Inicio Blog Página 2254

1.390 inquilinos compran las viviendas a la Junta de Andalucía con hipotecas entre 60 y 100 euros

Sevilla. Un total de 1.390 familias inquilinas andaluzas han podido comprar desde 2010 las viviendas de titularidad de la Junta de Andalucía en las que residen mediante cuotas hipotecarias que oscilan entre los 60 euros mensuales para los pisos más económicos y los 100 para lo más caros. Esta operación se ha llevado a cabo en el marco del Plan de Venta 2010-2011 que mantiene abierto la Consejería de Obras Públicas y Vivienda con el fin de facilitar el acceso a la propiedad en condiciones económicas ventajosas a aquellos inquilinos de su parque público que cumplan los requisitos exigidos.

A través de esta medida, los inmuebles salen a la venta con precios que oscilan entre los 30.000 y los 15.000 euros. Las viviendas con precios máximos son de reciente construcción, entre cinco y diez años, por lo que se encuentran en buen estado de conservación y se localizan en ciudades grandes y medias. En el tramo de los inmuebles más baratos se incluye un parque residencial con una antigüedad superior a veinte años en municipios pequeños o en barriadas de grandes capitales.

Por provincias, en Almería se han acogido al plan de venta 95 viviendas, en Cádiz 254 inquilinos, en Córdoba un total de 134 y en Granada 94. Por su parte, en Huelva han sido 290 las familias onubenses que han podido adquirir las viviendas en las que residen, en Jaén ascienden 187, en Málaga suman 120 y en Sevilla a 216.

El colectivo al que va dirigida esta oferta de venta se encuentra especialmente afectado por las actuales dificultades económicas, ya que sus ingresos anuales no superan las 2,5 veces el Iprem -Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples- (unos 18.000 euros netos). De ahí que el precio de las viviendas, y por tanto, la cuantía de la cuota hipotecaria se hayan fijado teniendo en cuenta su situación socioeconómica.

La selección de estos inquilinos se ha realizado a partir de un exhaustivo estudio en el que se ha tenido en cuenta, entre otros aspectos, que los interesados lleven residiendo en los pisos al menos un año, estén al día en el pago de las cuotas de alquiler, a descontar del precio final de venta, y cuenten con el título de ocupante legítimo como arrendatario.

Para llevar a cabo esta operación, la Consejería de Obras Públicas y Vivienda ha firmado acuerdos con Caja Granada, Unicaja, Cajasol y el Banco Santander. En virtud de esos convenios, las familias que han formalizado la hipoteca podrán beneficiarse de las ayudas fijadas por el Plan Estatal de Vivienda y el Plan Concertado de Vivienda y Suelo 2008-2012 para los compradores de VPO en materia de subsidiación de préstamos. Para las familias que no deseen optar por suscribir una hipoteca, puesto que la cuantía que han de pagar para adquirir su piso es mínima, podrán solicitar préstamos personales. Además de esas facilidades, los demandantes de estos préstamos quedarán exentos  de pagar cualquier tipo de comisión derivada de su formalización.

Esta operación de compraventa no es la primera que pone en marcha la Consejería, que lleva aplicando esta medida desde el año 2000, aunque no con las condiciones negociadas con carácter genérico en el Plan de Venta 2010-2011. Hasta la fecha, los inquilinos que han pasado a ser propietarios de sus viviendas en sucesivos planes de venta asciende a unos 9.974 inmuebles.

En la actualidad, la Junta de Andalucía gestiona 46.673 pisos públicos en régimen de arrendamiento. Esta tipología se construye para satisfacer la demanda de vivienda de aquellos colectivos sociales que más lo necesitan.

 

Cinco millones para los Planes de Optimización Energética en 744 municipios andaluces

Sevilla. La Consejería de Economía, Innovación y Ciencia, a través de la Agencia Andaluza de la Energía, ha incentivado el desarrollo de 744 Planes de Optimización Energética (POE) en 723 municipios andaluces, el 94% de las administraciones locales de la comunidad autónoma. Con esta iniciativa, que la Junta empezó a llevar a cabo en 2005, se pretende reducir la factura eléctrica de los ayuntamientos con la aplicación de diferentes medidas de ahorro. Estos planes, que se encuentran en distintas fases de ejecución, han contado con un incentivo global de la Junta de 5 millones de euros.

