Se acabó. Tras más de cuatro años de retraso en la presentación del proyecto constructivo y no haber pagado el canon correspondiente a parte de 2015 y el año 2016, la Junta de Andalucía, a través de la Agencia Pública de Puertos de Andalucía, ha resuelto el contrato de ampliación del puerto de La Bajadilla suscrito en 2011 con la empresa concesionaria NAS Marbella, por incumplimiento grave de obligaciones esenciales consistentes, por una parte, en el no inicio de las obras y, por otra, en la falta de pago del canon concesional.
Esta decisión ha sido refrendada por el Consejo Consultivo, que el pasado 15 de noviembre emitió un dictamen favorable que supone la culminación de un procedimiento iniciado el pasado mes de agosto, después de que en 2013 se abriera un expediente de resolución que finalmente se archivó.
Desde los inicios de la concesión, se han venido produciendo situaciones irregulares, debido principalmente a las reticencias del concesionario a acometer la inversión. En ese sentido, existe un retraso en la entrega del proyecto superior a los cuatro años, a pesar de los numerosos requerimiento realizados por la Administración autonómica a la concesionaria. A la fecha de la resolución, no se ha tenido conocimiento siquiera, a pesar de los numerosas y reiteradas solicitudes, del equipo redactor ni de la progresión de los trabajos.
Por tanto, en la resolución se recoge que la demora en la presentación del proyecto por parte del concesionario deriva de una actitud dilatoria, pretendiendo perpetuar una situación meramente coyuntural y transitoria como es la gestión de la dársena en funcionamiento entregada como parte del título otorgado, construida por la Junta de Andalucía.
En ese sentido, el Consejo Consultivo considera evidente que la entrega del proyecto de construcción es una obligación esencial, pues sin el mismo no puede iniciarse la obra objeto del contrato.
Además, el dictamen recoge que no se aprecian causas que justifiquen tal incumplimiento, asegurando que la concesionaria presenta alegaciones que no conciernen a la obligación referida y que en todo caso han sido contestadas debidamente por la Administración autonómica.
Por otro lado, el Consultivo establece que la propuesta de modificación del proyecto se realizó más de dos años después de finalizar el plazo para su entrega y que la propuesta fue justificadamente rechazada por la Administración al considerar que se trataba de un cambio sustancial del proyecto básico presentado a la licitación.
El otro motivo de resolución, el impago de la retribución concesional, es una obligación esencial del contrato, y está acreditado un impago por plazo superior a un año que asciende a 1,4 millones de euros.
La Consejería rescatará así la concesión con el objetivo prioritario de dar cumplimiento a la legalidad, en primer lugar, y en última instancia de promover la ampliación del puerto de Marbella, como medida fundamental para potenciar el desarrollo turístico y la creación de empleo en este municipio, y para ello emprenderá cuantas acciones sean necesarias.
Esta resolución pone fin a la vía administrativa, aunque la concesionaria podrá interponer recurso de reposición ante la Agencia de Puertos de Andalucía en el plazo de un mes o bien interponer recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses si lo estima conveniente. Una vez extinguida la vigencia del contrato, revertirá a la comunidad autónoma los bienes públicos entregados en concesión.
