Madrid. Lo adelantaban los responsables de los autónomos y lo ha ratificado la vicepresidenta del Gobierno y ministra de la Presidencia, Soraya Sáenz de Santamaría. La nueva Ley de Emprendedores introducirá un artículo por el que no podrá embargarse el domicilio principal de los empresarios autónomos, de cara a poder salir adelante. Tener otra oportunidad.
“Nuestro futuro es el de los emprendedores, un futuro que pasa por apostar por nuevos proyectos y acompañar a sus promotores en el arduo y costoso proceso de su puesta en marcha”, comentaba la Sáenz Santamaría, durante la inauguración del foro ‘Spain Start-Up & Investor Summit’, por ello “para aquellos emprendedores que no hayan tenido éxito por la coyuntura económica y no por su culpa en la primera iniciativa, deben poder liberarse de las cargas de esa primera actuación para poder continuar con su espíritu emprendedor”, añadía.
Entre las medidas figuraría también el establecimiento de un mínimo de renta inembargable para continuar con la actividad. Una cantidad todavía no decidida pero que podría ser equivalente al salario mínimo interprofesional (SMI), que este año asciende a 641 euros mensuales.
Otra medida pasaría por colocar a los profesionales entre los primeros en cobrar en los concursos de acreedores, lo que se conoce como orden de prevalencia en el cobro de créditos. Actualmente, los primeros en cobrar son los trabajadores, luego Hacienda y la Seguridad Social y después los autónomos dependientes, bancos y grandes empresas. Se trataría de en incluir a los autónomos sin sociedad al mismo nivel que los autónomos dependientes, como si de personas físicas se tratara –como en la práctica lo son–, ya que no tienen los mismos recursos legales que las compañías de mayor tamaño para reclamar las deudas.
La vicepresidenta también adelantó la creación de un fondo de inversión para emprendedores de 40 millones de euros canalizado a través de la empresa pública Enisa, dependiente de la dirección general de Pymes del Ministerio de Industria. Enisa, con un presupuesto de 100 millones de euros en 2012, cofinanciaría, junto a socios e inversores seleccionados, a empresas de reciente creación a través de créditos participativos.
