Madrid. Uno de los grandes alicientes que para el comprador de una vivienda tenía la deducción fiscal por compra de viviendas, esos 9.000 euros de inversión máxima deducible que cada año se incluye en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) tiene lo días contados. Este recorte está siendo una de las múltiples, no ya recomendaciones, sino auténticas imposiciones que España va a tener que seguir si quiere que lleguen los hasta 100.000 millones de euros para rescatar al sistema financiero. La medida, de tomarse, supondrá dar el rejonazo de muerte al alicaído sector inmobiliario.
Quitar esta deducción, como tantas otras medidas de este tenor, tiene, dentro del propio Consejo de Ministros, defensores y detractores a ultranza. Por un lado, los que ven los recortes como una locura en tiempos de recesión, como el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, y los más seguidistas con este reguero de imposiciones, línea seguida por el ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos.
Estamos hablando de una cantidad, la gastada por el Estado por esta deducción, que se ha rebajado considerablemente desde 2007 tras el estallido de la burbuja inmobiliaria. En 2011 fueron 4.193 millones de euros, cantidad muy inferior a los cerca de 6.000 millones aportados en el periodo álgido del pasado ciclo de esplendor vivido durante el segundo tercio de la pasada década.
La medida, de quitarse, pondría fin a una deducción que lleva aplicándose en España desde 1979, y que, desde entonces, ha supuesto un gasto de casi 78.000 millones para las arcas públicas, ampliamente compensado por los impuestos recaudados. Sus beneficiarios han ido ‘in crescendo’ a medida que la burbuja inmobiliaria se fue hinchando. Los apenas millón y medio de declarantes que se desgravaron por este concepto en 1983 se fueron ampliando de forma exponencial, hasta contabilizarse más de siete millones los contribuyentes que se beneficiaron en 2006.
Hay que tener en cuenta que la desgravación, además de por la adquisición de la vivienda habitual, se aplica también para aquellos que se construyan su propia casa principal, los que rehabiliten o procedan a su ampliación.