Según las estimaciones de la Agencia Andaluza de la Energía, la puesta en marcha de las medidas recogidas en los 744 planes energéticos incentivados permitiría un ahorro a las administraciones locales de unos 50 millones de euros en costes energéticos. Esta cifra corresponde a un consumo de 342.700 megavatios hora, el equivalente a las necesidades energéticas anuales de 68.500 viviendas, y supone reducir la emisión a la atmósfera de aproximadamente 125.000 toneladas de CO2 al año, cantidad similar a la obtenida si se retiraran de la circulación 64.000 vehículos.

La distribución provincial de las localidades que disponen de POE es la siguiente: Sevilla (108 municipios), Granada (155), Málaga (102), Jaén (99), Almería (83), Huelva (78), Córdoba (74) y Cádiz (45). Los POE son proyectos para diseñar la gestión energética de un edificio y se apoyan en cuatro pilares: reducción del gasto energético, aprovechamiento de los recursos energéticos autóctonos (energías renovables), la formación de técnicos en la materia y la modernización de las instalaciones.

Para su desarrollo, en primer lugar se elabora un inventario de instalaciones energéticas y se buscan soluciones capaces de optimizar los costes energéticos. A continuación, se desarrolla un diagnóstico de las infraestructuras de alumbrado público y dependencias municipales y se determinan las inversiones necesarias para obtener los ahorros previstos. Finalmente, con los resultados obtenidos se elabora un plan específico para cada localidad compuesto por medidas concretas que las administraciones locales o diputaciones provinciales han de poner en marcha.

La realización de un Plan de Optimización Energética (POE), además de un uso más racional de la energía, supone un ahorro económico para los ayuntamientos de hasta un 40%, con actuaciones que se amortizan en menos de 4 años. Con la aplicación de las medidas propuestas en las auditorías, cada municipio podría pasar de un consumo energético anual de 186,7 kilovatios por hora y habitante, a un gasto de 142,14 kilovatios por hora y habitante.

Estos planes han propiciado que algunos ayuntamientos hayan decidido aplicar algunas de las medidas aconsejadas en los mismos. En este sentido, la Junta, a través de la Agencia de la Energía, apoya también económicamente el conjunto de actuaciones que se proponen en los planes energéticos municipales mediante el Programa de Subvenciones al Desarrollo Energético Sostenible de Andalucía.

Hasta el momento, 284 localidades han realizado ya 749 actuaciones de las aconsejadas en sus POE, lo que ha supuesto una inversión de 104,3 millones de euros y una subvención de 26,5 millones de euros. Entre estas medidas se encuentran la sustitución del alumbrado público actual por otro de mayor eficiencia, la instalación de sistemas de energías renovables o la mejora de las instalaciones de climatización e iluminación de las dependencias públicas.

Asimismo, la Agencia pone a disposición de los ayuntamientos aplicaciones informáticas para la gestión eficiente de recursos a través de su página web, además de una guía de ahorro y eficiencia energética.

 

La plataforma contraria a una refinería en Tierra de Barros pide a Monago que derogue el proyecto

Mérida. El presidente de la Junta de Extremadura, José Antonio Monago, ha mantenido un encuentro en la sede de la Presidencia de la Junta en Mérida con un grupo de representantes de la Plataforma Ciudadana Refinería No, que se opone a la instalación de una refinería de petróleo en Tierra de Barros. Los miembros de la plataforma manifestaron tras su encuentro con el presidente que el de hoy “es un día histórico”, porque por primera vez en siete años han sido recibidos por un presidente del Gobierno extremeño.

La Plataforma Ciudadana Refinería No ha calificado la entrevista de positiva tras obtener el compromiso del Jefe del Ejecutivo extremeño de estudiar sus peticiones. En concreto, la Plataforma ha solicitado al presidente que la Junta de Extremadura se retire de la empresa Avante como accionista de este proyecto; que el Gobierno regional derogue el PIR (Proyecto de Interés Regional) que logró el proyecto de la refinería; y que se devuelva el dinero invertido por la Junta en el mismo.

Los miembros de la Plataforma han destacado que apuestan por las materias primas de Extremadura y por la “potenciación de la economía natural”, y han explicado que también han presentado a Monago un informe con las irregularidades técnicas y jurídicas que contiene el proyecto, y con los derechos de los ciudadanos que se han vulnerado en el mismo.

