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Inversión de siete millones para rehabilitar el Ayuntamiento de Baeza

Redacción
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Jaén. El presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, ha inaugurado la rehabilitación acometida en la sede del Ayuntamiento de Baeza (Jaén), un edificio del siglo XVI en el que se han invertido unos siete millones de euros y 28 meses de trabajos. Griñán ha puesto esta obra pública «como ejemplo de lo que se puede y se debe hacer para contribuir, desde las administraciones públicas, a la salida de la crisis».

«Se han invertido siete millones, se han generado más de cien empleos en el sector más castigado por las crisis y nos permite conservar y disfrutar de una obra maestra del Renacimiento español», ha enfatizado Griñán.

El presidente andaluz ha resaltado que el Ayuntamiento de Baeza ha recuperado su esplendor del XVI, pero a la vez ha sido renovado con unas instalaciones modernas y accesibles para mejorar los servicios que presta a los ciudadanos. «Es un activo más que se suma al ya valioso patrimonio cultural de Baeza, un recurso para el desarrollo local, especialmente vinculado a la actividad turística», ha destacado. Al término de su intervención, Griñán ha firmado en el Libro de Honor del Ayuntamiento de Baeza.

 

¿Para cuándo la Certificación Energética de Edificios existentes en España?

Juanjo Bueno
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Madrid. Han pasado 9 años de la entrada en vigor de la Directiva 2002/91/CE, relativa a la eficiencia energética de los edificios, que instaba a los Estados miembros a velar por la implementación de un documento que informara a los ciudadanos sobre el comportamiento energético existente en las viviendas. Sin embargo, este certificado de eficiencia energética, puesto a disposición del posible comprador o inquilino, todavía no se ha desarrollado en nuestro país.

En España solo el Real Decreto 47/2007, de 19 de enero, publicado en el BOE de 31 de enero de 2007, transpone parcialmente la Directiva europea estableciendo el procedimiento básico para la certificación de eficiencia energética de edificios de nueva construcción. Y solo algunas Comunidades Autónomas lo han desarrollado y habilitado un registro propio. Una situación, la española, que difiere totalmente de la experimentada en otros estados europeos, como Austria, Francia y Finlandia, por poner un ejemplo, en donde todas las viviendas en venta o alquiler deben disponer del certificado oportuno.

Son muchas las voces que se han alzado para reclamar la necesidad de incorporar la normativa europea al ordenamiento español, pero la más enérgica es la que ha promovido la Fundación la casa que ahorra (@Lacasaqueahorra). Utilizando la conocida red social twitter ha lanzado una iniciativa global que sensibilice y haga llegar a la ciudadanía en general y a los actores implicados en particular el derecho que todos tenemos a estar informados sobre la demanda energética de las viviendas que habitamos o que queremos comprar o alquilar. Por todo ello, el 4 de enero nos animan a hacer de altavoz de esta situación escribiendo en todos los tuits el hashtag #EtiquetaEnergetica.

Sin entrar en valorar cuáles serían los costes reales y cómo se tendría que articular este certificado en los edificios existentes en España, “lo cierto es que una vez que se consiguiese alcanzar lo que en Francia lleva un año realizándose, el propio mercado primaría a aquellos que hubiesen invertido y apostado por reducir la demanda energética de sus propiedades”, manifiesta la Fundación la casa que ahorra. Pero antes, obviamente, debemos conocer cómo se comporta nuestro edificio en términos energéticos.

Y es que si nadie a día de hoy compraría un electrodoméstico sin conocer previamente la clase energética del mismo, ¿por qué no puede ser así a la hora de comprar o alquilar una vivienda? ¿No tenemos derecho a saber si el inmueble puede tener un gasto energético mínimo, medio o alto a lo largo del tiempo? Dicho de otro modo, ¿cómo podremos asumir lo que se ha venido en llamar la “hipoteca energética” sin un documento que certifique su idoneidad?

 

 

 

 

 

Los compromisos de Hitachi para 2012 reafirman los postulados del manifiesto Efithink

Redacción
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Madrid. El grupo HITACHI, que siempre ha destacado por sus valores medioambientales, presenta sus compromisos para 2012 haciendo hincapié en la creación de infraestructuras sociales sostenibles.

Apoyándose en el Manifiesto Efithink que resumía los pilares de la marca en fiabilidad y eficiencia, HITACHI quiere aprovechar sus más de 100 años de experiencia profesional para aportar tecnología inteligente y soluciones factibles al ambicioso proyecto Smart Cities.

