Vuelta de tuerca al Fondo Social de Viviendas con otros 4.000 inmuebles

El Fondo Social de Viviendas (FSV) ha ampliado en 3.974 el número de pisos a disposición de personas especialmente afectadas por la crisis y que no pueden hacer frente al pago de la hipoteca.

El fondo suma casi 10.000 viviendas, de las que se han alquilado unas 3.000, la mitad de las que se ofrecieron en enero de 2013. Como novedad, ahora se permitirá su acceso como beneficiarios a mayores de 60 años o matrimonios y parejas de hecho sin hijos y los deudores no hipotecarios.

Para ver si la medida tiene futuro, habrá que ver cómo son las nuevas viviendas que las entidades financieras aportarán al fondo, ya que una de las razones del escaso éxito tenido por el fondo, además de los 400 euros que se pueden llegar a pagar de renta, es que la ubicación de los inmuebles estaba, en muchos casos, lejos de los núcleos urbanos.

El FSV se creó en enero de 2013 con 5.892 viviendas aportadas por los bancos para dar asistencia a las familias más vulnerables mediante alquileres reducidos (entre 150 y 400 euros al mes, con un límite máximo del 30% de los ingresos de la unidad familiar). Expiraba a los dos años de su constitución, el pasado 17 de enero, pero el Gobierno lo prorrogó dos años más, hasta enero de 2017

Con la ampliación a 9.866 viviendas, el fondo persigue cubrir un mayor número de situaciones que requieran una respuesta desde todos los organismos y entidades implicadas. El mismo objetivo se persigue con la inclusión de nuevos colectivos que darían derecho a la obtención de una vivienda del fondo.

En concreto podrán solicitarlo las personas mayores de 60 años y los matrimonios o parejas de hecho sin hijos. Se prevé además que al menos el 5% de las viviendas del FSV se destinen a personas desalojadas de su vivienda por impago de préstamos no hipotecarios siempre que cumplan los demás requisitos. Se contempla también la posibilidad de acuerdos con los Ayuntamientos y entidades del Tercer Sector y la puesta en marcha de una web con toda la información.

Estos requisitos se añaden a los ya vigentes que, en conjunto, hacen que ninguna persona o familia en dificultades quede desasistida. Se pueden acoger al FSV aquellas personas que hayan perdido su vivienda habitual después del 1 de enero de 2008 por impago de un préstamo hipotecario, incluyendo aquellas que todavía no hayan sido desalojadas o las que hayan acordado la dación en pago.

Deben reunir una serie de requisitos económicos, en concreto, que el conjunto de los ingresos anuales de la unidad familiar no superen el límite de tres veces el Indicador Público de Rentas de Efectos Múltiples.

Además, deben cumplir con otros requisitos de vulnerabilidad, como ser familia numerosa; tener menores a cargo; tener algún discapacitado; que el deudor esté en situación de desempleo y haya agotado las prestaciones; las víctimas de violencia de género; y todas aquellas personas o unidades familiares vulnerables para las que la vivienda supone, de acuerdo con el informe de los servicios sociales, un activo indispensable para el mantenimiento de su inclusión social.

En mayo de 2014 se acordó ampliar el ámbito de aplicación del fondo para dar cabida a un mayor número de familias sin capacidad para afrontar el pago de un alquiler en régimen de mercado.

Con esta modificación se abrió la posibilidad de que las familias se mantuvieran en la vivienda que habitaban aunque la hubieran perdido por una ejecución forzosa y aun después de que hubiera sido adjudicada. También se recogió esta opción para las daciones en pago. También se incluyó a familias con hijos de hasta 18 años, dependientes o discapacitados, prejubilados o jubilados que hubieran avalado con sus viviendas a sus hijos o nietos.

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