La refinería de Tierra de Barros, que estaba previsto comenzara a funcionar en 2009, ha estado llena de polémica desde que el ex presidente de la Junta de Extremadura, Juan Carlos Rodríguez Ibarra, anunciara en 2004 a la Asamblea regional la intención de instalar una refinería de petróleo en la provincia de Badajoz, entre las localidades de Fuente de Maestre, Los Santos de Maimona y Villafranca de los Barros.

La Rioja abordará la recuperación de las pozas de Arnedillo para garantizar su buen funcionamiento

Logroño. El director general de Calidad Ambiental, José María Infante, ha anunciado que el Gobierno de La Rioja abordará las actuaciones pertinentes para la recuperación de las pozas de Arnedillo.

Para garantizar el buen funcionamiento de las pozas, la Consejería de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente llevará a cabo diferentes medidas, como la reposición de la base de las pozas, mediante elementos constructivos más aislantes y firmes que los actualmente acumulados de forma provisional. Igualmente se protegerá la zona con una escollera que aumentará su resistencia frente a la acción erosiva del río y el desprendido de materiales por algunos visitantes del lugar. La escollera también contribuirá a que las surgencias de las aguas termales en las pozas no se mezclen con el agua del río.

Tras el diagnóstico realizado durante los últimos días, una vez estudiadas las variaciones de niveles de agua y temperaturas y recuperada en parte la comunicación del agua entre las pozas, José María Infante ha afirmado que los problemas venían generados porque el agua termal de las surgencias de la zona de la plataforma no pasaban a la primera poza.

Esta situación se debe, según ha explicado el director general de Calidad Ambiental, al desgaste de la base del muro perimetral por la acción natural del río Cidacos, lo que provoca que el agua termal se mezcle con el agua del río y siga el cauce de este. “Este diagnóstico descarta, a priori, otras causas como un cese o un desplazamiento del punto de surgencias del agua”, ha indicado.

Asimismo, ha informado que las actuaciones que se llevarán a cabo para recuperar las pozas, al tener que realizarse dentro del dominio público hidráulico, deberán contar con las correspondientes autorizaciones del organismo de cuenca y ambientales.

Cabe recordar que el pasado 2 de agosto, el Ayuntamiento de Arnedillo cerró al uso público el primer grupo de pozas, tras haber detectado menor temperatura, un color cada vez más turbio, malos olores, presencia de suciedad en sus aguas y menor renovación de las mismas. Tras una visita previa, entre los días 8 y 10 de agosto, los técnicos de la Consejería llevaron a cabo diferentes actuaciones para acotar el problema, tales como el desvío de la corriente de agua hacia la margen derecha del río; el vaciado del agua de las tres pozas hasta 20 centímetros del suelo; y la limpieza de paredes, lecho y orificios de paso del agua entre las pozas; así como la formación de una poza externa a las existentes, en una zona de surgencias habituales, separada de la corriente del río.

Dentro del marco competencial de la dirección general de Calidad Ambiental y con el objetivo de promover un turismo sostenible basado en el termalismo y en la riqueza de los recursos naturales, el Gobierno de La Rioja y el Ayuntamiento de Arnedillo acordaron en el año 2002 ordenar el espacio del río Cidacos a su paso por este municipio y dotar de un saneamiento integral las zonas popularmente visitadas debido a las surgencias de aguas termales. Con ello, se pretendía posibilitar un mejor aprovechamiento de este recurso y compatibilizar la actividad termal con la preservación del uso de las huertas tradicionales sitas en el ‘Paraje de La Isla’.

Con estas premisas, desde 2003 se han ejecutado distintas obras de adecuación de la zona como la construcción de un colector general de aguas residuales y una depuradora, la adecuación de la ribera y las pozas termales en el río Cidacos, y la construcción de un paseo de ribera que diera acceso a las pozas de agua termal y a los huertos de ocio de la zona. Al mismo tiempo, se crearon diferentes grupos de pozas conectadas entre sí y se dotó a estas infraestructuras de una gran solidez para que fueran lo más seguras posibles, con el fin de convertir una zona deteriorada en un espacio turístico que aproveche los recursos naturales de la zona.

La ejecución de estas acciones ha provocado en los últimos años el aumento en la afluencia de visitantes, lo que puede tenerse en cuenta como indicador del éxito de las medidas adoptadas.

