Zaragoza. El Gobierno de Aragón pretende impulsar en Teruel la puesta en marcha de un servicio de información y mediación para personas en riesgo de desahucio. En el marco del Plan de Gestión Social de la Vivienda, el Departamento de Obras Públicas, Urbanismo, Vivienda y Transportes está promoviendo la colaboración con el Ayuntamiento de la capital turolense y con la Diputación Provincial de Teruel para priorizar las actuaciones y atender las necesidades de los colectivos con mayores dificultades o que necesitan servicios especializados.
“Nuestro objetivo es evitar todos los desahucios que podamos y, cuando esto no sea posible, atender jurídicamente a las personas afectadas y conseguirles una vivienda. Es una problemática social muy importante, con la que estamos realmente concienciados y vamos a hacer todo lo que esté en nuestra mano para paliarla”, ha señalado el director general de Vivienda y Rehabilitación del Gobierno de Aragón, Rogelio Silva, quien ha mantenido una primera toma de contacto con el alcalde Manuel Blasco y el vicepresidente de la Diputación Provincial de Teruel, Francisco Abril.
El objetivo es extender a todo el territorio aragonés la oficina puesta en marcha recientemente en la capital aragonesa, tras la firma del convenio con la sociedad municipal Zaragoza Vivienda. “Para las personas inmersas en un proceso de desahucio resulta vital, en primer lugar, tener un lugar al que acudir para recibir asesoramiento. Y, una vez allí, se trata de dar solución al mayor número de casos posible”, ha precisado Silva.
Además de la coordinación con el consistorio y la institución provincial, y como también se ha hecho en Zaragoza, se contará con la participación directa del Colegio de Abogados de Teruel, cuyo decano Manuel Gómez también se ha reunido con el director general de Vivienda. También se pretende concretar la colaboración con las comarcas de la provincia, “que son las que coordinan los servicios de los ayuntamientos, y pueden ser de gran ayuda”.
La medida constará pues de tres fases: una primera de orientación, en la que se establecerán planes de viabilidad para procurar evitar el desahucio; otra de mediación con las entidades financieras, de la que se encargará el Colegio de Abogados; y, por último, se trabará para dotar de una vivienda a los afectados que se hayan quedado sin ella.
Para esto último, el Gobierno de Aragón está tratando de ampliar su parque de viviendas públicas, que actualmente es de 420 inmuebles en toda la Comunidad. Para ello, se plantea la colaboración de las entidades locales, que pueden sumar viviendas de su propiedad. De hecho, tanto el alcalde de Teruel como el vicepresidente de la DPT han mostrado su disposición para ceder, con este fin, varias viviendas de propiedad pública que actualmente están desocupadas.
En la misma línea, el Ejecutivo autonómico suscribió hace unos días un acuerdo con 13 entidades de atención social aragonesas, con el fin de promover la gestión social de la vivienda para los colectivos más necesitados. “Acordamos la firma con estas asociaciones, aunque el acuerdo sigue abierto a la incorporación de otras que estén interesadas, para gestionar viviendas que el Gobierno de Aragón tiene y otras que podamos obtener de ayuntamientos o bancos, mediante una gestión coordinada” ha explicado el director general de Vivienda.
El acuerdo, que ha quedado encaminado en esta reunión, deberá precisarse en los próximos meses, y se espera que el nuevo servicio comience a prestarse en Teruel antes de final de año, según han indicado todas las partes.
