Madrid. Como siempre –hasta su destrucción– se le puede sacar punta a un lápiz. Así que también el asunto de las cláusulas y procesos abusivos en el sistema de desahucios español ha virado hacia muchas partes en una especie de guerra de todos contra todos en la que cada una de las partes le achaca al otro la responsabilidad del desastre.
Y es que, partiendo del hecho de que si, como se ha evidenciado, el problema de los abusos a los consumidores existe en el sistema hipotecario español, una pregunta razonable sería: ¿Y si han existido abusos por la parte bancaria y otros, y, consecuentemente, daños a los hipotecados? ¿Cómo se sancionan aquellos y se reparan estos daños?
Pero algo tan simple parece contener una gran dificultad, pues corregir al culpable y sus excesos está muy bien, pero ¿quién es el culpable? Y aquí hay, según a quién se consulte, división de opiniones
La Asociación Hipotecaria Española (AHE) se defendía de esa pregunta manifestando que: “Quisiéramos recordar que en el mercado hipotecario español se garantiza la seguridad en el tráfico jurídico mediante la participación tanto de un fedatario público â€Âel notario†como de un registrador de la propiedad, que velan por que las cláusulas contenidas en los contratos y que son inscritas en el Registro de Propiedad respeten la legalidad vigente". Respuesta de carácter exculpatorio cuya debilidad no ha dejado de ser inmediatamente respondida por los directamente nombrados.
Y así el Notariado ha dicho que: “El deber del notario es comprobar que la escritura se ha redactado conforme a la ley además de asegurarse de que la persona que va a firmar una hipoteca entiende todo lo que firma”. Nótese la exquisita finta de la primera parte: -No podemos sino adaptarnos a la ley que lleva el sobreentendido de que si la ley es injusta que se cambie pero yo no tengo la culpa. La segunda parte de la respuesta es ya más opinable –no en lo que se refiere a la obligación notarial, sino a la materialización en la práctica de la misma-. Y así, en la práctica habitual de compraventas con la intermediación de agencias inmobiliarias, hemos podido observar, frente a operaciones muy parecidas, situaciones en las que el notario ha explicado exhaustivamente el alcance de determinadas cláusulas que se iban a firmar y otras en las que no ha ocurrido así. Y podemos decir que si bien en la casi totalidad de los casos la operación, tras la detallada información notarial, continuaba con normalidad, en otras pocas, la operación se rompía –casi siempre a causa de la huida de los avalistas de la operación.
La otra parte señalada por la AHE, molesta con sus manifestaciones, no ha tardado tampoco en responder y han recordado que el control preventivo de la existencia de cláusulas abusivas que la ley Hipotecaria establecía no hace muchos años, fue “cercenado” con motivo de la reforma del año 2007. “El resultado ha sido el indiscriminado acceso al Registro de todo tipo de cláusulas abusivas” dicen los Registradores. Así que ¿No parece razonable que quién promovió esa reforma que dañaba a los consumidores debería explicarse ahora, al igual que el Gobierno que lo permitió?
Pero la pelea tiene más frentes abiertos y como no, la polémica de Notarios y Registradores por el Registro está también en curso. Y de las manifestaciones de las diversas plataformas antidesahucios los diarios están llenas así que no insistiré en esto ni tampoco en el uso que de esta situación hacen Gobierno y Oposición (mayoritaria y minoritaria), por la misma razón.
Consumidores contra el Gobierno y las Entidades de Crédito, éstas contra Notarios y Registradores y viceversa, luchas corporativas entre estos últimos, Oposición política cargando contra el Gobierno por estos temas, paladines y comentaristas de unos y otros intereses luchando por sus señores y el Gobierno con la tentación de cortar el nudo gordiano de los desahucios mediante el recurso al decreto ley y no a desatar el mismo contando con todas las partes interesadas.
¡En fin, que todos son inocentes y la culpa es del otro!
