El juez pregunta al ex gerente del Ivima por el quebranto de 100 millones en la venta de pisos a Goldman Sachs
La venta, en octubre de 2013, de casi 3.000 viviendas públicas del extinto Instituto de la Vivienda de Madrid (Ivima) al fondo estadounidense Goldman Sachs, sigue coleando en los tribunales. Ahora, tras dos aplazamientos, el ex gerente del Ivima, Juan Van-Halen -que dimitió como director general de Vivienda hace un par de meses tras ser imputado- acude esta semana a los juzgados de plaza de Castilla de Madrid, donde deberá, entre otras cosas, declarar sobre si la operación supuso o no un supuesto quebrando patrimonial para la Comunidad de Madrid de unos 100 millones de euros.
La imputación de Van Halen abre una nueva vía de esperanza para los miles de damnificados, que llevan más de dos años reclamando que se haga justicia en uno de los casos más sangrantes de la reciente historia de la región.
En el marco de la misma causa penal, el tribunal ha ordenado a la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF) la elaboración de un informe sobre las posibles relaciones económicas entre las sociedades Bussola 99 Sicav, Azora Gestión y las por ella participadas Encasa Madrid, además de de las existentes entre Goldman Sachs y sus filiales.
Se da la circunstancia de que la familia de Pablo Cavero, que era consejero de Transportes, Infraestructuras y Vivienda cuando se diseñó la operación, está detrás de Bussola 99. Hoy Cavero está a las órdenes de Esperanza Aguirre como concejal en el Ayuntamiento de Madrid.
Este proceso penal no es el único abierto contra los responsables de la enajenación de las viviendas del Ivima. Hay en marcha cinco recursos contenciosos administrativos, tres colectivos y dos individuales.
El más avanzado, el Procedimiento Ordinario 467/2013, que se sigue en el Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 2 de Madrid, se encuentra en trámite de conclusiones, mientras que los otros dos, al igual que sucede con los procedimientos individuales, están aún en fase de admisión de pruebas.
Los abogados que respaldan los recursos subrayan, entre otras cosas, que con objeto de llevar a cabo la operación de venta no se realizó un informe que acredite la idoneidad y adecuación de la contratación, así como su necesidad.
Además, en el procedimiento de adjudicación no se dio trámite de audiencia a los arrendatarios como interesados, a pesar de tener un interés legítimo, y las resoluciones del Ivima vulneraron el principio de eficacia, así como los principios constitucionales de economía y eficiencia.
Cada uno de los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo que atienden los cinco procedimientos conocen y tienen en su poder el Informe de Fiscalización de Operaciones de Enajenaciones del Ivima, así como los controles realizados por las instituciones competentes, sobre los ejercicios contables 2012 y 2013, aprobado el 6 de noviembre de 2015 por el Consejo de la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid.