Las Smart Cities de HITACHI son las ciudades que el mundo desea, ciudades eficientes energéticamente, con suministros estables de energía y de agua, sistemas de tratamiento de aguas residuales, ciudades que equilibran la oferta y la demanda. En definitiva, las Smart Cities son las ciudades ideales para las futuras generaciones diseñadas teniendo en cuenta estilos de vida y valores sociales.

El grupo creó en abril de 2010 una división especial para gestionar este proyecto llamada Smart Cities Business Management Division. En la actualidad participa activamente en la construcción de la ciudad japonesa Tiajin Eco-City donde HITACHI provee de tecnología ecológica, participa en la creación del distrito financiero ECO, en la alianza del coche eléctrico Eco-City y desarrolla además sistemas de gestión de ahorro de energía para las viviendas residenciales de la propia ciudad.

La política actual de HITACHI con respecto al desarrollo de estás infraestructuras sostenibles se resume en tres palabras clave: Global, Social y Medioambiente.

Otro compromiso para este nuevo año plantea un crecimiento global que HITACHI va a conseguir identificando oportunidades de negocio en 11 nuevas regiones.

2012, 101er año desde la fundación de HITACHI, es un año en el que el grupo pretende intensificar las estrategias globales, asignar la gestión de recursos en áreas clave y continuar revisando su portfolio de negocio. Quiere fortalecer la base financiera y maximizar el potencial humano. Todo esto sin olvidar la eficiencia energética, un pilar fundamental de su estrategia que incluye como uno de sus compromisos más importantes la protección del medio ambiente.

Por último, en cuanto a proyección económica, el Presidente Nakanishi asegura poder llegar a los 10.000 billones de yenes en 2012 y aumentar los ingresos de operativos en más de un 5%, cifras que se conseguirán combinando las fuerzas y las habilidades del equipo humano que forma HITACHI.
 

La Sociedad Pública del Alquiler (SPA) incumple sus compromisos

Redacción
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Madrid. La Asociación para el fomento del alquiler y acceso a la vivienda, Arrenta, ha denunciado que la Sociedad Pública del Alquiler (SPA) –organismo dependiente del Ministerio de Fomento- ha vuelto a mostrar una vez más su ineficacia a la hora de garantizar una mínima seguridad a los propietarios de pisos en alquiler.

En las últimas semanas, los propietarios de pisos arrendados a través de la SPA han comenzado a recibir unas comunicaciones en las cuales se les informa de que la sociedad dejará de pagar las rentas de aquellas viviendas que se queden vacías y a la espera de un inquilino tal y como venía haciendo hasta ahora.

“La Sociedad Pública del Alquiler se comprometió con los propietarios al pago mensual de una renta durante cinco años hubiese o no inquilino y a cambio los dueños de viviendas rebajaban el precio del alquiler de sus pisos. Ahora ese compromiso se rompe unilateralmente y deja a los propietarios sin garantías”, comenta el gerente de Arrenta, Carlos Ruiz, quien también ha señalado que, con éstas medidas, no se fomenta el clima de seguridad que demanda el mercado para impulsar el alquiler.

Ruiz ha explicado, además, que esta medida deja en una difícil situación a todas las agencias inmobiliarias que colaboran con la SPA, dado que “muchos propietarios confiaron en ellas y ahora, por una decisión de la entidad pública, tienen que explicar a sus clientes por qué dejan de cumplir las condiciones pactadas”.

Desde Arrenta se ha vuelto a insistir en que el Gobierno debe centrar sus esfuerzos en incluir medidas que potencien el arbitraje como forma de resolución de conflictos relacionados con la morosidad en el alquiler, así como única vía para incidir en la seguridad del propietario a la hora de alquilar su vivienda. “La SPA ha demostrado que no da garantías a los propietarios que en la inmensa mayoría de los casos buscan seguridad en el cobro de sus rentas o un proceso de desahucio rápido en el caso de impagos”, ha continuado Carlos Ruiz.

A todo eso se une, según Arrenta, el hecho de que, dentro de los recortes previstos por el gobierno para los próximos meses, la Administración de Justicia no será una excepción, lo que provocará que, a corto plazo, no se disponga de los medios necesarios que permitan agilizar los procesos de desahucio en España. “Sin más medios, el arbitraje seguirá siendo, como hasta ahora, la vía más eficaz”, ha insistido el gerente de la Asociación para el fomento del alquiler y acceso a la vivienda.