 

Pamplona ya dispone de 25 edificios con instalaciones solares fotovoltaicas

Pamplona. La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Pamplona ha adjudicado el proyecto, suministro y montaje de dos nuevas instalaciones de energía solar fotovoltaica en los colegios públicos Rochapea (paseo de los Enamorados, 32) y Azpilagaña (calle Río Alzania, 22). La adjudicación ha correspondido a la empresa Elecnor, S.A., por un importe de 82.588,62 euros (IVA excluido).

De esta manera, la “Red de Colegios Fotovoltaicos” llega a 25 edificios públicos, ya que aunque inicialmente fueron centros escolares los que acogieron este tipo de instalaciones actualmente también existen en otros espacios como el Museo de Educación Ambiental o la Casa de la Juventud.

En total son 21 centros escolares que acogen 19 instalaciones (cuatro colegios comparte dos instalaciones) además del centro José Vila; el Museo de Educación Ambiental; la Casa de la Juventud; las 2 instalaciones sobre pérgolas en la plaza Sancho Abarca y en el aparcamiento de bicicletas de alquiler junto a la Universidad Pública de Navarra y el Aquavox San Jorge.

Las instalaciones fotovoltaicas que se colocarán en los dos colegios tendrán una potencia de 36,19 kWp (kilowatio pico). La potencia en el conjunto de las instalaciones alcanzará aproximadamente 200 kWp.

Con estas nuevas estructuras se evitará la emisión de 42.270 kilos de CO2 al año que sumadas a las instalaciones fotovoltaicas existentes, supondrán un total de 214 toneladas de CO2. Si la energía generada en las dos instalaciones se hubiese creado desde una central térmica se hubieran necesitado aproximadamente 7.000 árboles para asumir ese CO2.

El Gobierno cántabro estudia la posibilidad de crear un primer Plan General para el municipio de Los Tojos

Santander. El consejero de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Urbanismo de Cantabria, Javier Fernández, ha recibido esta mañana en su despacho a la alcaldesa de Los Tojos, Belén Ceballos, para analizar algunos temas urbanísticos y medioambientales que afectan a la localidad.

Javier Fernández ha planteado “la posibilidad de crear un primer PGOU para este municipio”, ya que llevan trabajo adelantado con la delimitación del suelo urbano y, según ha comentado el consejero, “aprobar un plan general no tendría por qué ser especialmente complicado en un ayuntamiento como este”. De realizarse, este sería el primer PGOU para este municipio de 90 km2 y 424 habitantes.

Durante la reunión también se han tratado temas como el interés del municipio en potenciar las viviendas de protección oficial que es, en palabras de Belén Ceballos, “una necesidad para nuestra gente joven”. Además, Javier Fernández ha informado a la alcaldesa de la próxima modificación de la Ley del Suelo que permitirá la construcción de viviendas unifamiliares en suelo rústico, algo que la alcaldesa ha calificado como “muy importante para nosotros”.

Ceballos también ha tratado con el consejero, el problema de residuos que tiene Bárcena Mayor y algunas medidas de saneamiento que, según la alcaldesa, son totalmente necesarias. En este sentido, Fernández ha afirmado que “hay una serie de cuestiones urgentes en cuanto al saneamiento que, a pesar de las limitaciones de presupuesto, deben ser estudiadas”.

 

La erosión en la costa gallega debe tenerse en cuenta en la planificación urbanística

Santiago de Compostela. Pese a la imagen de estabilidad que semeja mostrar nuestro litoral, el análisis al por menor de los diferentes movimientos en masa muestran lo contrario. Así, los últimos estudios realizados constatan el gran dinamismo de las costas de Galicia, de manera especial de las rocosas. Todos estos factores hay que tenerlos en cuenta en la planificación urbanística de nuestro territorio, para evitar situaciones problemáticas en el futuro. Esta es una de las recomendaciones contenidas en el “Estudio de la erosión costera en la costa de Galicia” que, financiado por la Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras, a través de la Dirección General de Paisaxe e Sostenibilidade, presentará sus resultados preliminares en noviembre en Belfast, en el congreso Internacional Coastal Management 2011.

