Madrid. Primera comparecencia de Beatriz Corredor en la Comisión de Vivienda del Congreso de los Diputados ya no como ministra, sino en calidad de secretaria de Estado de Vivienda y de Actuaciones Urbanas. Y lo hacía para dar respuesta a las solicitudes cursadas por los partidos de la oposición en relación a varios temas de actualidad.
Como las devoluciones de las ayudas al alquiler que, según Corredor, “se supone que ha reclamado el Gobierno a los jóvenes perceptores de la renta básica de emancipación”, y sobre las que señaló que “lo que se ha hecho es informar a los jóvenes que habían podido incurrir en incumplimiento de alguno de los requisitos para percibir la renta básica”.
En este sentido, la secretaria de Estado reconoció que es obligación del Gobierno velar porque las obligaciones para recibir estas ayudas se cumplan. En base a estas obligaciones, clarísimamente establecidas, añadía Corredor, “en la primavera pasada enviamos 17.000 oficios alertando a los beneficiarios afectados de que se habían detectado incidencias en sus pagos por domiciliación bancaria, y explicándoles cómo solucionarlo. Y en mayo empezamos a notificar también a los beneficiarios cuya incidencia se refiere precisamente a la superación del máximo de renta permitido para seguir percibiendo la ayuda”.
También respondió Beatriz Corredor a la solicitud cursada por el Grupo Popular acerca de las reuniones mantenidas recientemente con el sector financiero e inmobiliario, sobre las que apuntó que “el objetivo no era otro que permitir una primera toma de contacto del Ministro de Fomento con los agentes del sector inmobiliario, tras haber asumido las responsabilidades de vivienda en el trimestre anterior”, sin dejar de pasar la ocasión para indicar que “es el sector privado el que debe hacer frente a los retos que tiene planteados, aunque el Gobierno quiere estar y va a estar a su lado, desde el principio básico que rige esta iniciativa, que en ningún caso vamos a traspasar al sector público un problema que se ha generado y que debe resolver el sector privado”.
Sobre el debate de que la entrega de la vivienda salde el crédito hipotecario, Beatriz Corredor comentó que en el momento en que la dación en pago como forma de liquidación de un crédito estuviese sobre el papel, bancos y cajas tomarían precauciones y no concederían préstamos por más del 60% del valor de los inmuebles, lo que obligaría a los compradores a contar con un ahorro previo de entre el 40% o el 60% del mismo, y les cerraría prácticamente la puerta al crédito. Una situación que, según Corredor, acarrearía mayores tipos de interés, en línea con el mayor riesgo a asumir por parte de las entidades financieras, así como avales, seguros o préstamos complementarios.
Por último, en relación con la caída de las hipotecas del 7% en 2010, la secretaria de Estado señaló que el dato refleja una “estabilización del mercado inmobiliario” y avanzó que el mercado estará sujeto en los próximos meses a cierta indefinición por los recientes cambios en la fiscalidad de la vivienda.