No en vano, solo el 0,5% de los alquileres garantizados mediante su servicio de arbitraje y de garantía del cobro de las rentas impagadas se ven afectados por un conflicto, mientras que en la SPA los casos de impago ascienden al 8%. Además, con Arrenta el 25% de los casos de impago se solucionan sin ni siquiera llegar al procedimiento arbitral.

Del 75% restante, más de la mitad se solventan en un plazo máximo de un mes, por lo que de cada 100 casos de impago de alquileres asegurados por Arrenta, tan solo 35 precisan llegar al desahucio, dado que el resto se solucionan antes.

“Hay dos cuestiones que pueden provocar el temor del propietario a la hora de alquilar su vivienda: por un lado que se produzcan impagos y por otro que, en caso de producirse, el problema se dilate en el tiempo y tarde en solucionarse. El arbitraje permite que ninguno de esos supuestos se produzca, ya que se reducen los casos de impagos y, en caso de haberlos, la resolución es más rápida que en otros procedimientos”, recuerda Carlos Ruiz.

 

Gstaad: el paraíso residencial de las celebrities

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Madrid. El Mercado de la propiedad residencial en la estación de esquí de Gstaad -en la región suiza de las Highlands bernesas- es uno de los más exclusivos del mundo. Este tradicional pueblo de casas individuales ha permanecido inmune a la crisis internacional y financiera. “En general, hay una menor actividad en el mercado, ya que la mayoría de los propietarios de segundas viviendas de lujo no se ve forzada a vender sus bienes, ni siquiera en tiempos turbulentos en el mercado de capitales. Por el contrario, tienden a considerar sus propiedades como activos refugio” comenta Antonia Crespí,  directora de la oficina de Engel & Völkers en Gstaad.

“El mercado – especialmente en áreas muy deseadas como Oberbort – se está beneficiando de una clara escasez de propiedades disponibles”, debida a la tendencia a realizar inversiones “a prueba de crisis” en activos tangibles, a las estrictas regulaciones para edificaciones y las restricciones para los proyectos de nueva construcción en Gstaad.

Precios y plazos: venta en cuestión de días o de meses

En los chalets de más alta gama y en emplazamientos exclusivos, Engel & Völkers Gstaad está registrando precios de entre 12 y 33 millones de euros. En cuanto al precio del metro cuadrado de las mejores direcciones del pueblo alpino, se están alcanzando precios record que superan los 49,000 €/m2. “Muchos compradores consideran que un recorrido de 10 minutos en coche al centro de Gstaad es una distancia considerable. Por eso, las propiedades circundantes al legendario Hotel Palace son particularmente deseadas, ofreciendo una perspectiva única del pueblo y de las montañas”, dice la Sra. Crespí. El garaje o ascensor suelen ser requisitos esenciales, además de la piscina climatizada, la bodega o la sala de juegos.

En algunos casos de propiedades particularmente especiales en muy buenos emplazamientos las viviendas encuentran un nuevo propietario en cuestión de días, siempre que las propiedades estén ofertadas con un precio apropiado. Sin embargo, el tiempo medio para la venta de segundas viviendas en emplazamientos buenos y muy buenos varía entre los 6 y 12 meses.

Además de las residencias construidas con el típico estilo de chalet de Gstaad, también los apartamentos de más de 200 m2 en el centro del pueblo gozan de una demanda elevada. Los precios por m2 de estas propiedades en los mejores emplazamientos están entre 24,500 y 37,000 €/m2.

En los distritos cercanos a Gstaad, como Wispile, Gruben o Bissen, y los alrededores de Schönried, Saanen Unterbort, Saanen y Rougemont, los precios de inmuebles también alcanzan 20,500 €/m2. Entre las propiedades más deseadas fuera de Gstaad destacan las  granjas, que tienen un gran potencial como mercado puesto que todavía son muy escasas  en el mercado.

Compradores

La mayoría de los que buscan propiedades lo hace para uso privado, ya sea como segunda residencia o como inversión refugio. Las infraestructuras de Gstaad hacen posible la residencia o el alquiler durante todo el año: durante los meses de invierno, Gstaad presume de ser una de las regiones de ski más chic de Suiza; mientras que en verano impresiona con innumerables oportunidades de paseos en la montaña y golf rounds. Además, se están llevando a cabo nuevos proyectos de alta calidad, como el hotel de 7 estrellas Alpina Hotel, que estará terminado para las navidades de 2012 y abarcará también apartamentos privados y 3 chalets.

