Madrid. El Ayuntamiento de Madrid invertirá en esta legislatura 1.600 millones de euros en su política social de vivienda, que se centrará en tres ejes: incentivar el alquiler manteniendo la capacidad de promoción de vivienda protegida; fomentar la rehabilitación sostenible y avanzar en la lucha contra la exclusión residencial y social, erradicando los últimos poblados chabolistas de la ciudad. Así lo ha manifestado la delegada de Urbanismo y Vivienda, Pilar Martínez, durante su comparecencia ante la Comisión de Urbanismo del Ayuntamiento, donde ha puesto de relieve además, que la inversión en vivienda durante este cuatrienio generará 86.750 puestos de trabajo.
El Ayuntamiento prestará esta legislatura una especial atención al alquiler, mediante la configuración de un parque inmobiliario específico sujeto a este régimen, y la gestión del Servicio Municipal de Alquiler, sumando entre ambos 9.000 viviendas. De ellas, 3.000 son fruto de la creación de un patrimonio municipal específico en arrendamiento, con carácter de permanencia, que se destinará al alquiler en rotación por un periodo de cinco años. A este patrimonio se incorporarán tanto las nuevas viviendas que se están promoviendo en régimen de alquiler, como otras procedentes del actual parque edificado propiedad de la EMVS.
Para potenciar este nuevo programa, anunció la delegada que se está estudiando una modificación de la Ordenanza que regula el proceso de adjudicación de vivienda protegida, con el fin de que los adjudicatarios de estas viviendas que hayan cumplido con sus obligaciones durante el periodo de alquiler puedan disponer de una puntuación adicional que les permita acceder a una vivienda en venta, consiguiendo así una mayor estabilidad residencial.
Paralelamente, el Servicio Municipal de Alquiler continuará trabajando para sacar al mercado 6.000 viviendas vacías con precios inferiores a los de mercado, gracias al sistema de garantías establecido para arrendadores y arrendatarios. Para ello, se facilitarán las gestiones a través de Internet, y se reducirán los trámites que tienen que efectuar quienes ofertan o buscan una vivienda. En cuanto al régimen de venta, se promoverán 6.000 viviendas protegidas, de las que en este momento se están ejecutando 2.837 y se encuentran con proyecto redactado 3.168.
La modificación de la Ordenanza también incorporará novedades en este ámbito, de tal manera que no sólo se agilizarán los procesos de adjudicación de viviendas, sino que se dará una respuesta justa y solidaria a la difícil situación en la que se encuentran muchas familias a consecuencia de la crisis económica. Lo que se pretende es que no haya penalización en las renuncias de adjudicaciones cuando existe un motivo objetivo para ello, como una situación de desempleo sobrevenida, o la denegación de la subrogación en el préstamo hipotecario.
La segunda línea de actuación prioritaria es el impulso de la rehabilitación, por su capacidad para mejorar el patrimonio edificado, generar empleo, y ser más sostenible que la obra nueva. A través de diferentes programas se desarrollarán 32.000 actuaciones de rehabilitación en toda la ciudad, adecuándose además el marco normativo e introduciéndose nuevas herramientas para dinamizar los procesos de rehabilitación.
En estos momentos se está trabajando ya en el borrador de una nueva Ordenanza y Bases de Convocatoria de Subvenciones con el fin de unificar la normativa actualmente dispersa, facilitando la tramitación a los propietarios de viviendas y edificios que acometan obras de rehabilitación dentro de cualquiera de los programas municipales existentes. El objetivo, además, es optimizar los recursos humanos y las vías de comunicación con los ciudadanos, y establecer nuevas líneas para la rehabilitación de edificios, incrementando su sostenibilidad.
Así, el programa de ayudas para la ejecución de obras derivadas de informes negativos de la ITE, prevé incrementar la cuantía de las subvenciones si, a su vez, se incorporan a la intervención criterios de sostenibilidad que permitan reducir el consumo energético del edificio. En tales casos, las ayudas, que son exclusivamente municipales, podrán llegar a los 10.000 euros por vivienda, lo que supone una decidida apuesta del Ayuntamiento por incorporar la sostenibilidad al proceso de renovación del patrimonio edificado. El objetivo es realizar 28.000 actuaciones mediante la ITE.
Además de estas líneas de actuación, se van a poner en marcha dos iniciativas: las Áreas de Reciclaje Urbano y los nuevos sistemas de gestión e intervención que potencien la colaboración público-privada. Su objetivo, respectivamente, es llevar a cabo actuaciones revitalizadoras de carácter integral y simplificar y agilizar los trámites que son necesarios para abordar los complejos procesos de rehabilitación.
Paralelamente, y con el fin de fomentar la incorporación de criterios de sostenibilidad en las actuaciones de rehabilitación, así como en las de obra nueva, se propondrá el estudio de exenciones fiscales o reducciones del Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras, en aquellos proyectos que cumplan unos estándares superiores a los establecidos por el Código Técnico de la Edificación.
La tercera línea de actuación tiene por objetivo profundizar en la cohesión social y luchar contra la exclusión residencial. En este sentido, se creará una Red de Viviendas Solidarias, que se pondrán a disposición de asociaciones que trabajan con diferentes colectivos para que las gestionen. Este programa, que será compartido con el Área de Servicios Sociales, empezará a desarrollarse a principios del año próximo. En el ámbito normativo, se continuará instando a las administraciones competentes para que se apruebe una normativa dirigida a evitar las situaciones de hacinamiento.
Continuará el trabajo, por otra parte, para la erradicación de los poblados chabolistas, el realojo de los residentes con derecho a ello y su integración social. A día de hoy, sólo está pendiente de finalizarse el desmantelamiento de los núcleos de Santa Catalina, en Puente de Vallecas, y Puerta Hierro, en Moncloa-Aravaca, que estará concluido antes de fin de año, finalizando el proceso de erradicación del chabolismo en la ciudad. Asimismo, uno de los objetivos prioritarios de esta legislatura será definir el marco de actuación y sentar las bases para iniciar el proceso de desmantelamiento e intervención en la Cañada Real Galiana, tras haber sido elaborado el censo por el Ayuntamiento de Madrid en los plazos establecidos. En estos momentos se está diseñando el modelo de intervención para llegar al acuerdo social que la ley exige.
