Madrid. Una reciente resolución del Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo ha puesto sobre la mesa una cuestión peliaguda de resolver, como es el conflicto de intereses que se plantea entre el derecho a la propiedad y el del derecho a una vivienda digna.
En esa resolución, el Tribunal europeo ha pedido explicaciones ante la orden de desahucio a una familia formada por una madre de 24 años y sus hijos menores, ocupantes ilegales de una vivienda propiedad del Instituto de la Vivienda de Madrid (Ivima) en el distrito de Vallecas, en Madrid. Entiende el tribunal que la familia no cuenta con posibilidades reales de encontrar una vivienda al carecer de ingresos, y que acabar en un desahucio, en estas circunstancias, supondría “un trato inhumano, degradante y desproporcionado en una sociedad democrática”.
Pero, claro, luego está la otra parte, la propiedad. En este caso, pública, y que, como tal, defiende su postura de seguir con el desahucio para que otras miles de familias, en circunstancias similares o incluso peores, puedan acceder a esa vivienda social que han solicitado y que, por falta de oferta, no es posible facilitársela.
Estamos, pues, ante un claro conflicto de intereses" entre la responsabilidad patrimonial del Ivima y su derecho a recuperar sus viviendas sociales para poder ofrecérselas a otra familia que lo necesita, y el de la familia amenazada de desahucio que quiere hacer valer su derecho a ocupar, aunque sea de manera ilegal, una vivienda digna.
Desde los colectivos que tratan de paliar este drama de los desahucios se ha pedido a varias administraciones, autonómicas y locales, la paralización cautelar de desalojos de familias, en muchos casos desestructuradas, que no cuenten con una alternativa habitacional que no pase por la ocupación.
Un asunto que desde la Comunidad de Madrid ha sido respondido en el sentido de que, desde el Gobierno regional, no existe previsión de llevar a cabo desahucios de manera inmediata. Que los que hay sobre la mesa son procedimientos por impago de rentas de personas que, en algunos casos, llevan más de dos años, sin hacerlo, cuando muchas de ellas la renta a pagar no supera los 50 euros mensuales.
