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Sacyr cubre el 58% de la ampliación de capital con las acciones adquiridas por sus principales accionistas

Madrid.  “La Sociedad hace constar el cumplimiento de la totalidad de los compromisos incondicionales e irrevocables de suscripción por parte de accionistas de la Sociedad indicados”, recoge el hecho relevante enviado ayer por Sacyr Vallehermoso a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) para señalar que los principales accionistas del grupo ya habían aportado casi 233 millones para la compra de 51,6 millones de acciones, el 58% de los 401,33 millones cuantificados en la ampliación de capital con derecho de suscripción preferente, acometida para eliminar sus casi 610 millones de euros de deuda corporativa.
 
La suscripción del 42% de las nuevas acciones restantes –que comenzarán a cotizar en Bolsa el próximo 5 de enero– supondrá la entrada en el capital social del Grupo Sacyr de tres nuevos accionistas, el grupo Fuertes, la familia Llorens Torné y el empresario José Moreno Carretero. Comprarán 37,48 millones de acciones de la emisión con las que se harán con una participación del 9,51% de Sacyr por un importe de 168,68 millones de euros.

El grupo Fuertes, propietario entre otras empresas de El Pozo, realizará el mayor compromiso de inversión (88,68 millones), para alcanzar una participación del 5%. Mientras que Moreno Carretero, principal accionista del grupo Altec, contará con un 3,95% tras desembolsar 70 millones, y la familia Llorens Torné se quedará con un 0,56% una vez aportados 10 millones de euros.

Entre los principales accionistas, Luis del Rivero, presidente de Sacyr, alcanzará el 14,8% tras 44,4 millones de euros invertidos, en tanto que Juan Abelló, vicepresidente y tercer socio de referencia de Sacyr inyectará 40,36 millones en la ampliación para mantener el 10%.  El consejero delegado, Manuel Manrique reducirá su participación hasta el 6,2%.

 

La refinanciación de la deuda obliga a Quabit a abandonar su megaproyecto en Brasil

Madrid. A pesar de algunas incertidumbres medioambientales, tenía buena pinta el proyecto de la inmobiliaria Quabit en Nova Atlántida, en Fortaleza (Brasil) para edificar 10 millones metros cuadrados sobre las 32 hectáreas adquiridas por Brasil Real Estate New Projects Participaçoes, de la que la empresa dirigida por Félix Abánades poseía el 55%, pero los acuerdos recogidos en el plan de refinanciación de su deuda han obligado a la venta de esta participación.

No obstante, Quabit Inmobiliaria se reserva una opción de compra a dos años por el mismo valor y sin coste añadido alguno si el pleito que afecta actualmente al proyecto se resuelve favorablemente, el relativo a una resolución medioambiental por un supuesto derecho de una reserva indígena sobre el terreno que impide por el momento el desarrollo del proyecto. Pasados dos años, si la compañía decidiera renunciar al derecho de opción de compra de sus participaciones en la sociedad, recuperaría todas las inversiones realizadas en el proyecto.

El plan director del proyecto contempla el desarrollo, integrado en la naturaleza como una Gran Ciudad Jardín con paseos marítimos y terrestres, de ‘resorts’ turísticos, campos de golf, ‘villages’ comerciales, centros de recreos y deportivos, áreas de servicios y zona para los empleados de todas estas instalaciones. Como atractivos añadidos figuran las distancias equidistantes de los principales países generadores de turismo a nivel mundial, las vistas a las playas del Océano Atlántico, los oasis naturales, lagos y el río Mundau.

El otro gran proyecto de la inmobiliaria en el exterior se localiza en Rumanía, en Balotesti, en la zona de crecimiento y expansión de Bucarest con acceso desde la DN-1 y futura salida directa de la autovía de circunvalación, a 3,5 kilómetros del aeropuerto internacional de Otopeni. Son 27,66 hectáreas de suelo adquiridas para un complejo residencial de 3.119 viviendas, de entre 65 y 110 metros cuadrados distribuidas en condominios de 3 alturas con zonas comunes y piscina, y una gran área comercial con tiendas de proximidad y espacios de recreo.

 

Los 6.000 millones del AVE a Galicia concita el interés de 140 empresas

Madrid. No cabía un alfiler. 6.000 millones son muchos millones, y más en los tiempos que corren. Fue tanto el interés por conocer los detalles del contrato para las obras para que el AVE llegue a Galicia que la sala habilitada por el Ministerio de Fomento se quedó pequeña para recibir a las más de 140 empresas constructoras y firmas especializadas en servicios técnicos, de ingeniería y de tecnología, que respondieron a la invitación cursada.