Con el objetivo de estudiar la evolución de la línea de costa entre 1956 y 2008 a lo largo de cerca de 2.100 kilómetros de costa del litoral, en el proyecto coordinado por el geógrafo Augusto Pérez Alberti se emplearon ortofotos de cuatro años distintos: 1956, 2003, 2006 y 2008 para poder hacer un análisis temporal de la costa. Junto a Alberti, el trabajo fue coordinado por Helder Iglésias Chaminé, del Laboratório de Cartografia y Geologia Aplicada del Instituto Superior de Engenharia de Oporto(Labcarga|ISEP), Politécnico de Oporto (Portugal). Un proyecto en el que también participaron otros tres investigadores del Labcarga|ISEP, las ingenieras Ana Pires y Catarina Rodrigues y la geógrafa Liliana Freitas.

La metodología diseñado por los investigadores del proyecto fue testada en el área de Fisterra con el objetivo de poder distinguir claramente el comportamiento de dos tipos de costa: la rocosa y la costa areosa.

Los datos obtenidos en las áreas piloto muestran la existencia de erosión, con zonas donde el retroceso está entre 13 mm y 39 mm al año en el período analizado. Haciendo el promedio de los 50 años se observa que se trataría de retrocesos medios que oscilan entre los 60 cm. a casi los dos metros en costas rocosas y entre dos metros y casi 100 en las playas. En el caso de las playas hay que tener en cuenta que la acción humana es muy importante y muchas se regeneraron, lo que evitó su desaparición en muchos casos. El estudio indica que en un posible escenario de subida del nivel del mar unos dos metros por encima del nivel actual, los procesos de erosión van a aumentar.

Por otra parte, las modificaciones derivadas de los cambios a nivel climático, pueden derivar en un aumento de los temporales y, consecuentemente, de la erosión. En este sentido, cabe recordar que en el año 2010 hubo olas de hasta 11 metros, lo que provocó el aumento de la erosión y el movimiento de bloques que estaban estabilizados hasta el momento. Esta es otra de las aportaciones del estudio, que ponen de manifiesto la alta energía (fuerza) de la costa gallega, capaz de moverlo casi que todo.

La erosión que progresivamente está sufriendo la costa gallega tiene sus consecuencias más visibles, además de en las playas y dunas, en la destrucción de obras públicas como paseos marítimos; el aumento de los movimientos en masa de las costas rocosas: desprendimientos y desplazamientos especialmente; así como la exhumación de formas antiguas existentes en la costa gallega, modeladas en el último interglaciar (hace 120.000 años).

En consecuencia, hay que destacar que el estudio de los procesos de erosión es de gran utilidad para conocer la vulnerabilidad de la costa y, por tanto, actuar de forma sensata a la hora de formular actuaciones.

En el Plan de Ordenación del Litoral ya se dá cuenta de algunas de estas consideraciones al incluir en su cartografía la denominada Área de Dinámica Litoral, que delimita la franja de costa sometida a procesos naturales de erosión marina. Su extensión varía en función de la configuración del relieve, el tipo de roca o su grado de estabilidad o inestabilidad.

Durante los trabajos de elaboración del Plan de Ordenación del Litoral se analizaron los riesgos costeros derivados del posible ascenso del nivel del mar en el próximo siglo. El probable incremento de la erosión y del retroceso de los acantilados o de los efectos de los temporales inundando zonas bajas del litoral llevó a establecer una franja de riesgo que condicionará los usos y la ocupación de esos lugares sensibles.

Como instrumento clave se generó el Área de Dinámica Litoral, que delimita esa zona de riesgo a medio y largo plazo y que constituye un elemento muy necesario para preservar la integridad física de los ciudadanos y de sus bienes. Su objetivo no es otro que el de alertar sobre el riesgo del ascenso del nivel del mar debido al cambio climático y a la intensificación de las inundaciones costeras por temporales, de la movilidad y retroceso de los acantilados y de las inundaciones fluvio-marinas en los tramos finales de los ríos, siempre atendiendo a las característica de cada tramo de la costa.

 

 

Lorca aprueba 239 ayudas y 18 anticipos para pagar el alquiler a familias que perdieron su vivienda

Lorca (Murcia). La portavoz Municipal de Comunicación del Ayuntamiento de Lorca, Mari Carmen Ruiz, ha informado de que el Consistorio Municipal ha aprobado a través de la Junta de Gobierno Local un nuevo desembolso de las cuentas solidarias titularidad del Ayuntamiento por valor de 299.310 euros para ayudar a 257 familias afectadas por los seísmos.