El mercado ha estado tradicionalmente dominado por compradores internacionales del Sur de Europa (Grecia, Italia, España) y Bélgica. Sin embargo, en los últimos tiempos se está produciendo un aumento significativo en adquisiciones por parte de suizos, alemanes, austriacos, británicos y monegascos. “Muchos de nuestros clientes vienen de otros países pero poseen su primera residencia en Europa. Algunos, además, ya cuentan con una segunda vivienda en Côte d’Azur u otro lugar del sur de Europa y busca invertir en otra propiedad estable en una estación de ski con fuerte demanda. Estos clientes normalmente buscan lo que conocemos como “propiedad trofeo”, revela la Sra. Crespí. Los rusos tienden, en el caso de Gstaad, a estar más interesados en el alquiler de propiedades que en su adquisición.

 

 

La nueva estructura orgánica del Ministerio de Fomento

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Madrid. El  Ministerio de Fomento ha suprimido dos de sus tres Secretarías de Estado y se eliminan dos de las cuatro Secretarías Generales, manteniendo las de Infraestructuras y de Transporte.

Esta estructura, con una única Secretaría de Estado, permite una mayor coordinación, mientras que las dos Secretarías Generales facilitan una planificación eficaz y un mejor desarrollo de la gestión en las áreas de infraestructuras y transporte.

Así, el Ministerio de Fomento se estructura en los siguientes órganos superiores y directivos:

1. La Secretaría de Estado de Planificación e Infraestructuras de la que dependen los siguientes órganos directivos:

– La Secretaría General de Infraestructuras, con rango de subsecretaría, de la que dependen entidades fundamentales para el sistema general del transporte español como ADIF (Administrador de Infraestructuras Ferroviarias), FEVE (Ferrocarriles de Vía Estrecha), CEDEX (Centro de Experimentación de Obras Públicas) o la consultora pública INECO.

Incluye también una Dirección General de Carreteras y una dirección general de Ferrocarriles destinadas a la planificación, proyecto y construcción de las vías de comunicación terrestre propias de cada ámbito.

– La Secretaría General de Transporte, con rango de subsecretaría, de la que dependen el ente público Puertos del Estado, AENA, RENFE o la sociedad de salvamento marítimo SASEMAR, dispone de tres direcciones generales destinadas a la ordenación del sector del transporte en cada uno de los modos existentes. Así, la Dirección General de Aviación Civil, la Dirección General de la Marina Mercante y la Dirección General de Transporte Terrestre se ocuparán de establecer y aplicar el marco normativo en el que debe desarrollarse el transporte de pasajeros y mercancías en sus respectivos ámbitos

– La Dirección General de Arquitectura, Vivienda y Suelo. Es responsable, entre otras funciones, de la ordenación general del sector de la edificación, la concesión de ayudas para la promoción y el acceso a la vivienda o la armonización de la actividad urbanística en España.

2. La Subsecretaría de Fomento: Como centro directivo que presta servicios comunes al conjunto del Ministerio se desglosa en:

La Secretaría General Técnica.
La Dirección General de Programación Económica y Presupuestos.
La Inspección General de Fomento.
La Dirección general del Instituto Geográfico Nacional.

Quedan suprimidos los siguientes órganos directivos:

La Secretaría General de Relaciones Institucionales y Coordinación.
La Secretaría General de Vivienda.
La Dirección General de Relaciones Institucionales.
La Dirección General de Arquitectura y Política de Vivienda.
La Dirección General de Suelo y Políticas Urbanas.

Nombramiento de altos cargos del Ministerio de Fomento

Rafael Catalá Polo: secretario de Estado de Planificación e Infraestructuras.

Es licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Pertenece al Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado desde 1985. Ha ocupado distintos cargos en la Administración General del Estado, entre ellos los de director de Relaciones Laborales de AENA, director de Administración y Servicios de Navegación Aérea, director general de la Función Pública, subsecretario de Hacienda y secretario de Estado de Justicia.

Ha sido director gerente del Hospital Ramón y Cajal. Desde 2005 dirige el Máster de Administración Pública de ESADE. Igualmente, desde 2005 es secretario general y del Consejo de Administración de CODERE S.A. Además, es consejero del Consejo Social de la UNED.

