Madrid. Como en el decreto de febrero, la nueva norma aprobada por el Gobierno para aumentar las provisiones que las entidades financieras deben hacer, ahora, de sus créditos inmobiliarios considerados normales, tampoco va a poder cumplir con el gran objetivo de que una mayor transparencia desemboque en la llegada del ansiado crédito al sistema productivo.
En los mercados se da por hecho que algunas entidades no podrán cubrir las nuevas coberturas y que el Estado deberá aportar más ayudas públicas con lo que, a juicio de la agencia de calificación Moody’s, aumentará el peso ya elevado de la deuda pública española, un dato muy negativo para el ‘rating’ de esa deuda.
Esa nota negativa lanzada por la agencia en su informe semanal de cada lunes es una de las claves por lo que la prima de riesgo española se dispara por encima de los 483 puntos básicos. A medio camino entre el punto de no retorno de los 500 puntos básicos que del anterior máximo histórico (468) registrado el pasado 22 de noviembre, dos días después de que Mariano Rajoy ganara las elecciones
La nueva reforma del sistema financiero conlleva un cambio de relieve sobre el destino de las ayudas públicas. De ser aportadas a los bancos para comprar otras entidades, servirán para aportar capital. No es baladí la cosa.
El problema, a juicio de la calificadora es que esa aportación pública no será necesaria para los 30.000 millones computados por el Gobierno, pero sí para los 50.000 adicionales que serán necesarios a medio plazo. Circunstancia que elevaría la deuda pública alcance el 90% del PIB, casi el triple del 36% que había en 2007.
Otra duda de relieve introducida por el nuevo decreto se relaciona con las polémicas participaciones preferentes. Se diferirá el pago de la remuneración en un plazo máximo de 12 meses, y el FROB podría hacerse cargo de dichas emisiones e incluso hacerse con su control si en cinco años no se amortizan. Hablamos de unos 11.500 millones de euros.