Todas, grandes y pequeñas, querían saber de primera mano, antes de publicarse la licitación en el Boletín Oficial del Estado durante el primer trimestre de 2011, los detalles de la construcción de 344 kilómetros de vías de alta velocidad y también de las tareas de conservación por un periodo de 25 años de los 432 kilómetros que separan la localidad vallisoletana de Olmedo de Santiago de Compostela. Y todo por un presupuesto que superará los 6.000 millones de euros.

El presidente de Adif, Antonio González; el secretario de Estado de Infraestructuras, Víctor Morlán, y la secretaria general de Infraestructuras, Inmaculada Rodríguez-Piñeiro, desgranaron los pormenores de las obras, un día después de que Fomento comunicara al Diario Oficial de la Unión Europea el anuncio, previo  a su publicación en el BOE. A falta de su remate final, los números que se barajan son de unos 4.550 millones por las obras propiamente dichas y otros 1.200 por el mantenimiento posterior de la infraestructura, a partir de 2015, durante 25 años.

La financiación público-privada establecida llevará a Fomento a aportar unos 900 millones, siendo el resto financiado por las empresas, con fondos propios y con créditos avalados por el Gobierno, del Banco Europeo de Inversiones y otras instituciones financieras.

Desde el punto de vista, la obra establece la construcción de la plataforma de los tramos pendientes entre Ourense y Lubián, la electrificación, señalización e instalaciones de seguridad entre Olmedo y Ourense.

 

Mapfre Inmuebles compra la sede de Mercedes Benz en Alcobendas

Madrid. Mapfre Inmuebles ha sumado un nuevo activo a su cartera de inmuebles. Bajo la fórmula de ‘sale and lease back’ (compra con contrato de alquiler del antiguo propietario), la filial de la aseguradora ha comprado por unos 30 millones de euros la sede en España de la multinacional automovilística alemana Mercedes Benz. La rentabilidad de la operación, por encima del 6% anual, está garantizada al permanecer en alquiler el antiguo propietario por un periodo inicialmente fijado en quince años.

Como hicieron otras empresas, la sede corporativa de Mercedes  fue promovida llave en mano por Riofisa en el parque empresarial Arroyo de la Vega, en la localidad madrileña de Alcobendas, al norte de la capital. Dispone de 7.000 distribuidos en cuatro plantas sobre rasante y otras dos subterráneas habilitadas como garaje para 200 vehículos..

Se trata de la última de las compras que han proliferado en el último tramo del año, en este caso de una compañía, como Mapfre, y no de alguna de las compañías privadas de inversión controladas por inversoras, como Pontegadea, propiedad del presidente de Inditex, Amancio Ortega que acaba de comprar a ISC Freshwater Investment S.L.U una cartera de sucursales bancarias por aproximadamente a los 55 millones de euros.

El arrendatario es Banco Sabadell, con un contrato de arrendamiento de un plazo mínimo de 25 años lo que supone una importante garantía de ingresos. La cartera se compone de cinco grandes locales comerciales, ubicados en zonas prime muy consolidadas en varias ciudades españolas importantes, entre ellas Barcelona y Madrid.

O también Gorbea que cerró en 80 millones de euros el solar donde FCC va levantar su futura sede corporativa en Las Tablas, el mismo barrio donde está instalada Telefónica.

¿Cuántas personas o empresas se dedican a la intermediación inmobiliaria en España?

Madrid. No tenemos cifras fiables pues hasta en los epígrafes de actividades el número de empresas registradas en ellos es difuso. Y no es que no haya claridad en el número de empresas que están clasificadas en uno o en otro, sino que:

· No todas las empresas o personas que a la intermediación se dedican están registradas en un epígrafe idéntico (único).

· No todas las empresas ejercen realmente esa actividad y sólo están en alguno de los epígrafes por si acaso pueden intervenir en algunas operaciones alguna vez.

· Algunas empresas con actividades próximas y que están en otros epígrafes distintos, hacen de intermediarios siempre que pueden.

· Otras empresas o personas se dedican a esto sin registro alguno.

· Otras empresas que se dedican a la Intermediación aparecen clasificadas en otros epígrafes de actividad profesional.

Así que esta cifra: la de personas o empresas que se dedican a la intermediación, es difusa. Y sólo podemos estimarla por otros medios o a través de supuestos o encuestas varias.