Subsecretario: Mario Garcés Sanagustín

Licenciado en derecho y diplomado en el Instituto de Derechos Humanos de Estrasburgo, es inspector de Finanzas de Hacienda del Estado e interventor y auditor del Estado. Actualmente era consejero de Hacienda y Administración Pública del Gobierno de Aragón y presidente de la Corporación Empresarial Pública de Aragón. Además, ha sido auditor nacional en la Dirección de la Oficina Nacional de Auditoría (Ministerio de Economía y Hacienda) de 2004 a 2011, profesor de Derecho Administrativo de la Universidad Carlos III de Madrid y vocal asesor del Presidente del Gobierno de España (2000-2004).

También ha ejercido la presidencia de la Asociación de Interventores y Auditores del Estado (2009-2011), vicepresidencia de la Federación de Cuerpos Superiores de la Administración del Estado (FEDECA) (2009-2011), y ha sido auditor nacional en la Dirección de la Oficina Nacional de Auditoría.

Secretario General Técnico: Eugenio López Álvarez

Licenciado en Derecho y Abogado del Estado. En la actualidad ejercía como abogado del Estado en la Audiencia Nacional y anteriormente lo fue en las Abogacías del Estado de Ceuta, de la Delegación de Gobierno en Castilla y León y en la del Ministerio de Administraciones Públicas. Con amplia experiencia en la Administración, ha sido secretario general técnico de los Ministerios de Interior, Presidencia y Administraciones Públicas de 2001 a 2003, y posteriormente, director general de los Servicios Jurídicos de la Comunidad de Madrid.

Directora General de Arquitectura, Vivienda y Suelo: Pilar Martínez López

Licenciada en derecho, actualmente desempeñaba el cargo de delegada del Área de Gobierno de Urbanismo y Vivienda del Ayuntamiento de Madrid, además de ser presidenta de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo y vicepresidenta de la Federación de Municipios de Madrid. Fue consejera de Servicios Sociales de la Comunidad de Madrid desde 1999 hasta 2003, así como concejala del Área de Gobierno de Economía y Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Madrid desde 2003 hasta 2004 y concejala del Área de Gobierno de Urbanismo, Vivienda e Infraestructuras del Ayuntamiento de Madrid desde 2004 hasta el 2007.

Ha dirigido grandes proyectos de infraestructuras y transformación urbana de la ciudad de Madrid bajo el mandato del Alcalde Ruiz-Gallardón, además de dirigir la política de vivienda de la ciudad.

Directora de Gabinete: Alicia Portas Martínez

Licenciada en Derecho y graduada en Ciencias Empresariales, es funcionaria de carrera de la Escala Técnica de Administración General del Ayuntamiento de Pontevedra. Desde 2004 era la directora de Gestión y Servicios Generales del Hospital Universitario La Paz de Madrid. Anteriormente, ha desempeñado numerosos puestos en la Administración Pública Estatal, autonómica y municipal. Así, ha sido directora del Gabinete de la ministra de Sanidad y Consumo, secretaria de la Delegación Territorial de la Consellería de Pesca y Asuntos Marítimos, de la Xunta de Galicia y jefe de Servicio de Promoción Económica y Patrimonio del Ayuntamiento de Pontevedra, entre otros.

Organigrama completo en la Web de Fomento.
 

Nuevo impulso al Instituto de Estudios del Territorio de Galicia

Redacción
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Santiago de Compostela. El Diario Oficial de Galicia publica hoy el decreto por el que se aprueban los estatutos del Instituto de Estudios del Territorio. Se trata de un organismo autónomo que dependerá de la Consejería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras, para reforzar la labor de asesoramiento a los ayuntamientos en materia de urbanismo, así como una respuesta ágil y eficaz, a través de la utilización eficiente de los recursos públicos, a las necesidades de los ciudadanos y de los equipos técnicos que trabajan en cuestiones relacionadas con el territorio y el paisaje.

Con la constitución de este ente no se incrementará el gasto de personal y se mejorará la eficiencia y la organización administrativa, evitando duplicidades innecesarias. El instituto integrará la actual Dirección General de Sostenibilidad y Paisaje, la Subdirección de Sistemas de Información Territorial de Galicia (es decir, el SITGA, hasta lo de ahora incluido en la Sociedad de Desarrollo Comarcal) y la Comisión de Coordinación de Sistemas de Información Geográfica y Cartográfica. Asimismo, en el seno del instituto se creará el Observatorio Gallego del Paisaje.