Ruiz ha precisado que estos acuerdos incluyen una batería de 239 ayudas a las familias que han visto demolidas las viviendas que habitaban por los terremotos, que suponen un montante total de 275.400 euros y consisten en ayudas a fondo perdido de entre 800 y 1.500 euros, en función del número de miembros de la familia o unidad de convivencia. Concretamente, 77 familias recibirán 800 euros por tener uno o dos miembros, 57 recibirán 1.000 euros por tener tres miembros y 105 serán ayudadas con 1.500 euros por tener 4 o más miembros.

A estas cifras se les suman, 18 anticipos reintegrables de tres mensualidades de las ayudas de alquiler, que suponen hasta 1.500 por vivienda y un desembolso total de 23.910 euros a otras tantas familias lorquinas que todavía no pueden volver a su vivienda a causa de los terremotos del pasado 11 de mayo.

El paquete de anticipos aprobado ahora se suma a los 131.430 euros ya concedidos de los fondos procedentes de donativos y beneficios de eventos solidarios que gestiona y canaliza la Mesa Solidaria, de los que se han beneficiado 119.

Ruiz ha indicado que “con estos acuerdos las familias lorquinas que han visto derribar su edificio tras los seísmos la primera ayuda que recibirán será la procedente de los donativos recibidos en la Cuenta Solidaria del Ayuntamiento”. Lo mismo ocurre con los anticipos, propuestos por parte del Alcalde a la Mesa Solidaria y aprobados por unanimidad, que ofrecen una primera asistencia a quienes han perdido su vivienda y no disponen de medios económicos para hacer frente al pago de un alquiler y, además, no disponen de otra vivienda en la que poder residir.

Mari Carmen Ruiz ha recordado que los requisitos para acceder a estos anticipos reintegrables son no disponer de vivienda habitable, carecer de medios económicos suficientes para arrendar una vivienda hasta resolución de la solicitud de ayuda de alquiler realizada a la Dirección General de Territorio y Vivienda de la Región de Murcia, tener un umbral de ingresos de la unidad familiar en 1.300 euros, tener solicitada la ayuda para reparación o reconstrucción de la vivienda habitual, y que una vez resuelto el expediente de solicitud de ayuda al alquiler, los beneficiarios del adelanto reintegrable se comprometan a la íntegra devolución de la cantidad prestada, con el fin de que puedan beneficiarse otros afectados. En este sentido, Ruiz explicó que la cantidad aprobada en estos últimos acuerdos de la Junta de Gobierno Local se resta de los más de 2.067.000 euros ingresados en las cuentas solidarias del Ayuntamiento.

Ruiz ha resaltado que “lamentablemente, el número de viviendas a demoler va aumentando día tras día, por lo que las previsiones que inicialmente teníamos para el destino de los fondos solidarios se han visto sobrepasadas afortunadamente en una proporción similar al incremento de los ingresos, pero esto nos obliga a seguir pidiendo solidaridad a todo el mundo ya que siguen sin llegar las ayudas del Gobierno”.

Así, como ahora se calcula que el número de viviendas a derribar ascenderá a más de mil, la previsión de gasto de los fondos solidarios a estas familias ascenderá a más de 1 millón de euros; a los que se le suman los 500.000 euros para el Plan de Impulso al Comercio; y al menos 39.369 euros para atender las necesidades urgentes de las familias de los fallecidos y heridos graves; además de los anticipos de ayudas de alquiler que estarán disponibles hasta que existan fondos no comprometidos o finalice el plazo de solicitud de las ayudas del Real Decreto. Todas estas ayudas se pueden solicitar de lunes a viernes en el Centro Cultural con cita previa que se puede lograr por Internet o en estas instalaciones municipales.

 

El PP ampliaría hasta 2013 un IVA del 4% por la compra de vivienda habitual y con un tope máximo

Madrid. El presidente del Partido Popular (PP), Mariano Rajoy, ha aprovechado el Pleno del Congreso de los Diputados para corroborar el decreto del Gobierno de medidas incentivadoras de la economía, para ir más allá en uno de los puntos contemplados en dicho decreto.

“Dado que los que gobiernan son ustedes y toman las decisiones que toman, intentaremos introducir algún grado de cordura en este asunto. Para lo que anuncio que, si los españoles nos otorgan su confianza en las próximas elecciones legislativas, además de reponer las desgravaciones fiscales en el IRPF, prolongaremos esta medida doce meses más, con las lógicas limitaciones de que sea para adquisición de vivienda habitual y ajustando un tope máximo”. Ya que, refería Rajoy, “dentro de lo sorprendente de la medida, lo que roza lo insólito es el plazo de vida de la misma: cuatro meses. Con un plazo tan cicatero es difícil que pueda tener efectividad”.

