Santiago de Compostela. El anteproyecto de la nueva Ley de Vivienda será presentado en los próximos días a los sectores implicados en el sector, como la FEGAMP, los promotores, los constructores, los arquitectos y aparejadores, con el objetivo de recoger las aportaciones de la sociedad a la que van dirigidas las medidas. La Xunta ha previsto aprobar la Ley a finales del presente año y, tras la tramitación parlamentaria correspondiente, se espera que entre en vigor en la primera mitad de 2012.
La protección de los derechos de los consumidores constituye una parte fundamental del contenido de la Ley de Vivienda en la que se está trabajando, con el objetivo de que el adquirente o usuario de una vivienda conozca claramente sus derechos, las características del bien que adquiere o arrienda, y las posibilidades de actuación ante cualquier cuestión que infrinja sus derechos como consumidor.
En tal sentido se delimita, desde una perspectiva cronológica en el proceso de construcción y entrega de una vivienda, un triple nivel de protección, diferenciando la fase precontractual, la de proyecto y construcción, y la de la vivienda finalizada.
Con tal fin, se regula la publicidad y la información en la oferta de viviendas, así como la documentación por los promotores en la venta de viviendas, tanto en construcción como finalizadas y la obligación de que la construcción responda al proyecto.
En este sentido, se regula la cantidad máxima a pagar como reserva de vivienda, que se fija en el uno por ciento de su precio; se prohíbe imponer al comprador de vivienda los gastos de escritura de obra nueva, división horizontal y cancelación de cargas; y se impide que se pueda condicionar la venta de una vivienda protegida con la imposición de la adquisición de bienes que no están vinculados a la misma en la calificación, como segundas plazas de garaje o participaciones en locales comerciales.
Otra de las novedades de la futura Ley de Vivienda será la creación de un Registro de Promotores de Galicia, con carácter informativo y como medida de fomento de la transparencia en el sector de la vivienda. La inscripción será necesaria para todos los promotores que quieran desarrollar su actividad en Galicia, pero el Registro será meramente informativo y recogerá los datos básicos sobre la personalidad y solvencia del promotor, las obras ejecutadas, posibles sanciones administrativas o sentencias judiciales.
En relación con las fianzas, se introduce otra novedad, ya que si en la ley anterior solamente se regulaba el depósito de fianzas de viviendas, en el nuevo texto también se introduce las de los locales y otros predios urbanos.
Es decir, la nueva ley regulará el depósito de fianzas en arrendamientos de industrias o negocios que impliquen alquiler de locales (traspasos). Con esta medida se fomenta el depósito de fianzas estableciendo deberes a la entidad de intermediación inmobiliaria y posibilitando convenios con los colegios profesionales.
La nueva Ley de Vivienda introducirá una modificación en la Ley 7/2002 de medidas fiscales y régimen administrativo por la que los inquilinos que incluyan en su declaración del IRPF la desgravación por alquiler no estén obligados a acreditar el depósito de la fianza del alquiler, ya que dicha obligación corresponde a los arrendadores de la vivienda. En cualquier caso, los arrendadores seguirán obligados a depositar la fianza en el IGVS en el plazo de un mes a partir de la firma del contrato.
El IGVS tiene constancia de reclamaciones por parte de arrendatarios que pagaron la fianza, pero que su arrendador no la depositó en el IGVS o lo hizo tarde, por lo que el inquilino pierde su derecho de desgravación fiscal autonómica. Hace falta recordar que en la Ley 7/2002 de medidas fiscales y régimen administrativo se obligaba al arrendatario a acreditar el depósito de la fianza en el IGVS negándole la desgravación en caso contrario.
En el caso de las viviendas protegidas, la nueva Ley de Vivienda regulará su régimen jurídico, indicando su destino, ocupación, beneficiarios y las limitaciones a la facultad de disponer de las mismas. También regulará la prohibición de cualquier tipo de sobreprecio de las mismas por obras de mejora o instalación de mobiliario.
En la Ley de Vivienda se eliminará la confusión entre promoción pública y promoción privada del texto de 2008. Únicamente serán viviendas de Promoción Pública (VPP) las promovidas o cualificadas por el IGVS, sin ánimo de lucro. Por su parte, las viviendas de Protección Autonómica (VPA), podrán ser promovidas por promotores públicos, por promotores privados o por autopromotores.
Otra de las novedades que introduce esta nueva ley es la clasificación de nuevas modalidades de vivienda de promoción pública, con la creación de tres nuevas categorías que no estaban recogidas en la anterior ley de vivienda, las viviendas de promoción pública concertada, de promoción pública de inserción o asistenciales, y de promoción pública en copropiedad.
El propósito de la Xunta es facilitar el acceso de los gallegos a la vivienda, por eso otra medida para conseguir este reto es el aplazamiento de pago, cuando se den unas circunstancias económicas que pongan en dificultad hacer frente al pago de la vivienda de promoción pública (enfermedad, situación por desempleo…) puede surgir la posibilidad de que se conceda el aplazamiento de pago de cuotas o fraccionamento de pagos, evitando situaciones de desahucio. También se regularán los períodos de protección a los que estarán sometidos las viviendas protegidas y las posibilidades de descalificación de las mismas, ajustándolos en función del tipo de vivienda y de la zona geográfica en la que se encuentre la misma.