La incorporación del equipo técnico del SITGA hará posible la realización de trabajos de producción, mantenimiento y actualización de las bases cartográficas oficiales de la Xunta de Galicia. Estas tareas producirán un ahorro de más del 30% (estimados en unos 3 millones de euros en cuatro años) en la elaboración de los datos y de un 80% en la actualización continua de estos.

Este nuevo ente constituye un nuevo avance del Gobierno gallego en pro de la protección, mejora y ordenación del territorio gallego, y una apuesta clara por la eficiencia, el ahorro y la sostenibilidad.

Naturaleza y funciones

El Instituto de Estudios del Territorio se creará como organismo autónomo de carácter administrativo que tiene por objeto a análisis, el estudio y el asesoramiento de las administraciones autonómica y municipal en materia de urbanismo, la ordenación del territorio y la protección y gestión del paisaje. Entre sus funciones destacan:

• Realizar trabajos de investigación, análisis, estudio y difusión sobre urbanismo y ordenación del territorio.

• Prestarles asistencia y asesoramiento a los ayuntamientos de Galicia para la elaboración del planeamento urbanístico y la gestión y ejecución del planeamento.

• Prestarle apoyo a la consellaría competente en materia de urbanismo y ordenación del territorio.

• La compilación y el tratamiento de la información del territorio gallego, así como la producción cartográfica para las diferentes consellerías y organismos públicos de la Comunidad Autónoma de Galicia.

Los órganos de gobierno de este organismo serán la Presidencia, que le corresponderá a la persona titular de la consejería competente en materia de ordenación del territorio y ubanismo; y el Consejo Rector, que es el órgano colegiado de gobierno integrado por la presidencia, vicepresidencia, secretaría y siete vocales.

En relación con su estructura administrativa destacan el Departamento Gestión Jurídico-Administrativa; y el Departamento Técnico de Estudios, en el que se integrarán el Servicio de Planificación del Paisaje, el Servicio de Coordinación e Información Territorial y el Servicio de Estudios respectivamente.

El nacimiento del Instituto de Estudios del Territorio obedece a la necesidad de dar respuesta al mandato legal inserto en la Ley de ordenación del territorio de Galicia. Sin embargo, el cumplimiento de este mandato legal se hace habida cuenta la oportunidad que supone la aprobación de las directrices de Ordenación del Territorio y del Plan de Ordenación del Litoral y la Estrategia Gallega del Paisaje que durante estos dos últimos años realizó la Dirección General de Sostenibilidad y Paisaje con la estrecha colaboración de la Subdirección de Sistemas de Información Territorial de Galicia de la Sociedad de Desarrollo Comarcal.

Galicia cuenta con 51 áreas de rehabilitación en espacios urbanos

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Santiago de Compostela. Galicia es la comunidad autónoma pionera en materia de rehabilitación y recuperación con más de 10.600 actuaciones proyectadas desde el año 1996 en las 51 áreas de rehabilitación integral declaradas en Galicia, que se traducen en una inversión inducida de cerca de 200 millones.

La Consejería de Medio Ambiente señala la importancia de esta política de actuación, que no solo permite mejorar de forma sustancial las condiciones de vida de un importante número de familias gallegas sino que facilita la permanencia de la población residente en zonas como los cascos históricos de las ciudades, que de otra manera se podrían ver despoblados.

Galicia cuenta en la actualidad con 51 áreas de rehabilitación en espacios urbanos, emplazadas en un total de 35 ayuntamientos, además del área de rehabilitación del Camino de Santiago, que afecta a un total de 108 ayuntamientos gallegos ya que comprende las siete rutas del Camino a lo largo de Galicia.

El departamento que dirige Agustín Hernández subraya que estas líneas de actuación no sólo son importantes por la movilización del sector de la vivienda, sino que también apuestan por el desarrollo sostenible de los núcleos y ayuntamientos de Galicia.

Convenios en vigor

Los convenios en vigor, en ejecución en la actualidad, con más de 3.500 objetivos que cuentan con inversiones públicas que superan los 45 millones de euros, al amparo del desarrollo del Plan de Vivienda establecen tres tipos de áreas de rehabilitación:

– Áreas de rehabilitación situadas en zonas urbanas pero fuera de los cascos históricos
– Áreas de rehabilitación en conjuntos históricos, que son la mayor parte de las gallegas.
– Áreas de rehabilitación en núcleos rurales.