Los males que esto trae podrían ser enumerados pero ya le supongo conocedor del desbarajuste inmobiliario que esto ha traído a España y si a esto se añade la ausencia casi total de barreras de entrada a la profesión –recuerde el tema de la desregulación del que hemos hablado en otra ocasión-  la confusión acerca “del número de inmobiliarias” es importante. En rigor, lo que esto significa es que desconocemos el tamaño de nuestra fuerza.

Ahora bien. ¿Qué le parecería si para ejercer de intermediario se necesitase estar una lista?

Una lista no parece constituir un gran problema ¿verdad? De hecho, estar en una lista podría decirse que es algo cotidiano y vulgar. Todos estamos en múltiples listas. Y sin embargo, si sólo hubiese una sóla lista en la que los que allí se posicionasen fuesen los únicos que pudiesen ejercer de intermediarios ocurrirían muchas cosas pero sobre todo que sabríamos en cada momento el número de personas que están autorizadas para ello, el número cierto de inmobiliarias que existirían. Lo revolucionario de un hecho tan pequeño es que con ello tendríamos un número preciso. Un simple, claro y maravilloso número y por tanto nada de imprecisión en ese punto. 

Como es fácil de entender la lista puede ser una lista compleja (habría que definir las condiciones de entrada, mantenimiento y salida de esa lista) y, como consecuencia, las ventajas de la misma podrían ser mucho más amplias y beneficiosas para el sector. 

Pero aunque las ventajas de estar en esa lista fuese evidentes –y para ello tendríamos que extendernos mucho-  aceptémoslas por un momento y preguntémonos: ¿No sería muy difícil hacer que todos los inmobiliarios estuviesen en una sóla lista? Pues difícil o fácil lo que está claro es que es posible y sencillo. La Generalidad de Cataluña, como ejemplo, ha establecido recientemente  un tipo de lista  como el que hemos apuntado,  para el ejercicio de la profesión inmobiliaria. Y el orden ha vuelto al mercado de Cataluña  en el ámbito inmobiliario. Felicítenos por ello a sus promotores, envidiemos a los que allí trabajan “enlistados” y mientras, esperemos que esa iniciativa se extienda al resto del país.

Como observación final le reitero que advierta cómo un pequeño detalle, el estar o no en una lista, puede transformar todo un mercado. Es otro argumento  más del cuidado que debemos tener con los pequeños detalles.

 

Espacios y Congresos compra la participación del Ayuntamiento en Mercamadrid por casi 188 millones

Madrid. El trasvase de capital en Madrid ya es oficial. La empresa pública Madrid Espacios y Congresos aprobó ayer la adquisición del usufructo y derechos económicos del 51,13% de las acciones que el Ayuntamiento tenía en Mercamadrid, según ha informado hoy en el Pleno del Ayuntamiento el delegado de Hacienda, Juan Bravo.

Con los ingresos procedentes de esta operación, que ascienden a 187.712.540 euros, el Ayuntamiento podrá reducir la deuda a los proveedores municipales contribuyendo en lo posible a mejorar la situación económica de muchas de las empresas adjudicatarias de servicios.

El método de valoración utilizado para calcular el precio de la operación ha sido el descuento de flujos de caja que la sociedad Madrid Espacios y Congresos va a percibir durante los 21 años que dura el usufructo.

La participación accionarial del Ayuntamiento en Mercamadrid, que tiene como límite el año 2032, asciende al 51,13% del capital social. La sociedad estatal Mercasa ostenta el 48,63% y el 0,24% restante de las acciones están distribuidas entre distintos tenedores de puestos de abastos.

Madrid Espacios y Congresos ha ido reduciendo sus beneficios en los últimos ejercicios como consecuencia del descenso de la actividad económica en general. Las actividades que realiza esta sociedad son muy sensibles al momento del ciclo económico. En cambio Mercamadrid mantiene una línea de beneficios homogénea ya que su actividad principal  no se ve casi influenciada por el momento económico.

Ante esta situación, la posibilidad para Madrid Espacios y Congresos de suavizar la línea de sus resultados, manteniendo una evolución más homogénea incorporando a su cuenta de pérdidas y ganancias los rendimientos económicos que le correspondieran por el usufructo de las acciones de Mercamadrid, le va a permitir reforzar de manera importante su nivel de competitividad empresarial.

