Saturday, 2 July 2022
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Actualidad y Noticias del Mercado Inmobiliario

Casi dos millones de discapacitados tienen problemas para acceder a su vivienda en España

Madrid. Los accesos a la vivienda, con rampas o ascensores adecuados que faciliten la movilidad de los discapacitados, siguen siendo una asignatura pendiente en España. La radiografía de la población con discapacidad, cifrada en 4.056.993 personas (el 9% de la población), señala que el 52% de este colectivo, casi dos millones de personas, tiene dificultades para desenvolverse con normalidad en su vivienda o edificio, según el Informe Olivenza 2010, elaborado por el Observatorio Estatal de la Discapacidad del Ministerio de Sanidad.

En el 72,7% de los 2,4 millones de hogares donde residen personas con alguna discapacidad existen barreras de acceso, en la puerta o en el interior del edificio.

La falta de accesibilidad es uno de los caballos de batalla del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi), que viene reclamando que las modificaciones necesarias en las viviendas ante un caso de discapacidad sean obligatorias y corran por cuenta de todos los vecinos. Plantean que se reserve para estos casos un 50% del fondo obligatorio para imprevistos.

En la actualidad, si un discapacitado solicita instalar un ascensor necesita el acuerdo mayoritario de los vecinos y las obras solo son obligatorias si su coste no supera el importe de tres cuotas de comunidad por cada inquilino. Según la última encuesta del Instituto Nacional de Estadística (INE), más de 300.000 personas han cambiado de domicilio por estos problemas.

El Cermi reclama desde hace años la reforma de la ley de propiedad horizontal para que las comunidades tengan que pagar las obras. Pero el Gobierno ha ido dando largas y ha incluido unas consideraciones que la plataforma considera “muy vagas” en la ley de economía sostenible, actualmente en tramitación en el Senado.

Otra propuesta, previa a la del pago de las obras, es la que plantea Ecom, una federación que agrupa a 160 entidades de personas con discapacidad. “El diseño y la construcción de los edificios deberían ser de accesibilidad universal”, explica María José Vázquez, su presidenta.

 

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