Las sentencias del Tribunal Supremo en materia urbanística sirven para poco. Por no decir para nada. Vemos cómo de vez en cuando los medios de comunicación se hacen eco de alguna de estas sentencias, y ahí queda la cosa. Porque, a la hora de la verdad, ejecutar, lo que se dice ejecutar, no se ejecuta ninguna.
En Madrid se han dado últimamente varios ejemplos, con ese Plan General de Ordenación Urbana, que anulaba 21 ámbitos, y cuya revisión está en plena tramitación para que las consecuencias de esa sentencia queden en papel mojado, o ese campo de golf que la ex presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, se empeñó en montar en pleno barrio de Chamberí.
Pero da igual. ¿Van a cerrar el campo de golf para, en su lugar, habilitar, el espacio como zona pública verde? Ni por asomo. Fue recibir el Gobierno regional la sentencia del Supremo que anulaba el acuerdo del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid que, en 2007, permitió aprobar los campos de golf, para que el Canal de Isabel II se apresurara a presentar un Plan Especial de Infraestructuras con el objeto de legalizar los campos de golf construidos sobre la cubierta del tercer depósito.
Nada ni nadie impedirá aprobar este plan especial y pasar por alto la sentencia del Supremo. Hasta el 13 de junio, el Plan Especial ha estado a información pública y se han recogido más de 200 alegaciones de particulares y colectivos ecologistas en Acción. Dará igual, se pasarán por alto, y el campo de golf se mantendrá donde está como si nada hubiera pasado.
El objeto del plan es legalizar los campos de golf, pero como esto resulta imposible con el plan general vigente en Madrid, Canal de Isabel II Gestión redacta el Plan Especial para crear una nueva normativa urbanística de aplicación exclusiva en la parcela de su propiedad.
Las asociaciones vecinales ponen el énfasis en la pérdida de zonas verdes que supone esta actuación. Chamberí es el distrito de Madrid con menor proporción de dotaciones de zonas verdes por habitante, tan sólo 1,03 metros cuadrados por habitante, cuando la Organización Mundial de la Salud recomienda entre 10 y 15 metros. Además, entienden que resulta inaceptable que desde la administración pública se esté priorizando las instalaciones de golf con apenas uso, mientras los vecinos se masifican en la escasa zona de parque que han dejado como franja perimetral a los campos de golf.