El anuncio lo realizó Rajoy tras hacer una crítica a la política de vaivenes llevada a cabo por el Gobierno presidido por José Luis Rodríguez Zapatero. “El Gobierno eliminó prácticamente las desgravaciones por compra de primera vivienda desde el primero de enero de este año. Y subió el Impuesto de Valor Añadido de las viviendas nuevas desde julio de 2010. Pues bien, como estamos en periodo de rectificaciones, nos sorprenden ahora con una bajada del IVA del 50%, al pasar del ocho al cuatro por ciento, en la compra de vivienda nueva”, comentaba durante la sesión plenaria.

Tras recordar la crítica que la vicepresidenta económica, Elena Salgado, le había proferido al tildarse de previsor en un Pleno anterior, Rajoy metió más el dedo en la llaga al señalar que lo que es “nefasto es la política del zigzagueo y de las ocurrencias, en la que hoy hago una cosa y mañana la contraria. No estoy diciendo que rectificar sea malo, no. Estoy diciendo que lo razonable es primero pensar y después actuar y que es conveniente escuchar las ideas de los demás porque, de vez en cuando, pueden tener razón”, indicaba.

“Ahora nos encontramos con que quienes eliminaron unas desgravaciones para las capas medias y bajas de la sociedad, especialmente para los más jóvenes, en la compra de su primera vivienda, nos traen una reducción del IVA ya sea para primera, segunda, tercera o cuarta vivienda, cueste ésta doscientos mil o dos millones de euros. No está mal, señorías, no está mal”, proseguía el líder del PP.

“Lo sensato hubiera sido, el año pasado, no jugar con la fiscalidad de un sector que ya bastantes problemas tiene para salir adelante y que esta sufriendo un durísimo ajuste. No haber eliminado la deducción en el IRPF y sí haber favorecido una adecuada gestión de la cartera inmobiliaria del sector financiero, especialmente cuando tanto dinero público lo ha apoyado. Eso hubiera sido lo sensato”, ahonda Rajoy sobre la política general relativa al sector inmobiliario, cuyo desplome se debe a “la caída del empleo y a la contracción del crédito hipotecario. Falta empleo y falta crédito, y eso exige medidas más audaces y serias”, concluía.

Los 415 municipios andaluces adaptados a la ley urbanística reservan suelo para más de 275.000 VPO

Sevilla. Los 415 municipios andaluces que tienen su planeamiento urbanístico adaptado a las directrices marcadas por la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA) recogen ya en sus documentos de planificación una reserva de suelo para la construcción de un parque residencial de más de 275.000 viviendas protegidas. Esta cifra posibilitará cubrir a medio plazo la demanda de vivienda adecuada a las necesidades ciudadanas en cada municipio de la comunidad. En la actualidad, todas las capitales andaluzas están adaptadas a la LOUA o en proceso.

La tramitación de los PGOU constituye la principal herramienta estratégica para garantizar el acceso a una vivienda a precio razonable por su capacidad para planificar temporal y espacialmente la oferta residencial. Aunque los ayuntamientos son los responsables de articular el crecimiento urbanístico de sus municipios, desde principios de la actual década la Junta de Andalucía ha impulsado un marco normativo con medidas correctoras para fomentar la presencia de la vivienda protegida en los nuevos crecimientos. Entre ellas, la obligación que recoge la LOUA de destinar en los desarrollos residenciales el 30% de la edificabilidad a este tipo de vivienda.

Esta determinación se adoptó en 2003, en un contexto en el que el mercado inmobiliario era poco proclive a esta tipología residencial y más benévola con la construcción de viviendas libres, capaz de ofrecer mayor margen de beneficios. A esta decisión se sumó otra iniciativa en 2008, con la aprobación de la figura de la adaptación parcial para precisamente asumir la norma urbanística de una forma rápida con el fin de identificar suelos con destino a VPO y equipamientos.

El 73,5% de las adecuaciones realizadas a las directrices de la Ley urbanística andaluza se ha hecho efectiva mediante la adaptación parcial del planeamiento vigente. El 26,5% restante se ha llevado a cabo a través del procedimiento normal de formulación de un nuevo PGOU. La primera de estas vías ha supuesto un importante impulso del proceso de adaptaciones, teniendo en cuenta que a principios de la actual legislatura tan sólo habían cumplido con lo establecido 80 municipios en toda Andalucía.

