Castellón. “Aunar esfuerzos para defender los derechos de los propietarios de viviendas históricas de la provincia de Castellón frente a la aplicación retroactiva de la Ley de Costas”, es el objetivo que persigue la recién creada plataforma ciudadana para la protección de las viviendas y propiedades del litoral castellonense, de la que, en principio, forman parte la Diputación de Castellón y los Ayuntamientos de Castellón, Torreblanca, Oropesa, Cabanes, Almazora, la Llosa, Nules y Xilxes, y a la que se ha invitado a participar a todos los municipios de la zona costera.
La iniciativa responde a la petición de los ediles, “que solicitaron apoyo al ente provincial para coordinar las acciones necesarias encaminadas a la defensa de los intereses de la ciudadanía afectada ante la Administración central y reclamar el respaldo de las instituciones europeas”, según indican fuentes de la diputación. La plataforma trasladará una petición oficial a la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo “denunciando la arbitrariedad en la aplicación de la Ley y la retroactividad de la misma”.
“La plataforma nos permitirá presentar ante la Eurocámara una petición consensuada por todos los afectados y respaldada por la ciudadanía, para lo que vamos a iniciar una campaña de recogida de firmas”, ha comentado Vicent Aparici, vicepresidente de la diputación, quien añadió que “estamos estudiando otras opciones legales para reclamar la atención necesaria sobre lo que consideramos un ataque a los derechos de la ciudadanía”.
En este sentido, Aparicio ha asegurado también que “esta plataforma se ha creado y pensado para dar cabida a todos los municipios, con independencia de colores y tendencias, y es una lástima que no estemos todos los municipios afectados sentados en este mesa de trabajo”.
La aplicación retroactiva “conlleva graves perjuicios para el patrimonio histórico y el objetivo es conseguir comunicar la realidad de los pueblos costeros y lograr que los eurodiputados medien desde Bruselas ante el Gobierno de España, competente en esta materia, para paralizar la aplicación retroactiva de la Ley de Costas, tal y como la ha planteado Madrid”, ha observado Aparici.