Con esta operación el Ayuntamiento de Madrid como único accionista de Madrid Espacios y Congresos y como accionista mayoritario de Mercamadrid, verá mejorar la situación patrimonial de su sector público al fortalecer la estructura de su sector público municipal.

 

Más de 1000 familias tendrán una VPO en el Fuerte de San Francisco de Guadalajara

Guadalajara. El consejero de Ordenación del Territorio y Vivienda, Julián Sánchez Pingarrón, y el alcalde de Guadalajara, Antonio Román, han firmado varios acuerdos relacionados con la recepción parcial del Fuerte de San Francisco y con la revisión y adaptación del Plan de Ordenación Municipal de Guadalajara, con lo que, ha asegurado, “se cumple el compromiso del Gobierno regional con la ciudad de Guadalajara”, destacando el hecho de que “más de mil familias podrán beneficiarse y disfrutar de la calidad de las viviendas y del entorno del Fuerte de San Francisco. De momento 520 ya pueden pasar la Navidad en sus viviendas”.

Con la firma de este acuerdo, la Junta de Comunidades se compromete, entre otras cosas, a la ejecución de la obra de Ampliación y Mejora del Parque de San Francisco, así como de la red de saneamiento y abastecimiento del Área de la Iglesia.

El Proyecto de Singular Interés del Fuerte de San Francisco de Guadalajara contará con la construcción de más de 1.000 viviendas protegidas en un magnífico espacio y contexto, que contará con un gran equipamiento público deportivo, dotaciones sociales y culturales, equipamientos públicos educativos o edificaciones de uso comercial, entre otros.

Otro de los acuerdos ha pasado por la ayuda de 360.000 euros del Gobierno regional al Ayuntamiento de la capital alcarreña para actualizar el Plan de Ordenación Municipal. En este sentido, desde el Ejecutivo regional se han concedido, durante los dos últimos años, ayudas a los municipios para dotarse de planeamiento general, que pueden llegar al 90 por ciento de los trabajos de redacción de estas figuras de planeamiento adaptadas a la LOTAU, que en general son Planes de Ordenación Municipal, aunque también puede tratarse de Planes de Delimitación del Suelo Urbano.

Uno de los objetivos de esta legislatura, ha destacado el consejero, “es que las ciudades y municipios de la región se doten de figuras de planeamiento donde se anticipe el modelo de evolución urbana que se pretende, adaptado a las condiciones concretas de cada núcleo y preparado para compatibilizar los diferentes usos del suelo de forma que se eviten interferencias que afecten a las condiciones de vida de los ciudadanos o a las características esenciales de cada municipio”.

Al respecto, el titular de Ordenación del Territorio y Vivienda ha asegurado que “igual que en este momento estamos firmando un convenio con la ciudad más poblada de la provincia, hace apenas unos días firmé convenios con municipios de menos de 50 habitantes”.

Además, Sánchez Pingarrón ha asegurado que en estas órdenes “se ha introducido una forma de pago más cómoda para los Ayuntamientos que la que existía hasta hace dos años, de manera que, en lugar de un único pago, se realizan pagos parciales durante la tramitación, que se ajustan mejor a las necesidades financieras de los Ayuntamientos”.
 

Aguirre entrega el ‘Gordo’ en forma de 1.079 viviendas protegidas

Madrid. “Hoy, 22 de diciembre, fecha del sorteo de la Lotería de Navidad, empieza también a ser para los madrileños el ‘Día de la Vivienda’, porque ya viene a ser una tradición que en esta jornada se realice la mayor entrega de llaves de Vivienda Protegida del año”, ha destacado la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, durante el acto de entrega de 1.079 viviendas protegidas, ubicadas en Madrid (126), Móstoles (222), Parla (240), Torrejón de Ardoz (114) y Arroyomolinos (377). 

De estas 1.079 viviendas, un total de 800 pertenecen al Plan Joven del Gobierno regional de alquiler con opción de compra, otras 29 son en régimen de arrendamiento con opción a compra para madrileños de cualquier edad, y las restantes 250 se adjudican en régimen de alquiler. Dos terceras partes de las viviendas hoy entregadas (743) han sido promovidas por el Instituto de la Vivienda de Madrid (IVIMA), la promotora pública de la Comunidad de Madrid, y 36 de los pisos hoy entregados están adaptados para ciudadanos con movilidad reducida.

