Madrid. El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) ha planteado al ministerio de Fomento que articule un programa de política pública de vivienda consistente en promover el acceso de las personas con discapacidad a una vivienda digna y de calidad, adecuada a sus circunstancias.
Esta iniciativa se pondría en marcha a través del fomento de fórmulas de arrendamiento de viviendas por parte de entidades de iniciativa social no lucrativa que desarrollen acciones de habilidades y tránsito a la vida autónoma de personas con discapacidad.
La finalidad de este programa sería colocar viviendas sin uso actual, siempre en régimen de alquiler, a entidades (asociaciones y fundaciones) de iniciativa social que tengan en su objeto social la atención a personas con discapacidad, para que estas las destinen obligatoriamente a proveer de vivienda a personas con discapacidad como medio para alcanzar la vida autónoma y la inclusión en la comunidad.
Las viviendas consideradas en este programa podrían proceder del parque ocioso de vivienda, derivado de la explosión edificatoria de años pasados, del que son titulares compañías inmobiliarias y entidades financieras, así como del parque de vivienda disponible o que se genere con algún grado de protección pública.
Este programa que propone el CERMI se encuadraría dentro de los planes oficiales de política de vivienda de fomento del alquiler, por lo que la provisión sería en régimen de arrendamiento.
Las entidades sociales beneficiarias serían organizaciones sin ánimo de lucro, bien asociaciones declaradas de utilidad pública o fundaciones, con una antigüedad a contar desde su válida constitución de al menos 5 años, que además tengan recogido expresamente en su objeto social la mejora de la calidad de vida y la inclusión en la comunidad de las personas con discapacidad.
Los destinatarios del programa serían personas con discapacidad oficialmente reconocidas como tales (con un grado de discapacidad igual o superior al 33%), que serían las que habitarían las vivienda en régimen de alquiler adjudicadas a las entidades sociales acogidas al programa.
En los planes oficiales de vivienda, se establecerían los apoyos económicos destinados a este programa, que deberían ser los más elevados de los disponibles dentro del marco de incentivos a la vivienda atendiendo a su fin social.
Además, debería sondearse con Hacienda si cabría adoptar incentivos fiscales suplementarios a los actualmente vigentes, tanto para los titulares de las viviendas como para las entidades arrendatarias, que tornase más atractivo el programa.
