrid. El cierre del crédito a familias y empresas ha generado en los últimos años que muchas empresas no financieras, muchas de ellas promotoras inmobiliarias, se hayan visto incapaces de mantener los compromisos pactados con sus prestatarios; las familias que han incurrido en impagos se han visto obligadas en el mejor de los casos a realizar novaciones contractuales de sus hipotecas en condiciones abusivas, y muchas otras han conocido la cruda realidad de nuestro modelo hipotecario en cuanto a las garantías de ejecución en los procesos de embargo se refiere. En cualquier caso, la restricción crediticia ha generado una contracción de la economía real y por tanto de la capacidad adquisitiva de las familias, lo que se ha traducido en una menor demanda de los bienes producidos por las empresas, que a su vez ha generado la caída de la actividad productiva y la entrada en procesos concursales de multitud de empresas solventes hasta la fecha.
 
En el caso de las promotoras inmobiliarias, las situaciones de impago frente a los prestatarios se han resuelto la mayor de las veces mediante daciones y procesos de negociación y ejecución de garantías hipotecarias cuyos resultados se han traducido en una enorme bolsa de bienes inmobiliarios, (vivienda y suelo, principalmente), que ha pasado a manos de los Bancos y de las Cajas de Ahorros. Al no fluir el crédito a las familias, independientemente de los precios de compraventa, no se realizan operaciones. Al no fluir el crédito a las empresas ni siquiera para asegurar el recirculante, no se pueden mantener las estructuras empresariales. No hay ventas. No hay financiación. El tiempo pasa, y los plazos para el vencimiento de los créditos se hacen cada vez más cortos. El resultado final es que los empresarios pierden los frutos de su trabajo, de su inversión, y en el peor de los casos, también sus bienes personales. Esta es la tónica general hasta la fecha.
 
Ahora que los Bancos necesitan dar salida a la multitud de pisos que acumulan fruto del proceso anteriormente descrito, aparecen anuncios y campañas de publicidad que resultan especialmente paradójicas: los Bancos y las Cajas de Ahorros anuncian pisos con descuentos que quitan el hipo, del 30%, del 50%, del 70%…, los descuentos no parecen tener fin; al mismo tiempo, se publicitan financiaciones al 100% del valor de los pisos, ayudas en la contratación, (gastos de notaría, registro…), y multitud de fórmulas de ayuda a la financiación de los posibles compradores. ¿No es paradójico que al mismo tiempo que se deniega a los promotores inmobiliarios la subrogación de las hipotecas a sus posibles clientes, se concedan las mismas cuando el vendedor es directamente un Banco? Si las entidades financieras tienen serios problemas de liquidez y por tanto no están en disposición de conceder créditos hipotecarios, ¿cómo se explican las condiciones de financiación en sus propios pisos? ¿Por qué no se ofrecen las mismas condiciones cuando se tratan de vender los pisos de las promotoras inmobiliarias?
 
Como hemos dicho con anterioridad, las entidades financieras serán las que lideren el sector inmobiliario residencial en los próximos años, (pues aparte de los pisos que tienen actualmente para vender, poseen mucha parte del suelo existente para desarrollar viviendas), y los promotores inmobiliarios tendrán que tener en cuenta que competirán en su actividad con empresas que son al mismo tiempo, inmobiliarias y financieras. Por su parte, los posibles compradores deberían preguntarse sobre qué precios iniciales se aplican las extraordinarias rebajas que anuncian los Bancos y las Cajas de Ahorros en sus campañas publicitarias; ¿un 60% sobre qué? ¿Resulta creíble semejante campaña cuando la mayoría de los pisos adjudicados soportaban hipotecas del 80% de su valoración, a lo que todavía hay que sumar los gastos de gestión del Banco y el hipotético beneficio empresarial? ¿Cuál es el margen real de estas rebajas? Habrá que preguntárselo a FACUA…
 
 
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