Aguirre también señaló que la vivienda a la que hoy acceden sus destinatarios “es el resultado del esfuerzo y entrega de muchos responsables y profesionales de la Comunidad de Madrid. Que han trabajado duro, en estrecha colaboración con los municipios y con la iniciativa privada, para convertir nuestra región en un ejemplo en lo que se refiere a construcción de viviendas protegidas”.

Así, la presidenta anunció que en la Comunidad de Madrid, en lo que va de año, “se ha finalizado la construcción de más de 12.000 viviendas con alguna protección”, y desde 2003 se han iniciado en la Región más de 130.000 pisos protegidos para todos los madrileños. “A pesar de las dificultades, en la Comunidad se empiezan a vislumbrar algunos síntomas de recuperación del sector inmobiliario; indicadores como las compraventas de vivienda o la concesión de hipotecas corroboran que Madrid resiste mejor”, añadió Aguirre.

 

El valor real de los activos inmobiliarios de la banca se conocerán en enero, según Zapatero

Madrid. Acudió hoy miércoles el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, al Congreso de los Diputados para dar cuenta al Pleno de la Cámara –el último del año– de las conclusiones alcanzadas en el último Consejo Europeo, celebrado la pasada semana en Bruselas, para recordar que el próximo mes de enero el Banco de España ofrecerá información pormenorizada acerca de la exposición real de las entidades financieras españolas al sector inmobiliario.

Se podrá así comprobar si estos nuevos datos están en la línea mostrada a comienzos del mes de diciembre desde diversas agencias de calificación o instituciones tales como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) o el Fondo Monetario Internacional (FMI), en el sentido de que las provisiones realizadas sólo cubren la mitad de la depreciación registrada por esos activos, con lo que habría que hacer aportaciones próximas a 100.000 millones de euros adicionales.

La información se publicará a lo largo del próximo mes para dar tiempo a que culminen todos los procesos de fusiones en los que andan envueltos las cajas de ahorros y que deben quedar cerrados antes de que finalice el año. Además, el presidente del Gobierno también ha confirmado que se van a realizar nuevas ‘stress tests’ al sector bancario europeo, en este caso con un mayor grado de cobertura y transparencia que el realizado el pasado verano, aunque en este caso no ha precisado la fecha exacta en que se llevarán a cabo.

Para zanjar este asunto, Rodríguez Zapatero ha querido una vez más reivindicar el “esfuerzo de transparencia sobre la información económica financiera de la economía española”, en un momento en el que la reacción actual de los mercados está afectando especialmente a España, reacción que, subrayó, “no responde a los sólidos fundamentos de nuestra economía”.

EPSA ya gestiona 97.414 viviendas públicas tras la última cesión de la Junta de Andalucía

Andalucía. El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía ha aprobado la cesión de la titularidad de 28.255 inmuebles de promoción pública a la Empresa Pública de Suelo de Andalucía (EPSA), con lo que se eleva a 97.414 las viviendas de promoción pública que quedan bajo su supervisión, en una medida adoptada para optimizar su gestión y facilitar los proyectos de mejora y rehabilitación.

Para facilitar el acceso a estas viviendas, destinadas a dar solución de alojamiento a las familias con mayores dificultades económicas, el decreto incluye también diversas rebajas del precio de venta. Así, los inquilinos que estén interesados en su propiedad podrán beneficiarse de disminuciones de entre el 20% y el 30% sobre el precio fijado para la VPO por la normativa estatal, en función del municipio donde se ubique la promoción.

A la cantidad resultante del descuento podrá aplicarse una bonificación adicional de hasta el 45%, dependiendo del estado físico de las viviendas o de su localización, la regularidad mantenida por el arrendatario en el pago del alquiler y sus condiciones socioeconómicas. Por el primer y segundo concepto, la rebaja máxima será del 10%, mientras que por el tercero se aplicará hasta un 25%.

Por otro lado, la Junta podrá cambiar el régimen de una vivienda protegida de titularidad autonómica (de alquiler a venta o viceversa), con el fin de adaptarla a las condiciones del mercado y garantizar así su ocupación.

Finalmente, el decreto dispone no mantener la línea de ayudas para las Agencias de Fomento del Alquiler, puesto que en los dos primeros años de ejecución del Plan Concertado de Vivienda y Suelo 2008-2012 ya se ha alcanzado la totalidad de los objetivos de estos incentivos y porque se considera que la actual situación del mercado inmobiliario hace innecesaria la participación de estas empresas en su dinamización. Se mantienen, por el contrario, el resto de las ayudas al alquiler previstas en el Plan Concertado.