Los propietarios de edificios y viviendas emplazados en las áreas de rehabilitación, con una antigüedad superior a 10 años y destinados la residencia habitual y permanente del propietario o al alquiler, pueden acceder a ayudas de hasta 11.600 por actuación en el caso de áreas emplazadas en conjuntos históricos o núcleos rurales y 10.000 euros en el resto de áreas de rehabilitación.

En los casos de áreas de rehabilitación emplazadas en conjuntos históricos, las ayudas del área serán compatibles con otras ayudas de rehabilitación en conjuntos históricos que financia en exclusiva la Xunta de Galicia. Lo mismo sucederá con las áreas de rehabilitación en núcleos rurales, cuyas ayudas serán compatibles con las de rehabilitación rural. Sumadas las ayudas del área de rehabilitación y de conjuntos históricos o núcleos rurales pueden conseguir como máximo el 75 del presupuesto.

 

La Ciudad de la Energía se incorpora al clúster de energía solar fotovoltaica de Castilla y León

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Valladolid. El clúster de energía solar fotovoltaica de Castilla y León está impulsado por la Consejería de Economía y Empleo a través de la ADE Inversiones y Servicios y trata de mejorar la competitividad del sector. De las diversas acciones desarrolladas en 2011 destaca la internacionalización en mercados de América del Sur, con el apoyo de la Consejería de Economía y Empleor.
 
Entre las futuras acciones previstas se está planteando la posibilidad de promover un grupo de trabajo con el objetivo de realizar un proyecto de I+D para instalaciones de fotovoltaica en el que se pretende poner en común el trabajo realizado desde las universidades y centros tecnológicos con la labor de investigación de las empresas.
 
El clúster de energía solar fotovoltaica en Castilla y León nació en abril de 2010 y agrupa tanto a empresas pertenecientes al sector -fabricantes, instaladores, ingenierías-, como a grupos y centros de investigación, centros tecnológicos, universidades y plataformas de transferencia de tecnología. El clúster está impulsado por la Junta de Castilla y León a través de la Agencia de Inversiones y Servicios (ADE), la Dirección General de Industria, el EREN y la Fundación de Universidades de Castilla y León.
 
La estrategia del clúster se basa en la integración del conocimiento y la nueva tecnología aplicada a la energía solar fotovoltaica y en el desarrollo de estrategias comunes para que las empresas puedan consolidar su posicionamiento estratégico mediante la mejora de su competitividad y visibilidad internacional y la  inserción en un mercado de alto valor añadido.
 
El sector solar fotovoltaico de Castilla y León cuenta con alrededor de 70 empresas, seis centros tecnológicos y cuatro universidades, por lo que se dispone de gran parte de la cadena de valor. Estas empresas generan un negocio total cercano a los 500 millones de euros y a los 1.300 puestos de trabajo. El clúster fotovoltaico de Castilla y León está integrado por todos los fabricantes de tecnologías fotovoltaicas de la Región; cabe recordar que esta Comunidad es la que dispone del mayor número de fabricantes respecto al resto de comunidades e incluso de España.

 

Plan de acceso a una vivienda digna para los más necesitados en Aragón

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Zaragoza. Favorecer que los sectores más vulnerables de la sociedad, agravada con la actual crisis económica, puedan tener acceso a una vivienda digna, además de fomentar la rehabilitación y generar empleo son algunos de los fines con los que el Gobierno de Aragón, a través del Departamento de Obras Públicas, Urbanismo, Vivienda y Transportes del Gobierno de Aragón, ha elaborado el Plan Aragonés de Vivienda Social 2012-2015 para el que se va a destinar cerca de 40 millones de euros, de los que 4,6 se invertirán en el próximo ejercicio.

El consejero de Obras Públicas, Urbanismo, Vivienda y Transportes del Gobierno de Aragón, Rafael Fernández de Alarcón, en una comparecencia conjunta con el director general de Vivienda y Rehabilitación, Rogelio Silva, ha presentado este plan, a petición propia, en la Comisión de Obras Públicas, Urbanismo, Vivienda y Transportes de las  Cortes de Aragón.

Un plan que se apoya en la gestión racional de los recursos existentes, con fórmulas de colaboración público-privada; en la implicación de las administraciones locales, comarcales y provinciales para lograr su asentamiento en el territorio y en la concertación de actuaciones y colaboración con todos los sectores implicados en la sociedad y en el sector de la vivienda. También se pretende con este Plan iniciar una andadura para que la idea de la gestión social de la vivienda se incorpore en los Planes Nacionales.
 
