Madrid. El Gobierno, en respuesta a una pregunta escrita por el diputado de Izquierda Unida, Sixto Iglesias, instará a notarios y registradores a que, en ejecución de una sentencia del Tribunal Supremo, devuelvan los 400 millones de euros cobrados de manera escesiva.
La Sentencia resuelve el recurso planteado por los Consejos de Notarios y Registradores contra el Real Decreto 1612/2011, de 14 de noviembre, que pretendía aclarar, de una vez por todas, prosigue la pregunta una rebaja en los aranceles aprobada en la Ley 41/2007, de 7 de diciembre.
La sentencia del Tribunal Supremo desestima las pretensiones de Notarios y Registradores y ratifica la interpretación que la organización de Consumidores y Usuarios y otros Tribunales de Justicia venían haciendo. Prosigue señalando que a consecuencia de esta sentencia la Fiscalía del Supremo obliga a la Dirección General de Registros y del Notariado (DGRN) a dirigirse a Notarios y Registradores para exigirles que devuelvan más de 400 millones cobrados de más a cientos de miles de clientes que cancelaron sus hipotecas.
El escrito del diputado hace también el escrito un repaso al número de cancelaciones hipotecarias y lo que estima se debía haber cobrado por ellas y solicitando al Gobierno que adopte medidas:
— Para que los notarios y registradores de la propiedad devuelvan de inmediato a sus clientes todos los aranceles cobrados en demasía por cancelación de hipotecas en cumplimiento de la sentencia del Tribunal Supremo.
— Para que la sentencia se aplique, también en el futuro, a todo tipo de cancelación de hipotecas sin excepción ninguna.
Al respecto, según la respuesta dada por el Gobierno, laa Dirección General de los Registros y del Notariado, en el ámbito de sus competencias, ya ha resuelto numerosos recursos de alzada en los que tanto personas físicas como jurídicas impugnaban determinados conceptos de las minutas de honorarios o su cuantía, emitidas por Notarios y Registradores de la Propiedad y Mercantiles.
En todos aquellos recursos que versan sobre cancelaciones hipotecarias, las resoluciones de la DGRN estimaron la pretensión de los recurrentes y se impuso al Notario o al Registrador afectados, la obligación de devolver al interesado el importe de lo cobrado indebidamente.
Es por ello que, en esta misma línea, la Dirección General instará al Consejo General del Notariado y al Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles de España la aplicación de medidas concretas para dar cumplimiento a las sentencias del Tribunal Supremo 6557/2012 y 6377/2012.