El conjunto de los 415 planeamientos adaptados, que representa casi el 54% de los municipios andaluces, suman más del 81% de la población andaluza, lo que supone ya los 6,7 millones de habitantes. Estas cifras mejoran sustancialmente si se toman en consideración los planes generales de la capital gaditana y San Fernando, que se encuentran en la fase final de tramitación, de forma que en los próximos meses la población que reside en ciudades con planificación de suelo para VPO se incrementaría hasta los 7 millones, con un índice de representatividad poblacional de casi el 84%.

Las reservas territoriales para ese destino se concentran fundamentalmente en las aglomeraciones urbanas conformadas en torno a las ocho capitales andaluzas y las principales conurbaciones litorales. Ambos asentamientos se caracterizan por ser las áreas de mayor atracción de población. De hecho, las ocho coronas aglutinan en la actualidad 4,5 millones de personas, lo que supone el 55% de los más de 8,3 millones de habitantes censados en toda Andalucía. Ese elevado índice demográfico las convierte, por tanto, en las zonas de mayor concentración de demanda de vivienda digna a precios asequibles, de ahí la importancia que representa la disponibilidad de terreno en estos ámbitos.

Tomando como referencia las áreas delimitadas por los Planes de Ordenación Territorial (POT), es posible identificar en todas las aglomeraciones urbanas andaluzas una reserva para 150.000 viviendas protegidas, una bolsa residencial que representa el 54% de la cuantía global. Si a estos ámbitos, que cuentan con alguna parte de su territorio en zona costera, se suman los principales asentamientos litorales ese montante se eleva hasta los 210.000 inmuebles protegidos.

Estos futuros desarrollos de VPO que se recogen en cada uno de los planes generales de los municipios adaptados se verán incrementados con las reservas realizadas en los POT ya aprobados o en tramitación en las denominadas áreas de oportunidad residenciales, que en su mayoría recogen un porcentaje de vivienda protegida superior al 30% recogido en la LOUA. Estas directrices supramunicipales aún no han sido incorporadas en la mayoría de los casos a los planeamientos de las localidades incluidas en estos Planes Subregionales. En los casos de los POT de las aglomeraciones urbanas de Málaga y Sevilla esos ámbitos estratégicos de carácter residencial contemplan un parque protegido de casi 48.000 viviendas.

Del conjunto de 415 municipios adaptados, 305 han completado este proceso mediante la adaptación parcial, con suelo para la edificación de 134.211 VPO. No obstante, estos PGOU adaptados parcialmente se verán incrementados en los próximos meses ya que otros 110 ayuntamientos andaluces tienen los trabajos de adaptación por esta vía rápida en diferentes fases de tramitación.

Por provincias, en Almería ya son 35 los municipios adaptados a la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía por la vía de la adaptación parcial, en Cádiz están adaptados 28, mientras que en Córdoba son 19 los adecuados por esta vía a la LOUA. Por su parte, en Granada 54 están adecuados, en Huelva 36 han finalizado este proceso y en Jaén 35 tienen la adaptación completada. En cambio, en Málaga han culminado sus nuevas normas 35 y en Sevilla son 63 los adaptados parcialmente.

La adaptación parcial posibilita a los ayuntamientos a realizar modificaciones puntuales de su planeamiento vigente que afectan a la clasificación de suelo, a las actuaciones sobre sistemas generales y a los cambios de uso, densidades y edificabilidad en suelos urbanizables y en terrenos urbanos no consolidados.

Las 110 localidades restantes han optado por adaptarse al marco normativo vigente mediante la formulación o revisión del plan general, un procedimiento que requiere un mayor periodo de tramitación. En cualquier caso, a través de esta fórmula se ha logrado ya reservar en los instrumentos de planeamiento terreno para albergar la edificación de otros 141.313 inmuebles protegidos. Por provincias, Almería contabiliza seis PGOU adecuados a través de esta vía, Cádiz un total de siete, mientras que Córdoba 21. De igual modo, Granada registra 24 localidades con un nuevo Plan General redactado, Huelva unos 13 y Jaén unos diez. En Málaga se cuenta con un once PGOU y en Sevilla con 18.