Fernández de Alarcón ha destacado que este Plan se enmarca dentro de los ejes fundamentales de actuación de la Dirección General de Vivienda y Rehabilitación centrados en la “elaboración de una Ley de Vivienda, la creación de un foro de Concertación, y de un Observatorio para conocer bien lo que tenemos y lo que necesitamos, además de las medidas de rehabilitación y la cobertura de necesidades muy determinadas en vivienda, a través de los ARIS y los ARCHS y las medidas para mejorar la calidad de la edificación”, ha indicado.
 
El consejero ha destacado que este Plan “es abierto para poder incorporar más medidas, flexible para poder corregir todo lo necesario en pro de la eficacia y transversal con implicación en la gestión de entidades sociales, administraciones”. Por ello, ha destacado que se va a contar con la colaboración de todos los implicados porque “queremos encontrar todas las colaboraciones posibles y la mejor coordinación, por lo que puede estar sujeto a nuevas iniciativas”.  En este sentido, ha explicado que se va a abrir una línea de información y participación a entidades financieras, sociales, servicios sociales comarcales, municipales y autonómicos, entre otros.
 
Este plan, ha apuntado el consejero, “se basa en la creación del concepto de vivienda social como un recurso ante una necesidad, económica, física…Y con una gestión global coordinada entre la Administración y una entidad social responsable colaboradora. Es decir, “una vivienda gestionada socialmente que tendrá un reflejo legislativo en la futura Ley de Vivienda”, ha detallado.
 
Asimismo, además de los beneficiarios directos este proyecto tendrá efectos positivos sobre el sector de la rehabilitación y la construcción, ya que permite actuaciones para rehabilitar viviendas o mejorar accesibilidad, a personas que sin las ayudas no hubieran podido iniciarlas por su cuenta. Impulsa así el empleo y la formación.

También beneficiará a  los propietarios de viviendas y a las empresas con patrimonio de viviendas, ya que permite alquilar viviendas a sectores que nunca hubieran podido arrendar una vivienda dada su situación social. Y por último ejercerá efectos positivos sobre las entidades sociales y los organismos sociales, ya que incorpora el recurso  de la vivienda en sus políticas y permite actuaciones integrales y coordinadas.
 
Como sistemas de gestión básicos se usarán convocatorias específicas de ayudas con una baremación económica-social de los solicitantes, así como programas de colaboración para actuaciones convenidas con entidades sociales y otras Administraciones y con entidades bancarias,  y actuaciones directas a través de las unidades de gestión social de la Dirección General de Vivienda y Rehabilitación.
 
Además, para hacer cumplir el derecho de acceso a la vivienda digna se usarán elementos jurídicos como son el derecho de tanteo y retracto sobre viviendas protegidas para que tengan el uso social previsto y se pondrán en uso social viviendas que no cumplen actualmente su fin social.

Se definirá legalmente el concepto de infravivienda y se impulsa su renovación o rehabilitación si es posible, con proyectos específicos para centros históricos, barrios urbanos y especialmente en áreas necesitadas por la importancia de su infravivienda o por su necesidad de erradicar el chabolismo. A su vez, el Plan pretende mejorar la gestión social del patrimonio residencial público mediante la gestión con entidades sociales de este recurso e incluye actuaciones específicas para mejorar el alquiler con ayudas sociales y las Bolsas de Alquiler Social.
 
Este Plan se realizará en colaboración con otras consejerías y organismos del Gobierno de Aragón como pueden ser el Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS), o el Instituto de la Mujer (IAM) o el Instituto Aragonés del Empleo (INAEM), entre otros. También se considera fundamental implicar a las entidades del territorio para conseguir su arraigo en todo Aragón, así como la participación de entidades sociales, financieras y la Administración Central.
 
Asimismo, coordina y refuerza actuaciones que ya se estaban realizando de manera dispersa y se complementa con nuevos proyectos. De esta forma queda estructurado en 6 programas: 1) Rehabilitación y mejora de la infravivienda. 2) Gestión social de la Vivienda de propiedad pública. 3) Alquiler Social. 4) Erradicación de los Asentamientos Insalubres. 5) Vivienda, discapacidad y dependencia, y 6) Desahucio.

 

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