Madrid. El presidente regional, Ignacio González, ha entregado la primera de las 1.000 viviendas públicas que la Comunidad de Madrid cede a familias o personas en situación de especial necesidad, que han sufrido un desahucio hipotecario y que en estos momentos no pueden afrontar el pago de una vivienda.
Esta iniciativa, que se realiza a través de Cáritas y del Instituto de la Vivienda de Madrid (Ivima), sitúa a Madrid como la primera Comunidad Autónoma que destina a familias desahuciadas viviendas públicas procedentes de ocupaciones ilegales, y que podrán utilizar por un periodo de cinco años, que se podrá prorrogar.
A lo largo de esta semana, la Comunidad de Madrid completará la entrega de otras 102 viviendas y, paulatinamente, teniendo siempre en cuenta el criterio de selección de Cáritas, se irán adjudicando más hasta completar las 1.000 comprometidas por el Ivima.
Se trata de viviendas de titularidad pública del Ivima, ubicadas en 34 municipios –la mitad de ellas en Madrid- que han sido recuperadas de ocupaciones ilegales y que están siendo acondicionadas y preparadas para poder entregarlas a las familias o personas que lo necesiten en virtud de este convenio.
El tamaño medio de estas viviendas está entre los 70 y 90 metros y la renta media de alquiler en los 200 euros, pero se darán muchos casos en los que no se paguen más de 40 euros de alquiler.
González, acompañado por el consejero de Transportes, Infraestructuras y Vivienda, Pablo Cavero, visitó junto al adjudicatario la vivienda asignada, un piso de 60 metros cuadrados, con un dormitorio y plaza de garaje y situado en la zona del Ensanche de Vallecas en Madrid capital. Allí, el presidente regional recordó que esta acción es fruto del convenio de colaboración suscrito el pasado mes de diciembre entre la Comunidad de Madrid y Cáritas con el objetivo de “ayudar a aquellas personas y familias que han perdido sus hogares por no poder hacer frente al pago de la hipoteca”.
“Es el caso que hemos conocido hoy, explicó González, el de un hombre trabajador, con dos hijos, con una trayectoria laboral de 20 años, que tuvo que dejar su empleo al detectarle una enfermedad renal y que la pensión que se le asignó en concepto de Incapacidad Permanente Absoluta, no era suficiente para poder hacer frente a los pagos de la hipoteca, por lo que tuvo que abandonar su hogar en 2011”.
